La causa Vialidad, el expediente judicial más sensible que tiene en sus manos la Corte Suprema, podría entrar en etapa de definición en los próximos días. El máximo tribunal ya se encuentra en condiciones de tratar los recursos de queja presentados entre el 27 de marzo y el 1 de abril, pero hasta ahora no ha avanzado. Según confirmaron fuentes judiciales, los expedientes ni siquiera comenzaron a circular entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que deben decidir si confirman las condenas o le dan una nueva oportunidad a los acusados.

Entre los planteos figura el del fiscal federal Mario Villar, quien reclamó que se aumente la pena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por considerar que quedó probada la existencia de una asociación ilícita. Actualmente, la condena confirmada es de 6 años de prisión por fraude al Estado, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Cámara de Casación.

La Corte no tiene la obligación legal de esperar la respuesta del Procurador General interino, Eduardo Casal, salvo respecto del recurso presentado por el funcionario del Ministerio Público. Sin embargo, por cuestiones de seguridad jurídica, en los pasillos del Palacio de Tribunales se baraja la posibilidad de remitir todos los recursos a la Procuración para su opinión, lo que requeriría el aval de al menos dos jueces del máximo tribunal.

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La decisión que tome la Corte en esta causa no solo tiene implicancias judiciales, sino también consecuencias políticas inmediatas. Si el máximo tribunal rechaza los recursos presentados, las condenas quedarán firmes. En ese caso, Cristina Kirchner quedaría inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos y no podría postularse en las elecciones legislativas de octubre, cuyo cierre de listas vence el 17 de agosto.

Además, si la Corte resuelve antes de esa fecha, la expresidenta tampoco podría contar con fueros parlamentarios que la resguarden de una eventual detención. Aunque por tener más de 70 años podría solicitar arresto domiciliario, el impacto político de una condena firme sería irreversible.

El 31 de marzo pasado, el fiscal Villar presentó un escrito de 10 páginas ante la Corte donde reiteró el pedido que ya habían hecho durante el juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola: 12 años de prisión por administración fraudulenta agravada y asociación ilícita. Villar también cuestionó la absolución de exfuncionarios como José López, Julio De Vido, Nelson Pierotti y Lázaro Báez por ese último delito.

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Actualmente, la Corte tiene pendientes de resolución 17 recursos de queja vinculados a esta causa. La mayoría de los planteos fueron rechazados por la Cámara de Casación, lo que obligó a los imputados a recurrir a la vía de la queja directa ante el máximo tribunal. Entre ellos figuran nombres como José López, Raúl Pavesi, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe y la propia Cristina Kirchner.

La causa Vialidad fue iniciada en 2016 y es considerada emblemática por el volumen de la obra pública investigada y el calibre político de los implicados. Cuenta, además, con lo que en derecho se conoce como “doble conforme”: es decir, una sentencia condenatoria del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación. En estos casos, la Corte suele rechazar los recursos sin analizar el fondo, como ocurrió con el caso Ciccone, donde quedó firme la condena al exvicepresidente Amado Boudou.

A pesar de ese antecedente, el caso de Cristina Kirchner tiene un componente político que lo vuelve excepcional. El futuro judicial y político de la exmandataria depende, en gran medida, del calendario que se fije en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

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