Elías Piccirrillo no volverá a la cárcel de Ezeiza. Su régimen de detención seguirá siendo domiciliario, en un pequeño departamento de Banfield, luego de una inédita maniobra que llamó la atención en los tribunales de Comodoro Py y que tendría repercusión en otras causas donde se investiga la trama de los negocios con el cepo y el dólar blue.

Piccirrillo se benefició con la decisión de otro financista, Francisco Hauque, que instruyó a sus abogados a desistir del recurso que había presentado apenas dos horas antes.

La extraña secuencia ocurrió ayer al mediodía. Cerca de las 10 de la mañana, el defensor de Hauque presentó un memorial ante la Sala III de la Cámara de Casación reclamando que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo. Si lo aceptaban, el financista debía ir a prisión.

Con ese recurso, el tribunal tenía que definir si mantenía el beneficio que había impuesto la Cámara Federal en noviembre pasado. Pero no hubo debate entre los jueces. Apenas dos horas más tarde, por decisión del propio Hauque, su abogado mandó una breve nota para desistir del recurso de casación y allanó el camino para que Piccirillo siga detenido en su casa.

“Nos sorprendió a todos, es atípico”, explicaron en Tribunales. De inmediato comenzaron las especulaciones en torno a los motivos del giro inesperado.

El escándalo entre Piccirrillo y Hauque comenzó el 17 de enero del año pasado, cuando ambos fueron a cenar al Palacio Duhau. Cuando salió de ese lugar, Hauque fue interceptado por efectivos de la Brigada de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad por lo que parecía un caso de violencia de género con su pareja, Anahí Aquino Laprida. En el operativo, que según la Justicia estuvo armado, los efectivos encontraron 1 kilo de cocaína y un arma en el baúl del auto.

Hauque y su mujer estuvieron detenidos más de diez días y luego denunciaron que todo había sido una maniobra orquestada por Piccirillo por una supuesta deuda de US$6 millones. Por el caso también terminaron procesados el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien hasta su detención era el jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de la fuerza de seguridad porteña, y Carlos “El Lobo” Smith, un ex comisario que trabajaba para Piccirillo.

Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio en el Palacio Duhau, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.

El fiscal de la causa, Franco Picardi, sostuvo en su momento que habían “indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos y una pistola 9 milímetros robada en el vehículo y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ– para que se materialice el procedimiento en cuestión”.

Piccirrillo fue procesado por la emboscada y estuvo preso ocho meses en la cárcel de Ezeiza. La “guerra” entre los financistas derivó en otras causas judiciales. En uno de esos expedientes, la Justicia investiga el accionar de cinco funcionarios del Banco Central que debían supervisar el funcionamiento de las casas de cambio. La prueba clave en esa causa son dos audios que aportó “El Lobo” Smith, que decidió transformarse en arrepentido para mejorar su situación.

En su declaración, Smith mencionó que Hauque presuntamente pagaba coimas para poder operar. “Elías (Piccirillo) me había comentado que Hauque había amenazado a directivos del BCRA, cinco o seis directivos del BCRA, para que dejaran operar a sus financieras, a cambio de alguna dádiva, como que los tenía adornados”, dijo frente al fiscal Picardi.

Ese expediente, que tiene en vilo a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, acaba de cambiar de juez: pasó del juzgado de Sebastián Casanello al de Ariel Lijo.

El movimiento tendría alguna vinculación con la inédita jugada que ejecutó ayer Hauque en Tribunales. “Hay una tregua pero no es un acuerdo entre ellos, la idea es calmar las aguas”, dijo una fuente que conoce los detalles de la trama. Son poseedores de secretos que pueden afectar a las autoridades del gobierno anterior.

“Ellos no pueden hablar, lo tienen prohibido por la Justicia”, agregó el abogado de Piccirillo ante una consulta de .

La jugada de Hauque, único querellante en la causa, se materializó apenas 24 horas después. Esta tarde, la Sala III de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, tuvo por desistido el recurso de casación.

El fiscal de Casación, Raúl Plee, presentó un memorial de breves notas pero fue desestimado por Casación. “En los supuestos en los que el único recurso de casación interpuesto resulta de la querella -como sucede en el caso de autos-, el Ministerio Público Fiscal se encuentra imposibilitado de adherir”, explicó Borinsky en su voto.

Piccirillo por ahora festeja. Seguirá detenido en su casa. Pero la causa se encamina a un juicio oral.

En el cierre de la primera etapa del juicio por los Cuadernos de las Coimas, conocida como “cuestiones preliminares”, la fiscal Fabiana León y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le pidieron al Tribunal que rechace todos los cuestionamientos de las defensas de Cristina Kirchner, varios empresarios y otros exfuncionarios, quienes durante el mes de febrero reeditaron objeciones contra el proceso con la intención de debilitarlo o hacerlo caer.

La fiscal León señaló que muchas de las defensas apostaron a reintroducir cuestiones ya cerradas en etapas previas al juicio y a plantar sospechas sobre presuntas “inconductas” de los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, realizando una “inversión de los términos”.

“¿Quiénes son los que están juzgados en este debate? ¿Un fiscal de instrucción, un juez que está fallecido [por Claudio Bonadio], toda la Cámara Federal, Casación, o ustedes?“, dijo León, refiriéndose directamente a los miembros del Tribunal Oral Federal N° 7.

