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apuntan a una «doble vara» y a la tensión entre Petri y Villarruel

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Los ascensos militares que tramita la Comisión de Acuerdos del Senado quedaron envueltos en una polémica y generan cruces en la Cámara alta por una supuesta «doble vara» en la definición de recategorizaciones que, por un lado, han logrado jerarquizar a algunos jefes militares «con denuncias previas» en detrimento de la suspicaz demora en el tratamiento de los pliegos de otros pares en la misma situación.

Entre los bloques de la Cámara alta hay suspicacias por las razones por las que no se ejecutan los ascensos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La comisión de Acuerdos, que preside la larretista Guadalupe Tagliaferri, a fin de 2024 había cumplimentado algunas categorizaciones que, dentro del cuerpo, no esquivaron las polémicas. Hay, además, un cruce de denuncias por aparentes lobbys de senadores y la supuesta tensión por el tema entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, de reconocida pertenencia a la «familia militar», y el ministro de Defensa, Luis Petri.

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Uno de los casos más polémicos ha sido el ascenso del vicealmirante Juan Carlos Coré, cuya jerarquización «al grado inmediato superior» fue oficializada en marzo pasado por Boletín Oficial. Hoy ejerce como director de Estado Mayor de la Armada siendo el tercer oficial más antiguo de esa fuerza.

El jefe militar habría tenido un sumario interno «por maltrato laboral» que, con el paso del tiempo, fue «cajoneado». Ex titular de inteligencia de la Armada, también quedó mencionado en una «carta» que envío una numeraria, «personal civil de inteligencia», que se quejó por la orden de traslado desde Tucumán hasta Buenos Aires; había sido efectivizada en planta permanente en 2023 pese a la resistencia de recursos humanos de la fuerza por una aparente falta de idoneidad.

También Coré fue cuestionado internamente como titular de Inteligencia por la «designación y confirmación en tiempo récord de una agente rusa», identificada como Y.O., «para el área de traducciones». Más allá del dilema geopolítico que generaría su incorporación al área, también resultaría suspicaz su caso teniendo en cuenta la reciente revelación de Infobae sobre la radicación en el país de un espía ruso llamado Alexander Verner, que también oficiaba como traductor.

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Coré fue apoyado en todo el proceso por el jefe de la Armada, Carlos Allievi, también beneficiario de un reciente ascenso militar. El jefe de la fuerza también habría quedado envuelto en una polémica por el supuesto uso que le habría dado a un avión B-200 de la Armada para viajar desde Aeroparque hasta Mar del Plata, «en al menos tres ocasiones solo con fines personales», según denuncian fuentes oficiales consultadas. El caso, de confirmarse, guardaría relación con el del eyectado jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo.

En este contexto, en el Senado han deslizado que habría una «doble vara» para definir los ascensos militares teniendo cuenta las demoras en la aprobación de algunos pliegos, como es el caso del brigadier Marcelo Monetto, que tiene una denuncia en Córdoba «pero que no ha sido procesado» por la misma, según fuentes oficiales.

Las versiones sobre porqué se demorarían algunos ascensos en la cúpula de las FFAA no tienen un fundamento común. Algunas apuntan a decisiones de la vice Villarruel, que tiene reconocido vínculo con el Ejército y un sector de la Armada. Pero en la Cámara alta recuerdan que muchos de los ascensos son definidos por el ministro Petri como delegado en el tema por parte del Poder Ejecutivo.

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El Congreso analizará los decretos de reorganización de las fuerzas de seguridad federales

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (RS Fotos)

La comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior se reunirá este martes, desde las 15, para analizar los recientes decretos que reorganizan a las fuerzas federales a través de las normativas 454, 455, 456 y 457 del corriente año, que implican modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario.

El cuerpo legislativo en cuestión está presidido por el senador del Pro Martín Goerling (Misiones), actual vicejefe del macrismo en la Cámara alta. Tras reclamos desde el kirchnerismo y otros sectores de la oposición es que asistirán a la reunión informativa responsables técnicos de la redacción de los decretos para explicar el alcance de los mismos.

