POLITICA
Argentina solicitó la detención internacional del ministro iraní por ser responsable del atentado a la AMIA
El gobierno argentino ha formalizado ante la Interpol una solicitud de detención internacional contra Ahmad Vahidi, ministro del Interior de la República Islámica de Irán, por su presunta responsabilidad en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, el cual resultó en la muerte de 85 personas.
Vahidi, quien se encuentra de gira oficial por Pakistán y Sri Lanka, ha sido identificado por las autoridades argentinas como uno de los principales responsables del ataque. En respuesta, la oficina Central de Interpol en Lyon, Francia, ha emitido una Circular Roja que facilita su detención internacional.
La nota oficial afirmó que “la Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad”.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) April 23, 2024
“Uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA. Este individuo es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días”, indicó el escrito.
La nota añadió que “en ese marco, a pedido de las autoridades argentinas, la oficina Central de Interpol con sede en Lyon emitió una Circular Roja para su detención”.
“Con motivo de su viaje, Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo a los mecanismos previstos por Interpol. Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina”, concluyó.
Este pedido se alinea con la reciente decisión de la Cámara de Casación de Comodoro Py, que ordenó revisar las condenas del caso AMIA y propuso un nuevo juicio en ausencia para los acusados iraníes.
La Cámara también reafirmó que tanto el atentado a la AMIA como el previo a la embajada de Israel en Buenos Aires fueron ejecutados por Hezbollah, el movimiento libanés armado y financiado por Teherán, bajo órdenes directas del gobierno de Irán.
En dos fallos firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, se dio por probado que Teherán estuvo detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía argentina.
Los fallos determinaron que los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA fueron responsabilidad del grupo terrorista Hezbollah y “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán.
Según afirmaron, el movimiento libanés “actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs”.
POLITICA
“Un engaño”: Ron DeSantis enfrenta una nueva demanda por el traslado de inmigrantes
El caso de los migrantes que en septiembre de 2022 fueron enviados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en vuelos organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vuelve a colocar al político bajo acusaciones por posible engaño. En ese momento, los extranjeros, principalmente originarios de Venezuela, declararon que habían sido llevados desde Texas a la isla bajo promesas de trabajo que no fueron cumplidas.
En abril de este año, se dio a conocer que Allison Burroughs, una jueza federal de Boston dictaminó que los casi 50 migrantes que fueron transportados desde Texas a Martha’s Vineyard podían avanzar con una demanda contra la empresa Vertol que los trasladó a la isla. Sin embargo, Burroughs desestimó los reclamos contra DeSantis y otros funcionarios nombrados en la demanda debido a preocupaciones jurisdiccionales.
El tribunal consideró que los hechos del caso “tomados en conjunto, respaldan la inferencia de que Vertol y los otros acusados atacaron específicamente a los demandantes porque eran inmigrantes latinos”. Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights Boston, calificó el fallo de 77 páginas como una importante victoria en el caso de Martha’s Vineyard.
Ron DeSantis lidia con una nueva acusación por “engaño” a los migrantes
Hace unos días, Politico dio a conocer que un abogado que representa a los inmigrantes pidió a un tribunal de Massachusetts que retomara el caso, bajo el argumento de que el gobernador republicano, así como sus principales asesores actuales y anteriores, engañaron a los extranjeros como si se tratara de un truco publicitario. El grupo hizo ajustes para intentar vincular de forma más clara a la Administración DeSantis.
La demanda colectiva presentada contra el gobernador de Florida por Lawyers for Civil Rights Boston y Alianza Americas, en nombre de algunos de los migrantes afectados, afirma que a los extranjeros recogidos en Texas se les mintió sobre a dónde iban y se les dijo que tendrían vivienda y trabajo una vez que llegaran a su destino.
El medio también precisó que, en 2022, DeSantis presionó para obtener 12 millones de dólares de la Legislatura estatal para su programa de reubicación de migrantes y los registros muestran que varios de sus principales asesores estuvieron involucrados en la planificación de los vuelos a Martha’s Vineyard. Esta semana, se agregó correspondencia a la demanda para confirmar las acciones de los funcionarios.
La demanda actualizada sostiene que la evidencia confirma que el zar de seguridad pública de Florida, Lawrence Keefe, y James Uthmeier, el jefe de gabinete del gobernador, “hablaron por teléfono al menos cuatro veces en los diez días previos a los vuelos”, incluidas dos llamadas con el proveedor de los vuelos. También expone la correspondencia entre Perla Huerta, la presunta reclutadora de la administración de DeSantis, y los migrantes.
Los mensajes muestran a un migrante anónimo que se dio cuenta de que en Martha’s Vineyard no sabían que iban a llegar. “Eso que hiciste, no se hace”, le escribió a Huerta, según los documentos judiciales. “Aquí no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde alojarnos… No sabemos a dónde nos mandaron… Estamos aquí sin saber qué hacer”. En respuesta, la reclutadora le comentó: “Tiene que hacerse responsable de usted (…) Lamento mucho el caos que se generó cuando ustedes llegaron, pero créanme que hay quienes los atenderán muy bien y los ayudarán”.
Por su parte, Julia Friedland, subsecretaria de prensa de DeSantis, afirmó en un comunicado: “Como siempre hemos dicho, los vuelos se llevaron a cabo de manera legal y fueron autorizados por la Legislatura de Florida”.
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