Todas las operaciones asociadas a $LIBRA, incluida la que le dio vida a la moneda digital, están registradas en un gran libro virtual de acceso público. Los movimientos, sin embargo, son anónimos. Están asociados a cuentas virtuales cuya titularidad se desconoce. La red blockchain, en principio, funciona como una suerte de plaza pública en donde todos pueden comerciar con todos, pero portando máscaras.

Por eso, la medida de prueba que por estas horas analiza el fiscal Eduardo Taiano puede ser el primer paso para comenzar a correr el velo que protege a un grupo especial de billeteras. Son aquellas que operaron con $LIBRA en algún momento de sus primeros 20 minutos de vida, pero especialmente segundos antes de que la moneda fuera promovida, difundida o publicitada por el presidente Javier Milei, el 14 de febrero, a las 19:01.

Los montos operados por esas wallets en la antesala al tuit, cuando el activo era aún desconocido, llaman la atención. Muchas transacciones superan los 500 mil dólares; otras pasan largamente el millón.

Desde la óptica acusatoria, todas esas operaciones se habrían realizado con información privilegiada, a sabiendas de que la moneda virtual recibiría el empujón del Presidente en las redes, lo que haría escalar su valor. Al final del camino, algunas de estas cuentas terminarían obteniendo las ganancias de una cadena de movimientos que hoy se investiga como una presunta estafa.

El fiscal Taiano le dio intervención la semana pasada a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), dirigida por Horacio Azzolin, para que considere cuán factible es ir detrás de estas billeteras “privilegiadas”.

Es que la identidad de muchas de ellas habría quedado expuesta antes de operar con la moneda LIBRA al entrar en contacto con exchanges centralizadas, es decir, plataformas oficiales que exigen datos biométricos a los usuarios para corroborar su identidad.

Estas plataformas guardan algunas similitudes con los bancos tradicionales: manejan fondos de terceros, ofician de intermediarios en las transacciones, pero, por sobre todo, conocen la identidad de sus clientes.

Por eso, distintos especialistas coinciden en que ordenarles que informen quienes son los usuarios de estas cuentas es una pista promisoria que podría hacer surgir nombres nuevos en la investigación. Es lo que hoy está bajo estudio en la fiscalía de Taiano, según pudo averiguar este medio.

Hoy, por el caso LIBRA, además del presidente Milei y su hermana Karina, están siendo investigados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios en Tech Forum, la firma que organizó el evento crypto del cual Milei participó como orador; el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales y Hayden Mark Davis, el presunto empresario detrás del lanzamiento del activo. Todos ellos han mantenido reuniones con la cúpula del poder libertario.

Davis ha dado dos entrevistas tras el colapso de la moneda antes de hacer silencio. En una de ellas, al ser consultado sobre qué salió mal en el lanzamiento de LIBRA, Hayden respaldó al presidente Milei -dijo que lo consideraba una “persona excepcional”-, pero apuntó contra su entorno: “No pienso que él me cagó, pienso que gente cercana a él me cagó”.

El primero en señalar la pista de las billeteras “vulnerables” fue el presidente de la Fundación Blockchain Argentina, Guido Zatloukal, cuando expuso ante la comisión de Comunicaciones e Informática en la Cámara de Diputados. Allí dijo lo que luego repetiría frente al fiscal Taiano al declarar como experto en la causa: hay una billetera que estableció contacto con Kraken, una de las exchanges centralizadas que podría ayudar a identificarla.

No sería la única expuesta. Distintas cuentas que operaron en la infancia de LIBRA habrían tocado otras plataformas centralizadas como Bidget, Bybit, Coinbase o Kucoin. Según estimaciones, serían más de 50 las billeteras que podrían ser rastreadas.

Todas estas plataformas tienen sede en el extranjero, por lo que si el fiscal Taiano decide avanzar, tendría que tramitar un pedido vía Cancillería, cuyo titular es Gerardo Werthein, nombrado por Milei tras la salida de Diana Mondino.

