Doris Capurro entró un día envalentonada a la Quinta de Olivos. Buscaba hablar con Néstor Kirchner mientras agitaba una factura de Edenor que había recibido en su domicilio. La consultora política estaba indignada: quería pagar más por la luz y el gas, dos servicios claves en el andamiaje de la economía, que venían artificialmente bajos por los subsidios que pagaba el Estado. Creía que la clase media argentina toleraría el aumento a favor de un futuro de estabilidad.

Kirchner la desafío un día de 2010. Le pidió que hiciera una encuesta —la especialidad de Capurro en aquellos años— en Barrio Parque que demostrara que ella tenía razón. La consultora hizo el trabajo, pero el resultado le resultó sorprendente y apabullante: ocho de cada 10 personas creían que el Estado gastaba mucho, pero rechazaban, al mismo tiempo, que les aumentaran la luz y el gas.

Pese a su derrota, Capurro siguió intentando convencer a Kirchner, que nunca más le dio espacio a la propuesta tarifaria. Más aun: el kirchnerismo hizo del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles una de sus principales políticas de ingresos artificiales para ganarse el voto de una parte de la población.

Javier Milei destrozó por completo en menos de un mes el libro rojo del kirchnerismo, que incluso tuvo una supervivencia no deseada en los meses más confusos del macrismo. Su orden es avanzar a toda máquina hacia el centro del huracán.

El planteo, uno de los más prolíficos en política al momento de cosechar rechazos y antipatías, como mostró el estudio encargado por Kirchner, no tiene nada de irracional: el objetivo del Gobierno es superar su epicentro a más tardar en marzo. La fecha no es ingenua.

El gobierno de Milei tuvo una producción generosa de ejemplos esta semana. El más importante: la petrolera bajo control estatal YPF se convirtió en la abanderada del capitalismo argentino. Es la definición propia de una paradoja, ya que la empresa fue utilizada históricamente para contener la suba de los combustibles, incluso en la gestión de Mauricio Macri, por recomendación de su jefe de Gabinete, Marcos Peña.

YPF aumentó la nafta 152% desde el balotaje hasta la semana pasada. Solo en el último mes, la suba rondó el 80%, de manera que el precio del litro se acerca al dólar, valor de referencia histórico para ese producto. Los barones del petróleo no recuerdan una recomposición tan veloz en el pasado cercano.

La explosión de los surtidores se escuchó en los yacimientos de crudo. El formato de barril criollo, un viejo artilugio para vender en el país por debajo del precio internacional, está en vías prácticas de extinción. Celebraron esta semana por eso los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Es que cobran regalías sobre el precio de venta, que tiende a aumentar.

El ajuste en los combustibles es el espejo que adelanta lo que ocurrirá con los servicios públicos. La semana próxima se harán las audiencias del gas y, a fines de enero, las de la electricidad. Son cruciales en el plan de Luis Caputo para reducir los subsidios.

Estarán llenas de novedades. En primer lugar, el ajuste tarifario será denominado de transición. El partido definitivo se jugará hacia fin de año, cuando se realicen las revisiones tarifarias integrales que fijen la pauta para los próximos cinco años. Y después del primer ajuste, se harán actualizaciones mensuales para no perderle pisada a la inflación. En el sector le atribuyen una parte de esta idea a un viejo conocido del sector, Alejandro Macfarlane.

Macfarlane fue presidente de Edenor, ahora es accionista de la distribuidora de gas Camuzzi y desde siempre tuvo llegada a los presidentes. La idea de una actualización mensual de tarifas se la contó a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a su amigo Mauricio Macri y a Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Javier Milei, entre otros funcionarios actuales. Solo germinó en la última ocasión.

La doctrina Macfarlane es simple. El modelo de ajuste cada seis meses fue creado por Carlos Bastos en los años 90, cuando la energía era barata, el tipo de cambio, fijo, y no había inflación. Nada de eso ocurre hoy.

Nadie mejor para reinterpretar el presente que los herederos del modelo menemista. Bastos fue secretario de Energía de Domingo Cavallo en la presidencia de Carlos Menem. Hoy sobrevive en algunos lugares marginales de la administración pública, como el directorio de YPF, pero mucho más aún en los conceptos. Por caso, Darío Arrué, interventor del ente que regula la electricidad, llegó a ese lugar por invitación directa de Eduardo Rodríguez Chirillo, a quien conoció por medio del propio Bastos.

Arrué tiene una carta de presentación inmejorable para el sector privado. Este funcionario de carrera extensísima, que comenzó en 1975, trabajó para Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia y tuvo diálogos cara a cara con Menem. En 2021 fue freezado por Federico Basualdo en el Enre. Ahora, maneja el organismo.

Basualdo, a su vez, es el funcionario que lideró la resistencia kirchnerista en el gobierno anterior contra el aumento de tarifas que quería el ministro de Economía, Martín Guzmán. La pelea les costó a ambos la salida del Gobierno. Rodríguez Chirillo hizo volver a Arrué de su jubilación para que agarre “la papa caliente” del ente regulador.

Rodríguez Chirillo, Arrué, Carlos Casares (interventor del organismo que regula al gas) y Jorge Garavaglia (es el gerente genera de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico) mantienen conversaciones periódicas sobre la manera de volver a un esquema que haga sustentables los servicios públicos. Eso implica un aumento importante de lo que pagan los usuarios, pero también una reducción visible de los subsidios.

