POLITICA
Alerta para el Gobierno en el Senado: una amplia mayoría opositora presentó dos leyes para fondear a provincias
Luego de negociaciones trabadas y los clásicos reproches entre la Casa Rosada y los gobernadores, una amplia mayoría opositora -kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales; muchos de los últimos, usuales aliados de La Libertad Avanza- presentaron esta noche dos proyectos de ley para fondear la castigada coparticipación hacia los distritos que retiene el Ejecutivo.
Para tener dimensión de la potencial mayoría de votos -lógico, ya que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires dieron aval a las flamantes iniciativas-, los textos fueron firmados por los jefes del kirchnerismo, José Mayans (Formosa); del radicalismo, el hasta hace dos minutos amigo del Gobierno Eduardo Vischi (Corrientes); del macrismo, Alfredo De Ángeli, e incluso desde la bancada aliada a los libertarios Provincias Unidas, como el caso del correntino Carlos Espínola, entre otros.
Veamos las iniciativas. La primera incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- incorpora un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron todos los senadores firmantes. Es decir, la Casa Rosada no podrá acusarlos aquí de intentos de quiebre del déficit fiscal, ya que hablamos de masas de dinero vigentes y disponibles en la actualidad.
Los legisladores agregaron en los fundamentos: “La propuesta de automaticidad de su distribución busca garantizar el abordaje inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera. La norma a sancionar establece la modalidad de distribución del Fondo ATN que en la actualidad prácticamente no se ejecuta”.
El segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.
Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23.966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.
“Proyecta la transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, en casos en forma compartida con los municipios de sus jurisdicciones”, justificaron los senadores en esta iniciativa.
Los legisladores fueron más allá y advirtieron que “son recursos que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales. Menos aún impacta en otros destinos específicos que hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que genera el Impuesto a los Combustibles Líquidos”.
Para amortiguar la segura respuesta de la Casa Rosada, quienes rubricaron el texto señalaron, en cuanto al adiós a fondos fiduciarios, que la propuesta “va en línea con la disposición del Poder Ejecutivo de eliminar los entes que operan por fuera del presupuesto general de la Nación y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), dificultando su seguimiento y control, y en el marco del proceso de Reforma del Estado y Reorganización Administrativa, y en vista” de un artículo de la “Ley Bases y puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Noticia en desarrollo…
POLITICA
Con la suba a los jubilados, Llaryora se diferencia de Milei en la antesala de la elección legislativa en una provincia clave
CÓRDOBA.- La decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de aumentar las jubilaciones provinciales tiene un trasfondo político y electoral. El mandatario busca ahora diferenciarse de la “motosierra” del presidente Javier Milei, quien había tildado de “asesinos” y “genocidas” a los senadores que convirtieron en ley la suba a los pasivos nacionales y una nueva moratoria.
Llaryora gobierna una provincia estratégica para computar los resultados de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre. Es un territorio que tuvo una clara afinidad con Juntos por el Cambio (JxC) y que, a la vez, administra el “cordobesismo” desde 1999, pero que ahora debe enfrentar la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).
En ese contexto, Llaryora anunció un alza récord para los jubilados provinciales que cobran la mínima, de un 84,21%, con lo cual pasarán a percibir $700.000 y sumarán un bono bimensual de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1,3 millones.
Para financiar ese incremento desde la Provincia explicó que usará los $60.000 millones mensuales que la Nación le debe transferir por mes, lo acordado en la Corte Suprema de Justicia, por la deuda que mantiene la Anses con la caja de jubilaciones provincial no pasada a esa órbita.
El propio Llaryora explicó este lunes en un spot televisivo que la suba “se mantendrá mientras sigamos recibiendo esos fondos” -casi una forma de advertir que depende de que el gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia-. El gobernador de Córdoba también agradeció a los legisladores nacionales que lo acompañaron en el reclamo judicial.
El ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, dijo que “los fondos que hemos obtenido cubrirán el déficit y, más del 70 por ciento, irán directo al bolsillo de los jubilados”. En la misma línea, el funcionario afirmó que no buscan “confrontar con nadie” sino “tomas las decisiones correctas, en base a la administración de los recursos de nuestra provincia”.