La reunión no pasará desapercibida ya que se trata nada menos de cuestiones relacionadas con la ministra de Seguridad y flamante referente de confianza libertaria, Patricia Bullrich, quien mantuvo días atrás un furioso intercambio en redes con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, por la sesión del jueves último en el Senado y las duras derrotas para la Casa Rosada.

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“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, señaló Bullrich cuando se publicaron los decretos en el Boletín Oficial.

Según el Ministerio de Seguridad, para la PSA se “habilita su intervención en seguridad del transporte”, se incluirá a cadetes al escalafón y se restringirá el “uso de servicios de terceros con fines remunerados”, entre otras cuestiones. En tanto, para la Gendarmería se “establece su plena independencia de las Fuerzas Armadas y su pertenencia” a la cartera de Bullrich y se “formaliza su participación en misiones internacionales”.

El legislador macrista y titular de la bicameral que fiscaliza las fuerzas federales, Martín Goerling (Prensa Senado)

La misma independencia correrá para la Prefectura, a la que además se “habilita” para participar “en misiones internacionales” y se fijan “principios claros de actuación en materia regulatoria, en línea con la Ley de Bases y el REGINAVE”. En tanto, para el Servicio Penitenciario se impulsa una jerarquización del escalafón profesional, la creación de una escuela de suboficiales, y la inclusión de jerarquías de cadetes y aspirantes.

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El convite tiene un punto más que interesante en segundo lugar: la exposición del suboficial Mayor (retirado) de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla, preso por haberse manifestado contra el gobierno de dicho distrito -que maneja en las sombras el inoxidable e intocable Carlos Rovira– y reciente legislador provincial electo, cuestión que derivó en su inminente liberación luego de estar más de ocho meses en un expediente por tentativa de sedición.

La situación actual de Amarilla no solucionó aún el escándalo en Misiones, ya que otros aún permanecen detenidos. Más curioso fue que su caso sirvió de condimento mientras se trataba la frustrada discusión de la ley de Ficha Limpia en el Senado.

El proyecto, que estuvo a punto de ser sancionado en la Cámara alta, se cayó tras el voto en contra de los renovadores misioneros Carlos Arce y Silvia Rojas Decut, quienes no mueven un dedo sin la orden final de Rovira. Tras semanas de declaraciones a favor de la iniciativa, se dieron vuelta a último segundo.

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Los dos senadores no forman parte de la bicameral, aunque suelen mostrarse juntos en muchas comisiones. Será interesante, si es que deciden asistir, su explicación sobre cómo actuó el Gobierno ante el caso Amarilla. Durante el último período estival, Arce tuvo su polémica por haber contratado a una modelo y, ante las consultas de Infobae -que respondió tarde y a través de un asesor-, la dio de baja a las dos semanas.

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El Gobierno creó un consejo para reforzar la formación de agentes encubiertos

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El Ministerio de Seguridad Nacional determinó la creación del consejo académico para la formación y capacitación de agentes encubiertos con el objetivo de fortalecer la lucha contra delitos complejos y crimen organizado, según se desprende de la Resolución 829/2025 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo órgano funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos y será presidido por el profesor y juez Ricardo Ángel Basílico, quien estará acompañado por representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales.

La normativa, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece que el consejo asesorará en la definición de contenidos, supervisará cursos y jornadas de entrenamiento y coordinará programas especiales para agentes en actividad. Por otra parte, de acuerdo con la información oficial, la medida no generará costos presupuestarios adicionales para la cartera de Seguridad y busca garantizar una preparación de excelencia para quienes cumplen tareas encubiertas.

