Silvia Lospennato,Manuel Adorni

Después de la escandalosa relación con Victoria Xipolitakis, el exdiputado camporista, José Ottavis, decidió alejarse de la política y se volcó en la religión. En ese camino, fundó Amarte Argentina, una asociación civil que supuestamente se dedicaba a ayudar a personas en vulnerabilidad.

La ONG firmó un acuerdo en 2021 con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para hacer obras públicas en diferentes barrios populares de Monte Caseros, Corrientes. Por ello, la asociación recibió alrededor de $11.000 millones, pero las obras nunca se hicieron.

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Pasados tres años del acuerdo, Ottavis y Celia Itatí Britez -su actual pareja- fueron denunciados por malversación de fondos, asociación ilícita y utilización de fondos públicos. El desvío de plata habría sido a través de una estructura enorme de cooperativas truchas.

Celia Fabiana, sobrina de Britez, conoció a Ottavis por intermedio de una amiga que trabajaba con él. Con la creación de Amarte Argentina, se involucró para ayudar en los barrios. “Hicimos todo el trabajo territorial. Mandamos la foto de los barrios que estaban en situaciones límite y empezamos a comunicarnos directamente con Ottavis”, contó en diálogo con TN.

Además de las obras, la organización repartía bolsones de alimentos: “Cuando (Ottavis) dejó de drogarse, se prendió por la parte religiosa. Llegó una orden de su parte que todos los días a las 19 la organización tenía que parar y nos obligaba a rezar el rosario. El que no rezaba, te anotaba y te retiraba la bolsa de alimentos. Así la gente, que era muy vulnerable, se quedaba sin la comida”.

En ese sentido, la mujer aseguró que su tío político la quería obligar a comulgar. “‘Yo soy la reencarnación de Jesús’, decía. Fui a Buenos Aires y Ottavis estaba vestido de cura, me quería obligar a tomar la comunión. Mi tía me insistía y me preguntó si sabía lo que significaba que Jesús me diera la comunión. Ahí pensé que esto se estaba yendo de mambo».

Además, denunció que la organización presentaba cifras exageradas a la hora de hacer las obras: “Cuando voy a una reunión del FISU, presentaron un informe a la empresa ejecutora y cuando escucho los números que estaban diciendo adelante de Desarrollo Social eran todo tres veces más de lo que era real. Tenían la carpeta con los números inflados”.

Decidió terminar su tarea en febrero de 2022, luego de que Otavis obligara a la gente a que se afilie al Partido Justicialista para recibir un bolsón de comida. “Decidimos apartarnos y entró gente de todos lados a saquear el galpón con los materiales. Yo tenía que entregar todo, tenía detallado qué familia tenía que recibir tal cosa y tal otra, y no pude hacer nada”, lamentó.

Por ejemplo, en el barrio San Ramón Sur la organización tenía que hacer obras estructurales como pavimentación, cloacas y tendido eléctrico. Además, se comprometió 56 núcleos húmedos, que constan de estructuras con baño y cocina. De esas, solo levantó 30 y no las entregó porque estaban incompletas o mal hechas. Por todo esto, recibieron más de $3000 millones.

“A cada uno nos correspondían dos tubos de gas, cocina, heladera y el termotanque. En una tercera reunión dieron el comunicado que para esta zona la heladera y el tubo de gas no nos pertenecía. A ninguno le entregaron las llaves”, sostuvo una vecina.

Otra vecina abrió las puertas de su hogar e indicó: “Me entregaron una casilla vacía, tuve que hacer todo yo. Nadie me explicó por qué. Esta heladera es mía, el horno también. No me dieron nada”.

Eduardo, otro de los denunciantes, apuntó: “Esta ONG supuestamente hacia obras, pero no se concretó ninguna a pesar de los millones que recibieron. La gente necesita mucho esas obras. Las obras se hacían a través de cooperativas, pero no existen. Lo que implicó la falsificación de documentos y firmas”.

¿Cómo lo hacían? Amarte Argentina designaba las autoridades de cooperativas que los obligaban a firmar y les hacían colocar su domicilio, aunque allí no se realizara ninguna tarea. “Me enteré el mismo día el día del acta, me pidieron que firme por la entrega del libro”, afirmó un hombre que fue puesto como presidente de la Cooperativa de Textiles Correntinos.

Otro hombre detalló cómo se convirtió en presidente y tesorero de una cooperativa fantasma: “Nos llamaron, nos dijeron que nos teníamos que presentar en un lugar porque podía ser parte de una cooperativa. ‘Vas a ser beneficiado vos’, me dijeron y me dieron una chequera. Me llaman para que vaya al banco para que le dé de baja a la cuenta, que tenía depositado alrededor de $100.000. Una secretaria me pidió esa plata, se la entregué y me quedé sin nada”.

“Esas cooperativas no están, nunca las vi. No me pude dar el lujo de tener una casa como la que tienen ellos, mi casa es humilde. No tengo ni una camioneta. Ahí entendí que estaban usando a la gente para beneficio de ellos”, cerró.