Llaryora hace tiempo que viene diferenciándose en el discurso de la Nación, enfatizando que la Provincia “no se retira” de la obra pública, de la educación ni de la salud. Lo que cambió, respecto de los primeros meses de la gestión libertaria, fue el estilo. Ahora lo hace de manera menos altisonante.
El gobernador de Córdoba insistió en el rol que vienen cumpliendo las provincias el jueves pasado, cuando se reunió con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), al subrayar que el hecho de que las provincias cubran esos espacios es lo que “garantiza la paz social”.
El sábado, después de que Milei anunciara la baja de retenciones, el Gobernador salió a través de sus redes sociales a celebrar la medida y, otra vez, a enfatizar que ese era un reclamo que los mandatarios venían haciendo. “Sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones, es un paso en el sentido correcto que valoramos”, agregó.
Llaryora indicó que era “el resultado de un reclamo sostenido y firme de Córdoba y la Región Centro, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio”. En otro tramo del mensaje, sostuvo: “Estamos acá para cuidar a Córdoba, apoyando lo que nos beneficia a los cordobeses pero alzando fuerte y clara nuestra voz cuando las decisiones del centralismo nos perjudican”.
Los legisladores nacionales cordobeses que responden a Llaryora votaron a favor del aumento a los jubilados nacionales en la Cámara de Diputados (Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres), como también lo hizo la senadora Alejandra Vigo. En la misma línea, los diputados mantendrán su posición cuando llegue el veto presidencial anunciado por la Casa Rosada.
Cuando el martes pasado el Presidente llegó a Córdoba para La Derecha Fest, el Gobernador lo recibió en el aeropuerto y Milei, que repartió críticas a varios en el acto, no lo mencionó. Pero ahora el peronismo mediterráneo -que no comulga con el kirchnerismo- necesita diferenciarse de los libertarios. Algunos piensan que las encuestas no lo están favoreciendo.
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POLITICA
Uno de los líderes de la CGT deberá pagar $8 millones a una estación de servicio para indemnizarla por un bloqueo
Carlos Acuña, cotitular de la CGT, fue beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal con la suspensión del juicio en el que estaba procesado y embargado por el bloqueo contra una estación de servicio en CABA el 21 de diciembre de 2021: se le concedió una probation que consiste en 4 horas mensuales de trabajos comunitarios, además del pago de una indemnización de $8 millones a la empresa.
Así, el líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE) se convirtió en el sexto sindicalista que pudo zafar de ser enjuiciado por un bloqueo: como anticipó Infobae, una resolución similar benefició la semana pasada a miembros del Sindicato de Camioneros, entre quienes está Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, imputados por extorsionar a una pyme de Trenque Lauquen.
En el caso de Acuña, estaba procesado y embargado por 8 millones de pesos desde noviembre pasado por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México.
La decisión fue adoptada hace ocho meses por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento judicial que lo había beneficiado en septiembre de 2024. Pero el 19 de junio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital le concedió a Acuña la probation, como pidieron sus abogados, aunque el sindicalista tendrá que pagar el daño a la estación de servicio y, en la práctica, reconoció que bloquear es un delito.
El dirigente estaba procesado y embargado porque la Justicia lo consideró responsable del delito de coacción en calidad de autor por el bloqueo contra la estación de servicio realizado el 21 de diciembre de 2021: ese día, al frente de activistas de su gremio, Acuña “bloqueó los accesos a la playa e impidió trabajar a los empleados, retirándose recién a las 16.30″, según el fallo.
En realidad, el sindicalista fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, por una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la estación de servicio de Capital y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.
Según la denuncia de la empresa, las protestas extorsivas fueron realizadas por reclamos que estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio enroladas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se desarrollaban las negociaciones salariales de 2021, por lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión paritaria”.
En su fallo que revocó el sobreseimiento de Acuña, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que “ningún derecho podía ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara el exceso por sobre lo que en justicia corresponde al prójimo” y recordó que la Corte Suprema afirmó que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importe extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.
