El oficialismo avanzó con fuerza en la Cámara de Diputados y logró consolidar una posición clave para manejar la agenda legislativa. El bloque de La Libertad Avanza se quedó con 17 de las 35 presidencias de comisiones ya conformadas y sumó otras 13 vicepresidencias, lo que le permite tener una influencia decisiva en el funcionamiento del Congreso.

El dato cobra aún más relevancia si se suman los espacios aliados, como el Propuesta Republicana y sectores de la Unión Cívica Radical. En conjunto, el oficialismo alcanza el control de más del 57% de los cargos clave dentro de las comisiones, es decir, aquellos que definen cuándo se reúnen y qué temas se discuten.

Este esquema le otorga al Gobierno una herramienta central: la capacidad de ordenar el debate parlamentario y priorizar su propia agenda, en un año donde ya anticipó el envío de proyectos clave como la denominada “Ley Hojarasca” y otras iniciativas vinculadas a la propiedad privada.

En medio de fuertes tensiones se desarrolló la primera audiencia por la Ley de Glaciares en Diputados

Además, el oficialismo busca ampliar su influencia en las comisiones que aún deben conformarse. Entre ellas se destaca la de Juicio Político, donde impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta, un movimiento que podría tener alto impacto político.

Pero el avance no se limita a las comisiones más técnicas. La estrategia también incluye espacios sensibles como Educación o Discapacidad, donde suelen emerger conflictos y reclamos sociales. El objetivo, según interpretan distintos sectores, es evitar que prosperen iniciativas impulsadas por la oposición.

Desde los bloques opositores advierten que este esquema complica seriamente cualquier intento de instalar temas por fuera de los que impulsa el Poder Ejecutivo.

“Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera”, señaló un legislador con años de experiencia en la Cámara en diálogo con Infobae.

El oficialismo activa la Comisión de Juicio Político y propone a Lilia Lemoine para presidirla

El problema, explican, no es solo político sino también procedimental. Para avanzar con un proyecto sin aval oficialista, la oposición necesita reunir quórum, forzar el tratamiento en comisión, conseguir dictamen y luego volver al recinto, un proceso complejo que requiere mayorías difíciles de alcanzar.

En ese contexto, distintos bloques comenzaron a coordinar estrategias para intentar romper el control del oficialismo, con más convocatorias a sesión y acuerdos transversales. Sin embargo, reconocen que será un año legislativo “largo y difícil”.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con una hoja de ruta clara: controlar las comisiones, ordenar los tiempos parlamentarios y garantizar que su agenda tenga prioridad en el Congreso.

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El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para establecer un marco sobre el derecho de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario.

El proyecto se estructura en seis áreas, desde la recuperación de inmuebles hasta la modernización del registro de la propiedad. En el primero de los casos, la medida propone un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, sobre la base de una iniciativa de los diputados Christian Ritondo y Martín Yeza ambos del PRO. El procedimiento incluye garantías de debido proceso y control judicial en todas las etapas.

Desde el Ejecutivo señalan que “el acceso rápido a la recuperación de inmuebles aumentará la oferta y absorberá mejor la demanda habitacional”.

Otro de los puntos es que el Ejecutivo delega responsabilidad a provincias y municipios. El texto del proyecto señala la “preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada”. Según el Gobierno, el mecanismo vigente bloqueaba rutas de regularización y dejaba a los habitantes de barrios en informalidad crónica, sin acceso progresivo a títulos legales.

Desde diciembre pasado circuló un borrador de esta nueva ley en la página del Consejo de Mayo. El texto enviado al Congreso opta por dejar atrás el “mecanismo centralizado que no funcionó”: transfiere la conducción del proceso de regularización a provincias y municipios e incorpora instrumentos jurídicos para la negociación entre partes como el acceso de las familias a la titularidad legal.

Un punto clave es la eliminación de la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales. La ley vigente limitaba estas operaciones en zonas de frontera en busca de frenar la extranjerización de la tierra.

El nuevo esquema solo mantiene requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal. “Quien representa un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional sigue sin poder comprar”, sostiene el texto. Queda eliminado el trato igual entre Estados y particulares privados extranjeros, que ahora estarán sujetos a las mismas reglas que cualquier inversor.

En materia de expropiaciones, las modificaciones buscan limitar la discrecionalidad del Estado. El nuevo régimen determina criterios precisos para la valuación: “actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y determinación del valor antes de que el acto estatal deprima el precio del bien”. Se fija en 60 días el límite para las ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias.

