El atributo más característico de Javier Milei probablemente sea, desde siempre, su capacidad para llamar la atención. Y para sorprender. También, para protagonizar paradojas. Lo ratifica con solvencia por estos días.

El economista antisistema, que llegó al poder con un discurso fuertemente antipolítico, inicia el tercer y penúltimo año de mandato presidencial con un amplio control sobre la política y, como contrapartida, con sonoros ruidos en la economía.

Se trata de una paradoja que renueva la gran pregunta que lo persigue desde que accedió a la Presidencia: ¿es sustentable política y económicamente ese proyecto? Aquí la sorpresa. Hasta ahora, mucho más de lo que una gran mayoría pronosticaba. Pero el horizonte podría mostrarse más complejo.

La cómoda aprobación en las dos cámaras del Congreso de la ambiciosa reforma laboral, que este viernes se espera sea sancionada por el Senado, es una forma de consagración rotunda, aunque parcial todavía, del improbable proceso de construcción de poder iniciado hace apenas cinco años y del predominio que ejerce sobre la superestructura política.

La escasa e ineficaz resistencia parlamentaria y social por parte de sus contradictores es el reflejo del control político que ha logrado el proyecto mileísta, cristalizado tras el triunfo electoral y la debacle perokirchnerista en las elecciones de octubre pasado, así como del vacío que sigue absorbiendo a la oposición, acelerado por esos comicios.

También es el producto de un cambio de actitud de la Casa Rosada, desde una posición de mayor poder, que la muestra dispuesta a negociar y realizar concesiones para conseguir sus propósitos, como en los dos primeros años no había exhibido. Una cosa lleva a la otra.

“Además, reconózcanlo, ha habido una mayor disciplina y orden de los legisladores propios”, señalan (o demandan) con razón desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El brazo ejecutor de Karina Milei en el Congreso parece haber logrado que se haga carne el mandato de votar los proyectos de ley oficialistas afirmativamente con o sin lectura previa (y mucho menos, con discusión) de su contenido. La armada Brancaleone original empieza a parecerse a una ordenada fuerza regular.

Tan abrupto ha sido el cambio que el protagonismo de los escándalos parlamentarios se lo cedieron al kirchnerismo, que parece haberlos recuperado con gusto, como lo muestra el más reciente que interpretó la diputada Florencia Carignano, con su infructuoso intento por desenchufar micrófonos para interrumpir el debate sobre la reforma laboral.

La apertura de sesiones ordinarias que presidirá Milei el domingo será una gran escenificación de esa mutación ocurrida en apenas dos años. Del “nido de ratas” al que le daba la espalda y le espetaba el Presidente en los primeros dos años pasará a ser reconocido como “el Congreso más reformista de la historia”. Las hipérboles son eternas.

Así, los anuncios de proyectos de ley que hará Milei mantendrán la marca de la grandilocuencia que lo caracteriza y de la que se enorgullece, aunque también procurarán ser efectivos para no perder la senda victoriosa.

Al respecto, entre los principales integrantes de la mesa política se da por hecho que no se presentará un proyecto integral de reforma tributaria sino un paquete de cambios parciales para facilitar su sanción sin tener que dejar retazos en las aduanas de los gobernadores. La política transaccional seguirá dominando, pero se intentará que sea menos onerosa o que no se note tanto.

La nueva realidad del predominio político mileísta se puede medir para mostrar. En la dimensión de la superestructura política sobresale el resultado de las votaciones en el Congreso donde ha logrado pasar sin mayores sobresaltos las iniciativas que presentó para ser tratada en el período de sesiones extraordinarias que concluye este sábado.

Ese logro ha sido una quimera inalcanzable para otros gobiernos sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y parecían inimaginables para una fuerza política que cuenta con solo un tercio de los senadores y el 36% de los diputados nacionales. La misma que hace apenas dos años y tres meses tenía solo dos diputados nacionales, los mismos que hoy son presidente y vicepresidenta de la Nación. Y hasta se dan el lujo de estar irremediablemente enfrentados, sin perder nunca la oportunidad de hacerlo público.

