El Gobierno sumará el envío al Congreso de una nueva Ley de Financiamiento Universitario para compensar el reclamo de las altas casas de estudio. La decisión se conoce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, mediante la cual debe actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades.

En los últimos días, funcionarios del Presidente Javier Milei comenzaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para impulsar una reforma en el financiamiento de las universidades públicas. La intención es “garantizar viabilidad fiscal” y al mismo tiempo responder a los reclamos históricos del sector.

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En este sentido, el Gobierno trabaja en una nueva ley, que no busca derogar el esquema financiero actual, sino modificarlo. En este punto será vital construir el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma que reemplace la anterior.

Según trascendió, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario. El Ejecutivo apunta a sumar a la nueva ley al temario de las sesiones extraordinarias por decreto, pese a que el reglamento de Diputados sostiene que debe votarse en el recinto.

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El decreto en cuestión se firmaría en las próximas horas y se publicará en el Boletín Oficial del próximo lunes. También se formalizará allí la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero.

La jugada del Gobierno se produce luego de que en las últimas horas se lograra la aprobación de la reforma laboral en el Senado; y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, donde también dieron el visto bueno al acuerdo del Mercosur.

La estrategia apunta a resolver dos frentes de una sola vez: la discusión presupuestaria por un lado y, al mismo tiempo, desactivar las discusiones legales y judiciales abiertas, para así también evitar sanciones penales.

Para ello, en el Ejecutivo trabajan sobre la “viabilidad” de la ley. Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, para pulir los detalles de la norma.

La Ley de Financiamiento Universitario se votó en 2024 y fue aprobada por ámbas cámaras. No obstante, el presidente Javier Milei la vetó, pero finalmente el Congreso la ratificó. Dicha norma es la que el Gobierno pretende reemplazar por una nueva.

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La reforma laboral aprobada en el Senado todavía no se debatió en la Cámara de Diputados, pero ya originó una nueva protesta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.

Así lo decidió esta tarde aquel polo sindical ultraopositor, que integran la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros, durante una reunión en el gremio metalúrgico, tras la cual el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”.

“No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento -sostuvo-. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma y los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral. Ahora tenemos que ser capaces de frenar la corrupción y los sobornos en Diputados».

Aguiar, uno de los opositores más duros del Gobierno dentro del sindicalismo, señaló que “el miércoles (pasado) había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones” y anticipó: “Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza”.

Este mismo dirigente hizo otras declaraciones polémicas esta semana: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte“, indicó ante el debate de la reforma laboral en el Senado. Y otro de los líderes del Fresu, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, también abrió una polémica cuando dijo: “Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado” (luego intentó relativizar la amenaza).

Uno de los impulsores de este frente sindical es Abel Furlán, secretario general de la UOM, que critica la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral (aunque uno de sus dirigentes, Osvaldo Lobato, es secretario Gremial cegetista). Y por eso se unió a dirigentes de impronta combativa para dar pelea contra la reforma laboral: lanzaron un plan de lucha que incluyó movilizaciones en Córdoba, la semana pasada, y en Rosario, el martes pasado, y se sumaron a la concentración de la CGT ante el Congreso.

Las jornadas de protesta del Fresu buscaron exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma laboral y responsabilizarlos por el avance del proyecto. Sus miembros rechazan cualquier intento de negociación parcial, como impulsa la CGT, y desconfía de eventuales declaraciones de inconstitucionalidad del proyecto oficia por parte de la Corte Suprema.

Además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, integran el Fresu la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AMOA), Molineros, CONADU y Viales, entre otros, y se sumó Pablo Moyano a título individual.

Todas son organizaciones del ala dura del sindicalismo y no se descarta que terminen unidas en la acción con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que también tiene una postura más intransigente y, aunque sigue alineada a la CGT, podría endurecerse si los líderes cegetistas mantienen una actitud pasiva ante la reforma laboral.

Cuando la CGT se movilizó este miércoles ante el Congreso, sin auspiciar ningún cese de actividades, ATE dispuso un paro de 24 horas de los estatales y la UOM, una medida similar con abandono de tareas a las 10.30. Y en el caso de la CATT, los sindicatos aeronáuticos hicieron un paro de 15 a 18, que provocó demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretaron una huelga en los subtes de 21 a 23.30.