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A los 93 años, María Estela Martínez de Perón reapareció para recibir un premio en España

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La expresidenta María Estela Martínez de Perón reapareció en público para recibir el “Premio a la Hispanidad 2023″ que otorgado la Asociación Preserva, una organización cultural sin fines de lucro que “defiende la Hispanósfera en Hoyo de Manzanares y en toda España”. Fue última esposa de Juan Domingo Perón y quien lo sucedió en la presidencia desde el 1.º de julio de 1974 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Porque su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos en muchos de nosotros, su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios, siempre trabajando por el bien común no solo de los argentinos, también de todos los hispanos, a la Señora María Estela Martínez de Perón”, dice la publicación en Facebook de la entidad.

Isabel Perón (Facebook)
A los 93 años, Isabel Perón recibió un premio y volvió a mostrarse en público (Facebook)

María Estela Martínez fue pareja del expresidente Juan Domingo Perón desde 1955. Tras su presidencia, estuvo detenida en su casa de Villa La Angostura. Fue exarcelada en 1981 y se radicó en España. Sus últimas definiciones políticas se dieron en 1988, cuando apoyó la candidatura de Carlos Menem en la última interna presidencial del Partido Justicialista. Más tarde, en 2017, a través de un aviso fúnebre, despidió al sindicalista rural Gerónimo “Momo” Venegas.

Cómo fueron los últimos días de Isabel Perón en el gobierno

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, y dieron comienzo a la última y más sangrienta de las seis dictaduras que atravesó la Argentina entre la destitución de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930 y la asunción de Raúl Alfonsín el 10 diciembre de 1983.

Isabel Perón había heredado el liderazgo del Poder Ejecutivo Nacional el 1.º de julio de 1974, tras el fallecimiento de su esposo, Juan Domingo Perón, quien por ese entonces ya no contaba con el masivo apoyo popular que había gozado durante sus primeros mandatos, entre 1948 y 1955.

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Sin embargo, aunque el puesto vacante en la presidencia fue ocupado, quedó un vacío de poder que fue completado por José López Rega, hombre de confianza de la presidenta. El Brujo, apodado así por sus conocimientos sobre el esoterismo, era el ministro de Bienestar Social, aunque en las sombras lideraba la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la Triple A.

Se trató de una organización terrorista parapolicial que se encargó de detener ilegalmente, secuestrar, torturas y asesinar a militantes de izquierda, especialmente a miembros de las dos células guerrilleras que se habían formado: Montoneros, que eran peronistasy el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), marxistas mucho más radicalizados. El accionar de la Triple A fue un preludio del sistemático plan de desapariciones forzadas que iba a llegar con el golpe de Estado.

En medio de esa inestabilidad social y una creciente crisis económica, que propició el récord de cuatro ministros de Economía en un año, un sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea, históricamente la más antiperonista de las tres Fuerzas, llevó a cabo un fallido intento de derrocar el gobierno.

Así, el 18 de diciembre de 1975, varios aviones despegaron de la base aérea de Morón y dispararon con ametralladoras la Casa Rosada.

Como consecuencia del ataque, fue desplazado el comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, quien era una de las pocas autoridades militares que permanecía leal a la Presidenta. En su lugar fue nombrado Orlando Agosti, quien tres meses más tarde iba a liderar el Golpe Militar junto a Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército, y Emilio Massera, máxima autoridad de la Armada.

El general Jorge Rafael Videla charla con el almirante Emilio Massera y el brigada Orlando Agosti, poco antes del golpe de Estado de 1976.
El general Jorge Rafael Videla charla con el almirante Emilio Massera y el brigada Orlando Agosti, poco antes del golpe de Estado de 1976.

“No hay que perder el optimismo, porque si no estuviera segura de que vamos a salir adelante no estaría sentada aquí delante de ustedes”, expresó Isabelita el 10 de marzo de 1976 en un acto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de sus últimas apariciones públicas.

Poco más de una semana después, el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, abandonó el país y se instaló en Uruguay, lo que con el tiempo fue analizado como una forma de soltarle la mano a la jefa de Estado por parte de los líderes sindicales.

