POLITICA
Intendentes del PRO le pusieron condiciones al posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza

Un grupo de intendentes del PRO bonaerense exigió esta semana condiciones claras para avanzar con un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). En una videoconferencia convocada por Cristian Ritondo, expusieron su malestar por la falta de definición sobre la distribución de espacios en las listas, particularmente en los distritos que gobiernan.
Aunque algunos distritos como Mar del Plata, Zárate, Pinamar y Arrecifes ya dieron el visto bueno al entendimiento, la mayoría —nueve de trece intendentes— advirtieron que “no aceptan que LLA decida por ellos” y que aún no hay consenso territorial. Reclaman explícitamente que se respete su “lapicera” para elegir candidatos, y no un acuerdo impuesto desde la cúpula nacional.
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El malestar principal se centra en la falta de “bajada concreta” por parte de los libertarios. Según fuentes del PRO, varios intendentes sostienen que “si no les bajan una línea, imposible acordar”. Además alertan que LLA reclamó muchas candidaturas, incluso en los municipios que el PRO ya gobierna, lo que tensiona la coalición.
Por eso, los intendentes pidieron que en cada distrito el armado de listas “sea liderado por quien gobierna” y no por LLA. Plantearon que el entendimiento sólo será viable si se garantiza este principio; de lo contrario, advierten con competir por separado.
El desafío electoral se plantea a pocas semanas del cierre de listas. Ritondo y Santilli convocaron una nueva reunión para destrabar la negociación antes del 9 de julio.
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POLITICA
La abrupta salida de Guillermo Francos del Senado: del pedido de indulto a Cristina Kirchner a la acusación de “mentiroso”

“No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, sentenció Guillermo Francos a dos medios acreditados en el Senado -uno de ellos, Infobae– antes de partir de la Cámara alta y dejar a mitad de camino el informe de gestión. El funcionario libertario fue acusado de “mentiroso” por la legisladora ultra K Cándida López (Tierra del Fuego), quien dinamitó el recinto y dejó mal parado a un Frente de Todos que, media hora antes, había calificado al jefe de Gabinete como hombre de la “política” y le sugirió la posibilidad de un indulto presidencial a la condenada Cristina Kirchner, que hoy cumple prisión domiciliaria.
Lo delirante de toda esta situación es que fue el propio jefe del peronismo, José Mayans, quien pidió calma a una senadora que continuó con su discurso y le abrió una generosa ventana Francos para retirarse, luego que éste pidiera sin éxito a la cristinista que se retractase. “Pero pará un poquito, che”, fue el reto del formoseño que se oyó en la transmisión oficial de la sesión, mientras se avanzaba hacia un desprolijo e incierto cuarto intermedio.
A esa altura, el caos generado por López ya era un regalo fabuloso para una Casa Rosada que, en su gran mayoría -el jefe de Gabinete, una de las excepciones-, utiliza de combustible diario los insultos y agresiones desmedidas por doquier contra cualquiera que se interponga en su camino. El recinto sólo se reactivó, ya sin el jefe de Gabinete, para definir una nueva convocatoria al funcionario para el miércoles próximo, a partir de las 11.
Media hora antes que todo esto ocurriera y, mientras transcurrían las preguntas desde el Frente de Todos, la nota fue dada por la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en modo conmovedor dijo: “Le pido que ayude a reflexionar al presidente Javier Milei. Entrar en un proceso electoral, con la principal referente de la oposición encerrada, no le hace bien al Gobierno. Tienen una gran oportunidad, tiene una facultad que es única, que es la del indulto. Creo que sería un gran mensaje”, manifestó. Y añadió: “Tiene una gran oportunidad el presidente de la nación. Tenemos que poner en valor la política y la democracia. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”.
Otras definiciones previas al papelón
Francos dio un discurso inicial para resaltar “logros” de la gestión libertaria. Después, direccionó la lupa hacia el proyecto que mejora las jubilaciones ya aprobado por Diputados, con anuncio anticipado de potencial veto presidencial en caso que el Senado sancione la ley.
“Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria. Estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”, explicó.
La ley previsional que aprobaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas, se abstuvieron- implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
El jefe de Gabinete no pudo evitar las críticas por el tentempié que dejó la Casa Rosada en la previa del informe, tras el veto presidencial a la emergencia para Bahía blanca, tras la catástrofe de meses atrás. Por caso, el radical bonaerense Maximiliano Abad le espetó: “La ley tiene un alcance más amplio que el decreto 238 del Ejecutivo. No se limita a las urgencias, sino que aborda cuestiones estructurales. Busca recuperar la infraestructura dañada, apoyar a las pymes y emprendedores, y reactivar el circuito productivo local”.
Abad agregó: “Estamos hablando de una situación catastrófica que provocó muertes y daños materiales enormes. La ciudad debe encarar una etapa de reconstrucción y readaptación que la prepare mejor frente a futuros temporales. La reparación de las viviendas particulares es imprescindible, pero no alcanza”.
Francos también fue consultado sobre la falta de obra pública, la penosa actualidad del hospital Garrahan en cuanto a salarios de sus profesionales, pasos fronterizos y políticas productivas.
POLITICA
Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.
Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.
No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.
“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.
Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.
Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.
Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.
Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.
El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.
El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.
El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.
El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.
POLITICA
El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.
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Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, AMIA
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