En el marco de una de las mayores investigaciones por corrupción en la historia de la provincia de Buenos Aires, este martes se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en La Plata, vinculados a la causa de las fotomultas que complica a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

El caso expone un sistema aceitado de maniobras ilegales para eliminar infracciones de tránsito mediante el pago de coimas y la fuga de fondos públicos provenientes de las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), a través de sociedades offshore. La trama tiene como principal apuntado al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

Uno de los sugerentes libros encontrados durante los allanamientos.

Los operativos se llevaron a cabo en horas del mediodía en cuatro domicilios simultáneos:

1) Calle 4 N° 559 (La Plata): Dirección de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que resultó ser la sede de un estudio contable a cargo de Víctor Hugo Lavigne.

2) Calle 6 N° 677 piso 1 departamento A (La Plata): Un domicilio alternativo de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA.

3) Calle 49 N° 843 piso 7 (La Plata): Otro domicilio de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA.

4) Calle 10 N° 1402 esquina 61 (La Plata): Sede de la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Transporte bonaerense.

Borrar infracciones a cambio de sobornos

Según la investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta, la red operaba con la participación de gestores, empleados de registros automotores y jueces de faltas provinciales, quienes ofrecían la “limpieza” de multas por montos considerablemente inferiores al total adeudado. Estas prácticas ilegales, que incluían la manipulación de sistemas informáticos del ministerio de Transporte, permitían que infractores de tránsito quedaran con sus historiales en cero en cuestión de días.

Allanamiento en calle 49 Nro 843.

Los allanamientos realizados por la Unidad de Delitos Complejos se centraron en oficinas relacionadas con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y en empresas contratistas que habrían participado en licitaciones sospechosas. La Justicia busca documentación clave, registros contables y el software utilizado, con el objetivo de comprobar cómo se implementaba el esquema.

El rol de Jorge D’Onofrio: Acusaciones y vínculos

El ministro Jorge D’Onofrio, junto a su pareja Claudia Pombo y Mario Quattrochi, enfrenta denuncias ante la Justicia Federal de Campana por su presunta implicación en el sistema de coimas. Según fuentes judiciales, el daño económico para el estado sería millonario, y el caso está poniendo a prueba la credibilidad de las instituciones que regulan el tránsito y la seguridad vial en la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Allanamiento en calle 49 Nro. 843.

El periodista Rolando Graña había denunciado previamente en un informe para A24 que el “negocio de los borramultas” creció exponencialmente desde la asunción de D’Onofrio, destacando que estos procedimientos ilegales no podrían realizarse sin el aval del área de sistemas del ministerio de Transporte.

La trama tecnológica y las licitaciones bajo la lupa

Otro eje de la investigación gira en torno a una oferta presentada por la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, que propuso implementar innovaciones tecnológicas en la gestión de la VTV antes de que se convocara la licitación formal. Según los documentos, esta oferta estaba condicionada a que las empresas adjudicatarias aceptaran su participación, lo que sugiere conocimiento previo de las licitaciones.

Allanamiento en calle 6 Nro. 677.

Los allanamientos del martes también incluyeron oficinas de empresas involucradas en esta licitación, con el objetivo de esclarecer si hubo tráfico de información privilegiada entre las partes.

Las acusaciones contra D’Onofrio y su círculo íntimo ponen en jaque su continuidad al frente de la cartera y generan dudas sobre el rol del ministerio en la supuesta trama de corrupción.

Allanamiento en calle 6 Nro. 677.

La causa de los sacamultas no solo pone en evidencia la corrupción estructural en la gestión del transporte y las infracciones de tránsito en el gobierno de Axel Kicillof, sino que también abre interrogantes sobre la transparencia en la adjudicación de servicios públicos esenciales. Con varias figuras políticas de alto nivel bajo la lupa, la Justicia enfrenta la tarea de reconstruir una red que operó con impunidad durante años, dejando un daño millonario al erario público.

Fuentes calificadas aseguraron a este medio que estas maniobras impulsadas desde el seno de la gobernación serían solo la punta del iceberg de un entramado mucho mayor. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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