POLITICA
Álvaro González: “Es difícil saber qué es La Libertad Avanza si se lo saca a Milei”
En primera instancia, el legislador comentó: «Lo primero que deseo decir para que quede claro es que repudio absolutamente la metodología de Maduro y todo lo que está haciendo para aferrarse al poder que no puede demostrar que es legítimo porque cuánto más fácil sería si estuviesen los telegramas arriba de la mesa», inició Álvaro González.
Asimismo, el diputado nacional expresó: «Resulta ser que el gobierno que está sospechado o que estaba frente a las elecciones, no dejó que lleguen los veedores internacionales que le podían dar transparencia y legitimidad al proceso, no muestra los papeles y se autoproclama ganador». «Entonces, realmente, más allá de que uno ideológicamente pueda estar en contra o a favor, donde yo estoy en contra de lo que Maduro hace, promueve y de lo que ha generado en Venezuela que es un éxodo de millones y millones de venezolanos que andan por el mundo dando vueltas, casi errantes, esperando que esto se resuelva para poder vivir en su país», sostuvo.
Desde este punto, señaló que «lo mínimo que se necesita en un sistema democrático es exhibir el acto más sagrado que es el acto electoral donde la ciudadanía se expresa y decir cuales son los números, pero no pueden mostrar los números y por eso no hay mucho más para decir».
«Maduro se tendría que ir o mostrar los papeles si los mismos dicen que se tiene que quedar, pero resulta ser que por lo que uno ve en las imágenes el escoge echar a los funcionarios diplomáticos que no son afines a su modelo, secuestran dirigentes opositores, dice que hay tres o cuatro muertos en Caracas producto de los disturbios con la sociedad y qué más hay que esperar», refirió González.
Asimismo, sentenció: «El problema acá es que hay que ver cómo sigue esto, más allá del repudio que nosotros vamos a sacar, los comunicados, las expresiones, esto que estamos transmitiéndole a la sociedad que está bárbaro, pero Maduro va a seguir en el poder de Venezuela y qué tipo de gobierno se va a tener en un país de Latinoamérica que tiene como espejo a países del otro lado del mundo que no son los más democráticos del mundo como Rusia, China, Irán o Serbia».
Por último, reflexionó: «Me da la sensación que Lula le soltó la mano a Maduro en el sentido que no fue tan explícito como otras veces y siempre hablo Lula de esperar el resultado de las elecciones que no sabemos cómo salieron porque no se mostraron los papeles y esto no es un problema de oficialismo u oposición, sino que es un problema institucional».
INTERNA ENTRE EL PRO Y LA LIBERTAD AVANZA
«Es raro lo que pasa porque una persona como Milei llega a ser candidato sin tener partido político y eso amerita que reflexionemos todos porque hay un cambio en el elector que no vota más a los partidos políticos, sino que vota más emocionalmente que racionalmente», subrayó. Y agregó: «Prometió que iba a dolarizar como consigna, pero no cumplió y parece ser que la gente que lo votó no esta tan enojada ya que sigue manteniendo un altísimo grado de adhesión, pero debemos preguntarnos por qué pasa esto y a mi modo de ver es que hubo una enorme cantidad de votos que se llevó Milei como anti lo que estaba».
«Nosotros siempre como Pro acompañamos y sin embargo me decía rata, es raro todo porque los acompañás y te agreden, pero parece que ese estilo con modales y vocabulario es lo que llama atención y genera una expectativa a la sociedad», analizó el legislador. Asimismo, observó: «Mientras tanto, el Pro tiene distintas formas de pensar donde el sector ligado a Bullrich (Patricia) es más afín a La Libertad Avanza, pero yo estoy con Horacio (Rodríguez Larreta) y creo que el tiempo de acá al próximo turno electoral tendrá que ver en cómo le vaya al gobierno y la sociedad acompañará o no según las respuestas que se le de».
Finalmente, planteó: «Yo no creo que el Pro se deba alinear con La Libertad Avanza porque creo que La Libertad Avanza es difícil saber lo qué es si uno lo saca a Milei«, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Una medida de Donald Trump beneficia a los funcionarios argentinos corruptos
La orden del presidente Donald Trump de suspender para modificar la aplicación de la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés) tendrá un impacto inmediato alrededor del mundo y, en particular, en la Argentina: conllevará el cierre de la investigación por “cleptocracia” que el Departamento de Justicia impulsaba contra exfuncionarios kirchneristas y sus activos desde 2019, y otras pesquisas sensibles.
La decisión de Trump, plasmada en una “orden ejecutiva” que firmó anoche, también le dará mayores márgenes delictivos de maniobra a las empresas estadounidenses que operan en la Argentina y en otros países al disputar negocios con firmas de otras naciones, y acotar las investigaciones que desarrollan -o podrían desarrollar- organismos estadounidenses como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Valores (SEC).
“Esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos”, afirmó Trump al firmar la “orden ejecutiva”, en la que dispuso que la nueva titular del Departamento de Justicia, Pamela Bondi, deberá suspender el avance de las investigaciones en curso basadas en la FCPA hasta que emita nuevas directrices en línea con las pautas que fijó la Casa Blanca.
