El titular de la SIDE, Sergio Neiffert y el Procurador General de la Nación Eduardo Casal, firmaron un convenio que establece un único y detallado mecanismo mediante el que cual el organismo de inteligencia puede aportar información para una investigación penal a las fiscalías federales, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

El convenio reemplaza la oferta de la SIDE de crear una fiscalía especializada en temas de inteligencia, tal como adelantó Clarín.

La relación entre la SIDE y la Justicia siempre fue polémica desde la restauración de la democracia en 1983. Como auxiliar de la Justicia, la SIDE aportó información de inteligencia, por ejemplo, en la causa por el atentado a la AMIA desde 1994. Cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner en 2003 fue más allá y ordenó a la SIDE que participar a de la investigación de secuestros comunes, luego del caso del asesinato de Axel Blumberg.

Luego del Pacto con Irán firmado en el 2013, Cristina Kirchner echó a Héctor Icazurriaga, Paco Larcher y Antonio Stiuso de la SIDE y se apoyó en el jefe del Ejército y director de Inteligencia, general César Milani, según denunció Juntos por el Cambio. La ex presidenta, tras el crimen del fiscal Alberto Nisman, la rebautizó como AFI y prometió transparencia.

En 2019, tras volver al poder, Cristina hizo poner a la ex fiscal Cristina Caamaño al frente de la AFI, quien prohibió a los espías colaborar con la Justicia y abrió ocho denuncias por “espionaje macrista”.

Ahora este convenio regula, por primera vez, la relación entre los espías y los fiscales, como sucede en otros países del mundo.

El Convenio obliga a los funcionarios de la SIDE y del Ministerio Público Fiscal “a documentar, de forma segura, la manera en qué se envía la información a las fiscalías, permitiendo su trazabilidad; buscando así dar transparencia y previsibilidad al vínculo institucional entre ambos organismos”, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Además, “obliga a documentar, mediante actas, qué dependencias intervienen en la transmisión de información, qué funcionarios participan y qué destino se le da a esa información”.

Específicamente, “la fiscalía que recibe la información de la SIDE puede realizar, a partir de la valoración de dicha información, una investigación preliminar, formular directamente una denuncia penal o archivar la información”.

El establecimiento de este mecanismo se produce por primera vez en la historia del vínculo entre el Ministerio Público Fiscal y la SIDE, “buscando otorgar transparencia, trazabilidad y solidez para lograr un vínculo institucional sano”.

En esta línea, la Procuración General de la Nación frente a la intención de crear una fiscalía especializada en inteligencia, prefirió establecer un canal único, a través de la Secretaría de Coordinación Institucional, que conduce Juan Manuel Olima, para que se produzcan las comunicaciones interinstitucionales establecidas en el Convenio. Así se buscará evitar la diseminación arbitraria y selectiva de la información de inteligencia entre los operadores judiciales.

A su vez, mediante el mecanismo previsto en el Convenio, se da cumplimiento a la obligación internacional del Estado Argentino que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Memoria Activa” en la causa AMIA, en cuanto allí se dispuso que debía definirse la forma en que se transmite la información de inteligencia a las fiscalías encargadas de la investigación garantizando la transparencia.