POLITICA
Revelaron imágenes que confirmarían el ingreso al país sin control de 10 valijas provenientes de Miami
Una causa se abrió tras la difusión de imágenes oficiales que prueban que, el 26 de febrero, un jet privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con diez valijas, aunque solo se declararon cinco ante las autoridades aduaneras. Las capturas de pantalla y videos aportados al expediente revelan que los pasajeros descendieron por una zona libre de escáneres y sin revisión del equipaje.
Según el dictamen de 60 páginas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, los tripulantes y la pasajera, Laura Belén Arrieta –gerenta de OCP TECH y vinculada al espacio conservador CPAC– no fueron sometidos a los chequeos habituales. La Justicia además solicitó los registros migratorios y detectó que el vuelo, registrado oficialmente desde Fort Lauderdale, partió en realidad de Opa-locka y, al partir el 5 de marzo, se dirigió a París en lugar de retornar a Florida.
Imágenes difundidas por TN
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado que “se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos” y que la pasajera dejó solo un carry-on para escanear. Sin embargo, fiscales resaltaron que no hubo “vigilancia continua” ni registro de la aeronave en el hangar, lo que implicó “una decisión expresa y directa del personal aduanero” para omitir la revisión completa del equipaje.
La investigación avanza con la obtención de declaraciones de funcionarios y tomas de cámaras de seguridad para determinar si existió un tratamiento preferencial en la llegada y salida del vuelo, y si las irregularidades configuran delitos aduaneros o de contrabando.
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Los abogados de una demanda colectiva en Nueva York acusaron al presidente Javier Milei de haber emitido “una declaración promocional engañosa” sobre el criptoactivo Libra. La acusación es parte de un escrito presentado ante la jueza federal Jennifer Rochon. El objetivo es prolongar el congelamiento de más de US$57 millones en billeteras virtuales vinculadas al empresario estadounidense Hayden Davis.
El argumento central de los demandantes contra el presidente Javier Milei se basa en un posteo del 14 de febrero. Según los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, el Presidente emitió “una declaración promocional altamente engañosa” y “estratégicamente planificada para dar a Libra una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental”.
El escrito de 25 carillas sostiene que esta acción ocurrió en el momento del lanzamiento del token. Como consecuencia, afirman que “decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados”. El señalamiento explícito ante una Corte federal de Estados Unidos no implica problemas legales inmediatos para el mandatario.
La acusación no representa un problema judicial en el corto plazo para Milei, aunque conlleva un riesgo latente a futuro. Abogados consultados por indicaron que un triunfo de los demandantes en esta demanda colectiva civil podría abrir una puerta. Ellos podrían luego ampliar sus reclamos contra Milei o, incluso, contra el Estado argentino.
La presentación judicial concentra sus principales acusaciones en Hayden Davis y su equipo de Kelsier Ventures. Ellos son los protagonistas visibles del lanzamiento y colapso del memecoin $Libra. También apuntan contra Benjamin Chow, referente de la plataforma Meteora, a quien acusan de facilitar el fraude. “Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirmaron los letrados.
Según la acusación, “los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA”. El escrito detalla que obtuvieron millones mientras se promocionaban como protectores de los inversores minoristas. Los abogados recordaron que “decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares”.
La conducta de Davis también está bajo la lupa. “Davis prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo”, destaca el documento. En cambio, reembolsó cinco millones de dólares a un único comprador, el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy.
Esta acción contrasta con sus declaraciones públicas, donde calificó los reembolsos a inversores como “descabellados”. Davis además se niega a ceder el control de los activos. Dijo que su “única ventaja es que tiene todo este dinero”.
La defensa de Hayden Davis buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina. El 9 de julio, Davis presentó un escrito donde adelantó su intención. Pretende girar 500 millones de tokens Libra a la iniciativa “Viva La Libertad”. Sostiene que esta acción demostraría su intención de ayudar al país y podría cerrar la investigación penal en su contra que tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Para los abogados de la demanda colectiva, el resultado sería el opuesto. “La propia conducta de los acusados demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”, sostienen. Citan como pruebas el presunto lavado de dinero a través de múltiples billeteras y las amenazas de enviar activos a la Argentina.
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Artículo publicado originalmente en La Nación
Los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los tribunales de Nueva York acusaron al presidente Javier Milei de haber emitido “una declaración promocional altamente engañosa” y que fue “estratégicamente planificada para dar a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental en el momento del lanzamiento del token”, lo que llevó a que “decenas de miles de consumidores razonables fueran engañados”.
