La escalada de violencia en el norte de Colombia, en una crisis que ya dejó por lo menos 80 muertos y 38.000 desplazados en el país y graves ataques que el presidente Gustavo Petro calificó como “crímenes de guerra”, llevaron al mandatario de izquierda a decretar este viernes la “conmoción interior” en los 11 municipios de conforman la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, lo que le permitirá tomar decisiones excepcionales en momentos de grave alteración del orden público.

Más tarde, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, aseguró que las Fuerzas Armadas ya iniciaron una ofensiva militar contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde hace una semana libran una sangrienta arremetida en la zona.

#ÚLTIMAHORA El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, aseguró este viernes que las Fuerzas Armadas ya iniciaron una ofensiva militar contra guerrilleros del ELN que desde hace una semana libran una sangrienta arremetida en la frontera con Venezuela pic.twitter.com/O0impTW2O0

— Agence France-Presse (@AFPespanol) January 24, 2025

“Ya hubo un primer combate del ejército contra efectivos del ELN. La orden es copar el territorio”, informó Velásquez, desde la fronteriza ciudad de Cúcuta. Acompañado de altos mandos militares, aseguró que más de 9000 efectivos están desplegados en la zona para contener una ola de violencia que recuerda las peores épocas del conflicto armado colombiano. Los primeros combates “se presentaron el jueves en la tarde en el sudeste de El Tarra”, en la región limítrofe del Catatumbo, detalló el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo.

El estado de conmoción que decretó Petro, figura jurídica que no había sido usada por ningún gobierno desde hace más de una década, lo faculta por un plazo inicial de 90 días a restringir el derecho a la libre circulación o imponer toques de queda, entre otras acciones, para hacer frente a la violencia desatada por enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

El caso en esa zona al noreste de Colombia ya había llevado a la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, uno de los proyectos de la “paz total” que prometía Petro.

La violencia en el norte del país se agravó el pasado 16 de enero, cuando el ELN emprendió fuertes enfrentamientos contra otro grupo armado, el frente 33 de las disidencias de las FARC, una facción remanente de la antigua guerrilla que se disolvió con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Los combates resultaron en al menos seis firmantes de la paz (sujetos de especial protección constitucional) asesinados y miles de civiles en medio del fuego cruzado.

Desde entonces, decenas de miles de personas salen de sus caseríos en las montañas, apenas con las pertenencias que caben en mochilas pequeñas, lo indispensable para huir de una zona donde la violencia era moneda corriente pero que ahora ya es insoportable.El origen de la crisis

Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC no son nuevas en la zona, pero la masacre de una familia en el municipio de Tibú sería uno de lo detonantes de la violencia que se exacerbó en los últimos días. A Miguel Ángel López, a su mujer Zulay Durán y a su bebé Miguel Herney los asesinaron a tiros en una ruta el 15 de enero y las investigaciones de las autoridades colombianas indican que el rol del padre de esa familia como dueño de una funeraria están relacionadas con el crimen.

Según una investigación de inteligencia revelada por el diario colombiano El Tiempo, la guerrilla del ELN asesinó a algunos hombres de las disidencias de las FARC y ordenó explícitamente no levantar ni sepultar los cadáveres. Pero López no habría acatado la orden del grupo armado y por esto habría sido asesinado junto a sus familiares. Según las hipótesis autoridades locales, la masacre fue un tipo de mensaje a hacia el grupo armado rival y hacia la comunidad. Sin embargo, el ELN negó toda responsabilidad en el triple asesinato y, en cambio, culpó a los ex FARC.

Las hostilidades siguieron en aumento. Un día después de la masacre, el Frente de Guerra Nororiental del ELN -que hasta la semana pasada buscaba negociar la paz con el gobierno de Petro- publicó un comunicado que amenazaba con que “seguirá corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que el comandante de las disidencias de las FARC conocido como Richard se entregara.

“Hacemos un llamado a todos los comerciantes, al gremio de mototaxistas de Tibú, a El Tarra y sus alrededores y a todos los que colaboran con dinero a esta cúpula, que dejen de hacerlo o serán declarados objetivo militar. ¡Están todos advertidos!”, sentenció el grupo guerrillero.

