El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que presidente el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, consideró que la resolución del Senado de la Nación de rechazar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, «con mayorías cercanas a los dos tercios, para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada«.

«Resulta relevante, además, el pronunciamiento adverso a la utilización de la facultad presidencial de designar jueces en comisión, censurada también por este Colegio, por poner en riesgo la independencia judicial«, en alusión a los candidatos del gobierno Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

La decisión del Senado «pone de relieve el desafío institucional inédito ante el cual se enfrenta el país. La permanencia de jueces designados en comisión -no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad- nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la justicia toda. Esta crisis de legitimidad afecta de modo particular al ejercicio de la abogacía: las abogadas y abogados podemos desempeñar correctamente nuestra profesión únicamente en la medida en que el país cuente con un sistema judicial legítimo y confiable», agrega el colegio en un comunicado.

El Colegio Público «desea realizar un llamado a la sensatez. Las discusiones acerca de la constitucionalidad de los nombramientos en comisión han pasado desde ayer a un segundo plano: solucionar la crisis de legitimidad de la Corte exige ahora no solo un respeto profundo por las reglas y procedimientos constitucionales sino también gestos de responsabilidad institucional».

«De lo contrario, entraríamos en conflictos innecesarios y de graves consecuencias. Es preciso, asimismo, que las nuevas nominaciones a la Corte Suprema sean hechas con diversidad de género y a través del proceso participativo y transparente previsto en la normativa vigente. El Poder Ejecutivo debe postular a dos juristas idóneas, como abundan en el país, y que gocen del consenso público necesario para ocupar el Máximo Tribunal», agregó´.

Finalmente, el Colegio Público «desea recordar que es imperativo que las vacantes judiciales sean cubiertas del modo mas pronto posible, lo que aplica tanto a las dos existentes en la Corte Suprema de Justicia como a los cientos de vacantes en tribunales inferiores de todo el país. Como lo hemos reclamado de modo insistente, una Justicia repleta de vacantes no puede funcionar correctamente».

“Nada de lo que dicen es verdad”. El anuncio de la suspensión de pagos al sitio de la memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) provocó críticas y reacciones de parte de los organismos que lo integran. Este jueves, el Ministerio de Justicia denunció supuestos “gastos injustificados” que excedían los 3000 mil millones de pesos y ordenó una auditoría para explicar “en qué se gasta la plata”. “Es parte del plan de vaciamiento de las políticas de memoria del Gobierno, y, para efectuar ese plan, recurren a instalar mentiras”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Desde el organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos explicaron a que la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona no se comunicó previo a la publicación de la medida. “Hacen pasar como si la administración del predio dependiera de los organismos cuando en realidad es pública”, indicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del centro.

Actualmente, el predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia), la Dirección General de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad y un directorio integrado por varias agrupaciones, entre las que se encuentra el CELS. También forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.

En diálogo con este medio, Litvachky detalló que el predio es administrado por un órgano ejecutivo que tiene representantes de cada una de las tres partes. “Hay coordinaciones técnicas a partir de las cuales se arman los presupuestos y se hace una estimación de gastos anuales, la cual se eleva al órgano de ejecución que la aprueba o no; Nación hace un trámite interno y la Ciudad también. El presupuesto 2025 estaba aprobado, con una parte de fondos de Nación y otra parte de la Ciudad”, explicó.

En tanto, especificó: “El presupuesto funciona con una ejecución mes a mes para las tareas de administración del predio que ya están prefijadas. El dinero no va a los organismos, así que no tenemos nada que ver con los ingresos que tiene el ente tripartito. Mes a mes se liberan partidas cuando las coordinaciones técnicas rinden los gastos del mes anterior y así sucesivamente”.

En este sentido, la directora del organismo cuestionó las acusaciones del Gobierno y manifestó que el presupuesto para este año ya había sido aprobado por los canales oficiales. “El directorio de los organismos solo aprueba la memoria y el balance, todo el resto de las tareas de administración necesitan de la firma de las tres partes”, sostuvo y acusó: “No queda clara cuál es la irregularidad, ¿por qué no la tramitaron por los canales habituales? Es falso, si el Ministerio de Justicia detectó algún problema tenía que seguir los canales administrativos que corresponden».

Desde el CELS también objetaron que la Secretaría de Derechos Humanos -con quien habían mantenido una reunión sobre dicho presupuesto la semana pasada- no les informó sobre la determinación de suspender los pagos y enfatizó: “A los días salió el ministro [Cúneo Libarona] con una campaña pública de desprestigio a los organismos sin que se entienda bien lo que se está buscando. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno? Quieren vaciar las políticas y el funcionamiento de la ex-ESMA y desprestigiar al organismo“.

En el comunicado, Cúneo Libarona afirmó que se gastaron $3.359.732.866 anuales para mantener el predio y que desde el directorio de la ex-ESMA no precisaron datos específicos que justifiquen este monto ni aclararon cuántos trabajadores tienen hasta el momento. “No tenían presupuesto de gastos, facturas, rendición de cuentas, nada. Querían que les demos una fortuna sin ningún tipo de control y eso es inaceptable; de los pocos gastos que intentaron justificar saltó que supuestamente se gastaban 16 millones de pesos al mes en cortar el pasto“, precisó.

Al respecto, la directora reclamó que “nadie se ocupa de chequear qué es verdad y qué no”. “Queda como si fuera cierto que los espacios de memoria son focos de corrupción, cuando hace años que están en funcionamiento con distintos gobiernos y con políticas que en algunos momentos van para un lado u otro y, hasta el momento, nadie los había puesto en discusión”, resaltó.

se comunicó con fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección General de Derechos Humanos de la administración porteña, pero no emitieron comentarios al respecto.

Además de CELS, otras agrupaciones que conforman el directorio repudiaron la decisión del Gobierno. Una de ellas fue APDH que dijo que el ministro difundió “una nueva falacia para justificar la estigmatización a los organismos de DDHH”. En esta línea, desde HIJOS emitieron un comunicado en el que pidieron que la situación presupuestaria se normalice y justificaron que los fondos suspendidos corresponden casi en su totalidad a los salarios de 176 trabajadores.

“Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos”, expresaron desde la cartera de Justicia en alusión a un presupuesto “sin rendimiento de gastos” en la ex-ESMA e indicaron que “ante tanta irregularidad” se procedió a suspender los pagos durante todo el mes.

En este marco se dio comienzo a una auditoría que buscará explicar el origen del presupuesto y “rastrear cada peso que gastaron”, y que podrá demorar como máximo 60 días. En el acta firmada por las autoridades del Gobierno y el directorio de organismos se exige que el espacio se comprometa a cumplir una serie de pautas para destrabar las transferencias de fondos suspendidas: la “readecuación del funcionamiento y rendiciones de cuentas del ente”; la revisión del procedimiento interno; la elaboración e implementación de un sistema de rendimiento de cuentas; la elaboración de un presupuesto plurianual; y la confección de un balance anual del 2024.

“Estas decisiones son parte de un proceso que lidera el presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de la casta”, subrayaron desde el Ministerio.