Eduardo Belliboni declaró este martes ante el juez federal Sebastián Casanello, imputado como autor de administración infiel de recursos públicos, rendiciones simuladas de ese dinero y uso de facturas apócrifas. Belliboni también está acusado de extorsionar a los beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que su agrupación distribuía, para que vayan a marchas y manifestaciones.

Acompañado por sus defensores y colaboradores, el líder del Polo Obrero rechazó responder preguntas del juzgado y del fiscal Gerardo Pollicita. Repasó su trayectoria en la militancia y actividad política y dijo que nunca hubo extorsión “todo era voluntario, si hubiera sido un sistema extorsivo no habría tanta gente siendo parte del Polo Obrero”, replicó. Sobre las facturas apócrifas y desvío de fondos, dijo que iba a responder por escrito por tratarse de un tema “muy técnico”.

Poco después de las 10 Belliboni ingresó a Comodoro Py y e dirigió al cuarto piso, donde se ubica el despacho del juez Casanello. Durante la primera etapa de la indagatoria se le leyó la extensa imputación formulada tras una investigación complementaria que encaró el juzgado en base al dictamen del fiscal Pollicita, que había formulado la primera acusación en el caso.

En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.

Los convenios -celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social- estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.

Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.

El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir «intermediarios». Una vez que completaron ese trámite, manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.

La acusación consigna que al desviar dinero del programa Potenciar Trabajo -el más importante que tiene el gobierno nacional en materia de ayuda social- el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor traicionaron los intereses por los que debían velar y que fueron asignados por el Estado al confiarles una importante partida presupuestaria.

La maniobra supuestamente ilegal se completó con otra acción reprochada por la justicia federal: la imposición a los beneficiarios de los planes sociales -y que a su vez asistían a un grupo de comedores administrados por el Polo Obrero- de concurrir a marchas y movilizaciones. De no hacerlo, se los amenazaba con perder el programa de ayuda económica.

Durante su descargo, Belliboni realizó una extensa defensa centrada en descartar las extorsiones y coacciones. Sin embargo, respecto a las imputaciones referidas a la utilización de facturas apócrifas y la configuración del delito de defraudación, señaló que iba a responder por escrito ya que se trataba de un tema “muy técnico”.

Con un extenso alegato respecto a su vida política y su trayectoria en la militancia, rechazó que haya existido cualquier tipo de extorsión y coacción hacia los beneficiarios de los planes sociales. “Todo era voluntario, si hubiera sido un sistema extorsivo no habría tanta gente siendo parte del Polo Obrero”, replicó.

Sin embargo, se negó a responder preguntas de la fiscalía y del juez.

Entonces, repasó todos los programas sociales que el Polo Obrero recibió no sólo durante la presidencia de Alberto Fernández, sino que también hizo mención a la asistencia social que percibió por parte de la gestión de Mauricio Macri. Fue el prólogo para defender la administración de los fondos públicos.

“Nunca se desviaron fondos y todo está justificado como rendido”, dijo en su descargo Belliboni. Para sostener su tesis, el líder del Polo Obrero dijo que no habría recibido sucesivos desembolsos “si no estaba todo rendido como corresponde”.

Para el juzgado, una de las primera violaciones cometidas corresponde a la rendición de gastos de los fondos que le enviaba el Estado al Polo Obrero. Por eso el juez Casanello les atribuyó Belliboni una administración indebida de dinero que era público, y como ya contó Clarín, se hizo a través de la utilización de facturas apócrifas para simular gastos que no se habían realizado.

La sospecha inicial de los investigadores es que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.

El Polo Obrero -sostiene la acusación que se leyó este miércoles- firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.

La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.

El juzgado de Casanello detectó irregularidades en la rendición de ese dinero, que los responsables de las organizaciones sociales debían presentar ante la entonces Secretaría de Economía Social.

Durante la indagatoria, el dirigente social informó que sus abogadas responderían por escrito sobre los delitos de defraudación y el uso de facturación apócrifas.

Como ya contó Clarín, el Polo Obrero rindió facturas emitidas por las empresas Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos. Esta última fue allanada por Casanello y las fuerzas federales determinaron que en el domicilio declarado no existía ninguna imprenta. Sin embargo, Belliboni firmó rendiciones de gastos a nombre de esa empresa “fantasma”.

Respecto Coxtex, se determinó que no tenía sede comercial y ni actividad real. De hecho la propia AFIP la definió como una “usina de facturas apócrifas”. En el marco del expediente que tramita en el juzgado de Casanello, se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos.

En cuanto a la imprenta Rumbos, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas por un total de 31 millones de pesos.

Los gastos se computaron al programa por el cual recibía el Polo Obrero subsidios por parte del Estado. Las facturas muestran una gran diversidad de servicios contratados a la imprenta: compras que se encuadraban en las rendiciones en categorías amplias como materiales, indumentaria e insumos, como también maquinaria, herramientas y equipamiento. Para los investigadores la maniobra respondía a un circuito establecido para ocultar y desviar el dinero.