En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 70 % frente al 2023. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la infraestructura de los registros inmobiliarios no acompaña esa dinámica: la mayoría opera aún sobre soporte físico, lo cual produce demoras y eleva los costos de transacción. El proyecto incorpora la digitalización integral, firma digital y la creación de una “Ventanilla única Federal Inmobiliaria” para la gestión remota de certificados e informes en cualquier registro del país.

El proyecto modifica también la llamada “ley del fuego” de autoría del diputado Máximo Kirchner. Desde 2020, las restricciones alcanzaban no solo a bosques nativos, sino también a bosques implantados y tierras productivas.

La nueva norma restringe la prohibición a bosques nativos y áreas específicas según el ordenamiento territorial.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formalizó una invitación para que Papa León XIV visite la capital argentina, en lo que sería el primer arribo papal en casi cuatro décadas.

La solicitud fue entregada personalmente en el Vaticano por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, que le acercó una carta del alcalde capitalino al Sumo Pontífice, con el fin de remarcar el valor espiritual y social que tendría su presencia en la ciudad natal del Papa Francisco.

“Para los porteños sería una inmensa alegría y un profundo honor poder recibir a Su Santidad en Buenos Aires”, expresa la carta. El texto destaca el carácter del distrito como “un espacio de encuentro y convivencia entre distintas tradiciones religiosas” y “una verdadera cuna del diálogo interreligioso”, donde “comunidades de diversas confesiones conviven y trabajan juntas por el bien común”.

Además, Macri resaltó el vínculo particular que une a la Ciudad de Buenos Aires con la Iglesia Católica, al subrayar que la presencia del Santo Padre “tendría un significado muy especial para quienes habitamos esta ciudad y representaría un momento de encuentro, esperanza y renovación espiritual para miles de fieles”. Y agregó que el lazo con la tradición agustiniana “tan vinculada a la vida y al camino espiritual de Su Santidad”, hace aún más significativa la invitación.

La última visita de un papa a Buenos Aires ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II ofició una misa en la Catedral Metropolitana. Si la invitación es aceptada, el regreso del líder de la Iglesia Católica ocurriría 39 años después de aquella jornada, marcando un acontecimiento muy esperado por los feligreses católicos, que aún son el culto mayoritario en el país.

Como parte del gesto protocolar, Fulvio Pompeo remarcó que “nuestro país tiene un vínculo profundo con la Iglesia Católica, que forma parte de nuestra historia pero también de nuestra vida cotidiana”. “El pontificado de Francisco ocupó un lugar muy importante para nuestra sociedad, y la visita de Su Santidad tendría un profundo valor para todos los argentinos”, subrayó.

Este año, creció la expectativa de que León XIV visite la Argentina. Hasta el momento, el Vaticano no confirmó la llegada del máximo pastor del culto católico, pero tanto el Gobierno como las autoridades religiosas locales siguen una estrategia diplomática ante una eventual desembarco.

El presidente Javier Milei ya había transmitido una invitación oficial en febrero, mediante una carta entregada al papa por el canciller Pablo Quirno, quien utilizó sus redes sociales para destacar que la relación bilateral atraviesa “un excelente momento”.

El 18 de junio del año pasado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) giró la invitación con una misiva llevada a la Santa Sede por el obispo Daniel Fernández, vicepresidente segundo de la entidad. El mensaje destacó “el deseo de recibir al sucesor de Pedro en la tierra de Bergoglio”, en referencia al papa Francisco y a la dimensión espiritual de la visita esperada.

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, conversó en febrero con el canciller Quirno en el Palacio San Martín, resaltando la “honda significación espiritual y pastoral” de la eventual llegada pontificia en un contexto nacional marcado por cambios profundos.

Lo cierto es que una eventual visita de León XIV se encuentra en etapa de definiciones. La agenda global para 2026 prevé desplazamientos a España -con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias- y una gira africana por Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial, según los borradores circulados en oficinas vaticanas.

En noviembre del año pasado, a pocos meses de ser designado como Papa, Robert Prevost confirmó su interés en el país. “Yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes también ir al Perú, por supuesto”, señaló el obispo, que vivió cuatro décadas como misionero y obispo en tierras peruanas.

En el diseño preliminar para Argentina, Buenos Aires aparece como un punto ineludible de un eventual recorrido, además de una posible celebración de una misa en la Catedral Metropolitana y encuentros con jóvenes, sectores vulnerables y referentes sociales. Pero ese paso deberá sortear o incluir a otro competir en busca de la atención papal. El arzobispo Vicente Bokalic recomendó a Santiago del Estero como punto de partida de la gira. La provincia, conocida como “madre de ciudades”, es la sede primada de la Iglesia Católica desde 2024.

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