Lejos de los ideales de austeridad que predican, los libertarios continúan ampliando su red de favores dentro del estado. Esta vez, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, volvió a estar en el centro de la escena por la incorporación de dos nuevos familiares al bloque legislativo que integra en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Juan Cruz Romo y Silvina Iris Romo, quienes ingresaron al bloque en la categoría 25, con sueldos superiores a los 2 millones de pesos mensuales. La decisión de Agustín Romo vuelve a encender las alarmas sobre el uso discrecional de cargos públicos en beneficio de familiares directos, en un contexto de recortes y despidos masivos.

Una empresaria y un personal de servicio

No es la primera vez que Juan Cruz Romo aparece en la estructura estatal. Según pudo reconstruir este medio, su nombre figura desde hace años en los listados de aspirantes a personal de servicio de la dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, bajo el ala del gobierno de Axel Kicillof. Paradójicamente, Romo acumula experiencia en áreas como portería y cocina escolar, según documentación oficial.

En tanto, Silvina Iris Romo, además de su contratación estatal, mantiene vínculos con al menos dos empresas familiares: Cotivo SA y Bienes Raíces Cole SA.

La primera, Cotivo SA, está registrada como constructora, inmobiliaria y financiera, con domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidida por la propia Silvina. Según su objeto social, se dedica a obras públicas y privadas, administración de propiedades y hasta préstamos y avales financieros, siempre al margen del sistema bancario formal.

La segunda, Bienes Raíces Cole SA, con sede en José C. Paz, está inscripta en la AFIP desde 2007 con actividad en servicios inmobiliarios y mantiene todos sus impuestos activos, aunque no registra empleados.

Un libertario con prontuario

Este nuevo escándalo se suma al ya conocido caso en el que Agustín Romo fue acusado de haber colado a su padre, su pareja y una decena de amigos en Trenes Argentinos, empresa estatal actualmente bajo un brutal ajuste.

Según documentación difundida en septiembre del año pasado, Romo habría repartido más de treinta contratos con sueldos que iban de los 800 mil a los 1.200.000 pesos. Entre los beneficiarios figuraban su padre, Carlos Romo; su pareja, María Valentina Lazbal; el excandidato a intendente de San Miguel por LLA, Agustín Puiggari; y el consejero escolar Patricio Pantuliano, entre otros.

Silvina Iris Romo y Juan Cruz Romo.

“Victoria está profesionalizando su equipo”. Con estas palabras explican en el nuevo entorno de la vicepresidenta los movimientos registrados en los últimos días en el equipo de colaboradores más cercanos de Victoria Villarruel. Una movida que a los ojos de observadores neutrales fue leída como la purga de un grupo de personas que demostró ser más nocivo que beneficioso para la titular del Senado.

La caída en desgracia de este grupo, denominado de manera peyorativa como los “villarruelines”, es en realidad un mojón en el camino hacia un reperfilamiento del proyecto político de Villarruel después de que el “triángulo de hierro”, integrado por el presidente Javier Milei; su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor todoterreno Santiago Caputo, se encargara de acomodar ese proyecto a cachetazos, con críticas veladas y públicas, ataques orquestados desde las redes sociales y groseras operaciones de prensa.

Los cambios son, además, el resultado del ascenso en el firmamento de Villarruel del cordobés Emilio Viramonte Olmos, un empresario que llegó al Senado en la segunda mitad del año pasado y que se convirtió en el principal asesor político de la vicepresidenta. Viramonte Olmos espera desde hace poco más de un mes conseguir los votos para ser designado de manera oficial como secretario administrativo de la Cámara alta.

Hasta el momento, los cambios en el equipo de la vicepresidenta no se tradujeron en despidos, sino en movimientos de piezas que ocupaban cargos relevantes y que ahora, de buenas a primeras, fueron reubicados en otros menos importantes, en un intento por disimular la dura realidad de que han perdido predicamento y llegada a los oídos de la vicepresidenta.

