La Cámara Federal de Casación se encuentra próxima a resolver a fin de mes la situación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, a pesar de la denuncia contra uno de los jueces encargados de la revisión de la condena. La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por fraude a la administración pública, al direccionar licitaciones públicas en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Los jueces que decidirán sobre la condena son Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, este último denunciado recientemente por violencia de género por una ex pareja.

Cristina Kirchner presentó una recusación contra el juez Hornos, argumentando que un magistrado denunciado por violencia de género no debería juzgar a una mujer. Sin embargo, es poco probable que la recusación prospere. Además, la denuncia contra Hornos abrió una investigación en el Consejo de la Magistratura, aunque estas indagaciones suelen tomar años. Mientras tanto, seguirá ocupando su cargo y participará en la votación sobre la causa Vialidad.

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El juez Hornos, según fuentes judiciales, podría pronunciarse por elevar la condena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión, al agregarle el delito de asociación ilícita, tal como solicitó el fiscal de juicio Diego Luciani. No obstante, esta posición no cuenta con el apoyo de todos los jueces, y Borinsky podría inclinarse por mantener la pena de seis años o incluso reducirla, considerando la falta de antecedentes penales de la ex presidenta.

El tercer juez, Barroetaveña, aún no definió su postura, pero podría unirse a Borinsky en la idea de reducir la condena. Si esto sucede, Cristina Kirchner podría beneficiarse con una reducción de la pena, aunque no sería suficiente para que sea inferior a tres años y así cumplirla en suspenso. Además, aunque la condena sea confirmada, no iría presa hasta que se agoten todos los recursos ante la Corte Suprema.

El fiscal Mario Villar solicitó que la pena de Kirchner se eleve a 12 años, considerando que debe ser condenada como jefa de una asociación ilícita y que se agrave la condena por cada una de las 51 licitaciones irregulares. También pidió que se mantenga su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, lo que aún está por definirse en los próximos días.