“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, expresó el senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la última visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La declaración del legislador salteño, aliado del oficialismo, expone la tensión institucional que rodea el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y la parálisis de la comisión bicameral encargada de su seguimiento.

En este contexto, el Ejecutivo acelera su plan de privatización de empresas públicas, una estrategia que responde tanto a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre como al aumento de las importaciones y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno decidió avanzar con rapidez en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación. Y esto quedó establecido esta última semana con las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial en donde habilitó los procesos de venta de activos.

El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.

El control parlamentario de estas privatizaciones depende de la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, pese a los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.

En diciembre del año pasado, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, envió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando la conformación de la comisión. En una nota fechada el 30 de diciembre, Martínez instó a Menem a avanzar con las bicamerales que cuentan con resolución de presidencia, pero que aún no se han constituido, entre ellas la de privatizaciones. Martínez declaró a Infobae: “No hay nada, reclamé por carta y varias veces en el recinto, pero no tenemos novedades”.

Según la web de la comisión, solo resta que la presidencia del Senado designe a los legisladores de la Cámara Alta en representación de Unión por la Patria. Desde el bloque que lidera José Mayans aseguran que “hace tiempo” enviaron los nombres de los senadores que ocuparán ese rol, pero aún no fueron nombrados por Villarruel.

Hasta el momento, los senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Unidad Federal), mientras que permanecen vacantes dos lugares para UP. Por la Cámara de Diputados, los representantes son Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni (UP) y Florencia Carignano (UP). La comisión aún no eligió autoridades, un paso que debe concretarse en la primera reunión para que pueda comenzar a operar.

El reclamo por la conformación de la comisión no proviene únicamente de los bloques kirchneristas. El propio senador Romero, identificado con el oficialismo, insistió en la necesidad de ponerla en marcha. Desde los bloques opositores, la responsabilidad se atribuye a los presidentes de ambas cámaras. Un senador de UP afirmó: “Son Menem y Villarruel los que tienen que poner en marcha esto y no lo hacen mientras el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”.

La función de la comisión no consiste en garantizar ni controlar el resultado de las privatizaciones, pero sí representa un canal institucional para que el Congreso reciba información relevante. Los legisladores pueden solicitar datos sobre los oferentes y el cumplimiento de los contratos, y la comisión puede emitir dictámenes no vinculantes que permiten al Parlamento tomar conocimiento de los actos administrativos relacionados con las privatizaciones.

Esto toma relevancia desde el momento en el que desde varios bloques empezaron a criticar los primeros movimientos.

Desde el bloque de UP en diputados surgieron las primeras críticas. La legisladora Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de declaración en donde señala que Aysa “es una empresa clave para el desarrollo de nuestro pueblo. Cumple una función esencial para la salud de las familias que viven en CABA y en 26 municipios del AMBA, casi 15 millones de personas”.

El proyecto, junto a su colega Sabrina Selva y el acompañamiento de una treintena de diputados del bloque, rechaza los decretos de privatización de Aysa “por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100″.

Pero no solo el bloque K criticó la decisión de vender el 90% del paquete accionario. El diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, también se mostró disconforme con el proceso. “No puede ser. En la direccionada y fallida licitación de la hidrovia, se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Seguramente esto sólo se trate de otro error, como $Libra y las valijas de la aduana”, escribió en su cuenta de X con una foto de un artículo de LPO cuyo título es “La empresa de agua de Israel asociada con Filiberti y Sielecki, los elegidos de Milei para quedarse con AySA”.

“Lo relevante acá no es de dónde sea la empresa, sino que cuando conviene direccionar una licitación prohibiendo empresas estatales extranjeras lo hacen (hidrovía) y cuando conviene no hacerlo no lo hacen (Aysa). Todo a medida”, se explayó el diputado de EF.

En la oposición quieren que sea rápido, en el oficialismo buscarán dilatarlo. La presión política sobre la conformación de la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar Aysa, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.