El vertiginoso pase de una realidad a otra se grafica con cifras. En los dos primeros años de su mandato Milei “sólo consiguió que el 18% de los diputados nunca le voten en contra en votaciones de alta relevancia política (22 votaciones) en Diputados”, mientras que durante las recientes sesiones extraordinarias (hasta ayer) “el 52% nunca le votó en contra en las votaciones en general”, según un relevamiento de la consultora La Sastrería.

En el Senado, donde han solido naufragar consistentemente los proyectos más ambiciosos de los gobiernos no peronistas desde la recuperación de la democracia, las cifras son similares. En la primera mitad del mandato el Gobierno “solo consiguió que 7 de 72 (el 10%) nunca le voten en contra en votaciones de alta relevancia política (23 votaciones)”, mientras que en el arranque de la segunda mitad “logró que 42 de 72 (el 58%) nunca le voten en contra en las votaciones en general”. El cambio es radical.

En el plano simbólico, aunque también práctico, se destaca el dispar acatamiento al paro general de la CGT y la magra manifestación pública realizados la semana pasada contra la reforma laboral. Todo lo cual se magnificará este viernes con la ausencia cegetista frente al Congreso, cuando se sancionaría esa ley que echa por tierra con conquistas hasta ayer inentregables para el peronismo, y la reducción del plan de lucha sindical al cuestionamiento de esa reforma en el plano judicial. Al menos, por ahora. Si Saúl Ubaldini y Raúl Alfonsín resucitaran, no lo creerían.

El pasado sigue siendo el gran soporte del Gobierno, que explota con éxito su máxima de estar cambiando “lo que fracasó”. Aunque el presente de la oposición se encarga de ayudarlo.

La reciente imagen del cristinista Juan Grabois, de visita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, en momentos en que el viejo régimen comunista pasa por sus horas más sombrías, compite con la ayuda dada al imputado presidente de la AFA por Axel Kicillof.

El gobierno bonaerense apuró la aprobación de la radicación en ese distrito de la entidad que rige el fútbol para que pueda eludir controles de la Inspección General de Justicia de la Nación. Justo cuando el hit en los estadios de fútbol se ensaña con la progenitora de Claudio “Chiqui” Tapia. Ambos aspiran a ser los candidatos a Presidente de ese espacio.

A ellos se sumó el verborrágico mandatario riojano, Ricardo Quintela, quien con singular desparpajo hizo gala de golpismo, al afirmar que “este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Para que no quedaran dudas se remitió a 2001 y que no había que temer pagar un precio como el que costó ese desastre. El fiscal Carlos Stornelli no dudó en denunciarlo por “incitación a la violencia” y el Partido Justicialista acusó al fiscal de persecución política. Más asistencia para Milei, difícil. El Gobierno hace silencio. Sigue al pie de la letra el consejo napoleónico de no interrumpir a los adversarios mientras se equivocan.

La paz mileísta, sin embargo, podría sufrir algunos sobresaltos. En lo político, acaba de lanzar una campaña contra la presión impositiva de las provincias y los municipios en momentos en que se registra una caída en la recaudación por la disminución de la actividad y un aumento de la demanda salarial por parte de los trabajadores públicos de esos distritos. Varios gobernadores e intendentes aliados o moderados empiezan a levantar la guardia. Lo ven como un anticipo del intento libertario de quedarse con sus distritos en 2027.

En ese contexto, el anuncio de medidas de fuerza de los gremios docentes en el comienzo del ciclo lectivo no sería un hecho aislado. El amotinamiento policial en demanda de mejoras salarias que protagonizó recientemente la policía de Santa Fe es un antecedente que inquieta. Docentes y trabajadores de la salud de esa provincia, pero también de varias otras, acumulan demandas sin respuesta.

A esto se suma la dispar y compleja situación económica en el sector privado, a pesar del auspicioso crecimiento del 1,8% que se registró en diciembre de 2025 y que opera como plataforma de lanzamiento para este año. La heterogeneidad es demasiado grande y las principales caídas se dan en los sectores que más mano de obra absorben.

Los últimos datos oficiales, que corresponden a noviembre del año pasado, muestran que sólo ese mes se cerraron 892 empresas, a razón de 1,25 por hora, según releva el Monitor mensual de empresas de la fundación Fundar. Ese número es consecuente con una inquietante tendencia: en once meses de 2025 cerraron 10.123 empresas y desde que empezó el gobierno de Milei dejaron de existir 21.930 compañías. Y no es que haya habido un boom de fusiones.