Existen, sin embargo, dos billeteras que se vincularon con Binance, la única de estas plataformas con oficinas en el país. Allí sería más fácil obtener la información.

Experiencia fallida

Cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado tuvo bajo su juzgado de San Isidro parte de las actuaciones que ahora tramitan por entero en Comodoro Py, ordenó a la plataforma Circle a principios de abril que congelara los activos de 10 billeteras virtuales vinculadas a la creación de LIBRA.

La plataforma, que tiene sede en Estados Unidos y emite un correlato del dólar en el mundo crypto, contestó que solo podía poner en marcha la medida si el pedido provenia desde la justicia norteamericana, por lo que la de Arroyo Salgo debía tramitarla vía Cancillería.

Dos de esas 10 billeteras terminarían siendo congeladas por orden de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) tras un pedido del estudio Burnick, en el marco de otra investigación por LIBRA que tramita en Estados Unidos.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que condenó a Lázaro Báez y a los demás imputados en la Ruta del Dinero K- ordenó el viernes la ejecución de la pena tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema. Durante la mañana, seis de los acusados deben presentarse en Comodoro Py para proceder a la detención y debe definirse la situación del ex socio de Cristina Kirchner y su hijo, al igual que del abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín.

Este lunes, por orden del juez Costabel, Julio Mendoza, Juan De Rasis, Gustavo Fernández, Eduardo Castro, Fabián Rossi y Carlos Molinari deben acudir a los tribunales de Retiro para ser detenidos. El primero en llegar, pasadas las 9.30, fue Rossi, exmarido de la actriz Ileana Calabró.

Lázaro Báez, el principal condenado en este expediente donde se investigó el blanqueo de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 y que tiene una condena de 10 años de prisión, continuará cumpliendo el arresto domiciliario hasta que esta semana el juez Costabel resuelva su situación. Se aguarda la opinión del fiscal general Abel Córdoba, quien tiene hasta el miércoles para responder.

En la resolución que ordenó la detención de seis de los acusados también se explicó que se deben conformar los legajos de ejecución, para realizar los cómputos respectivos «a fin de determinar su situación procesal en relación al cumplimiento de la condena”.

Es la Secretaría de Cómputos la que determina el tiempo de detención cumplido por el empresario, su hijo mayor, Chueco y Pérez Gadín, para después resolver cómo se hará efectiva la condena.

Todos ellos “han transitado la totalidad o parte del proceso en prisión preventiva”, explicó la justicia federal. Por ese motivo, una vez obtenido el cómputo correspondiente, el juez Costabel definirá si Lázaro Báez vuelve al Penal de Ezeiza o si continuará bajo arresto domiciliario.

El fallo confirmado por la Corte dispone una pena de diez años de cárcel para Lázaro Báez, seis años y medio para Martín Báez, seis años para Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, y cinco años para Julio Mendoza.

Desde el 2020, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras dejar el Penal de Ezeiza, adonde había ingresado el 6 de junio de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello. Y hace dos años fue trasladado a la localidad de El Calafate, donde continúa con la morigeración de la prisión preventiva.

Para la justicia, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años lavó 55 millones de dólares. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.

Cuando confirmó la sentencia del juicio, la Cámara Federal de Casación Federal sostuvo que el delito precedente de las operaciones de blanqueo era la evasión impositiva instrumentada a través de una usina de facturas apócrifas montadas por Báez.

También se confirmaron multas que oscilan entre dos y seis veces el monto de las operaciones -de 109,6 millones de dólares a 328,8 millones- y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.

El de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de activos.

Sí bien el Tribunal de juicio había dictado doce años de prisión a Lázaro Báez, la Casación Federal redujo esa pena a diez años, modificando en consecuencia las atribuidas a los demás acusados.

A la hora de dictar sentencia, que la semana pasada obtuvo firmeza por parte del máximo tribunal cuando rechazó el recurso de queja de los acusados, se dio por “acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades ‘pantalla’ -eludiendo los controles fiscales-«, los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.