Desde entonces los enfrentamientos armados entre el ELN -con 1900 hombres aproximadamente- y las disidencias de las FARC -con 1200- no han cesado en gran parte del Catatumbo y como resultado hay oleadas de campesinos de la zona que escapan de las masacres, los tiroteos, los campos minados, las amenazas y otras formas de violencia.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, la situación es crítica, especialmente para firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales e incluso niños, quienes enfrentan un alto riesgo de ser secuestrados o asesinados.

“Muchos excombatientes de las FARC que participaron en el Acuerdo de Paz de 2016 vienen cumpliendo un rol como líderes del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, y en medio de las confrontaciones vienen siendo asesinados de manera sistemática por el ELN, entonces, esos los actores armados estigmatizan a las comunidades, casi que imponiéndoles una filiación ideológica”, explica a LA NACION Javier Osuna, profesor de la Universidad de la Sabana y escritor de libros vinculados con el conflicto de la zona como Me hablarás del fuego y Cartas de ceniza.

“Estos episodios de violencia recuerda cuando el grupo paramilitar Bloque Catatumbo cometió 25 masacres entre 1999 y el año 2000″, dijo el docente universitario.

El Catatumbo, un territorio codiciado

El control del territorio de más de 4800 kilómetros cuadrados es codiciado por los grupos armados desde los años 70 por la diversidad de recursos explotables. El Catatumbo no solo es una cuenca productiva de petróleo, sino que es una región de montañas fértiles para la agricultura y rica en recursos mineros como oro, coltán -utilizado para fabricar componentes electrónicos-, carbón, entre otros recursos naturales lucrativos que las economías ilegales miran con interés.

En términos geográficos, el Catatumbo es una región clave para conectar el noreste de Colombia con Venezuela, un corredor que las bandas narco no quieren desaprovechar, señala a LA NACION Luis Felipe Vega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, experto en Estado, conflictos y paz. Para el académico, esta también es una razón por la que los actores armados, -incluso extranjeros, como el Cartel de Sinaloa (de México) y la mafia italiana- se interesan en generar alianzas criminales en este enclave.

El Catatumbo también se ha consolidado como uno de los principales centros de cultivo de coca en el país sudamericano. Un informe de las Naciones Unidas señaló que, en 2023, el Catatumbo estaba en el “top 3″ de las regiones que más producen hoja de coca en Colombia, con 54.000 hectáreas cultivadas.

El drama de los desplazados

“No cargo ni una bata siquiera para dormir. Aquí sentada donde me ve, así me toca quedarme”, le dijo a la agencia AFP Gladis Angarita, una de las 38.000 personas desplazadas por la violenta escalada entre grupos violentos. La mujer de 62 años huyó despavorida de su pueblo a la cabecera municipal de Tibú -uno de los 11 municipios que integran el Catatumbo- “porque había mucho plomo [disparos]”.

Con más miedo que equipaje, miles de familias catatumbenses intentan refugiarse donde pueden y la crisis humanitaria se intensifica. Evacúan por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. La mayoría de ellos hacia albergues provisionales y también hay registros de desplazados que cruzaron la frontera y están buscando refugio en Venezuela.

En la ciudad fronteriza de Cúcuta se dispuso del estadio del equipo de segunda división Cúcuta Deportivo FC para recibir a los más de 17.000 víctimas de desplazamiento que han llegado a la capital de Norte de Santander desde las zonas rurales del Catatumbo. Ese espacio deportivo se convirtió desde hace cuatro días en el punto de llegada más masivo de víctimas del conflicto armado. Ahí mismo las autoridades censan a las personas y les reparten comida.

“El panorama es complicado y desolador ante la impunidad con la que los actores armados pueden ejercer su violencia”, comentó el profesor Osuna, a propósito de los desplazamientos masivos.

Y las cifras incluso pueden crecer. Expertos consultados por LA NACION consideran que en el drama humanitario y de seguridad que se vive en esa zona montañosa de Colombia hay un subregistro en la cifra de asesinados y desplazados.

Mientras tanto, hay comunidades que todavía siguen confinadas y las fuerzas militares, con el apoyo de Naciones Unidas, continúan con las operaciones para evacuar a personas que se encuentran en riesgo extremo.