En el marco de un clima tenso entre el Ejecutivo y la vice Victoria Villarruel, el diputado nacional por el PRO, Alejandro Finocchiaro, planteó la necesidad de una reforma constitucional eliminando el cargo de vicepresidente. Durante su participación en el programa “La Ves” por Todo Noticias, cuestionó: “solo sirve para conspirar” y sostuvo que esta figura quedó obsoleta en los tiempos actuales.

Finocchiaro argumentó que la vicepresidencia surgió en una era donde el presidente podía enfermar o viajar —“se iba de viaje a Tucumán”—, por lo que era necesario un reemplazo para la toma de decisiones. “Hoy el presidente está en Japón y tiene un token con la cual puede firmar, puede tomar decisiones”, afirmó, cuestionando la relevancia práctica del cargo.

El diputado, sin embargo, efectuó una salvedad para ejemplificar casos efectivos: destacó la figura de Gabriela Michetti, a quien consideró “la única vicepresidenta que no tuvo problemas con la presidencia”, en contraste a experiencias anteriores como las de Ruckauf, Duhalde o Álvarez que mantuvieron tensiones con sus presidentes.

Finocchiaro describió de forma crítica que el vicepresidente podría “sacar un decreto que el Presidente no quiere”, y completó: “No sirve para nada”, recalcando que actualmente las funciones de sucesión pueden ser asumidas técnicamente por el jefe de Gabinete o el secretario legal, quienes tienen acceso directo al instrumento digital de firma presidencial.

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En medio del conflicto que sigue creciendo entre los trabajadores y profesionales del Hospital Garrahan y el Gobierno Nacional, este jueves se espera una nueva movilización con fuertes críticas a la administración del centro de salud. Además, llevarán a cabo un nuevo paro de 24 horas, mientras desde el Ministerio de Salud advierten que se está incumpliendo con la conciliación obligatoria.

La convocatoria a la protesta se produce en un contexto de profunda tensión. Según voceros gremiales, la movilización incluirá una marcha desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo. El reclamo se centra en la caída del presupuesto destinado al principal hospital pediátrico del país y el deterioro de los salarios de los trabajadores, así como la designación de nuevas autoridades en la gestión hospitalaria.

Por su parte, desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en la necesidad de mantener la atención mínima garantizada y califican la continuidad de las medidas de fuerza como una acción incompatible con las resoluciones dictadas en la conciliación obligatoria.

La polémica cobró fuerza luego de que diferentes gremios del Garrahan denunciaran el ajuste presupuestario. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, remarcó que “al haberse congelado respecto de 2024, el presupuesto cayó un 54% en términos reales”. Lipcovich atribuyó a este escenario un “derrumbe de los salarios y un deterioro de las condiciones de trabajo”, lo que, según sus palabras, está provocando “la renuncia de nuevos trabajadores cada semana”. “El vaciamiento está en marcha y no podemos permitir que se lleven puesto a una institución imprescindible para niños, niñas y adolescentes de todo el país”, afirmó el dirigente sindical.

Los representantes gremiales también apuntan contra las autoridades por la reciente designación de Mariano Pirozzo como director médico del Hospital Garrahan. Lipcovich reclamó que se trata de un nombramiento alejado del perfil requerido para una institución pediátrica y advirtió que sus antecedentes en otros centros estatales generaron preocupación entre los trabajadores.

Desde la administración del centro pediátrico, en un documento oficial, se recalcó la vigencia de la conciliación obligatoria, recordando que tanto ATE como la Asociación de Profesionales y Trabajadores aceptaron en su momento “suspender de forma inmediata toda medida de fuerza” con el objetivo de garantizar el funcionamiento del establecimiento. El texto difundido por la dirección remarcó que la discusión salarial debe darse “[únicamente] dentro de la paritaria nacional” y señaló que en la práctica las medidas de fuerza se mantienen, dificultando la prestación de servicios esenciales.

“Los mensajes que llegan desde todos lados emocionan. Esta marcha crece con fuerza colectiva y marca un antes y un después en nuestra lucha por el Garrahan. No vamos a permitir que lo desmantelen. Lo vamos a defender con todo el pueblo en la calle”, manifestó la licenciada Norma Lezana, secretaria general de la APyT. La lista de organizaciones que apoyan la convocatoria incluye, entre otras, a FESPROSA, APGCABA, ALE, UTS Córdoba, SIPREBA, APTS San Luis, ASPROSA Santa Cruz, SIPRUS Santa Fe y sindicatos de distintas provincias, junto con entidades culturales, estudiantiles y de derechos humanos.

Desde la APyT insistieron que el reclamo central se orienta a exigir al gobierno nacional financiamiento urgente y un salario inicial de al menos 1.800.000 pesos, ajustado a la canasta básica, como medida para evitar la ola de renuncias de profesionales que supera los 220 en los últimos meses. “Sin profesionales no hay salud pública”, reiteraron los trabajadores. Para la jornada del jueves 17 de julio, la convocatoria apuesta a una movilización nacional y federal, con el objetivo explícito de “defender al Garrahan, la salud pública, las infancias y todas las causas justas que el gobierno quiere destruir”.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Salud sostuvieron a Infobae que la situación financiera de la institución se ha visto aún más comprometida por la deuda acumulada con prestadoras de servicios sociales. El monto adeudado supera los $10.500 millones, de los cuales, por ejemplo, la obra social bonaerense IOMA representa el 40%. Asimismo, explicaron que el retraso en los pagos afecta la solvencia del hospital, lo que repercute tanto en la capacidad de cumplir con los proveedores como en el mantenimiento edilicio y la prestación continua de servicios médicos.

Desde el Ejecutivo se expresa que el desenlace del conflicto será “progresivo” y vinculan cualquier posible avance a la capacidad del hospital de alcanzar mayor “eficiencia en los procesos”, con la expectativa de que los eventuales ahorros se redirijan a mejorar la situación del personal. Por ahora, la negociación no logró revertir el plan de lucha impulsado por las organizaciones sindicales, que insisten en la defensa de los derechos laborales y en la protección del presupuesto para la atención pediátrica.

La manifestación prevista para este jueves incluirá un recorrido desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y contará con la participación de trabajadores, profesionales de la salud y también la presencia de las familias de pacientes. En tanto, resta saber qué pasará con los médicos residentes, que también tienen un foco de conflicto abierto con el Gobierno.