“Los planteos ya deducidos en instrucción, revisados y rechazados, y reintroducidos en etapas posteriores sin un acto nuevo, quedan alcanzados por la preclusión, por la reiteración”, marcó la fiscal, que reunió las objeciones en distintos grupos y las fue tratando de a partes con el auxilio del fiscal Nicolás Codromaz.

Algunas tienen que ver con la presunta inconstitucionalidad del régimen del arrepentido -uno de los pilares del caso- o presuntas prescripciones; otros con la inclusión o exclusión de la prueba -como los cuadernos del chofer Oscar Centeno- y otro grupo está vinculado a objeciones respecto al origen de la causa. La fiscalía se opuso sin concesiones a todos ellos. Por “prematuros”, “abstractos”, “conjeturales” o “impropios”, pidió que se declaren inadmisibles o improcedentes.

En líneas generales, la fiscal León sostuvo que muchos de ellos se basan en presuntas controversias que en todo caso deben ser revisadas durante el debate oral, no anularlo.

La fiscal también aludió a las objeciones presentadas por los abogados de muchos arrepentidos contra el acuerdo de colaboración que celebraron durante la instrucción con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio. “La fiscalía encantada -ironizó-. Iremos por la pena completa si van a denunciar el acuerdo, como ha ocurrido”.

El juicio atraviesa lo que se conoce como “cuestiones preliminares”, una instancia diseñada para escuchar planteos en torno a hechos nuevos que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio oral. La etapa fue inaugurado a comienzos de mes por la defensa de Cristina Kirchner, que dirigió críticas contra la ley del arrepentido y el origen del caso.

El TOF 7 debe resolver ahora cada uno de estos planteos, antes de dar comienzo a las indagatorias. Dará a conocer su resolución el martes 10 de marzo.

Antes que la fiscal León, fue el turno de la UIF. “La mayoría de las cuestiones tratadas en las audiencias pasadas ya fueron planteadas y rechazadas, incluso por este mismo tribunal”, señaló Mariano Galpern, representante del organismo en el juicio. “El proceso penal no puede convertirse en un mecanismo en el que la reiteración sustituya al argumento real”, dijo, y enfatizó: “La insistencia no reemplaza la ausencia de daño concreto”.

La UIF, que actúa como querellante en el caso, fue uno de los blancos de ataques de las defensas en esta etapa, que cuestionaron su permanencia en el proceso tras la emisión del decreto 274/2025, con el que el gobierno de Javier Milei redefinió las competencias del organismo y estableció que ya no podría intervenir como querellante en causas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción.

Galpern sostuvo por este jueves que la normativa del Gobierno mira “hacia futuro” y no tiene aplicación retroactiva. Se refirió también a las recomendaciones que el país recibió del GAFI, un organismo internacional que evalúa a las UIFs de todo el mundo, en las que se señalaban los riesgos de que el organismo antilavado actuara como querellante en causas judiciales, algo inusual para los estándares internacionales. “El foco del GAFI está en la institucionalidad futura y en evitar variaciones según cambios de administración, no en invalidar querellas existentes”, dijo hoy Galpern, y afirmó que no había que “convertir una recomendación estructural en una orden inmediata de expulsión”.

“El equipo evaluador no cuestiona la posible validez de las querellas, sino el hecho de que cambia de dirección luego de cambios en el gobierno”, afirmó.

Por el decreto del Gobierno, la UIF ya fue apartada como querellante en pleno juicio oral por el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, en donde está acusado, entre otros, el exministro Julio de Vido. Fue en un fallo dividido de la Casación, con una mayoría conformada por el juez Mariano Borinsky y Carlos Mahiques.

A su vez, la Corte Suprema desestimó los cuestionamientos contra la UIF planteados por algunas defensas en la causa Cuadernos, aunque lo hizo por no dirigirse contra una sentencia definitiva, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. “La Corte dejó consolidada la participación de esta querella en este proceso y en este debate”, afirmó hoy el representante de la UIF Galpern, y siguió: “No fue un formalismo. Se rechazó aplicando doctrina procesal de la Corte”.

El organismo antilavado ya tuvo un rol de relieve en el juicio por los Cuadernos cuando se opuso -en sintonía con la postura de la fiscal León- a los ofrecimientos monetarios que hicieron muchos de los empresarios para salirse del juicio. Lo hicieron amparados en la figura de la reparación integral y en lo difícil que resultaría llevar adelante un juicio de tamaña magnitud. “Que un juicio sea complejo o extenso no justifica extinguir la acción, exige más compromiso institucional”, contrapuso en aquel momento Galpern.

Revés para la expresidenta

En paralelo al desarrollo de la audiencia, la Casación rechazó este jueves una serie de impugnaciones presentadas por las defensas de Cristina Kirchner, De Vido y el empresario Patricio Gerbi contra decisiones del TOF 7 en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.

Las rechazadas fueron objeciones vinculadas a pedidos de recusación contra los magistrados del tribunal que llevan adelante el debate. Los jueces Daniel Petrone y Javier Cabajo dijeron que las defensas no lograron acreditar ninguna de las causales previstas en el Código Procesal Penal ni la afectación concreta de garantías constitucionales.