Los jueces apuntaron contra la responsabilidad directa de Acuña en los bloqueos: “No modifica en lo sustancial que no hubiera estado presente en la estación de servicio al momento del episodio, en tanto se le ha enrostrado en su carácter de secretario general del sindicato la planificación y organización de esas acciones y el envío al lugar del grupo de personas que se ocuparon de ejecutarlas bajo su constante dirección”.
Sin embargo, en una audiencia realizada el 24 de junio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de Capital consideró procedente la suspensión del juicio contra Acuña, decisión que habilita la probation porque el delito del que se lo acusa al sindicalista (amenazas coactivas) es “de acción pública y la pena prevista puede dar lugar a una eventual condena en suspenso” ya que Acuña no tiene antecedentes y “se ajustó a derecho” durante todo el proceso judicial.
En la audiencia, presidida por el titular del tribunal, Domingo Luis Altieri, la abogada del líder cegetista, Ana María García, ratificó el pedido de suspensión del juicio y, respecto a las reglas de conducta, propuso que, además de someterse al cuidado del Patronato de Liberados y fijar residencia, Acuña sustituya la realización de tareas comunitarias por una donación de $2 millones a la Parroquia San Cayetano.
Además, la abogada ofreció $8 millones como reparación del daño a la estación de servicio, que es la misma cifra del embargo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mientras que Arietto pidió un resarcimiento de $20 millones ya que, además de esta causa, “existen tres expedientes en la jurisdicción de Lomas de Zamora, San Pedro y Vicente López por cuanto la orden del imputado fue bloquear, siendo esta la impronta y la responsabilidad penal ya que emitió una orden que se cumplió a 200 kilómetros de distancia”.
Rizzo, el dueño de la estación de servicio, explicó que “el perjuicio económico no fue sólo el día puntual del bloqueo sino que los tres días posteriores los usuarios no se dirigían a la estación de servicio por temor a que le rompan el auto o haya un maltrato” y remarcó que “esto tuvo lugar en tres estaciones de servicio”.
Aun así, Arietto aceptó lo que dispusiera el tribunal respecto de la cifra en concepto de reparación de daños.
Finalmente, el juez Altieri suspendió el juicio, fijó los trabajos comunitarios y consideró razonable el ofrecimiento de $8 millones a la empresa. Además, estimó como adecuado el término de 18 meses en los que el acusado deberá mantener informado el domicilio en el que vive e informar si egresa del país, mientras que deberá presentarse trimestralmente ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
En cuanto a la sustitución de las tareas comunitarias por una donación, el magistrado rechazó el planteo y dispuso que Acuña que deberá realizar 4 horas mensuales de trabajo comunitario en un lugar por definirse.
El juez tampoco aceptó el pedido de Arietto de que se exija que el sindicalista se abstenga de realizar actos de hostigamiento a los socios de la estación de servicio y de de impedir su actividad comercial: según Altieri, “la ley impone extrema cautela en cuanto a las condiciones para el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba por cuanto adoptar reglas que no fueron contempladas en ningún aspecto por el legislador podría violentar el principio de legalidad”, aunque aclaró que “cualquier acto de hostigamiento que se realice constituye, al menos, una infracción al código contravencional”.
“En definitiva -destacó-, resulta evidente que en este plazo de un año y seis meses no deben ocurrir actos de hostigamiento. Sin embargo, el imputado cumple una función de carácter gremial que se encuentra contemplada en la Constitución Nacional, por lo que el acto de hostigamiento no puede ser un acto de la labor propia que desempeña. Por lo tanto, será otro magistrado quien determine si incurrió en un delito y, en ese marco, se expedirá respecto de la continuación o no de la suspensión del juicio a prueba”.
El otro caso similar al de Acuña se registró la semana pasada cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió la audiencia en la que se enjuiciaba por extorsión a Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros y les concedió una probation que consiste en tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses.
