Si bien el indicador de inflación fue inferior a los dos meses anteriores, la acumulada roza el 72 por ciento en apenas tres meses. De continuar con estos indicadores, la híper estaría a la vuelta de la esquina. Y sería toda de Milei, producto de sus políticas económicas desaforadas.

En febrero la recaudación se cayó a pique, a consecuencia de la paralización y destrucción de la actividad económica que propició el gobierno de Milei. El número de enero fue simplemente un dibujo contable, conseguido a costa de patear hacia adelante todas las obligaciones que el estado debía afrontar. Ahora anuncia que abrirán la importación de alimentos, otra información falaz: nada lo impedía hasta ahora, el problema es que esas importaciones incrementadas habría que pagarlas, y la deuda que se arrastra en ese rubro desde hace meses es sideral. Y ni qué decir sobre su impacto sobre las pymes y el empleo local que, en caso de concretarse, sería dramática.

A esto se suma la presión del campo para disponer una nueva devaluación del peso, exigiéndose una paridad del dólar a 1550 para liquidar las próximas exportaciones agrícolas. Caso contrario, el gobierno no tendrá los ingresos de divisas esperados, y se caería todo su plan acordado con el FMI. Si lo hace, el 60 por ciento de incremento del dólar oficial tendrá su traducción en las góndolas, y la inflación retomaría su sentido ascendente de manera acelerada.

Así las cosas, la gestión salió a tratar de encontrar monedas debajo de las piedras. El ministro del Interior, Guillermo Francos, amenazó nuevamente con cobrar Ganancias de manera retroactiva si no se aprueba la ley Ómnibus. El funcionario justificó la iniciativa de cobro retroactivo al sostener que la ley que presentó Sergio Massa y aprobó el Congreso era para el período fiscal de 2024 y hubo cuatro meses de 2023 que no se cobraron.

“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, argumentó Francos. Y agregó que: “Y cuando se sanciona la ley, se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024″.

«En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, amenazó.

Una vez más, como casi siempre, los argumentos del gobierno son falaces. Si bien Francos afirmó que la ley que impulsó Sergio Massa y aprobó el Congreso, con votos incluso del bloque de La Libertad Avanza que presidía Javier Milei y Victoria Villarruel, lo que hizo fue eliminar el impuesto a las ganancias, pero además la gestión anterior elevó el mínimo no imponible y, de esta manera, quitó la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados. Simultáneamente creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a los quince salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales, razón por la cual el gobierno se niega a incrementarlo razonablemente para extender el universo de aportantes.

Primero el gobierno fue por los dólares del colchón de los argentinos. Ahora va por sus plazos fijos y por los salarios de la cuarta categoría, e ingresa en una espiral que podría llevar a su catástrofe. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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