Lo notable, en ese plano, es que no sólo cayeron empresas o se destruyeron empleos en sectores no competitivos o improductivos, como se considera el resonante caso de Fate. “En el sector de la energía y de la tecnología también se han destruido empleos”, señala el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra.

Al mismo tiempo, el consuelo o refugio que ofrecía para las estadísticas sobre desempleo el aumento de los cuentapropistas, trabajadores informales y de plataformas parece estar encontrando un techo. Sigaut Gravina coincide con Daniel Schteingart, de Fundar, en que la baja de los precios en los servicios de algunas aplicaciones, como las de transporte, estarían mostrando una saturación por exceso de oferta y estancamiento o caída de la demanda.

El empalme se está haciendo largo y complicado. La preocupación por la capacidad adquisitiva así como por el empleo ascienden en las encuestas cuantitativas y en los grupos focales como preocupaciones sociales, coinciden Pablo Knopoff, de Isonomía, y Lucas Romero, de Synopsis. Al mismo tiempo, el último Índice de confianza en el Gobierno, de la Universidad Torcuato Di Tella, mantiene la tendencia bajista. Las mediciones preceden a los últimos ruidos.

La caída en el consumo y el consecuente cierre de comercios encuentran justificaciones que, al mismo tiempo, encienden alarma en los perjudicados concretos o potenciales.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, después de reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, concedió que “hay que acostumbrarse a un nuevo sistema económico”. Pero luego subrayó: “Nosotros perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024. Desde ese entonces estamos amesetados y solo hemos recuperado una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.

Después de la andanada contra los “empresaurios” que lanzaron el propio Milei y algunos de sus más prominentes ministros, los hombres de negocios se han vuelto más cuidadosos que nunca en sus expresiones públicas y, antes de cualquier observación que pueda sonar crítica, expresan el salvoconducto de elogiar “el rumbo”.

Por las dudas, ayer Milei se los recordó. Volvió a usar los infamantes apodos con los que descalifica a Paolo Rocca, de Techint; Javier Madanes Quintanilla, de Fate, y a un empresario del rubro neumáticos, a los que tildó de “delincuentes”.

“Del nido de ratas” y “la casta política” a la persecución a “empresaurios”. Resumen perfecto la paradoja mileísta: supremacía política y ruido económico.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) continúa con sus medidas de fuerza, en el marco de una campaña contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los puntos del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que mantiene en vilo al gremio que conduce Julio Piumato.

Este jueves desde las 9, los trabajadores judiciales representados por el gremio cesaron sus actividades en todo el fuero y concentraron en la calle Lavalle 1268 del centro porteño, frente a una sede de varios juzgados laborales. De acuerdo con un comunicado de UEJN, “una decisión espontánea de los propios trabajadores” dispuso la toma simbólica del edificio. Se trata de la segunda en menos de una semana: la primera fue el lunes en el microcentro.

En ese marco, la Comisión Directiva Nacional de los judiciales resolvió “transformar el cese de actividades dispuesto para el día de hoy en un paro de 36 horas en todo el fuero nacional del trabajo”. La medida respondería a un reclamo que se oyó en una marcha que encabezó Piumato al Palacio de Tribunales el martes pasado, que contó con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El gremio de empleados judiciales reclama también la estabilidad laboral de unas 1600 personas que forman parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Es que el artículo 91 del proyecto de Ley de Modernización Laboral disolvería 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días.

Ayer, la cúpula de la CGT reunió a su mesa chica donde acordó hacer una presentación a la Justicia, por lo que serían los “aspectos inconstitucionales” de la reforma laboral, junto a una movilización a la sede de la Corte Suprema de Justicia para el próximo lunes. De esta manera, descontó la aprobación del proyecto el viernes en el Senado y descartó tanto otro paro como una movilización hacia el Congreso Nacional para la votación.

Para el lunes, los judiciales se plegaron a la movilización convocada por la central obrera y resolvieron otro paro del fuero laboral a partir de las 9 de la mañana. La convocatoria del triunvirato de la CGT a Plaza Lavalle es a las 10.