El debate por la eliminación de las retenciones volvió a trabarse en el Congreso, a pesar de los múltiples proyectos presentados y el reclamo unificado del sector agropecuario. La Libertad Avanza y Unión por la Patria evitaron firmar dictámenes clave en la Comisión de Agricultura, lo que impidió que las iniciativas llegaran al recinto.

La eliminación de las retenciones —o impuesto a las exportaciones— de los productos agropecuarios atravesó este año al Parlamento nacional. Incluso fue motivo de numerosas reuniones sobre distintas iniciativas en la Comisión de Agricultura de Diputados, presidida por el radical Atilio Benedetti. UxP y LLA coincidieron en no firmar los dictámenes necesarios para llevar la discusión al recinto.

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Este sábado por la mañana Javier Milei inaugurará la Exposición Rural, en Palermo. El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró en el predio ferial con el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y con otros referentes de la Mesa de Enlace.

Caputo no adelantó públicamente los anuncios que hará el Presidente, pero se descuenta que estarán referidos al principal reclamo del campo a la Casa Rosada: la eliminación de las retenciones. “El sector agropecuario va a quedar satisfecho con lo que se va a anunciar, sobre todo porque ven el esfuerzo que hace el Gobierno”, declaró el funcionario.

Atilio Benedetti -acompañado por los diputados radicales Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Karina Banfi, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lisandro Nieri y otros-, se reunió esta semana en Palermo con Nicolás Pino.

“Intercambiamos opiniones y coincidimos en la necesidad de liberar impositivamente al sector para que despliegue todo el potencial que tiene el campo. Y que tiene una contracara: a pesar del desarrollo tecnológico y la incorporación de genética, la producción del país sigue estancada”, consideró Benedetti ante TN.

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Respecto al debate sobre las retenciones, explicó: “Lo trabajamos con mucha seriedad en la comisión, con reuniones informativas donde, con claridad, se demostró qué zonas quedan excluidas ante la gravedad de los impuestos, que en el caso de la soja es prácticamente confiscatorio: actualmente le saca al productor un tercio de su valor, el 33%“.

“No logramos en la comisión las mayorías necesarias para poder avanzar -agregó Benedetti-, más allá de que existió un proyecto de mínima, que significaba sostener el techo vigente de retenciones hasta el pasado 30 de junio. También había otro proyecto más trabajado, que establecía una disminución gradual hasta su eliminación en un plazo cuidado de 60 meses, es decir, cinco años”.

Los proyectos siguen vigentes pero necesitan consensos. El presidente de la Comisión de Agricultura recordó que en la última reunión convocada para dictaminar, la suma de los diputados de LLA y de UxP presentes en el encuentro decidió no firmar ningún proyecto, lo que imposibilitó alcanzar un dictamen.

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Por su parte, Luis Picat, radical libertario enrolado en el bloque Liga del Interior, reconoció que no hay una discusión concreta luego del fracaso al intentar conseguir las firmas necesarias. “Queremos que se bajen las retenciones. Hablamos con el Ejecutivo y con la Mesa de Enlace sobre lo distorsivo que son estos impuestos”, señaló el legislador, en diálogo con TN.

“Estoy con muchas expectativas por los posibles anuncios presidenciales de la baja de retenciones en la exportación de carne, y esperando el mismo beneficio para otros productos”, concluyó Picat.

Los derechos de exportación de la carne ya se redujeron del 9% al 6,75%. Se especula con que, en La Rural, Milei anuncaría su eliminación, para estimular las exportaciones.

Los proyectos en debate

El diputado Roberto Mirabella, del monobloque Defendamos Santa Fe, presentó un proyecto con el objetivo de eliminar de forma inmediata todos los derechos de exportación que rigen actualmente sobre los productos agropecuarios y sus derivados. Las retenciones se derogarán a partir del 1º de enero de 2025, al igual que el artículo 755 del Código Aduanero, que otorga atribuciones al Poder Ejecutivo.