De acuerdo a un comunicado emitido por la administración Trump, las empresas estadounidenses se encuentran en desventaja al competir con sus rivales de otros países, ya que no pueden incurrir en prácticas tales como sobornos y dádivas que son “habituales entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual”, afirmación que es rechazada por expertos como el profesor de la Universidad de Nueva York, el argentino Guillermo Jorge.
“El argumento de Trump según el cual la aplicación de la FCPA impacta negativamente en las empresas estadounidenses es débil”, remarcó Jorge. “La FCPA no sólo aplica a empresas estadounidenses sino también a aquellas que cotizan en el mercado de valores estadounidense y a aquellas que tengan actividades significativas en los Estados Unidos”, abundó (ver columna, aparte).
Aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1977, en efecto la FCPA busca penalizar las prácticas corruptas cometidas en el extranjero por ciudadanos y empresas estadounidenses, aunque también abarca a empresas de otros países que cotizan en alguna bolsa de valores de Estados Unidos y que quedan, por tanto, sujetas al ordenamiento jurídico estadounidense.
Esa segunda dimensión de la FCPA llevó, por ejemplo, a la aplicación en Estados Unidos de multas multimillonarias a Siemens (Alemania), Odebrecht (Brasil) y Ferrostaal (Países Bajos), entre otras multinacionales, por las prácticas corruptas que protagonizaron en la Argentina durante los últimos 25 años, en tanto que sólo durante 2024, por ejemplo, se aplicaron 38 sanciones por FCPA por un total de 1580 millones de dólares a empresas y personas que en múltiples ocasiones no eran estadounidenses.
El fin de la “cleptocracia”
Sin embargo, con la “orden directiva” que firmó Trump y un primer memorando que ya emitió la titular del Departamento de Justicia, Pamela Bondi, la prioridad de los investigadores estadounidenses deberá centrarse en erradicar los carteles de la droga y otras organizaciones criminales trasnacionales, y dejar atrás las investigaciones sobre “cleptocracia”, como la que impulsaba el FBI contra figuras del kirchnerismo desde 2019.
Esa investigación, según reveló LA NACION, registró como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.
La investigación quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes especiales del FBI, como Jared Randall, que viajaron repetidas veces a Buenos Aires y que integraban la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que empujaban un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.
Durante uno de sus viajes a Buenos Aires, Randall se reunió con funcionarios argentinos, requirió información precisa sobre Muñoz y otras figuras kirchneristas, y también indagó sobre las derivaciones judiciales de los “cuadernos de la corrupción”, las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas como Ernesto Clarens que se acogieron al régimen de “imputados colaboradores”, es decir, como “arrepentidos”.
Allí no se agotó el temario del agente Randall en Buenos Aires. También se reunió con jueces y fiscales federales, a los que consultó sobre las presuntas coimas abonadas por el yacimiento petrolífero Cerro Dragón, y sobre la situación procesal de dos empresarios argentinos, Hugo y Mariano Jinkis, cuya extradición reclama Estados Unidos, acusados de participar en el entramado de corrupción del llamado FIFA-Gate.
Ahora, sin embargo, las investigaciones sobre “cleptocracia” se desarticularán, con consecuencias gravosas, lamentó el titular del capítulo estadounidense de Transparencia Internacional, Gary Kalman. “La eliminación de la Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia reducirá de manera significativa la capacidad de combatir la corrupción trasnacional que amenaza la seguridad y los intereses económicos de Estados Unidos, y dejará a las víctimas de la corrupción alrededor del mundo con una Justicia incompleta”, remarcó.
Europa, nueva referencia global
Expertos consultados por LA NACION en Buenos Aires y Washington coincidieron, en tanto, en que los focos de atención se centrarán ahora en la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, y en la Unión Europea (UE), cuyos próximos movimientos resultarán determinantes para evaluar el impacto real que tendrá la orden ejecutiva que rubricó Trump.
En el caso de Bondi, la titular del Departamento de Justicia deberá emitir las directrices que guiarán a los fiscales y agentes del FBI durante los próximos años, que además de concentrar sus esfuerzos en investigar a los carteles de la droga y las organizaciones de criminalidad trasnacional, podrían ahondar en las pesquisas sobre empresas de terceros países sujetas a la FCPA por cotizar en Estados Unidos. Es decir, una “aplicación selectiva” de esa ley.
Del otro lado del océano Atlántico, en tanto, la Unión Europea podría erigirse en la máxima referencia global para la prevención y erradicación de las prácticas corruptas, en base a sus propias reglas de integridad y a la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que Argentina suscribió.
A ese primer contrapeso a la flexibilización selectiva de la FCPA que dispuso Trump podría sumarse otro, por parte de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros organismos multilaterales que sellaron el llamado “Acuerdo de Aplicación Mutua de Dictámenes de Exclusión”. Vigente desde 2012, sanciona a empresas e individuos que hayan incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas.
En el caso de la Argentina, por último, la aplicación de la FCPA permitió conocer las prácticas corruptas que desarrollaron empresas de todo el mundo al operar en el país, aun cuando no registraron condenas en los tribunales argentinos. Además de las mencionadas Siemens, Odebrecht y Ferrostaal, también IBM, Ralph Lauren, Stryker Corporation, Helmerich & Payne, Ball, Biomet, Dallas Airmotive y Sterycicle, entre otras, fueron sancionadas en Estados Unidos. Ahora, con la decisión de Trump, incluso eso podría quedar atrás.
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