El eclipse de estos funcionarios marcha en sintonía con la pérdida de influencia de Juan Martín Donato, quien llegó a ser el preferido de la vicepresidenta. “Lo trataba como si fuera un hijo”, recuerda una senadora que tuvo oportunidad de ver en acción a quien hoy sigue siendo director de Atención Ciudadana del Senado, pero que varias de las fuentes consultadas por coincidieron en señalar que está transitando sus últimos días como funcionario de la Cámara alta.

Los desplazados más notorios son los directores generales de Recursos Humanos, Gonzalo Izurieta, y de Asuntos Jurídicos, Grisela García Ortiz. Otrora empoderados, ambos funcionarios perdieron acceso al círculo íntimo de la vicepresidenta y parecen haber entrado a jugar en tiempo de descuento en el equipo de la presidenta del Senado.

Así, García Ortiz pasó de ser la persona encargada de cuidar la firma de la presidenta del Senado, principal función de la Dirección General de Asunto Jurídicos, a ocupar la poco atractiva Dirección General de Publicaciones. Ella le dice a quien quiera escucharla que el pase es un ascenso, que desde esta nueva posición tendrá mayor “peso político” en el equipo de Villarruel. Pero no todos creen en su prédica.

“La dieron ese cargo para no dejarla en la calle”, comentó a la un dirigente de uno de los gremios legislativos que siempre está bien informado de los entretelones de las internas en la conducción de los destinos de la Cámara alta.

Izurieta, por su parte, todavía no tiene destino. Se pensó en nombrarlo en una nueva dirección general creada ad hoc para disimular su degradación. Sin embargo, el nombre y las funciones del cargo eran tan estrafalarios y absurdos que, por el momento, se decidió parar la pelota para evitar el escándalo mediático que podría generar la creación de una nueva estructura burocrática en el Senado. Un bocatto di cardinale para que el “triángulo de hierro” vuelva a la carga y acuse a Villarruel de ser parte de la casta.

Los reemplazantes de Izurieta y García Ortiz fueron elegidos por Viramonte Olmos y, a priori, parecen responder a la supuesta profesionalización del equipo de Villarruel. En Recursos Humanos fue designada Alejandra Figini, directora y fundadora de una consultora (Alfa RH) que también se desempeñó como directora de selección de Adecco, otra empresa encargada de seleccionar y contratar personal. En su currículum asegura ser especialista en inteligencia emocional aplicada a los recursos humanos, tema sobre el que ha escrito un libro que en internet se define como de autoayuda.

El casillero de Asuntos Jurídicos fue ocupado por Javier Martín Ferraro, abogado que se desempeñaba bajo las órdenes de Inés Speroni, la directora general de Auditoría. Esta mujer es otro de los funcionarios que comenzó a pisar fuerte desde finales del año pasado en el entorno de la vicepresidenta.

Católica ultramontana, Speroni es un halcón conservador, una cruzada en contra del aborto, como la vicepresidenta, y crítica por igual del macrismo y del kirchnerismo. En el último tiempo se ha encargado de seleccionar personal que, como si fueran colonizadores, ha ido ubicando de manera estratégica en diferentes áreas de la Cámara alta.

La ruptura con Montenegro

Hay quienes sostienen que, con estos cambios, Viramonte Olmos está borrando los últimos vestigios que quedaban en el equipo de Villarruel relacionados con el diputado nacional Guillermo Montenegro, que de manera silenciosa, pero ominosa, fue eyectado hace más de un año del círculo de confianza de la vicepresidenta.

De hecho, para algunos de los que conocen el día a día del Senado de la Nación, gran parte del crecimiento en el ascendiente político de los “villarruelines” fue resultado directo de la orfandad en la que quedó la vicepresidenta tras la abrupta ruptura de relaciones con Montenegro.

El paso del tiempo demostró que más que hacerle bien, haberse dejado entronar por funcionarios que muchos cuestionan por amanuenses e incondicionales que le decían lo que quería oír tuvo un costo que Villarruel pagó con pérdida de predicamento social, algo que se ve reflejado en algunas encuestas. Eso, sin contar los ataques recurrentes hacia la figura de la vicepresidenta por parte de funcionarios, legisladores y militantes libertarios.

Viramonte Olmos promete cambiar esa dinámica y hoy tiene toda la confianza de la vicepresidenta para hacerlo.