“Las retenciones son un impuesto injusto que castiga a las provincias productoras como la nuestra, mientras financian al Gobierno central con recursos de libre disponibilidad”, dijo Mirabella semanas atrás.

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Desde el PRO, el diputado Luciano Laspina, acompañado por varios legisladores de su espacio, presentó una iniciativa de baja de retenciones con la intención de “eliminar la inequidad tributaria sufrida por el campo argentino a lo largo de la historia”. “Con distintos pretextos, gobiernos de todo signo y origen aplican fuertes impuestos a las exportaciones agropecuarias que operan como una confiscación del esfuerzo y el trabajo del campo argentino”, argumentó.

Por su parte, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó una iniciativa con el objetivo de “establecer un plan quinquenal de reducción progresiva de los Derechos a la Exportación agrícola, hasta su eliminación definitiva. A los efectos de amortiguar el impacto fiscal de la medida, establézcase un mecanismo de otorgamiento de créditos fiscales que permitan a los productores utilizarlos para aplicarlos a inversiones de producción y/o a la cancelación de tributos nacionales”.

Desde Córdoba, Carlos Gutiérrez, del bloque Córdoba Federal —que responde al gobernador Martín Llaryora— también presentó un proyecto sobre este tema, afirmando que “a los productores les cambian las reglas de juego, no les dejan tener un horizonte de previsibilidad. El campo es el verdadero proveedor de dólares sustentables, y lo podría ser aún más si se le sacara el pie de encima con las retenciones”.

El fracaso del debate en el recinto

El 2 de julio, el bloque Democracia para Siempre impulsó una sesión especial para discutir varias iniciativas y forzar a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, a tratar proyectos como el financiamiento de las universidades nacionales, del Hospital Garrahan y, a pedido de varios bloques, la eliminación de las retenciones.

Pero se produjo un interminable cruce reglamentario entre LLA y UxP sobre el futuro de la comisión investigadora del escándalo por la criptomoneda Libra. Y en medio de un escándalo, la sesión se cayó y el tema de las retenciones volvió a quedar pendiente.

Fue entonces cuando Carlos Gutiérrez denunció un nuevo acuerdo en la Cámara Baja entre ambos sectores políticos antagónicos. “Qué casualidad que se lograron los emplazamientos para Financiamiento Universitario y emergencia del Garrahan, y no se logran para Retenciones”, posteó en su cuenta de X.

“Una vez más, el kirchnerismo y el Gobierno se ponen de acuerdo y son funcionales para perjudicar a todo el interés federal. Lo denuncié antes de que se ejecutara: el oficialismo y UP iban a pudrir la sesión para evitar que se tratara el emplazamiento de retenciones. Lo mismo hicieron en la comisión de Agricultura”, señaló furioso Gutiérrez tras la caída de la sesión.

Retenciones, Diputados, Exposición Rural de Palermo, Impuestos

“La única certeza que tenemos es que hay que lograr la mayor cantidad de bancas posibles con compañeros que no se vendan y hayan demostrado coraje contra la miseria planificada de este gobierno”, afirmó Juan Grabois, referente del frente Patria Grande / Argentina Humana, en contacto con Infobae.

La declaración expuso el tono de un debate interno que atraviesa a los sectores progresistas de Fuerza Patria para las próximas elecciones legislativas, en un contexto de polarización creciente. Son definiciones que se dieron a conocer a una semana exacta del traumático cierre de listas, que dejó sembrada una discordia contenida.

El dirigente evitó dar una definición rotunda sobre si presentará boletas propias, por fuera del sello partidario, pero dejó traslucir que es un camino que no está descartado. Más aún, mencionó como potenciales postulantes al diputado Itaí Hagman y a Ofelia Fernández, la joven activista política que surgió de la militancia estudiantil, adhirió al kirchnerismo y tomó distancia después del decepcionante experimento electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Fernández sorprendió esta semana con fuertes definiciones: “Yo creo humildemente y, sujeta a que me convenzan, que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Hay que asumir la conflictividad que hay dentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas”.

