El pasado 10 de diciembre, Alicia Kirchner dejó el gobierno de Santa Cruz, luego de cumplir sus dos mandatos como gobernadora (2015 – 2019; 2019 – 2023). Ante la victoria de Claudio Vidal, quien se impuso por el 46,48% de los votos ante el feudo construido por las fuerzas de Unión por la Patria, la hermana de Nestor Kirchner y ex ministra de Desarrollo Social debió dejar su cargo en el ejecutivo y buscar la protección en el Senado de la Nación.

A dos meses de su partida, la gestión actual sigue revisando los números de las licitaciones firmadas por su antecesora, y no dejan de sorprenderse.

Claudio Vidal, el gobernador electo de Santa Cruz, y su antecesora, Alicia Kirchner.

Esta vez, desde la fiscalía de Estado de Santa Cruz denunciaron las contrataciones realizadas para el acto de asunción del gobernador Vidal. Para realizar el evento, se contrataron servicios valuados en más del doble de lo que se había presupuestado inicialmente.

El fiscal Ramiro Castillo pidió que se investiguen a los exfuncionarios de la gestión de Alicia Kirchner que estuvieron a cargo del trámite de contratación y pagaron en forma directa y con sobreprecios casi $80 millones.

En la presentación efectuada ante el Juzgado Penal 2 de Río Gallegos, el fiscal de Estado denuncia “hechos irregulares”, ejecutados por exfuncionarios de la Secretaría General de la Gobernación en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo Gobierno.

Y, ante la autoridad judicial competente, solicitó que “los funcionarios responsables sean investigados por el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, señaló.

Entre otros pagos, se abonó $1600 por una botellita de agua que en el mercado ronda los $500, en tanto que presupuestaron un catering para 300 personas, cuyo costo alcanzó los $32.000 por persona. Así, se contrató de forma directa, a un mismo proveedor, abonándole más de $69 millones por servicios que en el mercado se podría haber abonado $50 millones menos.

“La contratación que se solicita investigar tendría relevancia penal, ya que las exorbitantes sumas triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad, y falta de transparencia en las contrataciones; así como también el extraordinario sobreprecio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”, confirmaron desde la fiscalía provincial.