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POLITICA

ACARA: Los trabajadores despedidos por Mariano Cúneo Libarona entraron en un limbo legal

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El cierre del 2024 trajo consigo un golpe duro para 2.400 trabajadores contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En el marco de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, el ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, decidió reducir drásticamente la estructura de ACARA, dejando a miles de empleados en una situación de extrema incertidumbre.

Despidos y falta de pago

El ministerio de Justicia implementó, mediante la resolución 331/24 del 18 de octubre, un plan de retiros voluntarios. Pese a que la propuesta contemplaba pagos en cuotas y en montos inferiores a los estipulados por la ley, 1.800 de los 2.400 trabajadores aceptaron la oferta. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha recibido los pagos acordados.

Para los 600 empleados restantes, que no se acogieron al plan de retiro voluntario, el ministerio dispuso su despido directo mediante la resolución 376 del 17 de diciembre. Para ello, instruyó a ACARA a llevar a cabo las desvinculaciones bajo el amparo del artículo 247 de la ley de Contrato de Trabajo (LCT), lo que implicaría el pago de una indemnización reducida al 50 por ciento por «fuerza mayor» o «disminución de trabajo».

Pero ACARA no sólo despidió a los empleados: tampoco pagó las indemnizaciones. A su vez, la feria judicial de enero ha impedido que los trabajadores puedan presentar reclamos efectivos ante la Justicia, sumiendo la situación en un limbo legal donde no hay respuestas ni soluciones.

¿Despidos nulos?

Desde el punto de vista legal, los despidos de ACARA presentan múltiples irregularidades. En primer lugar, el artículo 247 de la LCT exige que la indemnización se pague dentro de los cuatro días hábiles posteriores al despido, algo que no se ha cumplido. Además, la reducción de la indemnización solo se justifica si la causa de la desvinculación es ajena a la voluntad del empleador, como una catástrofe natural o una prohibición legal. En este caso, el despido fue una decisión política del ministerio de Justicia, por lo que no se encuadra en la normativa.

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Más grave aún es la omisión del «Procedimiento Preventivo de Crisis» establecido en la ley 24.013. Este procedimiento es obligatorio para cualquier empleador que pretenda despedir trabajadores por causas económicas o de fuerza mayor y debe ser tramitado ante el ministerio de Trabajo con la intervención del sindicato. La falta de este trámite implica que los despidos sean nulos y que las relaciones laborales sigan vigentes, generando el derecho de los trabajadores a seguir percibiendo sus salarios.

Un conflicto sin solución a la vista

Los trabajadores afectados han presentado reclamos, pero hasta el momento no han recibido respuestas por parte de ACARA ni del ministerio de Justicia. La falta de pago de indemnizaciones y salarios acumulados sigue siendo un problema crítico, mientras la incertidumbre crece. Muchos de los empleados tenían más de treinta años de antigüedad y dependían de sus sueldos para sostener a sus familias.

A medida que la feria judicial llega a su fin, se espera una oleada de demandas contra ACARA y el ministerio de Justicia. Sin embargo, la resolución de estos conflictos podría demorar meses o incluso años, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema.

Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿Qué sucederá con los empleados despedidos que legalmente aún deberían estar en funciones? ¿Cómo se resolverá el incumplimiento de los pagos? El gobierno de Javier Milei, que prometió eficiencia y transparencia, tiene en sus manos una crisis laboral que, hasta el momento, sigue sin respuestas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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“Afecta nuestra soberanía”: renovado rechazo del agro argentino a un reglamento antideforestación de la Unión Europea

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En una reunión en la Secretaría de Agricultura junto a funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente, diversas instituciones del agro manifestaron su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento de la Unión Europea (UE) 2023/1115, que regulará la comercialización de productos asociados a la deforestación. La norma, que limita las ventas de carne y soja, entre otros productos, a ese bloque de regiones deforestadas desde 2021, iba a entrar en vigor este año, pero se postergó para 2026. Se entregó un documento con los argumentos en contra que señala que la medida “afecta nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses” de la cadena productiva. El encuentro en Agricultura lo presidió el subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda.

“Serios daños”: un impactante incendio arrasó el Frigorífico Gorina, uno de los principales del país

Durante la reunión se solicitó que no se amplíen las regulaciones a otros ecosistemas o productos y, en caso de que el pedido de “no aplicación” no prospere, se propusieron modificaciones para mitigar el impacto comercial. Paralelamente, las entidades se comprometieron a seguir trabajando en esquemas de trazabilidad, sin que esto implique conformidad con el reglamento. En tanto, los funcionarios argentinos respaldaron la propuesta de relanzar negociaciones con la Unión Europea.

Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral. Más allá de eso, seguiremos trabajando en VISEC para ampliar la plataforma a todo el universo de productores y operadores de soja y carne bovina”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Las entidades señalaron que estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de la Argentina, afectando la soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados.

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“Se detallaron puntos donde se plantea la interpretación sobre el alcance de determinados artículos del EUDR. Asimismo, se solicitó que no haya inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de otros productos. Más allá de esta posición, en caso de que la acción de “no aplicación” solicitada no prospere o se demore en el tiempo, se acompañó con una serie de pedidos de modificación al EUDR [Regulation on Deforestation-free Products], con el objetivo de reducir el impacto comercial negativo para la Argentina”, observaron.

Las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado

También mencionaron que, en forma paralela, muchas de las instituciones del agro seguirán trabajando en esquemas de trazabilidad y cumplimiento para evitar pérdidas de mercado frente a los demás países competidores que ya están definiendo sus respuestas al EUDR. Sin que esto pueda interpretarse como un acto de conformidad del reglamento. Finalmente, afirmaron que “las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino, al pedido de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino. Durante el encuentro se acordó mantener una mesa de trabajo de seguimiento de esas negociaciones.

Las entidades que participaron y adhirieron el mencionado documento son: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

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