POLITICA
Anticasta, pero con historia: el sinuoso pasado político de Juliana Santillán, la libertaria que se hizo lugar a los tumbos
Juliana Santillán conoció a Javier Milei en los estudios de Intratables. Ella defendía el cepo de Mauricio Macri; él lo fustigaba con vehemencia. Fue fuera de cámara, en el detrás de escena televisivo, donde sellaron una relación política que la catapultó a las listas legislativas de La Libertad Avanza. Así, tras años de errática militancia, encontró por fin una vía de acceso al Congreso. Hoy es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y se presenta como abanderada de la lucha contra “la casta”. Pero su historia personal y política contradice ese relato.
Tiene 45 años, más de una década de vínculos con partidos tradicionales y ningún trabajo formal registrado por fuera del ámbito legislativo. Se presenta como gerenta de una empresa de comunicación llamada Screencap, aunque no figura registrada. Su currículum, como su patrimonio, está lleno de zonas grises.
Esta semana volvió al centro de la escena. Acusó a médicos del Hospital Garrahan de manipular estadísticas y minimizó la crisis económica con un dato falso: afirmó que una familia tipo podía vivir con 360.000 pesos mensuales, cifra que el Indec atribuye a una sola persona. El economista Martín Redrado la desmintió en vivo.
El cuadro sobre la canasta básica lo había tuiteado la diputada Lilia Lemoine en el momento en que Santillán discutía al aire con las médicas. A pesar de que los datos no eran correctos, decenas de cuentas libertarias se lanzaron a las redes sociales a denunciar una operación de los residentes y a celebrar la postura de Santillán. El propio Presidente retuiteó mensajes de apoyo a su legisladora.
Pero en el bloque libertario, donde las intervenciones públicas se coordinan con la Casa Rosada, cayó pésimo que Santillán se expresara sin consultar. Aseguran que “se mandó sola”, amparada en su trato directo con el Presidente.
El episodio ocurrió en la antesala de una sesión clave para Milei, en la que se discutieron la recomposición jubilatoria, la prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad. El oficialismo no podía permitirse errores, y sin embargo, Santillán sumó ruido en un momento delicado. El bloque transmitió “mucha preocupación” por sus comportamientos erráticos.
No era la primera vez que sus actitudes generaban cortocircuitos. En septiembre pasado, durante el debate por el veto presidencial a la ley jubilatoria, inició un discurso y se detuvo a los pocos segundos. Corrió el celular, gesticuló en silencio, y retomó tras manipular el teléfono. Las imágenes despertaron sospechas de que usaba un audífono oculto, una versión que ella negó. La secuencia, sin embargo, se viralizó.
Sus pasos anteriores tampoco están exentos de opacidad. En 2021 fue precandidata a senadora provincial por la quinta sección electoral, dentro del frente de Juan José Gómez Centurión. Pero el propio exmilitar dice no conocerla. “Fue postulante de Unión por Todos”, se desligó en diálogo con . Se trata del partido de Juan Pedro Del Oso. Según fuentes del armado, encabezó la lista por la gestión de un empresario. No pasó el umbral de 1,5% de los votos para formalizar su postulación.
Un año antes había intentado posicionarse en el espacio de Yamil Santoro, Republicanos Unidos. Se presentó como abogada, pero pronto comenzaron a desconfiar de su formación. “Parecía una persona normal, pero empezó a mostrar inconsistencias: escribía mal, plagiaba columnas y las publicaba como propias”, relató Santoro. Tras auditar su currículum, descubrieron que no tenía título universitario. “La confronté y se fue”, resumió.
En su declaración jurada dice que cuenta con estudios universitarios. Pero en sus redes se presenta como “diplomada en economía austríaca” por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), la institución fundada por Alberto Benegas Lynch (h), padre del compañero de bancada homónimo de Santillán. Lo que cursó para obtener su diploma terciario fue un programa ejecutivo online de 19 encuentros (dos meses y medio de duración).
Las faltas de ortografía son un patrón llamativo. En redes llegó a decir que estaba cursando el segundo de “dos doctorados en derecho”, pero le recriminaron que en el mismo tuit escribiera “atrazar” con z. También le facturaron que escribiera “halla pasado” o “cluacas” en vez de cloacas.
