Artículo publicado originalmente en Clarín

La Fuerza Aérea Argentina instaló su octavo radar militar producido por la empresa estatal INVAP en un significativo avance para el plan nacional de radarización que tiene retrasado desde el gobierno de Carlos Menem y que busca detener los narcos vuelos que vienen desde Paraguay, Bolivia y Brasil.

Con este radar en Santa Fe se cierra, después de dos décadas de intentos, “el segundo anillo de radares” en todo el sector norte del país, destacó una fuente militar consultada por Clarín.

Con este radar “se empieza a cerrar la segunda línea de vigilancia. Faltaría solamente otro y tenemos completo todo el Norte Argentino. La primera línea está en las fronteras y con la segunda línea completa lograremos un control efectivo y profundo del cielo argentino en el norte“, explicó un experto radarista.

Así el radar de Santa Fe cubre una de las “avenidas ciegas” que dejan los radares que ya están instalados en Misiones, Formosa o Salta, mejorando ampliamente la cobertura. Aunque la irregularidades del terreno podría todavía dejar “puntos cientos”, explicó un radarista a este diario.

El Ministro de Defensa, Luis Petri, junto al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, el Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Fernando Mengo, y el Gerente del Área de Defensa, Seguridad y Ambiente de INVAP Javier Conti, entre otros, inauguraron el radar RPA 240 en una localidad del norte de Santa Fe fundamentalmente para detectar aviones del narcotráfico provenientes de Paraguay y Brasil.

Por cuestiones de seguridad no se dio el lugar exacto del nuevo ni de los siete radares restantes de tipo militar.

El nuevo RPA240, ubicado en una ciudad del norte de la Provincia de Santa Fe, fue entregado a la Fuerza Aérea para “ayudar a fortalecer la custodia y defensa del espacio aéreo y garantizar la seguridad nacional en una de las zonas del país mas afectadas por amenazas como el narcoterrorismo“, informó Defensa. El radar estará bajo comando operacional del Estado Mayor Conjunto.

Se trata del octavo radar producido por INVAP en base a su diseño y con algunos componentes importados. Cada uno de esos aparatos cuesta entre 10 y 20 millones de dólares dependiendo del modelo y en el caso de INVAP incluye el plan de mantenimiento que es uno de los rubros más costosos.

El Ministro Petri destacó la importancia del radar en la lucha contra el narco y por eso su ubicación en Santa Fe y no en otros lugares donde tampoco hay radares militares.

Planteó que el gobierno argentino está “orgulloso de dar la batalla para que los santafesinos y los rosarinos recuperen la paz perdida” y remarcó que estos radares son fundamentales para impedir que aeronaves vinculadas al tráfico de drogas puedan “minar con sus cargas de drogas los campos santafesinos o aterrizar en pistas clandestinas”.

Los narcos lograron, en los últimos años, tener aviones con doble tanque de combustible para lanzar las cargas en Argentina y volver a Paraguay o Bolivia sin necesidad de aterrizar.

Petri también resaltó la necesidad de complementar la radarización con un sistema de armas eficiente y, en esa línea, destacó la compra de aviones F16 como así también la posibilidad de empezar a incorporar sistemas no tripulados a la custodia del espacio aéreo, como los drones.

Los radares militares llamados de banda L se utilizan principalmente para la detección y seguimiento de aeronaves y misiles a distancias largas, contribuyendo así al control del tráfico aéreo militar y a la construcción de un sistema de alerta temprana en defensa.

La instalación incluye su infraestructura asociada y un radomo sobre una torre de hormigón, así como también distintas contramedidas electrónicas y sistemas de protección para prevenir potenciales ataques o amenazas.

El radomo es una estructura con forma de pelota de fútbol con gajos en cuyo interior se guarda el radar para defenderlo de las inclemencias del tiempo.

El diseño del RP 24OT instalado en Santa Fe es “modular y con generación de potencia distribuida, que le permite operar H-24 los 365 días del año, con alta disponibilidad, mínimo mantenimiento preventivo y bajos costos logísticos y operativos durante todo su ciclo de vida”, informó INVAP. Es 3 D y de largo alcance.

El desarrollo de estos radares representa “un logro significativo para la soberanía tecnológica de Argentina, ya que no solo refuerza la seguridad nacional, sino que también reafirma la capacidad del país para desarrollo”, destacó Petri.

A fines del gobierno de Carlos Menem en los noventa, una licitación de US$ 183 millones fue ganada por Northrop y Alenia. La oferta, única en el concurso fue por 290 millones. Para adecuarla al precio fijado, Northrop-Alenia ofrecieron entregar menos equipos.

La francesa Thompson, descalificada en lo técnico, con el apoyo de Raytheon, inició un juicio que duraría años.

En el gobierno de De la Rúa se cayó finalmente la licitación en la que pulsearon Nortthrop de EE.UU y la Thompson de Francia.

Entonces, un brigadier de la Fuerza Aérea firmó, casi a escondidas, un contrato para que INVAP y el entonces gerente general de esa empresa estatal con sede en Bariloche, Héctor “Cacho” Otheguy pudiera construir un primer radar nacional “El Gaucho” y se rompió con otra dependencia tecnológica del exterior en esta materia.

Esa decisión permitió que INVAP en los últimos 20 años construyera 8 radares militares -que no necesitan colaboración del avión- para poder ser radares identificados y más 20 radares secundarios para la avión civil que operan la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Además, la Fuerza Aérea tiene un contrato para que INVAP construya otros 5 radares militares del tipo RP 200 para tratar de ir cubrieron las zonas sin control del espacio aéreo argentino que aún son muchas.

INVAP también modernizó 2 radares móviles TPS-43 Westinghouse de EE.UU. y construyó otros dos radares móviles propios, mientras también tiene contratos con el Ejército y la Armada por el mismo motivo.

Desde los noventa se intenta controlar el espacio aéreo en el norte del país a través de distintos operativos Fortín I, Fortín II y Escudo Norte con la movilización de tropas y la colocación a radares.

Los llamados operativos Fortín significaron la integración al sistema de vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo con medios del Ejército y la Fuerza Aérea en el Noroeste y Nordeste. Pero no tuvieron resultados significativos por la falta de radares.

La información obtenida por los militares con los radares era suministrada a las fuerzas de seguridad a través de sus oficiales de enlace en el Centro de Comando Aeroespacial de la Fuerza Aérea en la localidad bonaerense de Merlo.

La ley de Seguridad Interior impide que los militares combatan el narcotráfico pero sí que den apoyo logístico. Petri mandó un polémico proyecto de ley para puedan participar en una forma acotada y bajo control judicial pero la oposición lo critica.

Esos operativos de las FF.AA. también se limitaron a dar apoyo logístico, ya que no había figura legal que autorizara acción armada alguna como es el caso del derribo de aviones que, en el 2015, propiciaron los entonces candidato a presidente Patricia Bullrich y Sergio Massa, pero no pasó el filtro del Congreso.

La Fuerza Aérea solo puede intimar a un avión que ingrese a espacio aéreo argentino a aterrizar para entregarlo a la policía pero no derribarlo, como sí se puede hacer en otros países.

Por otra parte, un sector del gobierno del ex presidente Mauricio Macri Macri intentó discontinuar el contrato con INVAP e importar radares de francia, pero no prosperó.

Ese plan macrista no consistía solamente de una radarización completa del país sino también la adquisición de un avión Awacs a EE.UU. que es de Comando y Control en vuelo. El radar de ese tipo de aviones “incrementa la obtención de información en vuelo y la integración de información y datos para la optimización de todo un sistema de defensa aéreo”, recordó una fuente militar a Clarín.