José Ottavis, Corrientes, Obra Pública

La toma del edificio donde funcionó el Instituto Juan Domingo Perón que lideró el dirigente Juan Grabois, quien estuvo varias horas detenido acusado de usurpación, daños y lesiones, volvió a poner en el foco de atención la decisión del Gobierno de cerrar esa dependencia y la polémica en torno a la cooperativa que estaba a cargo del restaurante, que es investigada por diversas irregularidades.

El Gobierno anunció el mes pasado el cierre del instituto y el traspaso del edificio y los bienes del lugar a la órbita del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó en el marco de las políticas de austeridad y despolitización del uso de bienes del Estado. Se dispuso la desvinculación de 24 empleados, que demandaban unos $ 400 millones por año.

La Casa Rosada explicó que la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se realiza en múltiples universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas, que garantizan un estudio libre y “sin condicionamientos estatales”. ”En el último año, el instituto no entregó ni presentó documentos ni estudio alguno», indicaron.

Este sábado a la tarde, Grabois y unos 50 militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana ingresaron por la fuerza al inmueble de la calle Austria al 2500, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Para entrar, rompieron una puerta de vidrio reforzado, en medio de forcejeos con efectivos de la Policía Federal que estaban de custodia.

El ingreso lo hicieron desde “Café con Perón” –explotado por la Cooperativa de Trabajo Lo de Néstor– un restaurante que funcionaba como un apéndice y que no contaba con las habilitaciones correspondientes para continuar abierto, de acuerdo a la información y actuación oficiales a las que tuvo acceso Infobae.

Lo cierto es que, luego de ordenado el cierre del Instituto, el edificio quedó vacío, con el objetivo de ser reutilizado por el Ministerio. Todo el acervo histórico y los bienes fueron trasladados para su custodia a organismos estatales, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Archivo General de la Nación, para su preservación. “Se hizo un inventario y está abierta la posibilidad de que una persona humana o jurídica, como puede ser el PJ, se presente a reclamar”, precisaron las fuentes.

Pero más allá de la cuestión histórica y política, se abrió una controversia por el destino del edificio y el funcionamiento de “Un Café con Perón”, cuyos responsables, en medio de las tensiones por la toma de Grabois y su posterior detención, reclamaron seguir funcionando.

Sobre el destino del inmueble, fuentes del Gobierno anticiparon a Infobae que la propiedad no está en venta y tampoco podría enajenarse, debido a que tiene la condición de Patrimonio Histórico. En principio, lo que están analizando en el Ejecutivo es convertir el lugar en una biblioteca pública enfocada en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual y ceder el restaurante a un emprendimiento gastronómico para personas neurodivergentes.

Cooperativa investigada

El cierre del Instituto y la toma de Grabois de este sábado puso bajo la lupa la situación de la cooperativa “Lo de Néstor”, que ya fue denunciada por un diputado de la Coalición Cívica y que tenía el permiso de funcionamiento revocado y la “obligación de restituir el inmueble y los bienes”. Es que, junto al local, que fue cedido por un canon irrisorio, también se le cedió toda la vajilla, mesas, sillas y máquinas, de propiedad pública.

El 5 de septiembre de 2024, el organismo a cargo del control de la actividad, el INAES, le suspendió la operatoria a la cooperativa y le inició un sumario. Se notificó a ARCA (ex AFIP) la suspensión de la operatoria, y se suspendió el CUIT.

Como consecuencia de ese sumario, el 15 de febrero pasado, el INAES le retiró la autorización para funcionar. Contra esa medida, la cooperativa interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado en abril pasado. “La cooperativa no puede operar, porque carece de autorización para funcionar y, además, la CUIT se encuentra inactiva por parte de ARCA”, indicaron.

Además, según otro documento al que accedió este medio, se detectó “fraude cooperativo y obstrucción a la fiscalización pública por parte del INAES”.

En concreto, durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión en el Ministerio de Cultura, de Tristán Bauer, se le otorgó la concesión a la cooperativa, cuyo presidente es Leonardo Duva, amigo del ex mandatario. Según informó el Gobierno, se le fijó un canon inicial de $117.000, calificado como “irrisorio, para la cantidad de metros concesionados y la zona en la que se encuentra”.

Aunque Duva manifestó públicamente que estaba en regla, el Ministerio de Capital Humano dispuso la revocación del contrato del bar temático “Un Café con Perón” el 26 de mayo y notificó la decisión el día siguiente. “La revocación se enmarca en el Decreto N.º 346/2025, que dispuso la disolución de varios organismos estatales, entre ellos el Instituto Perón, para optimizar el Estado y reducir el gasto público”, indicaron las fuentes.

El presidente de la Cooperativa ya está siendo investigado en el marco de una denuncia penal previa realizada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso por haber recibido 36 millones de pesos en subsidios estatales sin ofrecer ninguna contraprestación social, como lo exigía la normativa vigente. Se lo acusa por “defraudación por administración fraudulenta, defraudación y malversación de caudales públicos”.