El gobierno nacional transitó una semana marcada por las contradicciones. Consiguió sostener el veto en Diputados; el chileno Rodrigo Valdez fue desplazado de la negociación con la Argentina en el FMI; y se aprobó en el Senado, con modificaciones, la Boleta Única de Papel, que ahora deberá volver a tratarse en Diputados. Por la negativa, una abrumadora mayoría de los senadores convalidó la ley de Financiamiento Universitario por 57 votos contra 10 y una abstención, y sentenció de manera negativa y contundente el DNU que asignaba fondos reservados por 100 millones de dólares a la SIDE.

En líneas generales puede considerarse que el balance para el gobierno de Javier Milei es favorable, aunque sea decididamente perjudicial para la democracia. Por más que, en su lógica monárquica y autoritaria, Milei y compañía salgan a celebrar que el veto no pudo ser volteado en Diputados, la abrumadora mayoría de legisladores que se expresó en su contra plantea dudas sobre la actitud que tomará la Corte Suprema ante la catarata de juicios que cabe esperar. Y, como lo anticipó Miguel Pichetto, los jueces suelen ser muy sensibles a las mayorías parlamentarias al momento de tomar decisiones. En definitiva, el gobierno fue derrotado en el número pero vencedor gracias a una reglamentación que resulta sumamente endeble en el ámbito judicial.

Los argumentos del oficialismo implican la confirmación más plena de la depresión económica en que ha sumido la administración Milei a la sociedad argentina, a punto de reconocer que un aumento que hubiera significado el acceso a 2 kilos de carne picada a cada jubilado podría hacer volar por los aires el equilibrio fiscal demuestra que estamos transitando por la cornisa. Además, la forma de conseguir el sufragio de los cinco diputados radicales -uno de ellos miembro informante del proyecto en su momento-, reproduce las peores prácticas de la casta. Y aunque “no hay plata” para nada, el presidente agasajará a los 87 legisladores que levantaron la mano para sostener el veto con un asado en la Quinta de Olivos. Algunos ocurrentes llegaron a afirmar que el plan económico parece ser exitoso si se toma en cuenta la variable de la devaluación del precio para conseguir votos de una UCR que, desde hace años, se ha convertido en una agencia de empleo.

También queda por ahora pendiente el eventual costo que podría significarle al gobierno el haber gaseado en la cara a una niña de diez años que participaba de la marcha, y a otro niño de nueve años que salía de una consulta médica. No sólo se trata aquí del accionar represivo propio de un gobierno de facto, con altísimo costo y ninguna clase de límites, sino de la operación periodística que intentó montar sin éxito el ministerio de Seguridad para asignar la responsabilidad de la represión a la menor, lo que inmediatamente fue desmentido por los videos y fotos difundidas por los participantes y medios que cubrían el hecho. La exigencia de una renuncia inmediata de Patricia Bullrich y de los responsables levantada por el operador mediático Eduardo Feinmann significa un quiebre dentro de los partidarios a rajatabla de la mano dura: hay límites que deberían ser respetados.  

Tampoco le fue bien a Santiago Caputo, quien encuentra cada vez más resistencias dentro del universo político y empresarial. La anulación del DNU que le asignaba 100 millones de dólares a la SIDE que controla a control remoto permite expresar la diferencia entre la disposición de algunos legisladores a afectar a un colectivo sin organización sólida ni capacidad de negociación como el de los jubilados, y darle piedra libre al gobierno para que espíe, persiga y carpetee a eventuales disidentes. En este sentido, la confirmación del “veto total” a la ley de Financiamiento Universitario por parte de Javier Milei lo expone a un problema mayúsculo: ¿Conseguirá el respaldo de radicales en oferta cuando de lo que está en discusión es una de las principales cajas que administra ese partido? Además, los universitarios no son los jubilados, ya que cuentan con organizaciones y también con el respaldo de una sociedad que ya acompañó con una movilización de más de 1 millón de asistentes en defensa de la educación universitaria y pública. ¿Le conviene dar esta pelea? Ya se ha expresado el gobierno en favor de la eliminación por inanición de nuestros viejos. ¿Ahora saldrá a jugar abiertamente por la promoción de la ignorancia y la clausura de la movilidad social ascendente? Mientras que en la Argentina hay muchos valores e instituciones que se han devaluado con el paso del tiempo, la educación pública y gratuita sigue expresando un consenso amplísimo en nuestra sociedad.

Con la decisión de Milei de apelar nuevamente al veto, la democracia argentina está en terapia intensiva. El ninguneo del Congreso, la casa del pueblo, que conlleva la voluntad omnímoda de gobernar de manera autoritaria por medio de DNUs, significa su disposición a arrasar con la república, la democracia y las instituciones que tanto nos ha costado recuperar. En la práctica, con su veto a la ley de Financiamiento Universitario, ha declarado la guerra definitiva al futuro y la posibilidad de progresar socialmente de los argentinos. Se trata de un terreno resbaladizo, en el que arriesgará su gobernanza por apenas un 0,14 por ciento del PBI que significaría su aplicación, ya que probablemente sobre la lucha de los universitarios se montarán los reclamos de la inmensa mayoría de los argentinos que ha visto consumir sus ingresos y hundirse su ubicación en la estructura social argentina. Un admirador confeso de Carlos Menem no debería ignorar los alcances de aquella gloriosa Marcha Blanca que expresó la determinación de nuestra sociedad de no renunciar a su futuro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

COMENTÁ / VER COMENTARIOS