Y agregó: “Yo como votante capaz me fumo que sea esto lo que se arma, voy y lo voto. Como militante, no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa en Fuerza Patria, como siempre, con la misma pavada. Te voto, no tengo ningún problema, [pero] no voy a militar para esto. No elegí la militancia política para esto. No les voy a militar a uno solo de sus candidatos, esa es mi máxima de ahora, convénzanme de lo contrario. No ellos, ellos no me pueden convencer, la dirigencia de nuestra fuerza política no me puede convencer de nada“.

Las definiciones de Grabois

En ese contexto es que fueron transmitidas a este medio las declaraciones. Grabois no descartó avanzar con proyecto electoral autónomo, pero aclaró que esperará que “estén todas las fichas sobre la mesa, sin dejarnos correr por nadie”.

El dirigente, conocido por su activismo social y político contra el Gobierno, expuso ante Infobae la complejidad de la estrategia opositora frente al gobierno de Javier Milei. Según el dirigente del frente Patria Grande, la discusión sobre cómo enfrentar a Milei en las elecciones legislativas no es nueva, pero ha cobrado una urgencia particular en las últimas semanas. “Cómo enfrentar a Milei en las elecciones legislativas es un debate táctico que nos estamos dando con más intensidad estas semanas, pero que no empezó ahora”, explicó.

El trasfondo de este debate es la necesidad de evitar la fragmentación y la cooptación de bancas por sectores que, en palabras de Grabois, “se vendan por valijas”. La referencia apunta a la preocupación por la integridad y la coherencia de los representantes que lleguen al Congreso, en un escenario donde las alianzas y rupturas han sido moneda corriente en la política argentina reciente.

El dirigente subrayó la importancia de que los candidatos hayan demostrado “coraje contra el proyecto de miseria planificada de este gobierno durante los últimos dos años”, una acusación directa a la gestión de Milei, a la que responsabiliza de un deterioro social deliberado.

En su diálogo con Infobae, Grabois también enfatizó la oportunidad que representan las legislativas para saldar cuentas pendientes dentro del propio campo político. “También que hay que aprovechar las legislativas para dar algunos debates impostergables adentro de nuestro campo político para no repetir la experiencia del Frente de Todos”, sostuvo. La mención al Frente de Todos remite a la experiencia de la coalición peronista que gobernó hasta 2023, marcada por tensiones internas y dificultades para sostener una agenda común. Para Grabois, evitar la repetición de esos errores implica abrir espacios de discusión franca y autocrítica, incluso si eso supone tensiones entre los distintos sectores que integran el espacio.

El dirigente describió el clima interno de Patria Grande / Argentina Humana como un ámbito de debate “muy saludable”, donde conviven perspectivas diversas según los sectores sociales y generacionales. “En ese marco hay distintas opiniones adentro de nuestra organización (Patria Grande / Argentina Humana), se da un debate que me parece muy saludable, donde los distintos sectores sociales y generacionales tienen opiniones complementarias pero diferenciadas”, detalló Grabois a Infobae. Esta pluralidad, lejos de ser vista como un obstáculo, es presentada como una fortaleza que permite enriquecer la estrategia y evitar el dogmatismo.

Dentro de ese abanico de posturas, Grabois destacó las posiciones de dos figuras emergentes: Ofelia Fernández e Itai Hagman. Sobre Fernández, reconocida por su juventud y su activismo en la Legislatura porteña, Grabois señaló: “Ofelia es de las que están más cansadas de intentar una síntesis por dentro y tiene ganas de aprovechar las legislativas para plantear una discusión por fuera. Me alegra mucho que una dirigente de 25 años no tolere que se hable de unidad cuando los sectores que la plantean estuvieron durante meses tirándose mierda entre ellos”, expresó el referente a Infobae. La frase, de tono frontal, pone en evidencia el hartazgo de una generación que rechaza la retórica de la unidad vacía y exige coherencia entre el discurso y la práctica política.