Para entonces, en un desesperado intento de preservar la estabilidad institucional, Isabel ya había anunciado su decisión de adelantar las elecciones presidenciales para el 17 de octubre de 1976, el Día de la Lealtad peronista. Además, había confirmado que no se presentaría en ellas como candidata. No obstante, los militares ya habían puesto en marcha la organización del golpe.

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Pasada la medianoche del 23 de marzo, la presidenta viajó en helicóptero desde la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos. El piloto de la aeronave acusó un desperfecto mecánico y aterrizó en Aeroparque. Allí, el general José Rogelio Villareal, el contralmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Arturo Lami Dozo, portavoces de las Fuerzas Armadas, le informaron que había sido destituida.

Una hora más tarde, la Fuerza Aérea la envió en avión hacia la residencia El Messidor, en Villa La Angostura, Neuquén, en condición de detenida. Esa mañana, poco antes de las 11, la Junta Militar asumió el poder e implementó el autodenominado Proceso de Reorganización Social. En total, fueron 2.756 días del capítulo más oscuro en la historia argentina.



María Estela Martínez de Perón, Juan Domingo Perón

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Santa Cruz: Crisis en las cajas jubilatorias provinciales

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Desde el inicio de la actual gestión de gobierno nacional, los recortes y medidas de ajuste han afectado significativamente a las cajas jubilatorias provinciales que no han transferido sus sistemas a la Nación. Este es el caso de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz, una de las 13 provincias que mantiene su propio sistema jubilatorio, pero que enfrenta un déficit mensual de 5.500 millones de pesos, acumulando más de 70 mil millones de pesos anuales.

El debate sobre la posible transferencia de la CPS a la Nación no es nuevo. Al inicio de la actual gestión provincial, el presidente del ente previsional de Santa Cruz, Marcial Cané, declaró firmemente que “la Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia”, aunque hizo un llamado a encontrar soluciones para el déficit sin perjudicar a los beneficiarios. Cané sugirió la creación de un fondo de sustentabilidad similar al de ANSES para afrontar las obligaciones de la CPS.

Recientemente, el titular de LLA Santa Cruz y director ejecutivo de PAMI, Jairo Guzmán, reavivó el debate, subrayando la necesidad de una reforma urgente del sistema previsional. “Hay un problema y nadie quiere darse cuenta o nadie quiere decir la verdad. Hay que reformar el sistema previsional, buscar la forma sentarse a discutir seriamente, pero el sistema está colapsado y eso lo sabe cualquier persona”, declaró.

Guzmán señaló que la actual situación es insostenible, con un número desproporcionado de pasivos que el sistema no puede financiar. “Tenemos un agujero negro en la economía, se ha manejado muy mal el tema previsional en la provincia, porque el déficit se financia con malos sueldos, con techos que se caen en las escuelas, con mala salud”, enfatizó.

El funcionario también destacó la necesidad de adaptar el sistema jubilatorio a las nuevas realidades demográficas y económicas, mencionando que la expectativa de vida ha aumentado y que es necesario revisar las edades de jubilación y la relación entre trabajadores activos y pasivos. “No podemos tener personas que se jubilen a los 45 años. Se necesitan casi 5 activos por pasivo y tenemos 2 por cada uno. La política está mirando para otro lado, no mira los intereses de los santacruceños”, explicó Guzmán.

Aunque Guzmán no abogó directamente por una transferencia del sistema a la Nación, sí insistió en la urgencia de una reforma, a pesar de la resistencia social y política que genera el aumento de la edad jubilatoria. “Hay que hacer una reforma urgente, aunque la mayoría de la gente no quiere que se amplíe la edad jubilatoria, eso es lo que genera malestar en la sociedad, pero se debe dar el debate. Los que tienen que hacer la reforma no quieren el costo político”, concluyó.

La situación de las cajas jubilatorias provinciales, especialmente la de Santa Cruz, destaca la necesidad de un debate serio y profundo sobre las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de los jubilados, sin comprometer la economía provincial ni los servicios públicos esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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