Una cuenta gruesa indica que uno de cada dos argentinos no está en condiciones de pagar el precio total de lo que consume. Sobrevuelan diversas ideas para ellos. Por ejemplo, reducir el volumen total de gas o de electricidad por el que algunos sectores pagan menos debido a los aportes del Estado.

El hecho de acumular aumentos antipáticos ahora es parte del plan. Desde el punto de vista de la economía, el Gobierno tiene una fecha marcada en el calendario: el bimestre marzo-abril.

A partir del cuarto mes del año debe comenzar la liquidación de una cosecha que luce prometedora. Es un ingreso de dólares que marcará el cambio de la ecuación en el gobierno de Milei. Para que eso ocurra, la inflación debe tender a bajar, porque de lo contrario el tipo de cambio se atrasará, la brecha se ensanchará y nadie querrá liquidar el fruto de sus exportaciones. Es decir, Caputo se enfrentaría al problema que condenó a Sergio Massa.

La reducción de la inflación, a la vez, está casi en su totalidad atada a la reducción del gasto. Lo saben los gobernadores propios y ajenos, que esperan un 2024 muy trabajoso para sacarle cada peso al Tesoro. Ese clima se apropió del chat que los reúne a todos.

Conviven desde Axel Kicillof hasta Jorge Macri en un ambiente donde la ideología le cedió el paso a la discusión mancomunada por los fondos que resignaron de coparticipación. La seriedad se rompe solo de a ratos. Como cuando le cambiaron el nombre al grupo de WhatsApp. Antes se llamaba “24 gobernadores”, pero ahora el nombre es “23 gobernadores y un intendente”, por Macri. Habrá que buscar entre los administradores.

Si la inflación no baja para marzo, la única manera de convencer a los exportadores de que dejen sus dólares en el Banco Central sería con otra devaluación. Es un temor que conduce a otro número en el calendario, más anticipado: el del posible vencimiento de la paciencia de la clase media con los efectos no deseados de la política de estabilización de Milei.

Parte del equipo de Massa habla de esas cosas ignominiosas. Su mesa chica, oportunamente conformada por Gabriel Rubinstein, Guillermo Michel y Lisandro Cleri, entre otros, cree que la población soportó hasta ahora los aumentos porque acompañó el aguinaldo y el sostenimiento de la eliminación del impuesto a las ganancias.

En febrero se diluirán esos efectos, al menos parcialmente, y una parte importante de la clase media ser verá ante la disyuntiva de hacer un esfuerzo económico superlativo o darles de baja a la educación y a la salud privadas. Será una prueba de fuego para medir la lealtad de la clase media argentina con Milei.

En el mercado ya le pusieron nombre a la fórmula del peligro. La llaman “21030″. Dos, por la devaluación mensual del peso; 10, por la tasa de interés del plazo fijo, que apenas supera el 9%, y 30, por la inflación pronosticada para los primeros meses del año. Creen que es inviable que los tres términos se mantengan sin cambios por mucho tiempo y el plan original de Caputo siga en pie.

En el Gobierno comenzó a emerger una inquietud moderada. Se nota en algunos despachos, como el de la Secretaría General de la Presidencia. En un rol novedoso para empresarios y funcionarios, Karina Milei llama por teléfono a gente importante, pide puntos de vista distintos para temas que ya están en cabeza de los ministros y recibe informes que luego circula.

Es una práctica extendida entre algunas funcionarias que rodean al Presidente. La había inaugurado la vicepresidente Victoria Villarruel, cuando todavía era diputada. Acostumbraba a hablar con Domingo Cavallo para influir positivamente en Milei.

No hay nerviosismo, sin embargo, en el despacho del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyas ideas hasta ahora están ocurriendo como se las imaginaba, salvo por la marcha del Bopreal, el denominado bono para cubrir la deuda en dólares de los importadores que se generó en la gestión de Sergio Massa.

El Bopreal tiene un récord perfecto: dos licitaciones, dos fracasos. Es una pequeña mancha que podría ensancharse si no logra cambiar la baja adhesión que tuvo hasta ahora. Se trata de una posición levemente incómoda para Caputo, a quien le atribuyen capacidades casi sobrenaturales para colocar deuda.

Economía apuntó el frente del barco a rescatar su bala de plata. A tal punto que el ministro, Pablo Quirno (Finanzas) y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se pusieron a la cabeza de la prédica del Bopreal. Cada uno por su parte mantienen reuniones con empresas para convencerlas de la conveniencia de aceptar la invitación.

Los funcionarios les repiten a las automotrices, los laboratorios y los fabricantes de herbicidas, por ejemplo, el mismo discurso. El bono es la única alternativa concreta para calendarizar la deuda. Lo contrario implica ir al contado con liquidación y perder acceso al dólar oficial a través del MULC.

El mensaje de Caputo se podría poner en estos términos: acepten el bono ahora para acceder al superávit comercial futuro. Los próximos días serán de muchas definiciones.

Es probable, además, que Economía pueda avanzar en las próximas horas en una actualización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al Gobierno le gustaría recibir de Washington un apoyo adicional al comprometido, pero es un trámite que debería pasar por el Congreso, donde las cosas ya están trabadas por el rechazo al mega DNU y a la ley ómnibus.

Caputo puede conformarse con un premio consuelo. El FMI, que está de paso por la Argentina, tiene un saldo a favor del país por US$3280 millones correspondientes a la séptima revisión del acuerdo, que nunca se hizo. Por aquellos días, Massa estaba únicamente interesado en poner plata en la calle para mejorar su performance electoral en oposición directa a los consejos del Fondo. No debería resultarle muy complicado al ministro mostrar que está reconduciendo al país hacia el camino recomendado.

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