La oposición dialoguista y el kirchnerismo aprovecharon la sesión convocada en el Senado por la suspensión de las PASO para reclamar la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei y que tras alcanzar un pico en su cotización se derrumbó en pocas horas generando pérdidas millonarias.

Sin embargo, no pudo juntar los dos tercios para avanzar en la conformación de una comisión investigadora propuesta por el radicalismo: el conteo terminó 47 a 23, gracias a la resistencia del oficialismo, el PRO y los senadores de la UCR que responden a los gobernadores. Faltó un voto para llegar a los 48 necesarios.

Tal como había anticipado Clarín, la propuesta impulsada por el radical Pablo Blanco iba a ser tratada sobre tablas, pero en una maniobra que traerá costos internos, un sector de la UCR decidió restarle apoyo para que no alcance los dos tercios que se necesitan para aprobarlo en el recinto sin tener el despacho en comisión.

Entre los que no dieron su voto estuvo el titular de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, quien curiosamente fue uno de los firmantes del proyecto.

De acuerdo a lo confiado por fuentes legislativas, operadores del Gobierno presionaron a los gobernadores del espacio para que frenen el armado de la comisión investigadora. Hubo llamados al Congreso para que los senadores pasen a comisión la discusión de la propuesta que tiene los apoyos de Martín Lousteau, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

Fueron 6 los senadores que la UCR que votaron en contra del proyecto: Vischi y Mercedes Valenzuela, que responden a Gustavo Váldes; Eduardo Galaretto, con terminal en Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, alineada con Alfredo Cornejo; Víctor Zimmermann, que trabaja para Leandro Zdero; y Stella Maris Olalla, de Entre Ríos.

La maniobra fue puesta al descubierto en el mismo recinto por la senadora cristinista Juliana Di Tullio, quien anticipó el apoyo del peronismo a la comisión investigadora y presionó a los radicales para que no retrocedan. «A veces los radicales no se animan a nada», ironizó la ultra K para calentar el clima en el Senado.

En este contexto, Di Tullio calificó como «una joda» la decisión del Gobierno de que la Oficina Anticorrupción y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, investiguen la presunta estafa. «Tiene miedo el Presidente que fue a buscar refugio (en Estados Unidos), huyó, lo sabemos todos», completó la senadora.

Más duro estuvo José Mayans, quien intimó a los dialoguistas sobre la iniciativa del radicalismo. «Para qué quieren una comisión investigadora, que la va a presidir Camau, que ahora es un libertario», dijo el formoseño cuestionando el acercamiento del correntino Carlos Espínola al Gobierno. Pero el peronismo no se apartó de su lógica y pidió la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por su parte, Blanco, quien pidió el tratamiento sobre tablas, alertó que lo más grave es la pérdida de credibilidad del Presidente. «Cómo va a decir que auspició algo que no sabía o que lo hizo desde su cuenta personal», explicó el senador por Tierra del Fuego.

Martín Lousteau, jefe del Comité Nacional de UCR, dio su apoyo a la propuesta y advirtió que «sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible». «Muchos fueron a comprar la moneda porque lo promocionó Milei y se lanzó al mismo momento que el Presidente posteó», agregó el economista para reclamar que se investigue lo que pasó y confirmar que está «en contra del juicio político».

Tal como anticipó este diario, la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, defendió su proyecto que propone crear una comisión bicameral investigadora. Pero Blanco explicó sobre las dificultades de conformar una comisión bicameral porque dependerá de que se pongan de acuerdo la titular del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de Diputados, Martín Menem. «No vamos a tener más que el título de la comisión», advirtió el radical.

La propuesta de Blanco impulsa la creación de una comisión de 17 miembros, que tendrá 180 días para emitir un informe final con sus conclusiones y recomendaciones sobre las presuntas irregularidades en la promoción de la memecoin $LIBRA y «su posible participación en la presunta defraudación».

La comisión podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que permita esclarecer el caso a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas. También quedará habilitada para citar, hacer allanamientos a través de la justicia y tomar declaraciones testimoniales. Se establece que todos los testigos, independientemente de su cargo, tendrán la obligación de concurrir y declarar ante el cuerpo.

Además habilita a los senadores a solicitar información a los organismos de inteligencia, ya sea a través del cuerpo o la bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Si se descubren actos que pudieran considerarse infracciones o delitos, la comisión realizará las denuncias pertinentes ante la justicia competente, aportando los elementos de prueba recopilados.