La reconstrucción de sus primeros pasos en política tampoco es clara. Dice que comenzó a militar en 2015, pero fotos suyas junto a Elio Aprile, exintendente de Mar del Plata, la muestran activa al menos desde los años 2000.
Asegura haber trabajado con María Eugenia Vidal, pero cerca de la exgobernadora lo niegan. En el municipio de General Pueyrredón nadie parece hacerse cargo de su trayectoria. “Nunca trabajó con nosotros”, dicen cerca del intendente Guillermo Montenegro. “Habrá participado en alguna caminata”, relativizan.
La política no era el único camino que exploraba. En 2018 intentó hacerse un lugar en los medios como pareja de Facundo Moyano, poco después de que el sindicalista rompiera con la modelo Nicole Neumann. Esa breve incursión fue su primer salto a la visibilidad nacional.
El segundo −y definitivo− lo dio con Milei. En campaña, contó que fue el propio Presidente quien la llamó un sábado por la mañana para confirmar su lugar en la lista. “No soy amateur en la política”, dijo en una entrevista local. A pesar de que asegura haber empezado en 2015, todo indica que hace mucho más tiempo que se mueve en la periferia del poder.
Hoy, convertida en diputada nacional, impulsa una de las banderas del oficialismo que más debate genera: la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol. En ese proyecto, que no logró avances significativos, se vinculó con el empresario deportivo Guillermo Tofoni; el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Donde va Scioli, está ella”, repiten en Mar del Plata. Según señalan, no falta a ningún evento empresario. “No hace territorio”, aseguran.
Aunque tiene banca, en el mundo libertario nadie tiene el lugar asegurado. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y jefa nacional del partido, maneja personalmente el armado libertario en Mar del Plata y ya cuenta con dos concejales propios en el Concejo Deliberante. En un distrito clave para la provincia de Buenos Aires −donde el oficialismo apuesta a consolidar presencia territorial−, las salidas de libreto de Santillán no pasan desapercibidas.
Edgardo Kueider deberá comparecer el próximo miércoles 30 y jueves 31 ante el juez Humberto Otazú. Ambas audiencias están previstas para las 8 de la mañana. También tendrá que presentarse su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel.
El magistrado, a cargo del Juzgado de Delitos Económicos, tendrá bajo su responsabilidad realizar la audiencia preliminar en el proceso penal que ambos enfrentan. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa, ya que, al haber sido descubiertos, no lograron concretar el ilícito. Las penas previstas en la legislación paraguaya para este tipo de delitos van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión.
El caso
En la madrugada del 4 de diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente de la Amistad. Intentaban ingresar desde Brasil con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes que no habían declarado. Estaban, según el acta de inspección, en una mochila hallada en la parte de atrás de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban ambos y que figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” González.
En la investigación por enriquecimiento ilícito que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado instruye en la Argentina, “Gonzalito” sería uno de los testaferros de Kueider. Era empleado del Senado y fue afectado al despacho del ex representante de Entre Ríos en la Cámara alta. Además, figura como socio en Betail, una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido usada de pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial del acusado.
Tras la requisa realizada en las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, al ex senador se le devolvieron USD 9.900, ya que ese es el tope de dinero que podía entrar sin una declaración. Horas después, tras exponer en sede judicial, fueron imputados por la Fiscalía. Quedaron en arresto domiciliario.
El proceso
Las audiencias tendrán como fin determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.
Esta instancia debería haberse completado entre el 24 y el 26 de junio pasado. Pero la defensa de Kueider pidió acceso a la totalidad de la prueba reunida en el expediente. El juez Otazú concedió el pedido. Y ordenó realizar la copia de un pendrive que la Fiscalía había presentado en la causa.
En esta instancia, la acusación contra el ex legislador argentino corre por cuenta del fiscal Ysrael Villalba. La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas.
Desde la primera instancia, los fiscales Édgar Benítez; Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia señalaron que las acciones de los acusados estuvieron dirigidas a “ocultar las sumas de dinero en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que, por su valor, debe ser declarado”. Para la legislación del vecino país, el efectivo se considera una mercadería.
Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía. La primera explicación sobre el origen de los fondos dada ante la Justicia paraguaya corrió por cuenta de Guinsel. La exsecretaria sostuvo que era plata destinada a la compra de cosméticos. Y que se la había entregado un representante de la empresa Golsur a quien no identificó.
La investigación detectó que el titular de la firma sería José Fernando Cousirat, un joven paraguayo de 33 años. Cousirat tiene el registro único de contribuyente (RUC) (el equivalente en el vecino país al CUIT argentino) inactivo.
Además, este hombre figura como representante de otra sociedad paraguaya: Exclusiva Py Eas. Esta firma es una de las dos que comercializaba departamentos del complejo Innova. Allí, Guinsel habría comprado en efectivo varias unidades. Por otro lado, Golsur había otorgado un poder de representación a favor de la exsecretaria de Kueider.
En las entrevistas que el exlegislador ha concedido desde su arresto domiciliario en Asunción ha insistido en que ese dinero “no salió de Argentina”. Sin embargo, nunca especificó el origen. También descartó que se tratara del pago de coimas por haber votado la Ley Bases, como insinúa desde un principio el kirchnerismo.
POLITICA
Senado: crecen las dudas por una sesión solicitada dos veces con agenda incómoda para el Gobierno
A una semana para el fin del receso que suelen inventar Diputados y el Senado, en la Cámara alta crecen las dudas en cuanto a cómo manejar una sesión solicitada -ya dos veces- por supuestos aliados del Gobierno: algunos proyectos son incómodos para la Casa Rosada y una iniciativa que genera intensas discusiones dentro de las propias bancadas y tensiona aún más la delicada convivencia.
Los pedidos de sesión fueron realizados a mitad de junio y a inicios del corriente mes por la bancada amigable del Gobierno -al menos, hasta el último convite en el recinto- Provincias Unidas. A la cabeza del reclamo se encuentra la chubutense de extracción radical Edith Terenzi y su colega de interbloque y peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), entre otros.
El temario ya tiene un rechazo del Gobierno: según confiaron enlaces del Congreso y el Ejecutivo a Infobae, la orden es no aceptar ningún proyecto que esté relacionado con el área de salud. Mucho menos, si ello implica un “gasto” extra para el Estado.
Hay otra iniciativa de ley que convertiría al recinto en un maratónico hervidero: es la relacionada con el aumento de penas para las falsas denuncias, cuestión que en la última semana estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de ese estilo. “Puede convertirse en un desastre”, lanzó a este medio un experimentado senador el mes pasado, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar.
Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios a la ley de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.
Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.
“En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean. Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones”, señaló Terenzi durante el último encuentro del pleno de la Cámara alta.
La batería de proyectos fue dejado de lado por la sesión en la que la oposición más férrea -kirchnerismo- y los “dialoguistas” se unieron sin temor y le aplicaron duras derrotas al Ejecutivo libertario, que tiene sólo un par de días extra para analizar si veta o judicializa las leyes sancionadas que mejora las jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
Por ahora, el Senado pispea los próximos pasos de Diputados: allí se aguarda la votación del proyecto que blinda el presupuesto universitario y del que apunta a amortiguar la preocupante situación del hospital Garrahan. El primer punto tendría que ser analizado, una vez aterrizado en la Cámara alta, por la comisión de Educación. La misma es comandada por el camporista Eduardo De Pedro. El año pasado, el legislador bonaerense -y ex ministro del Interior de Alberto Fernández– abrió ese espacio recién a finales de agosto, tras casi medio año de siesta. En 2025 tardó sólo dos meses y medio: trabajó dos veces.
POLITICA
El Gobierno inició el proceso de privatización de Intercargo y determinó un plazo límite para su realización
El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”.
La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.
Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves —conocido como servicio de rampa— en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.
La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.
A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.
“sujeta a privatización”,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Al rojo vivo. Elecciones 2025: el cierre de listas en Buenos Aires en cada sección electoral,,Valores más altos en GBA. Indec publicó la inflación de junio: 1,6% y el Gobierno lo celebró en redes sociales
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