En enero de 2021, el gobierno de Alberto Fernández inició la refacción integral de lo que sería la nueva sede del ahora ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicada en Cochabamba 54, en la Ciudad de Buenos Aires. Según los objetivos planteados, la obra debía realizarse en tres etapas y una vez lista, en diciembre de 2023, debía albergar a 800 trabajadores.

Sin embargo, dos de estas etapas nunca se terminaron, los trabajos se suspendieron y un informe técnico recomendó en noviembre de 2023 como medida preventiva desocupar el edificio ante la posibilidad de que se produzcan “modificaciones no cuantificables en la estructura”.

Tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano tomaron este documento de la firma Bascoy Ingenieria y ordenaron el desalojo de todo el lugar. El futuro del edificio es, por estos días, incierto y no se descarta su venta.

El elefante blanco del ex Ministerio de la Mujer: desalojaron a sus empleados y el edificio podría venderse

La historia de los retrasos comenzó en 2021. Ese año se adjudicó a la firma Consorcio de Cooperación INDHAL KAVOS la obra de refuerzo de fundaciones y demolición de tanques de agua. Para albergar a las 800 personas que se pensaban para este ministerio, era crucial terminar esta etapa. Sin embargo, según documentos oficiales a los que accedió TN, la constructora comenzó a presentar “demoras y mala ejecución de los trabajos” y se le rescindió el contrato.

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La obra quedó en un 59% y de los $185 millones totales del contrato -que se pagaban con un préstamo del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica)-, se entregaron $110 millones. Las por entonces autoridades de la cartera de Mujeres le ofrecieron a la empresa RIVA S.A.I.C.F.A., que estaba a cargo de la etapa 2 del proyecto, terminar estos trabajos pero aunque la firma dio su visto bueno nunca se aprobó el presupuesto.

Esto no ocurrió porque además el BCIE pedía que el Ministerio de las Mujeres contratara una auditoría externa para supervisar los trabajos. Las autoridades tardaron mucho tiempo en hacerlo (de hecho la apertura de ofertas fue recién en febrero de 2024) y todo el proceso se demoró. Como sea, los refuerzos de las bases quedaron casi a la mitad y mientras tanto unas 200 personas trabajaban en el primer piso.

La no culminación de los refuerzos de las fundaciones provocó entonces que se generaran fuertes retrasos en la etapa 2, en la que se debía refuncionalizar el subsuelo, hacer trabajos en la planta baja, mejoras en el piso 2, 3 y 4 y la construcción de un comedor en el piso 5.

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Para esta etapa – tal como se mencionó anteriormente- se contrató a la empresa RIVA S.A.I.C.F.A., que empezó con los trabajos el 6 de diciembre de 2022 y debía terminar toda la obra en diciembre de 2023. El proyecto quedó en un 26%: es que al no culminar el refuerzo de fundaciones, la empresa no podía trabajar con todos sus trabajadores y maquinarias. De los $1.965.000.000 del contrato, se pagaron $511 millones. El 28 de noviembre de 2023 se decidió la suspensión temporal de estos trabajos, según documentos oficiales que analizó este medio.

Este medio se comunicó con la exministra Ayelén Mazzina, para saber los motivos por los que el desalojo no se produjo antes del 10 de diciembre, si se tiene en cuenta que la obra se paró el 28 de noviembre. La exfuncionaria respondió: “Se notificó a las autoridades la recomendación efectuada como medida preventiva, la cual fue implementada de manera progresiva hasta desalojar el edificio. Cabe aclarar que los antecedentes y todo lo actuado a la obra de Cochabamba, tramita por el expediente correspondiente. En ese sentido lo técnico, legal y administrativo que se realiza y tramita se efectua en el marco de la normativa de aplicación pertinente”.

Además destacó que la etapa 1 del proyecto se terminó en un 100% y que fue durante su gestión que se inició la contratación de la auditoría, aunque la misma debió haberse hecho con anterioridad para evitar los retrasos que finalmente ocurrieron.

La decisión de desalojar el edificio fue tomada por la subsecretaria Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, en conjunto con el asesor de esta subsecretaría Ariel Romano. En diciembre, la gestión de Milei convirtió a la cartera de Mujeres en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo el ala de Sandra Pettovello.

El futuro de la obra es incierto. Por un lado, el BCIE no permite avanzar con las obras pendientes (Etapa 2 y refuerzo de fundaciones) hasta tanto se contrate la supervisión externa. La misma se licitó. Las autoridades creen que en el mejor escenario, la obra podría retomarse en julio de 2024, aunque para eso deberá haber una decisión política de continuar con este proyecto.

En este sentido, TN pudo saber que las actuales autoridades analizan si es necesario contar con un edificio para 800 personas. No se descarta una posible venta del lugar o frenar definitivamente todas las obras. Por estos días el edificio pasa sus días en soledad con sus trabajos inconclusos a la espera de conocer su futuro.