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Amenazas de bomba y mensajes secretos entre los jueces: los detalles más impactantes del Juicio a las Juntas

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“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”. La frase de cierre inmortalizada por el fiscal Julio César Strassera simboliza el histórico juicio a las Juntas Militares, pero menos conocido es cómo fue el inicio del trascendental proceso oral y público que condenó a los jerarcas de la última dictadura.

El 22 de abril de 1985, hace 40 años, comenzaba el juicio: el primer día de cuatro meses -hasta el 14 de agosto- con 709 testimonios del horror documentados en el informe de CONADEP. Secuestros, torturas, fusilamientos, un túnel del tiempo dominado por los fantasmas de la peor aberración humana. Miedo y nerviosismo, sí, pero también, y sobre todo, decisión política de condenar a los responsables.

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Después del retorno a la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín (UCR) impulsó la realización de un juicio para juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal integrada por León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio llevó adelante el juicio. El 9 de diciembre de 1985, Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a prisión perpetua. Roberto Viola, a 17 años; Armando Lambruschini, a 8 años; y Orlando Agosti, a 4 años y 6 meses. Leopoldo Galtieri, Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo y Jorge Anaya fueron absueltos.

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En el 40° aniversario del inicio del juicio a las JuntasMilitare, TN dialogó con Arslanián y Gil Lavedra, dos de los jueces que protagonizaron este hito en la lucha por los derechos humanos que trascendió a la Argentina. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que tuvo lugar un juicio a una dictadura reciente en la transición democrática. La democracia estaba en juego y el temor a un nuevo golpe militar seguía latente. La primera amenaza de bomba los marcó.

“Las Fuerzas Armadas son leales a las autoridades”, fue el mensaje de Alfonsín en la víspera del lunes 22 de abril histórico para la Argentina. Las tapas de los diarios registraban la expectativa mundial junto a otras dos noticias: la muerte del presidente electo de Brasil Trancedo Neves y la goleada de Guaraní a Boca por 6 a 0, con Hugo “El Loco” Gatti en el arco.

Los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo frente a los dictadores del Proceso.

El juicio fue transmitido por televisión y seguido de cerca por la sociedad argentina y la comunidad internacional. Sentó un precedente en la lucha contra la impunidad y demostró que es posible llevar a los responsables de crímenes de lesa humanidad ante la justicia. La televisión solo estaba autorizada a mostrar fragmentos de tres minutos diarios y sin sonidos.

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Los dictadores del Proceso en el banquillo de los acusados (Foto EFE)
Los dictadores del Proceso en el banquillo de los acusados (Foto EFE)

“Estábamos muy nerviosos”

León Arslanián tenía 33 años y Ricardo Gil Lavedra, 34, cuando comenzó el juicio. “Lo que nosotros, los jueces, no sabíamos era si íbamos a poder conducir la audiencia, si iba a haber disturbios. Estábamos muy nerviosos”, cuenta Gil Lavedra. Y admite: “Miedo personal le confieso que no tuve, pero sí temor a no poder hacer el juicio”. Arslanián admite que “estaba dispuesto a recurrir a las máximas medidas para seguir adelante”.

El día previo fue de “desasosiego”, cuenta Gil Lavedra: “Ese fin de semana yo lo pasé con un gran desasosiego en mi casa. Desasosiego ante la incertidumbre. Venía el comienzo y no sabíamos qué iba a ocurrir. Me tomé un Rivotril. Antes de la audiencia decidimos ir a almorzar juntos, a la Emiliana, que era un restaurante tradicional que estaba sobre la calle Corrientes. En el mismo lugar donde está ahora el Colegio Público de Abogados. Lo que conversamos es sobre cómo conducir la audiencia porque ninguno de nosotros tampoco tenía experiencia en juicio oral. Sospechábamos que los defensores iban a tratar de llenarnos de planteos, porque obviamente el objetivo de ellos era que el juicio fracasara. Decidimos mostrar mucha autoridad, hasta si era necesario había que sobreactuarla”.

Llegaba el día histórico. ”Estaban todas las calles de alrededor del edificio cortadas. Eran toda una novedad los detectores de metales que había en el ingreso. Por ahí tenía que pasar todo el mundo, menos los jueces y los defensores”, recuerda Gil Lavedra, autor de “La hermandad de los astronautas”, un libro con memorias sobre ese momento histórico.

