POLITICA
Annobón: Denuncian más detenciones ilegales y casos de torturas por parte del régimen de Obiang
El gobierno de la República de Annobón ha denunciado públicamente las brutales torturas perpetradas por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinea Ecuatorial. Estas denuncias, respaldadas por comunicados de organizaciones internacionales como Human Right Foundation, se suman a los reportes previos sobre las condiciones inhumanas de detención de los secuestrados y han generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional.
En ese marco, AMBÔ LEGADU ha reportado el caso de Manuel Campanet, quien se encuentra en tal estado físico que le han prohibido recibir visitas. El annobonés fue sometido a torturas durante las últimas horas, quedando su rostro tan hinchado que sus ojos, completamente rojos por derrames de sangre, apenas se pueden ver. La tortura tuvo como objetivo la obtención de documentos que, presuntamente, implican a miembros del partido annobonés PDGE. Sin embargo, dicho material nunca existió.
Las atrocidades ocurren en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. De hecho, esta mañana, el doctor y cirujano annobonés Diosdado Ballovera Mum también fue detenido en Río Muni (Bata) y obligado a comprar su propio billete de avión para ser trasladado ilegalmente a una cárcel de Malabo. Según fuentes del gobierno de la República de Annobón, el modus operandi del régimen es claro: cada madrugada despiertan a los presos y los torturan uno por uno, amenazándolos con la muerte y con hacer lo mismo a sus familiares.
La lista de los detenidos torturados desde la madrugada de hoy incluye a Marcelino Ronda Pueyo, Daniel Castellón Alicante, Norberto Oiño Orense, Santiago Campanet Segorbe y Antonio Merino Castaño. Estas prácticas inhumanas no son nuevas; han sido una constante desde que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tomó el poder mediante un golpe de estado hace más de cuarenta años.
Finalmente, vale destacar que ayer llegaron de Annobón dos detenidos ilegales más. Paradójicamente, la familia de uno de ellos (incluyendo a su madre y tres de sus tíos) se encuentra completamente secuestrada por la misma mafia gubernamental. Este detenido llamado Saolin Nena Malest, de 24 años, fue brutalmente apaleado en el campamento militar de Annobón hasta que perdió el conocimiento y, tras ser molido a trompadas, fue atado a la pared de pie durante veinticuatro horas hasta que llegó el avión. Según fuentes reservadas, actualmente el joven annobonés no puede sentarse debido a las heridas en su trasero; con graves secuelas y sin atención médica de ningún tipo, se ve obligado a mantenerse boca abajo o de pie.
La situación en Annobón y en todo Guinea Ecuatorial es alarmante. La comunidad internacional debe tomar nota y actuar para poner fin a estas violaciones atroces a los derechos humanos. La República de Annobón continúa exigiendo justicia y la liberación inmediata de todos los detenidos, así como el cese de todas las formas de represión y tortura en la región.
La solidaridad y el apoyo internacional son cruciales en estos momentos. La denuncia y visibilización de estos crímenes es un paso vital para presionar al régimen de Obiang y asegurar la protección de los derechos humanos en el continente. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Argentina defendió a Israel tras las órdenes de arresto contra Netanyahu emitidas por la CPI
La reciente orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, provocó un contundente rechazo del gobierno argentino. En un comunicado oficial, el presidente Javier Milei calificó la medida como una distorsión de la justicia internacional y reafirmó el respaldo incondicional de Argentina al derecho de Israel a protegerse de los ataques de Hamas y Hezbolá.
Un mensaje de apoyo firme
“Israel enfrenta agresiones incesantes, una toma de rehenes inhumana y ataques indiscriminados contra civiles. Criminalizar su defensa legítima mientras se ignoran estas atrocidades no es justicia, sino una grave tergiversación del derecho internacional”, expresó Milei a través de un mensaje difundido en redes sociales y medios oficiales.
El comunicado oficial del Gobierno también llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, exigir la liberación inmediata de rehenes y respaldar la soberanía de Israel en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Hezbollah atacó con drones la residencia del primer ministro israelí
La Corte Penal Internacional ordenó la detención de Netanyahu y Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con las operaciones en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. Esta decisión también incluyó a Mohammed Deif, líder de la rama militar de Hamas, aunque su fallecimiento en un ataque israelí no ha sido confirmado oficialmente.
Las órdenes posicionan a los líderes israelíes como sospechosos internacionales, un movimiento que podría complicar los esfuerzos diplomáticos en curso para un alto el fuego en un conflicto que ya lleva más de 13 meses. Sin embargo, el impacto práctico de la resolución podría ser limitado, dado que ni Israel ni Estados Unidos —dos de los principales actores en el conflicto— son miembros de la CPI, y la corte depende de la cooperación de sus estados miembros para ejecutar órdenes de arresto.
Un respaldo en línea con la política internacional de Argentina
El rechazo de Argentina a la medida de la CPI subraya el alineamiento geopolítico de la administración Milei con Israel. Este posicionamiento también es coherente con las críticas de otros líderes internacionales, como el presidente estadounidense Joe Biden, quien calificó la decisión de la CPI como injusta y reiteró su apoyo al derecho de Israel a defenderse de las acciones de Hamas.
Por su parte, Netanyahu y otros funcionarios israelíes han rechazado categóricamente las órdenes de arresto, calificándolas de antisemitas y políticamente motivadas. El gobierno de Israel asegura que sus acciones son una respuesta legítima a las agresiones de Hamas y subraya que el país no reconoce la jurisdicción de la CPI.
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