Los expertos de la Corte Suprema determinaron el monto del dinero que tendrán que aportar Cristina Kirchner y los demás condenados de la causa Vialidad: son, en total, $684.990.350.139,86.

Tal es el monto actualizado del decomiso de 84.000 millones de pesos dispuesto en la sentencia. Los condenados deben entregar este dinero dispuesto para el recupero de activos por el daño provocado al Estado con las maniobras de corrupción. A la cotización actual del dólar, da más de 540 millones de dólares.

El Tribunal Oral Fedral N°2 les había pedido a los expertos de al Corte que actualizaran la suma dispuesta cuando se dictó sentencia, el 6 de diciembre de 2022.

Primero, el tribunal pidió esa información a los peritos tasadores, pero luego advirtió que se trata en realidad de efectuar un cálculo de actualización contable.

Ahora, con la suma fijada, los jueces darán a los condenados un plazo de 10 días para que aporten ese dinero. Si no lo hacen, podrían avanzar con el decomiso de los bienes de cada uno, que por ahora están embargados. De ser necesario, los enviarán a remate para hacerse de efectivo.

Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la causa Vialidad incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades estancias, chacras, y departamentos.

Son 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades. Con esos bienes se debe cubrir el monto del perjuicio provocado al Estado por la causa Vialidad.

No sólo incluyen los 120 millones de dólares de los bienes de Lázaro Báez, sino que además es posible echar mano de los bienes de la expresidenta.

El monto del decomiso surge de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que calcularon que el perjuicio al Estado debe determinarse por el monto de sobreprecios en las 51 licitaciones y los daños ocasionados por el abandono de las obras.

La idea es que se produzca un “recupero de activos provenientes del delito que procura impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo”, dijeron los fiscales al alegar.

Se trata de la herramienta que posee el Estado para “procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquel”, dice la sentencia de la condena.

Cristina Kirchner declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, en su última declaración jurada, ya que no posee otros bienes, pues hizo un anticipo de herencia en favor de sus hijos Máximo y Florencia.

Estos bienes que están congelados en el caso Hotesur y Los Sauces podrían ser decomisados. Son departamentos en Puerto Madero, cocheras, seis millones de dólares, los hoteles del sur, las sociedades que los administran, propiedades en El Calafate y departamentos en Río Gallegos.

Quien tiene mayor cantidad de bienes es Lázaro Báez. El juez Sebastián Casanello en la causa de la “ruta del dinero K” hizo un análisis patrimonial de los bienes, incluidas las cerca de 40 estancias, miles de autos y aviones y concluyó que suman unos 120 millones de dólares.

Claro que este monto debe repartirse entre los tribunales, porque Báez está condenado por lavado en la “ruta del dinero K” donde se le impuso una multa de 300 millones de dólares y el decomiso de otros 55 millones de dólares.

Con el agravante de que además hay un juicio por al quiebra de Austral Construcciones, donde los jueces ya autorizaron que se rematen bienes para pagar a los deudores, principalmente los trabajadores y proveedores.

Y en paralelo a la causa penal donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción, tramita silencioso un expediente en la justicia civil en el cual la Dirección Nacional de Vialidad le reclama a la expresidenta unos 1125 millones de dólares para resarcirse por los actos de corrupción de su Gobierno.

Esta es la lista de los bienes de los principales condenados en este caso:

Cristina Kirchner: condenada a seis años de prisión por fraude:

Lázaro Antonio Báez:

Nelson Guillermo Periotti: extitular de Vialidad

José Francisco López: el exsecretario de Obras Públicas, condenado además por los bolsos escondidos en un convento con 9 millones de dólares.

Mauricio Collareda. Ingeniero civil y exjefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad.

La sesión de ayer en el Senado estuvo cargada de polémicas, pero también de proyectos, que se aprobaron en distintas instancias. Hubo iniciativas que se convirtieron en ley, hubo media sanciones, y también una insistencia tras un veto presidencial.

Estos fueron los principales proyectos aprobados ayer en el Senado:

1. Transferencia de los ATN a las provincias

Es una de las iniciativas impulsadas por los gobernadores y recibió media sanción, por lo cual ahora pasa a la Cámara de Diputados. Establece que la totalidad de los fondos ingresados en la cuenta recaudadora de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya automáticamente según los índices de coparticipación secundaria (Ley 23.548). El costo fiscal estimado es de 0,03% del PBI ($253.000 millones), aunque sus impulsores insisten en que esos recursos ya pertenecen a las provincias.

2. Coparticipación del impuesto a los combustibles

Es el otro proyecto de los gobernadores que recibió media sanción. Propone eliminar siete fideicomisos nacionales (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros) y distribuir lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) de la siguiente manera:

De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación. El costo fiscal estimado es de 0,08% del PBI ($714.000 millones).

3. Aumento jubilatorio

Se transformó en ley a partir del impulso del kirchnerismo y de otros legisladores. Algunos gobernadores no estaban de acuerdo, pero se aprobó igual. Incluye un incremento extraordinario del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024, y una actualización del bono para haberes mínimos, que pasaría de $70.000 a $110.000. La oposición propone como fuente de financiamiento la eliminación de exenciones fiscales, el redireccionamiento de fondos otorgados a la ex-SIDE y el ahorro por la baja de sobrecargos del FMI.

4. Moratoria previsional

Es la misma situación que el aumento jubilatorio, y como aquella ley, tiene destino de veto presidencial. Prorroga por dos años el régimen que venció en marzo y que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes. Apunta a trabajadores que, por informalidad u otras causas, quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

5. Emergencia en discapacidad

Establece la actualización de aranceles para prestadores, el cumplimiento del cupo laboral, una reforma en pensiones no contributivas y un refuerzo a la Agencia Nacional de Discapacidad. También busca saldar deudas y garantizar pagos pendientes. Fue otra de las iniciativas que quedó convertida en ley.

6. Fondo de Emergencia para Bahía Blanca

Fue la insistencia a una ley que ya se había aprobado y que había sido vetada por el presidente Javier Milei. Declara la emergencia para esa ciudad y otras afectadas por las terribles inundaciones del último verano y dispone que se destine una partida extraordinaria de fondos para recuperar la infraestructura afectada.