En contraste, Grabois describió a Itai Hagman como “el más paciente”, alguien que sigue apostando a la construcción de una unidad con sentido y programa. “Itai es el más paciente, como siempre, y él sigue trabajando para construir una unidad con sentido, propósito y programa. También es saludable porque hay que considerar todas sus variables en su medida y armoniosamente”, explicó el dirigente. La referencia a la paciencia y la búsqueda de armonía sugiere la existencia de tensiones, pero también la voluntad de encontrar puntos de encuentro que permitan articular una propuesta común frente al oficialismo.

El debate sobre la estrategia electoral no se limita a la táctica inmediata, sino que se inscribe en una reflexión más amplia sobre el rumbo del espacio progresista y su capacidad para ofrecer una alternativa real al modelo de Milei. Grabois insistió en que la resolución de estas diferencias internas no debe estar condicionada por presiones externas ni por la urgencia del calendario electoral. “Lo resolveremos cuando estén todas las fichas sobre la mesa, sin dejarnos correr por nadie y, sobre todo, respetando a la militancia que puso el cuerpo contra este gobierno, defendiendo nuestros valores y empujando la perspectiva estratégica para lograr que el próximo gobierno popular defienda la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social cumpliendo el contrato electoral con los ciudadanos en particular con los trabajadores y los humildes”, afirmó el dirigente a Infobae.

La mención a la militancia y a los valores históricos del campo popular argentino remite a una tradición de lucha y compromiso que Grabois reivindica como el núcleo de su propuesta. La referencia a la “soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social” evoca los principios fundacionales del peronismo y de los movimientos sociales que han marcado la historia política del país. Para el líder de Patria Grande / Argentina Humana, el desafío es lograr que esos valores se traduzcan en una representación parlamentaria sólida y coherente, capaz de resistir las presiones y tentaciones del poder.

El contexto en el que se desarrolla este debate es el de una Argentina atravesada por la crisis económica, la inflación y el desencanto social. El gobierno de Javier Milei, caracterizado por su discurso disruptivo y sus políticas de ajuste, ha generado una reacción de rechazo en amplios sectores, pero también ha capitalizado el malestar con la dirigencia tradicional. En este escenario, la construcción de una alternativa opositora requiere no solo de unidad, sino de una renovación de las prácticas y los discursos.

La discusión interna en Patria Grande / Argentina Humana refleja una tensión más amplia que recorre a toda la oposición: la dificultad para articular una estrategia común frente al oficialismo de Javier Milei, que desafía los marcos tradicionales de la política argentina. La experiencia reciente del Frente de Todos, marcada por la fragmentación y la falta de cohesión, funciona como advertencia y, a la vez, estímulo para buscar nuevas formas de organización y debate.

La figura de Ofelia Fernández emerge en este contexto como símbolo de una generación que exige autenticidad y rechaza las fórmulas repetidas. Su decisión de “aprovechar las legislativas para plantear una discusión por fuera” expresó el deseo de abrir el juego y desafiar las lógicas de la rosca política. Al mismo tiempo, la postura de Itaí Hagman, orientada a la construcción de consensos, muestra que la pluralidad de enfoques puede ser una fortaleza.

La insistencia de Grabois en la necesidad de “respetar a la militancia que puso el cuerpo contra este gobierno” subrayó el papel central de las bases en la definición de la estrategia. Para el dirigente, la legitimidad de cualquier acuerdo o ruptura depende de su capacidad para representar los intereses y las demandas de quienes han sostenido la resistencia en los momentos más difíciles. La referencia a “cumplir el contrato electoral con los ciudadanos, en particular con los trabajadores y los humildes”, apunta a la responsabilidad de no defraudar las expectativas de los sectores más vulnerables.