El mundo sindical se vio sacudido en el día de hoy por el allanamiento dictado por la Justicia a Osprera, la obra social de UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales, y la tercera más grande del país. La razón del allanamiento, llevado a cabo por la Policía, son los supuestos manejos administrativos irregulares de fondos millonarios, los cuales irían de la mano con la vida de lujos que mantiene su titular, José Voytenco, quien es también secretario general de dicho gremio. El modo de vida ostentoso del líder gremial fue denunciado por un dirigente del mismo sindicato.

El denunciante es Marcelo Andrada, quien es titular de UATRE en la seccional de La Plata y sentó por escrito que existen grandes disonancias entre el patrimonio atribuido al secretario general y su actividad como representante de los trabajadores rurales. Asimismo, según esta denuncia, Voytenco se mandó a construir una mansión en un club de campo en Cañuelas, y cuenta con una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados.

Con el foco puesto en el lavado de activos, la Justicia aplicó la estrategia del “follow the money” (sigue al dinero) y ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco. En relación a sus ingresos, fuentes oficiales indicaron que registraba ingresos por $14.005.643 en tanto presidente de Osprera. El flujo de dinero se investiga a través de tres posibles entradas: su obra social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con empresas por los seguros por sepelios. A propósito de esta última, lanzó la acusación de “posibles retornos de dinero en efectivo” de parte de compañías también vinculadas al fútbol de primera división.

La Justicia puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino que también suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte “las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”. Asimismo, el juez encargado del caso, Federico Villena, le requirió al organismo que haga un informe en que se analice qué fue lo que pasó con el dinero.

La Superintendencia de Servicios de Salud describió a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total absorbió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascendieron a $43.949.000.000 hasta agosto. De ese déficit, hay $1.500 millones que deberían haber sido pagados a hospitales públicos descentralizados. “Parece raro que no hayan podido normalizar sus deudas”, sostuvo un representante del Gobierno que trabajó en la corta intervención que realizaron en Osprera.

Osprera tiene unas 172 acciones judiciales en su contra por falta de entrega de medicamentos y problemas en la prestación de servicios como cirugías, prótesis y otras prestaciones médicas. En paralelo, el Gobierno afirmó que “en la última auditoria social realizada -correspondiente al período 2022/2023- se identificaron 16.410 reclamos que beneficiaros de la obra social formularon en todo el país”.

La obra social de UATRE fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de su caja. De hecho, dicha disputa incluyó al asesinato del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de Osprera y opositor a Voytenco. Ansaloni actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza. La intervención de la Justicia le quitó a UATRE la administración de Osprera, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos.

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Sobre los $26.090 millones que Osprera recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Es decir, el período de tiempo de la pasada intervención judicial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que la obra social había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social.

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