Cristina Kirchner busca eludir el pago de los US$ 55 millones que le exige la Justicia tras la condena en la causa Vialidad, declarándose “insolvente”. En agosto de 2016, apenas tres días después de ser procesada por direccionar contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, la entonces expresidenta transfirió la mayor parte de sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Mediante una “herencia anticipada”, Cristina cedió el 50% de los activos financieros, bienes muebles e inmuebles que le correspondían por la sucesión de Néstor Kirchner, sumando al 50% ya en manos de sus hijos. La maniobra le dejó apenas US$ 200.000 a su nombre. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 estimó en US$ 500 millones el monto total a recuperar entre todos los condenados, de los cuales a Cristina le corresponderían unos 55 millones.

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El fiscal Diego Luciani, junto con su colega Sergio Mola, evalúa denunciarla por insolvencia fraudulenta, un delito que castiga la ocultación o vaciamiento patrimonial para evitar responder ante obligaciones judiciales. Ambos fiscales ya pidieron que los bienes decomisados sean destinados a obras públicas como escuelas y hospitales.

Entre los bienes embargados a los condenados figuran 145 inmuebles, 42 autos, 2 embarcaciones, cuentas bancarias, participaciones societarias y hasta hoteles, como el Alto Calafate y Los Sauces, que quedaron en manos de los hijos de Cristina.

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Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera, sostuvo que parte de los activos “sustraídos permanece oculta” y otra fue transferida mediante “actos simulados” para escapar a eventuales decomisos. También advirtió que el patrimonio declarado por la expresidenta está “muy lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”.

Por su parte, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica) instó a los fiscales a avanzar con la denuncia penal por el vaciamiento, estrategia que, recordó, ya utilizó María Julia Alsogaray al declararse insolvente y evitar devolver dinero robado al Estado.

En la declaración patrimonial que Cristina presentó en enero ante la Oficina Anticorrupción, asegura tener bienes por $249 millones (unos US$ 200 mil): un departamento en Recoleta, un terreno en El Calafate, acciones en Mercado Libre, Apple y Vista Oil, y un Toyota Corolla.

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El resto del patrimonio quedó en manos de sus hijos, quienes ahora poseen 25 inmuebles, acciones en las sociedades investigadas Hotesur y Los Sauces, y más de 5 millones de dólares en efectivo. Parte de esos fondos fueron hallados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia.

Mientras tanto, la Justicia avanza con el proceso de ejecución de sentencia, que incluirá el remate de los bienes ya embargados. Los fiscales solicitaron que los fondos recuperados se utilicen con fines sociales, recordando que “el dinero robado a través de la corrupción priva a los sectores más vulnerables de salud, educación y vivienda”.

El caso Vialidad ya tiene sentencia firme por parte de la Corte Suprema y es considerada una de las causas de corrupción más emblemáticas de los últimos años.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no unificará el calendario electoral pese a la presión que en las últimas horas volvió a ejercer un sector del peronismo, luego del fallo que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Si bien hubo algunas insinuaciones que el tema podría reverse y que el gobernador daría marcha atrás con el desdoblamiento electoral anunciado el 7 de abril de este año, colaboradores del mandatario provincial confiaron a Infobae que no hay plan de modificar lo ya anunciado. Habrá dos elecciones en la provincia de Buenos Aires: el 7 de septiembre comicios provinciales y el 26 de octubre las legislativas en el orden nacional.

Luego de la ratificación que el máximo tribunal dispuso sobre la condena a Cristina Kirchner, en La Cámpora analizaron que durante el proceso previo, la expresidenta no recibió el respaldo político necesario. Las miradas apuntan al espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Uno de los argumentos que puso en agenda el cristinismo es que si el mandatario provincial definía no desdoblar la resolución del máximo tribunal podría haberse “estirado”, bajo el fundamento que la condena de se efectivizó ahora porque Cristina tenía definido ser candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral.

“Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado, ¿no? Estaríamos hablando esto recién en octubre con las candidaturas de todas las provincias, al mismo tiempo”, planteó este miércoles la senadora nacional por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. La dirigente es una de las voces con peso dentro de La Cámpora. Sus declaraciones fueron receptadas en La Plata.

Sagasti también expresó en declaraciones a Futurock que “al desdoblar, la provincia de Buenos Aires quedó descalzada y ella -CFK- quedó sola en esta batalla” y que “ahora se va a empezar a ver un movimiento bastante particular en la provincia de Buenos Aires, al no poder votar la gente a su principal candidata”.

La idea de que Kicillof podría retrotraer la decisión del desdoblamiento electoral también corrió con fuerza a partir de algunas entrevistas a funcionarios del gobierno de Kicillof. El propio gobernador dijo tras el fallo que “es otro país”.

“Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación. Sí, creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”, plantaba en comunicación con Cenital.

La sobreinterpretación, sumado a distintos factores, hicieron su parte. “Hoy están lanzadas las desdobladas y ejecutándose el cronograma electoral”, agregan cerca del gobernador.

En el Gobierno provincial siguen con la organización de la jornada electoral del 7 de septiembre. Quien está al frente es el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Días atrás, antes del fallo a CFK, el gobierno provincial anunciaba un convenio con el Correo Argentino. La intervención de la empresa estatal será para la prestación servicios logísticos y del recuento provisorio de votos para la elección de septiembre.

El Correo hará un relevamiento de locales de votación. En esa instancia se ocupará de verificar la capacidad y conectividad de las locaciones. Además, estará a cargo de la “logística integral” que incluye el traslado de padrones definitivos, la provisión y armado de cajas electorales, la provisión y distribución de viandas para delegados y autoridades de mesa, el despliegue anticipado de urnas y materiales, que será el sábado previo a la elección, con seguridad y trazabilidad.

También será su potestad la entrega de urnas a autoridades de mesa: desde las 7:30 del día electoral y el repliegue de urnas y material electoral para el recuento definitivo en conjunto con fuerzas de seguridad.

Asimismo, una vez finalizado el horario de escrutinio, la empresa estatal se hará cargo de la digitalización, transmisión de telegramas y recuento provisorio. El costo total, según el Gobierno bonaerense y que incluye logística, transmisión, escrutinio y viandas, es de $51.181.165.269.

Con el calendario electoral todavía en marcha, lo que resta ahora para el peronismo es encontrar —o no— una instancia de acuerdo electoral. Por lo pronto, el 9 de julio es la fecha pautada para la presentación de alianzas y el 19 de julio la oficialización de listas a diputados y senadores provinciales para las ocho secciones electorales.

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