Además, los sindicalistas tuvieron que pagar una indemnización de $1.500.00 cada uno, en 5 cuotas de $300.000, a Alejandro Castell, el dueño de Andar Transportadora, al que le bloquearon la empresa en 2020 para exigirle el pago de una deuda que no existía.
Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Los otros procesados son Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Arietto dijo que se trató de “una medida positiva» y lo explicó así: “Estuvimos dos años y medio para que nos fijen la fecha del juicio, el tribunal propuso la probation, no era una opción, y nos pareció que si nos oponíamos iban a avanzar igual e íbamos a quedar sin posibilidad de reparación del daño económico”.
“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis».
La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos».
Lo mismo sucederá con Acuña tras la probation concedida por la Justicia en una audiencia con un dato curioso: además de Ana María García, el sindicalista tuvo como abogado defensor al ex presidente Eduardo Duhalde.
El Gobierno dispuso este lunes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, una actualización de la alícuota de contribuciones sociales que provienen de la actividad futbolística. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informó la medida con duras críticas hacia la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El cruce se desató por la decisión del Gobierno de elevar los aportes del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”. Federico Sturzenegger calificó a los directivos del fútbol como “millonarios subsidiados por los jubilados”. El conflicto tiene su raíz en un régimen especial creado en 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Ese sistema, establecido por el Decreto 1212/03, reemplazó el régimen general de aportes y contribuciones a la seguridad social para los clubes. En su lugar, se fijó un cargo sobre la venta de entradas, las transferencias de jugadores y los derechos de televisación. Sturzenegger explicó la situación desde su cuenta de X: “Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.
La nueva disposición gubernamental fija una alícuota del 13,06%, además de una alícuota adicional y transitoria del 5,56% por un período de doce meses. El objetivo es recuperar el déficit generado durante el último año.
AFA
El aporte inicial del Gobierno nacional fue del 2%, luego subió al 6,5% y finalmente al 7,5% a través del Decreto 510/23, durante la gestión de Alberto Fernández. Según registros oficiales, con la última actualización el régimen cubrió solo el 57% de las obligaciones corrientes.
Sturzenegger denunció que la AFA y los clubes encontraron mecanismos para reducir aún más sus aportes. “Entre noviembre de 2023 y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones”, detalló el ministro.
Según su análisis, los clubes sumaron actividades no futbolísticas que gozaban de la misma exención. “River, por ejemplo, desarrolló actividades educativas por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo”.
El segundo mecanismo, según Sturzenegger, fue eludir el pago sobre las entradas mediante la venta de “abonos”, que no estaban contemplados en el decreto original. El resultado fue una caída en la recaudación. Si en el primer año del gobierno de Javier Milei el sistema cubrió el 57% de lo debido, en los seis meses siguientes ese porcentaje cayó al 33%.
El Gobierno también señaló que se intentó una negociación. Se conformó una comisión con funcionarios y representantes de clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit. La propuesta de la AFA fue “claramente deficitaria”, según el ministro.
PATRICIA DE MELO MOREIRA – AFP
El Gobierno solicitó a la entidad que garantizara cualquier faltante. “Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA de Claudio ‘Chiqui’ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados”, criticó Sturzenegger.
El Gobierno intentó derogar el régimen especial con el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema general de aportes. Pero la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que mantuvo vigente el funcionamiento previo.
Sturzenegger cuestionó el fallo y ejemplificó que, para el club Vélez Sarsfield, volver al sistema general significaba pagar 26 veces más en aportes al sistema jubilatorio. Para River Plate, el aumento era de 22 veces.
Manuel Cortina –
El ministro detalló que Vélez contribuía con 12.000 dólares por 714 empleados y River con 27.000 dólares por 1.530 empleados. Esto, mientras ambos clubes declararon en sus balances de 2024 ganancias por 28 y 65 millones de dólares respectivamente, según el funcionario.
La nueva suba de la alícuota es una respuesta directa a ese fallo. Al restablecer la vigencia del Decreto 510/23, el juez habilitó el mecanismo que obliga al Gobierno a ajustar la tasa para equilibrar el sistema. La Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social ejecuta esa potestad.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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