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El consejo académico tendrá como misión proponer los contenidos y seleccionar los docentes de los cursos que se dicten a los aspirantes a agentes encubiertos, además de supervisar y coordinar su desarrollo. También deberá promover instancias de capacitación para agentes que ya hayan completado la formación básica, así como organizar jornadas de intercambio destinadas a jueces, fiscales y funcionarios de las Fuerzas Federales. Las sesiones del consejo se realizarán una vez al mes, con orden del día definido por su presidente, y se prevé la participación de un coordinador ejecutivo que actuará como nexo operativo entre el consejo y la Unidad Especial.

Según la resolución, el cuerpo se integrará por Basílico como presidente, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, el director de Normativa y Legislación, la jefa de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, representantes designados por cada una de las Fuerzas Federales y cinco miembros externos nombrados por el Ministerio de Seguridad por un período de tres años. En caso de empate en la votación de propuestas, el voto del presidente tendrá doble valor.

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El juez Ricardo Basílico, designado para encabezar el nuevo espacio, es profesor de derecho constitucional, derecho penal, derechos humanos y criminología. La cartera de Seguridad fundamentó su elección en la trayectoria académica y profesional del magistrado, con experiencia en la articulación de cuestiones procesales y de investigación criminal.

De acuerdo con la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Ministerios, la conducción política de las Fuerzas de Seguridad es competencia del Ministerio de Seguridad Nacional, que ejerce la dirección superior de los cuerpos policiales y coordina el esfuerzo de policía en todo el territorio. En este marco, la capacitación de agentes encubiertos se considera una herramienta estratégica para enfrentar redes de delincuencia organizada, narcotráfico y otros delitos complejos que requieren operaciones de infiltración controlada.

El articulado de la resolución estipula que los miembros del consejo y su coordinador ejecutivo desempeñarán sus tareas ad honorem, sin percibir retribuciones extra más allá de los haberes que ya perciben por sus funciones dentro de la administración pública o las Fuerzas Federales. No obstante, se prevé que el coordinador ejecutivo pueda tener dedicación exclusiva si se considera necesario para garantizar la calidad de los programas.

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En la fundamentación de la norma se destaca que la incorporación de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal apunta a consensuar lineamientos para una actuación procesal segura y eficaz. Asimismo, se subraya la importancia de incluir perfiles con formaciones y experiencias diversas para aportar enfoques complementarios a la formación de agentes que operan bajo cobertura.


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El Gobierno celebró el dato de la inflación de junio: “Llora toda mandrilandia”

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La inflación de junio fue del 1,6 %, según comunicó el INDEC, y marcó el segundo mes consecutivo con una cifra por debajo del 2 %. Esta desaceleración forma parte de una tendencia mensual decreciente que ya acumula catorce meses seguidos de reducción interanual, alcanzando un total de 39,4 % anual y 15,1 % en el primer semestre del año.

El presidente Javier Milei celebró el dato en su cuenta de X con un mensaje contundente: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!! IPC 1,6 % lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda mandrilandia. Fin. VLLC!”. Acompañó el tuit con una foto junto al ministro Luis “Toto” Caputo y el equipo económico, agradeciéndole el impulso para lograr el piso inflacionario.

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El ministro Caputo, en tanto, matizó la celebración con precisiones técnicas: explicó que la “inflación núcleo” fue del 1,7 %, la más baja desde mayo de 2020 si se excluyen los efectos de la pandemia. Además, detalló que los bienes subieron solo 0,8 % mensual, un récord desde el inicio de la serie en 2017, y que los alimentos apenas crecieron un 0,6 %, muy por debajo del índice general.

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Las divisiones de mayor alza en junio fueron Educación (3,7 %), seguida por Vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,4 %), y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,8 %), mientras que Prendas de vestir y comunicación registraron aumentos modestos del orden del 0,5–1 %.

El mensaje presidencial consiguió eco dentro de la coalición: el portavoz Manuel Adorni celebró en redes que se trata de “el resultado de una economía manejada por economistas”, mientras que el diputado Gabriel Bornoroni afirmó que “el país sigue en el rumbo correcto. VLLC”.

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