POLITICA
Ante la ONU, una ONG acusó a la policía de Milei de «usar armas químicas» contra los piqueteros
En un hecho inédito, una ONG acusó a la Argentina de usar armas químicas contra las protestas. Ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en el marco de un debate general sobre la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Argentina suscribió en los ’90 suscribió a todos los regímenes internacionales de desarme que prohíben, en otras cosas, el uso y fabricación de armas químicas, por lo que la acusación de la ONG “Asociación Americana de Juristas” causó revuelo y desconcierto. Además, esta ONG sostuvo que el gobierno de Milei causó la desintegración del Estado y la devastación económica con sus medidas.
«Denunciamos la desintegración del Estado y devastación económica implementadas por el presidente Milei de Argentina», comenzó diciendo el representante de la Asociación Americana de Juristas. «En el marco de una inflación desorbitada causada por la devaluación, impuso el represivo protocolo prohibiendo la protesta social, sancionando a los manifestantes y a las organizaciones convocantes. Se verificaron brutales detenciones arbitrarias y uso de armas químicas», dijo sin que ello sea un elemento comprobado entre las fuerzas que maneja Patricia Bullrich o la policía de la ciudad de Buenos Aires, al mando de Waldo Wolff.
Pero la ONG insistió: «Arrogándose facultades del poder Legislativo, dictó un Decreto desregulando el orden económico y social, en alquileres, abastecimiento, precios, comercio, minería, extranjerización de las tierras y atención de la salud. Suprimió derechos laborales, leyes ambientales, y normas que impedían la privatización de empresas y bienes del Estado, para entregar a corporaciones los recursos estratégicos del pueblo argentino».
Nuevamente la réplica corrió por cuenta del representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Foradori, quien en su intervención sostuvo que el Estado estaba «más sólido que nunca a pesar de que la economía está sufriendo los embates del anterior gobierno que dejó un 45 por ciento de pobres y un 10 de indigentes, una inflación del 52 por ciento de precios mayoristas que iba a implicar un 17200 por ciento en forma anualizada».
Con relación a la economía, Foradori manifestó que, a pesar del descalabro recibido, los meses de enero y febrero el Sector Público registró superávit primario y financiero que no se daba desde más de 10 años. La semana pasada, Foradori tuvo un cruce similar con el Centro de Estudios Legales y Sociales (el CELS).
La ONG también señaló que las universidades públicas no podrán comenzar las clases. Foradori replicó que el gobierno dispuso un aumento del 70 por ciento del presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y multiplicó por cuatro la asistencia a los chicos para que puedan empezar las clases, abarcando a alrededor de 7,3 millones de niños. Además, señaló Foradori, al finalizar el anterior gobierno hace tres meses, un jubilado ganaba 80 dólares y ahora 200. Y agregó que el gobierno de Milei duplicó la Tarjeta Alimentar, la denominada Asignación Universal por Hijos y la partida asignada a las embarazadas a la primera etapa del embarazo.
Entonces, el embajador, que fue vicecanciller anteriormente, y ya estuvo en el cargo de representante argentino ante Ginebra, refutó que haya habido brutales detenciones arbitrarias y obviamente el uso de armas químicas lo que consideró descabellado y agregó que, sin embargo, «sería un buena línea argumental para realizar una película de Netflix».
Criticas a Irán
En el marco de lo que fue el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, Clarín pudo observar que en la sesión hubo criticas del gobierno a Teherán/
«Nos preocupa profundamente que el informe del Relator de cuenta, especialmente desde el inicio de las protestas tras la muerte de Jina Amini en 2022, de graves violaciones al derecho a la vida; a un juicio imparcial; a la libertad de expresión; a no ser sometido a tortura; del derecho a no ser objeto de violencia sexual; y del derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias», dijo Foradori.
«Según el informe, en 2023 hubo un preocupante aumento del 43% en el número de personas ejecutadas con respecto a 2022, totalizando 834 ejecuciones. Exhortamos a Irán a abolir inmediatamente la pena de muerte para todos los delitos y, a la espera de dicha abolición, imponer una moratoria inmediata de las ejecuciones, y conmutar todas las condenas a muerte; así como a ratificar la Convención contra la Tortura», agregó y dijo pidió también que se ponga fin al matrimonio infantil y que no haya discriminación de niñas y niños
POLITICA
Tras la salida de la Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad desemabarcó en la villa 1-11-14
Se trata de una zona caliente en el millonario negocio del narcomenudeo. Durante años, los vecinos de este barrio popular estuvieron a merced de los hermanos Fernando y Marco Estrada Gonzáles, más conocidos como Piti y Marcos, capo narcos que a fuerza de balas y terror ganaron el territorio en su disputa con otras organizaciones criminales. Hace 13 años y medio, la seguridad y las tareas de prevención en la zona conocida como villa 1-11-14 pasaron a estar a cargo de la Gendarmería Nacional, como parte del denominado Operativo Cinturón Sur. Hoy, los gendarmes le dejaron su lugar a personal de la Policía de la Ciudad.