La acusación contra Milei aparece en un escrito que los impulsores de la “class action” presentaron ante la jueza federal Jennifer Rochon para solicitar que se prolongue el congelamiento temporario de más de US$57 millones depositados en billeteras virtuales del “empresario” estadounidense Hayden Davis. Los promotores de la demanda pretenden mantener la medida hasta el final del proceso judicial.
El señalamiento explícito de Milei ante una Corte federal de Estados Unidos, cabe aclarar, no implicará problemas legales en el corto plazo para Presidente, pero conlleva un riesgo latente en el mediano o largo plazo. De triunfar en esta demanda colectiva civil, los demandantes podrían luego ampliar sus reclamos a Milei o, incluso, al Estado argentino, según indicaron abogados consultados por LA NACION.
Firmado por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, el escrito de 25 carillas concentró sus dardos en Davis y su equipo de Kelsier Ventures, protagonistas visibles del lanzamiento y colapso del memecoin $LIBRA, el 14 de febrero pasado. Pero también apuntaron contra uno de los referentes de la plataforma Meteora, Benjamin Chow, al que acusaron de facilitar el “fraude” desde las sombras.
“Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirmaron los letrados. “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los demandados de Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, obteniendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas”, sostuvieron, por lo que reclamaron que la jueza Rochen mantenga inmovilizados “los fondos de LIBRA”.
“La conducta inculpatoria de los acusados deja claro el riesgo inminente de un daño irreparable”, destacaron Burwick y Hoppin. “Davis prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo. En cambio, reembolsó cinco millones de dólares a un comprador —el director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy—, a pesar de haber calificado públicamente como ‘descabellados’ los reembolsos a los inversores. Davis también se ha negado a ceder el control de los activos, ‘incluso si se trata de un tercero de confianza’, porque ha dicho que su ‘única ventaja es que tiene todo este dinero”.
El planteo de los abogados responde a un contrapunto que comenzó a gestarse semanas atrás. Tras ordenar el congelamiento de decenas de millones de dólares, el 27 de mayo, la Corte mantuvo una videoconferencia con todas las partes el 1° de julio. Allí fijó una audiencia para el 19 de agosto en que evaluará si mantiene su decisión o libera los fondos. Pero el 9 de julio, Davis presentó un escrito en el que atacó los argumentos de los actores, tras adelantar que buscaría recuperar el control del dinero para transferirlo a la Argentina.
Hayden Mark Davis
En ese sentido, Davis pretendería girar 500 millones de tokens $LIBRA a la Argentina que se encuentran en una billetera de la plataforma Solana. ¿Su objetivo? Girarlo a la iniciativa “Viva La Libertad”, “sujeto a las medidas de seguridad y obligaciones de informar” que dispusiera la jueza Rochon, para demostrar así que su intención era ayudar al país, y cerrar la investigación penal en su contra que en Buenos Aires tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Para los letrados que en Nueva York impulsan la “class action”, sin embargo, el resultado sería el opuesto. “La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ [para negociar] y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar”.
“Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado con [$LIBRA], solicitamos las facultades de este Tribunal para preservar las ganancias de dicho fraude”, recordaron Burwick y Hoppin. “Los demandados [por Davis y Chow] ahora piden a este tribunal que haga la vista gorda y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas como si fueran dinero en efectivo guardado en una bóveda bancaria. Se equivocan tanto en la ley como en los hechos”.
El tuit de Milei promocionando $LIBRACaptura
Ahora, la jueza Rochon deberá evaluar los pasos a seguir. Incluso, si retiene la “class action” en su juzgado o si lo remite a los tribunales federales en Texas, como reclamó Davis. Adujo que no tiene domicilio en Manhattan, ni mantuvo reuniones vinculadas al criptoactivo, ni tampoco estaba allí durante el lanzamiento o hizo publicidad, ni actividad alguna que amerite que la demanda colectiva continúe en Nueva York sin violar “la garantía del debido proceso”.
Burwick y Hoppin también se opusieron a ese planteo de Davis. Remarcaron que Chow vive en Nueva York y que, por tanto, Rochon es competente, por lo que debería ser ella quien debería mantener congelado el dinero que Davis recaudó la noche del 14 de febrero, tras el primer posteo del presidente Milei, y evitar así que el dinero desaparezca para siempre.
