El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó hoy el decreto N°142-26 a través del cual los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contarán con un régimen reforzado de acceso prioritario a los servicios públicos.

El objetivo declarado es garantizar que quienes residen y tributan en la jurisdicción porteña tengan preferencia frente a bonaerenses y extranjeros al solicitar turnos, cupos, vacantes o cualquier otro servicio administrativo que ofrezca el Estado local. Esta disposición amplía una política cuya vigencia, desde marzo de 2025, se limitaba a la red de hospitales públicos de la Ciudad.

El decreto firmado por Jorge Macri y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, abarca ahora a todos los servicios de la administración pública, junto con nuevas regulaciones de acceso. De esta forma, el alcalde porteño busca corregir un fenómeno de larga data mediante el cual anunció: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó. Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: proridad para los porteños”, sentenció.

Así, el Ejecutivo porteño busca con este paso “ordenar y cuidar” la gestión de los recursos porteños. Un dato: solo en 2025, la Ciudad realizó más de 30 millones de prestaciones, y durante la gestión actual la oferta de consultas médicas creció en un 30 %.

El avance más notorio se produjo en el área quirúrgica, donde se concretaron 12.000 intervenciones adicionales, hecho que el Gobierno porteño vincula directamente con la sobrecarga producida por pacientes de otras jurisdicciones.

Límites operativos

A pesar de la nueva disposición, el Ejecutivo subraya que no se trata de una restricción o supresión del acceso a los servicios, sino de un esquema de “ordenamiento proporcional” para la administración del sistema público, siempre bajo “criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

En los casos de urgencias o emergencias sanitarias, la medida es explícita al señalar que la atención médica seguirá siendo inmediata y sin distinción por domicilio. Quedan fuera de este esquema, además, los servicios vinculados a la seguridad pública.

Es decir, el acceso preferencial de los vecinos a los servicios públicos porteños regirá en los ámbitos administrativos, pero no en situaciones críticas de salud o seguridad.

Desde la jefatura de Gabinete se coordinará transversalmente con las distintas áreas del gobierno porteño para adecuar los procedimientos internos y garantizar la aplicación efectiva de esta jerarquización. La administración busca estructurar así una respuesta específica ante la demanda creciente y el uso excedido de los servicios públicos locales.

La polémica por los costos

Uno de los fundamentos reiterados por Jorge Macri en la argumentación oficial es el costo que la ciudad afronta cuando habitantes de otras provincias, y especialmente de Buenos Aires, recurren al sistema público porteño.

Según su valoración: “personas que no vivían en la Ciudad hacían tours sanitarios que terminaban pagando los porteños”, un fenómeno que, al decir del mandatario, transformó a la capital en “la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

La confrontación interjurisdiccional también quedó reflejada en recientes exigencias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gobierno porteño reclama que la provincia asuma el financiamiento por la atención de bonaerenses en situación de calle dentro de la Ciudad.

El marco normativo de este reclamo, según el decreto nacional publicado en el Boletín Oficial 373/2025, señala que la atención a personas sin hogar es responsabilidad de cada jurisdicción. El ejecutivo porteño sostiene que la provincia no está cumpliendo con esa obligación, lo que desencadenó una nueva fase del conflicto financiero entre ambas administraciones.

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El Gobierno de los Estados Unidos expresó un fuerte respaldo a la decisión de la administración de Javier Milei de expulsar al máximo diplomático iraní en el país y de avanzar con la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó la “firmeza” de la Argentina frente a lo que calificó como amenazas de Irán.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina”, publicó la oficina dependiente del Departamento de Estado en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el organismo agregó: “Agradecemos la firmeza de Argentina contra el terrorismo y las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”.

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El pronunciamiento se conoció días después de que el Gobierno argentino declarara “persona non grata” al diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires. La medida implicó su salida del país en un plazo de 48 horas.

El canciller Pablo Quirno confirmó posteriormente que el funcionario iraní ya había abandonado el territorio nacional. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, comunicó a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó la Cancillería, la decisión se tomó como respuesta a un pronunciamiento previo del gobierno iraní, que fue considerado por la Argentina como “falso, ofensivo e improcedente”. Ese comunicado había cuestionado la decisión de Milei de incluir al CGRI en el registro de organizaciones terroristas.

En ese contexto, el Palacio San Martín sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos” y que responderá “con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Al mismo tiempo, remarcó la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención.

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“El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia”, señaló el comunicado oficial, en el que se reiteró la posición del país frente a esos ataques.

La medida se inscribe en un escenario de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Teherán, que se intensificó tras la decisión argentina de avanzar contra el CGRI. Esa determinación habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas para personas y entidades vinculadas a esa organización.

Desde Irán, en tanto, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país calificó la decisión argentina como una “acción ilegal” e “inapropiada” y sostuvo que perjudica las relaciones bilaterales. Además, advirtió que la medida “establece un precedente peligroso” y atribuyó la decisión a la influencia de Estados Unidos e Israel.

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En ese mismo comunicado, el gobierno iraní consideró que la declaración constituye un “error estratégico” y un “insulto injustificable al pueblo iraní”, y afirmó que tanto Milei como Quirno “se convirtieron en cómplices” al alinearse con Washington y Tel Aviv.

Frente a esas acusaciones, la Cancillería argentina respondió que las manifestaciones iraníes representan una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional.

El respaldo de Estados Unidos se suma al expresado previamente por Israel. El canciller Gideon Sa’ar calificó la decisión argentina como “valiente e inspiradora” y sostuvo que el país “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

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