Arslanian recuerda un precedente clave. “Un defensor oficial protagonizó una discusión con un padre de una persona desaparecida. Fue aprovechado astutamente para generar disturbio. Yo lo llamé rápidamente al orden. Le dije que se sentara para hablar y así seguir con el juicio No hizo caso y dispuse que el personal policial lo detuviese. Se hizo un cuarto intermedio. Discutimos bastante. Pasaron unas horas y para no dar ningún motivo que pusiera en riesgo el juicio, el tribunal decidió dar por purgada con el tiempo de las horas que estaba detenido la sanción. Fue un gesto de autoridad importante”.

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“La bomba va a explotar en media hora”

“El personal de la División anti bombas de la Policía Federal revisaba todos los días a la mañana la sala, porque las audiencias comenzaban a las tres de la tarde. La policía tapió el ventanal que da sobre la calle Uruguay porque sostenía que podía haber francotiradores del otro lado de la calle. Querían que corriéramos el estrado, pero nosotros nos negamos”, dice Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia durante el gobierno de la Alianza y diputado nacional de 2009 a 2013.

“La comunicación entre nosotros era intensa, obviamente no teníamos WhatsApp. Nos hablábamos con papelitos. Escribíamos papelitos que íbamos pasando de uno a otro. Mandábamos mensajes con las preguntas. Bueno, eran mensajes de todo tipo. Hasta las cuestiones más pedestres hasta las más importantes”, cuenta.

Télam Buenos Aires, 08/12/05
Mañana se cumplen 20 años del histórico fallo que condenaba a los principales jefes de las Juntas militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976.
Foto: Archivo Télam/lz
Télam Buenos Aires, 08/12/05
Mañana se cumplen 20 años del histórico fallo que condenaba a los principales jefes de las Juntas militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976.
Foto: Archivo Télam/lz

El día de la amenaza de bomba empezaban a declarar las víctimas. “Todos estuvimos de acuerdo en que no nos importaba que explotara la bomba y seguimos. Eso fue un buen mensaje de que por el lado de las amenazas o de las llamadas telefónicas anónimas no nos iban a amedrentar”, dice Arslanián.

Gil Lavedra recuerda: “Creo que fue el tercero o cuarto día de la audiencia, vino una secretaria y al que estaba en la punta, que me parece que era (Jorge) Torlasco, le dijo que habían llamado y que había una amenaza de bomba, que había que desalojar la sala, porque la bomba va a explotar en media hora”.

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“¿Y ahí funcionaron los papelitos o ya era a viva voz?”, pregunta TN. “No, no ahí comenzamos con los papeles. Cada uno ponía su opinión. La decisión fue unánime. La sala ya había sido revisada. Si hacíamos caso y levantábamos la audiencia, después esto nos iba a volver loco todos los días”.

Poder Ciudadano homenajeó a los jueces que llevaron a cabo el juicio a las Juntas: Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. (Foto: Cena Poder Ciudadano)
Poder Ciudadano homenajeó a los jueces que llevaron a cabo el juicio a las Juntas: Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. (Foto: Cena Poder Ciudadano)

“Una de esas amenazas terminó por concretarse: la bomba que pusieron en la casa de Andrés D’Alessio. Vivía en Hurlingham en una casa con un terreno amplio y pusieron una bomba en el parque que explotó”, señala Arslanián.

El ex ministro de Seguridad durante los gobiernos bonaerenses de Eduardo Duhalde y Felipe Solá repite con precisión las historias del horror que jamás olvidará. “El caso de Floreal Edgardo Avellaneda, el estudiante de 16 años que fue secuestrado y asesinado. Apareció en la orilla de enfrente del Río de la Plata, atado con alambre. Fue terrible, terrible, terrible, porque no pensamos nunca que se podía llegar a esta violación extrema de derechos fundamentales”, dice. También menciona los casos de la familia Bettini y de Hugo Tarnopolsky y Blanca Edelberg de Tarnopolsky, secuestrados en la madrugada del 15 de julio del 1976. “El muchacho estaba cumpliendo su servicio militar en la Escuela de Mecánica de la Armada y le imputaron la colocación de una bomba. Fueron a la casa de los padres, de la abuela, de la hermana. Fue el exterminio de una familia. Una gravedad extraordinaria porque mostraba que eran actos de venganza”, señala.

Para Arslanián, la película Argentina, 1985, con Ricardo Darín, produjo “un fenómeno muy curioso, el despertar de un interés extraordinario por parte de gente sumamente joven, de chicos del colegio secundario, de jóvenes universitarios, de obreros, y terminó cumpliendo una función extraordinaria, un despertar de la necesidad de conocer”.

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Los aniversarios también sirven para eso. “Nunca más” es también “no olvidar”.

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

La entrada El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones se publicó primero en Nexofin.

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