“Las conexiones internacionales de los demandados demuestran un mayor riesgo de que transfieran los activos a entidades offshore organizadas en ubicaciones desconocidas”, subrayaron. “Se sabe que Hayden Davis viaja al exterior y Charles Thomas Davis [por su padre] tiene conexiones comerciales en Medio Oriente. De igual manera, los demandados de Meteora tienen conexiones con Singapur, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Y la notificación a Chow se ejecutó en Vietnam. Este riesgo de deslocalización es particularmente grave debido a la naturaleza de los activos digitales en cuestión”, advirtieron.
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POLITICA
Acusaron al Gobierno de echar personal calificado de la ANAC para designar militantes libertarios
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció este martes que el Gobierno echó a personal calificado de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para designar a militantes libertarios con sueldos de hasta $4.000.000. Desde la gestión libertaria desmintieron la noticia y aseguraron que los contratados son técnicos especializados en tareas puntuales.
El gremio estatal apunta contra la contratación de 20 cargos de asesores con remuneraciones millonarias. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que es un “acomodo masivo en el Estado” y denunció que los militantes ingresaron “sin ninguna formación”.
“Este proceder del Gobierno agrava la crisis que atraviesa todo el sector aerocomercial y aumenta el riesgo de todas las operaciones”, señaló. La denuncia ocurre en un contexto de alta tensión por el fuerte conflicto salarial y de modificaciones en el Código Aeronáutico que enfrenta a los gremios con la gestión libertaria.
Desde ATE aseguraron que tuvieron acceso a documentación interna donde se registra que los asesores no cumplen con los circuitos administrativos correspondientes. Entre los puestos, se encuentran asesores financieros y legales en la Dirección General Legal Técnica y Administrativa, en la Dirección de Administración Financiera y Control, la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, en la Unidad Administrador, en la Unidad de Medio Ambiente, en la Dirección de Administración y Gestión de Recursos Humanos, entre otros.
En la documentación donde se designa a los contratados, el organismo asegura que los postulantes “fueron seleccionados en base al cumplimiento estricto de idoneidad, experticia, experiencia en posiciones similares, gran capacidad de gestión, y sobre todo excelentes referencias laborales en el sector”.
“Estas incorporaciones con altos salarios no solo se dan mientras la mayoría de los trabajadores del organismo reclaman una recomposición salarial que les permita acceder al costo de la Canasta Familiar, sino frente a un desfinanciamiento sin precedentes que afecta de manera directa el funcionamiento”, resaltó Aguiar desde ATE.
El sindicato informó que hay vehículos operativos encargados de tareas de vital importancia en materia de seguridad que hoy se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento. Entre sus funciones, se encargan del guiado de aeronaves o el centro de capacitación, donde se forman los controles de tránsito aéreo.
También reclamaron por la falta de seguridad en los simuladores de tránsito aéreo y el sistema de comunicación de control de área del aeropuerto de Ezeiza.
ATE reclamó que el Gobierno cumpla con las auditorías internacionales sobre la ANAC, que marcan como una preocupación la falta de personal idóneo en el organismo.
En tanto, desde la ANAC aseguraron que el sindicato realizó un este “ataque” porque 75 personas fueron desvinculadas del organismo, entre los que se encuentran afiliados al gremio. Denunciaron que estas personas no tenían formación técnica suficiente ni función real, sino que respondían a criterios políticos o sindicales. Por ello justificaron la incorporación de “profesionales específicos” para tareas puntuales.
Argumentaron que hubo 24 técnicos que fueron incorporados al organismo y que pasaron por la validación técnica de organismos internacionales. Además, señalaron que los nuevos contratados no se encuentran afiliados al gremio.
También mencionaron que se lleva a cabo una reestructuración real para ordenar áreas críticas mientras que se cuida la seguridad operacional.
Asociación Trabajadores del Estado (ATE),asesores,el fuerte conflicto salarial y de modificaciones en el Código Aeronáutico,EL GOBIERNO APLICÓ CAMBIOS EN EL CÓDIGO AERONÁUTICO: MENOS HORAS DE DESCANSO Y RECORTE DE VACACIONES,reclaman una recomposición salarial,Conforme a,,Caso $LIBRA. Acusan a Milei en Nueva York de haber posteado una declaración «planificada» y “altamente engañosa”,,Desde Paraguay. Por qué extraditarán a la Argentina Edgardo Kueider, el exsenador detenido con más de US$200.000 en Asunción,,Otro revés para el Gobierno. La Justicia suspendió los cambios en el INTI
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