En una reunión de comisiones marcada por la tensión y el debate encendido, el oficialismo se apresta a dar un paso crucial este miércoles en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo ciertos criterios. El respaldo parlamentario con el que cuenta el bloque gobernante, reforzado por aliados circunstanciales y algunos sectores de la oposición, permite anticipar un resultado favorable en la sesión prevista para las 15.

El proyecto generó fuertes discusiones en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió la propuesta ante legisladores que lo interpelaron por el alcance de los cambios y las posibles consecuencias ambientales. El clima se caldeó con acusaciones cruzadas: integrantes de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron presuntos conflictos de intereses por parte de diputados ligados a provincias con fuerte actividad minera y cuestionaron la representación de intereses económicos en el debate.

El secretario Lucero fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras. Ante ello, se defendió valorando su experiencia y negando que haya conflicto de intereses. “¿Si usted tiene que operarse del estómago recurriría a un astronauta? Para buscar un secretario de Minería es razonable alguien que conozca la industria”, se defendió.

La discusión sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010, se reavivó tras la aprobación exprés de la reforma en el Senado y el desarrollo de un cronograma de trabajo en Diputados que incluyó una audiencia pública con participación restringida. Miles de interesados quedaron fuera del debate presencial y debieron enviar sus opiniones por escrito o video, un punto que fue criticado por organizaciones ambientalistas y referentes de la oposición. El oficialismo, por su parte, sostiene que la modificación apunta a precisar el alcance de las zonas protegidas y a permitir actividades económicas en áreas periglaciares que no cumplan funciones hídricas estratégicas.

Según estimaciones de la oposición, la suma de voluntades entre La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, junto a algunos votos de Unión por la Patria y Provincias Unidas, permitiría alcanzar “los 140 votos” favorables necesarios para sancionar la ley.

La reforma de la Ley de Glaciares propone redefinir el concepto de áreas protegidas para permitir la exploración y explotación económica en zonas periglaciares que, según criterios técnicos, no cumplen una función hídrica comprobable. La iniciativa le otorga a las provincias la facultad de decidir qué territorios preservar y cuáles abrir a inversiones mineras, reduciendo la intervención de la administración central. Con ello, busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en todo el territorio periglaciar, manteniendo la protección para los glaciares visibles y las formaciones que efectivamente abastecen cuencas hidrográficas.

El oficialismo argumenta que esta precisión permitirá una mayor seguridad jurídica para las inversiones, sin comprometer los recursos hídricos vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. Sin embargo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas rechazan la reforma por considerar que flexibiliza los controles sobre áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que abrir la puerta a la minería en determinadas zonas representa un riesgo para el abastecimiento de agua y puede afectar la sostenibilidad ambiental de las regiones cordilleranas.

Durante la reunión de comisiones, la intervención de Lucero estuvo acompañada por otros funcionarios de provincias mineras, como la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, entre otros. Todos defendieron la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, y destacaron la importancia de la minería para el crecimiento local y la generación de empleo en sus jurisdicciones.

Las posturas enfrentadas se evidenciaron también en la lista de oradores, en la que participaron referentes como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), Romina Del Plá (Frente de Izquierda-Unidad), Sabrina Selva (Unión por la Patria), Diógenes González (UCR), y Germán Martínez (Unión por la Patria). Los cruces alcanzaron momentos de máxima tensión cuando se discutieron los posibles conflictos de intereses de legisladores que representan a provincias con proyectos mineros en marcha o en carpeta.

Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Crece la incomodidad en el Gobierno. Adorni limita su rol de vocero y su caso bloquea los anuncios de otras áreas de gestión,,Hugo Morales. Fue campeón con Lanús y ahora lo citaron en la causa del departamento de Adorni,,Enriquecimiento. La fiscalía citó a declarar a cuatro prestamistas de Adorni y hoy se presentó el exfutbolista Hugo Morales

La Cámara en lo Penal Económico rechazó un planteo de la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y confirmó que la causa en su contra seguirá en curso. La investigación está vinculada a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por presuntas irregularidades en el manejo de tributos y aportes a la seguridad social.

El fallo, firmado por la Sala A del tribunal, desestimó la excepción de “falta de acción por inexistencia de delito” que había presentado la defensa. De esta manera, los jueces ratificaron lo resuelto en primera instancia y habilitaron la continuidad del expediente.

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La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador, que sostiene que la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales sin depositarlos dentro de los plazos legales. Según consta en el expediente, los montos involucrados corresponden a distintos períodos entre 2024 y 2025 y superan ampliamente los mínimos establecidos por la ley penal tributaria.

En su planteo, la defensa argumentó que no existía delito porque una serie de resoluciones del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro, como la AFA. Según esa postura, esa situación eliminaba la obligación exigible de pago en los períodos cuestionados.

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Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento. Los jueces señalaron que la suspensión de ejecuciones fiscales “no implica la cancelación, dispensa o postergación” de las obligaciones tributarias, sino que se limita a restringir las acciones de cobro por parte del Estado. En ese sentido, remarcaron que los vencimientos de los impuestos no fueron modificados.

Además, el tribunal sostuvo que la discusión sobre la existencia o no de delito no puede resolverse en esta etapa del proceso, sino que debe analizarse en el expediente principal. Solo podría admitirse una excepción como la planteada si la inexistencia del ilícito fuera “manifiesta y evidente”, algo que —según los magistrados— no ocurre en este caso.

Con esta decisión, la investigación seguirá su curso y continuará el análisis de fondo sobre las presuntas irregularidades. En paralelo, la Cámara también confirmó la imposición de costas a la defensa, al considerar que su planteo fue rechazado.

El expediente se tramita en el fuero penal económico y ya cuenta con procesamientos dictados en primera instancia, aunque esas resoluciones aún no están firmes.

AFA, Chiqui Tapia, Justicia