POLITICA
Abuso sexual: El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, no podrá salir de Argentina
En un golpe que pone en jaque sus aspiraciones políticas, el intendente del partido de La Matanza, Fernando Espinoza, vio denegada su solicitud para salir del país en medio de serias acusaciones de abuso sexual. La decisión del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 31 marca un revés crucial para el dirigente kirchnerista, quien pretendía viajar a Barcelona para asistir como expositor al Congreso Internacional SmartCity Expo WorldCongress, del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2024.
Fernando Espinoza no podrá salir del país.
Los argumentos en disputa: Riesgo procesal y poder político
La defensa de Espinoza, encabezada por los abogados María Paola León y Germán González Campaña, argumentó que el viaje era de carácter profesional y comprometió a su cliente a regresar el 9 de noviembre, presentando reservas de hotel y un itinerario detallado, que incluía el hospedaje en el lujoso Hotel Catalonia Plaza Catalunya. Sin embargo, esta justificación no convenció a la querella, representada por Melody Rakauskas y el abogado Marcelo Urra, quienes señalaron un “riesgo procesal de fuga” dada la posición política, el poder de influencia y la capacidad económica de Espinoza para eludir la Justicia.
El exclusivo hotel Catalonia Plaza Catalunya.
«Su posición como jefe comunal y sus recursos financieros le permitirían evitar fácilmente la Justicia», argumentó la querella, señalando su preocupación por los antecedentes de impunidad y la falta de comparecencia de Espinoza en instancias previas de este proceso. Uno de los episodios más alarmantes, fue la reciente ausencia del intendente en la pericia psicológica a la que debía someterse en el marco de la causa de abuso sexual.
El contexto político: Una figura polémica en el PJ
Fernando Espinoza no es un político cualquiera en el ecosistema del Partido Justicialista (PJ). En los últimos meses, ha sido un actor clave en la interna partidaria, expresando su apoyo a figuras como los gobernadores Ricardo Quintela y Axel Kicillof, y ha demostrado su capacidad para movilizar poder y recursos en La Matanza, uno de los municipios más poblados y políticamente influyentes de la Argentina. Su rol y su influencia lo han colocado en una posición de notoriedad dentro del kirchnerismo, pero también ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre el uso de su poder para sostener una imagen pública mientras enfrenta cargos penales profundamente graves, como el de abuso sexual.
Esta situación tensa los valores de la coalición peronista y deja ver el desafío de abordar casos de violencia de género en las filas del partido, una cuestión a la que el movimiento feminista ha prestado particular atención. En este contexto, la decisión del tribunal de bloquear la salida del país pone de relieve el delicado equilibrio entre la política y la Justicia en Argentina, y cómo figuras influyentes dentro del poder político deben someterse a las mismas leyes que los ciudadanos comunes.
Decisión judicial: El papel de la Justicia en casos de figuras públicas
Finalmente, el tribunal rechazó la solicitud de viaje. Argumentó que Espinoza debe presentarse en un peritaje el próximo 28 de octubre y que, de autorizarse el viaje, la fecha impediría cualquier apelación o impugnación de la querella o de la defensa en caso de que la resolución resultara desfavorable para alguna de las partes. Este fallo subraya las salvaguardas del sistema judicial en la protección contra riesgos de fuga o interferencia en la investigación, especialmente cuando se trata de figuras de alto perfil político.
Axel Kicillof se convirtió en el principal sostén político de Fernando Espinoza.
Las repercusiones en el movimiento de mujeres y la lucha contra la impunidad
El caso de Fernando Espinoza ha puesto en alerta a colectivos de mujeres y a movimientos que luchan contra la violencia de género en Argentina. La denunciante, Melody Rakauskas, ha sido clara en su demanda de justicia y en señalar cómo las figuras de poder muchas veces evaden el accionar de la ley. Su abogado, Marcelo Urra, apuntó en su último comunicado a los episodios de impunidad y ausencias procesales que han caracterizado la actitud del intendente en esta causa, haciendo hincapié en la gravedad de que funcionarios electos puedan escabullirse de la Justicia.
Por otro lado, el caso deja expuestas las dificultades en torno a la implementación de políticas de género dentro de las estructuras de poder, particularmente en el entorno de Axel Kicillof, así como el desafío de la Justicia en la igualdad de trato para aquellos que ostentan cargos públicos. Sin dudas, la resolución judicial sienta un precedente importante en una sociedad que exige mayor transparencia y responsabilidad por parte de sus funcionarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
“Hasta la puerta”: un productor usó una imagen de Normandía para mostrar un fuerte contraste con lo que busca una provincia argentina
En medio de la preocupación de productores de La Pampa que intentan frenar la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas aprobada en 2020, a la que consideran perjudicial, un productor agropecuario compartió un video filmado en Normandía y trazó un paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. Se trata de Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, quien compartió las imágenes de un lote de maíz al lado de la ruta y muy cerca de las casas. En la red social X se abrió un debate sobre el límite en el perímetro urbano para realizar las aplicaciones de fitosanitarios.
“Nos hacen daño”: por qué hay un inédito avance de pumas, jabalíes y guanacos en amplias regiones del país
“Esto es Normandía (Francia). En La Pampa quieren restringir aplicaciones de agroquímicos y romper la ganadería y agricultura. Nadie en el mundo hace eso. Ni siquiera países ultras restrictivos con temas ambientales. Se siembra y aplican agroquímicos hasta la puerta. Es seguro”, puntualizó.
Dijo a LA NACION: “El paquete de herbicidas utilizados en Francia para la producción de maíz prácticamente no difiere de lo que hacemos en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país tenemos infinidad de prejuicios infundados con estos productos”.
Reacciones
En tanto, en X, ante la pregunta de un usuario sobre “¿cómo llegaron a eso?”, porque, según dijo, duda que acá “se haga un 1% de lo que se hace allá, asumir que lo que funciona en B funciona en A sin tener en cuenta el contexto es un análisis muy escueto”. Del Solar, puntualizó: “No tienen los prejuicios que tenemos acá, al menos para agroquímicos. Si, en cambio odian GMO, irracional, pero está prohibido sembrar transgénicos. Aunque la soja que importan lo sea”.
Además, aclaró que los puntos en los que trabajaron en Francia para lograr esa falta de prejuicios con los agroquímicos, agregó que esto “lo piden los Concejos Deliberantes, no los consumidores. INTA hizo mil y una demostración a campo mostrando lo que es una deriva. Es mínimo”, afirmó. Según agregó Del Solar, “algunos herbicidas sí están prohibidos en Francia y acá no. Si no es imposible sembrar maíz”.
Este escenario se contrapone con zonas de la región agrícola de la Argentina. Por ejemplo, en La Pampa, los productores solicitaron la derogación de la polémica ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, y que está cerca de reglamentarse.
En rigor, se tendría que haber reglamentado a los 120 días desde que salió. Según dijeron desde el Consejo Consultor de entidades del sector, en su redacción no se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Además aseguraron que “no tiene sentido lo que se está proponiendo”.
Hace unas semanas trascendió un borrador de la reglamentación: tiene fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto.
Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.
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