Así lo informaron a LA NACION fuentes del los ministerios de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la Ciudad, conducido por Waldo Wolff.
“Era lo programado y acordado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzaron los relevos en el territorio. La fuerza de seguridad porteño ya modula el número de emergencias 911″, explicó a LA NACION un colaborador de la ministra Bullrich.
Desde la cartera conducida por Wolff dijeron que la intención es continuar con la misma cantidad de uniformados que había desplegado la Gendarmería Nacional para controlar el territorio. Sin embargo, no se precisó el número exacto.
“Gendarmería Nacional ya hizo entrega de las instalaciones a las autoridades de la Policía de la Ciudad”, sostuvo, cerca del mediodía de hoy, a LA NACION una fuente al tanto de los detalles del traspaso.
Además, Wolff recorrió esta tarde los puntos estratégicos de la villa 1-11-14 -rebautizada como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli-, explicaron desde la Ciudad.
Por el momento, no hubo información oficial sobre si la seguridad y las tareas preventivas van a estar a cargo de una unidad especial o si habrá una reasignación de oficiales que estaban en otros destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con más de 26.000 uniformados activos.
“La Policía de la Ciudad se hará cargo de las tareas de prevención y protección de la 1-11-14 que, hasta ahora, estaba bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. Hoy comenzó una transición de fuerzas y se mantendrá la cantidad de efectivos destinados a esta jurisdicción”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.
Y desde Nación explicaron: “Fue un proceso acordado con Ciudad de varios meses. Fue gradual la salida de los gendarmes y hoy se retiraron los que faltaban”.
Tampoco hubo declaraciones respecto del traspaso. La ministra Bullrich estuvo en la provincia de Corrientes, donde en la ciudad de Ituzaingó inauguró el Paso Internacional Yacyretá.
“Hoy marcamos otro hecho histórico en la gestión del gobierno de Javier Milei porque apostamos al crecimiento de nuestro país, de su gente y su economía”, sostuvo en un acto donde estuvo acompañada del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.
Un plan de Cristina Kirchner y Nilda Garré
El denominado Plan Unidad Cinturón Sur había sido presentado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministra de Seguridad, Nilda Garré, en junio de 2011.
El programa de seguridad no solo contemplaba el despliegue de gendarmes en la villa 1-11-14, sino también de prefectos en las villas 21-24 y Zavaleta, en el límite de los barrios de Nueva Pompeya y Barracas. En total, eran 2500 uniformados de las fuerzas federales.
Además, la Prefectura Naval tenía a su cargo el patrullaje en Puerto Madero, desde su creación como un nuevo barrio en la ciudad.
Esto ocurrió hasta marzo de 2021, cuando la Prefectura le dejó su lugar a la Policía de la Ciudad en Puerto Madero, y, tres meses después, hizo lo propio en las villas.
El traspaso, en ese caso, se hizo después de un año de negociaciones entre el entonces vicejefe de Gobierno porteño (que tuvo a su cargo también el Ministerio de Seguridad) Diego Santilli y Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de la Nación en la primera parte de la presidencia de Alberto Fernández.
En ese momento se había postergado el traspaso de las tareas de la prevención y patrullaje en el asentamiento en el Bajo Flores por una cuestión táctica, ya que se habían sucedido una serie de ajustes de cuentas en la guerra narco entre las bandas que operan en la zona.
En septiembre de 2021, cuando Aníbal Fernández asumió en lugar de Frederic, fue uno de los primeros temas que tuvo que definir. Estaba previsto que el traspaso quedara completado en noviembre de 2022, pero todo se retrasó hasta hoy.
Submundo narco
En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos Estrada Gonzáles fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.
La banda narco, históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzáles, llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas (cuando el dólar cotizaba muy por debajo del precio actual).
“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande”, llegó a decir en un momento un detective judicial que investigaba una serie de homicidios en la zona del Bajo Flores vinculados la disputa.
La guerra narco en la 1-11-14 fue despiadada. Por ejemplo, en abril de 2022 hubo un doble crimen: Jhon Henry Sosa Farfán, más conocido como Chayanne o Loco e integrante de la banda liderada por Marcos, fue ejecutado por siete sicarios armados con pistolas calibre 9 y 45.
La otra víctima fue Julio César Huaris Pereyra, que acompañaba a Chayanne en el momento de la emboscada.
El ataque a tiros ocurrió tres días después de que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a siete integrantes de la organización narco que opera desde la villa 1-11-14. “Un ajuste de cuentas vinculado al negocio narco”, había dicho un investigador.
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