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Armando Cavalieri: “Bajar la inflación no alcanza hoy para comer, tenemos que volver a crecer”

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Armando Cavalieri es un dialoguista de pura cepa. Desde hace más de 40 años que viene negociando con gobiernos de cualquier signo político, pero ahora se enfrenta a un dilema. Luego de mantener una actitud prudente en cada paritaria, tratando de adaptarse a la pauta oficial, acaba de firmar un acuerdo salarial como líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que el Ministerio de Economía puso en la mira y amaga con no homologar.

El aumento alcanzado con las cámaras consiste en un 5,4% en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), pero, como anticipó Infobae, para el ministro Luis Caputo supera el tope del 1% mensual que busca imponer para frenar el alza inflacionaria.

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En la entrevista con este medio, Cavalieri aseguró que el Gobierno sabía las cifras que estaba negociando con los empresarios, afirmó que su sindicato arrastra una pérdida salarial del 20% en el primer trimestre y se preguntó: “¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada». Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida».

Luis Caputo puso en la mira la paritaria de Comercio (Foto NA)

Además, dijo que “la clase media ya está harta y se está empobreciendo” y que “hay más pobres que antes”. Y anticipó que su gremio comenzará este mes a difundir sus propias mediciones de inflación, que en marzo le dieron “más o menos un 5%” cuando para el INDEC llegó al 3,7%. Y sentenció: “Bajar la inflación no alcanza hoy para comer, tenemos que volver a crecer”.

Respecto de Milei, consideró que “tiene que cambiar su estilo” porque “¿para qué necesita agraviar al divino botón?“, mientras que admitió que no tiene un diálogo institucional con el Gobierno y que ”algunos muchachos que están alrededor de Milei intervienen groseramente en la vida pública».

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Reivindicó, además, la figura del Papa Francisco porque “estaba comprometido con la gente de abajo” y al hablar sobre el homenaje que le hizo la CGT el jueves pasado señaló: “El Papa resucitó en los trabajadores”.

Armando Cavalieri y el Papa Francisco

— En el Ministerio de Economía dicen que Comercio superó la pauta en las paritarias y amenazan con no homologarlas. ¿Qué opina usted?

La pauta es baja. El Gobierno quiere un 1% (de aumento salarial por mes). El tema es la recuperación de lo que perdimos en el primer trimestre, de casi un 20%. Estamos todos (los sindicatos) en lo mismo.

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— El aumento trimestral del 5,4% que firmaron ustedes se justifica entonces porque apunta a recuperar el desfase con la inflación pasada.

Es que el Gobierno alguna vez tiene que dejar de bajar la inflación y empezar a crecer. ¿Crecer genera inflación? Ese es el tema que se presenta con este proyecto económico.

— ¿El Gobierno estaba al tanto de de las cifras que negociaban ustedes?

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— Por supuesto. Ellos (los funcionarios) están siempre hablando con el sector empresario. Y el sector empresario no se mueve sin saber cómo piensan (en el Gobierno).

— ¿Entonces el Gobierno ya sabía que iban a firmar por el 5,4%?

— No puede decir que estaba sorprendido. Nosotros lo hacemos a la luz. Los empresarios tienen contacto permanente con el Gobierno y son cautelosos para no superar una posible pauta que debe haber.

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Armando Cavalieri y su adjunto, Carlos Pérez, en la firma de las paritarias de Comercio

— ¿Qué pasa si el Gobierno cumple su amenaza de no homologar?

— Dialogaremos con ellos para saber qué es lo que pretenden. Esperamos convencer al sector empresario de que pague igual el aumento. No es una diferencia abismal. Para un supermercado, pagar un 1% de aumento salarial no es una catástrofe.

El Gobierno asegura que quiere contener los aumentos salariales dentro de la pauta para evitar que crezca de nuevo la inflación.

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— ¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada. Más que la inflación, hay que entender que a lo mejor la gente se está dando vuelta y siente que el ajuste disminuye su calidad de vida. Y esto también es una advertencia a toda la dirigencia política.

 — ¿Se profundizará un escenario de conflicto por el tema salarial?

— Paulatinamente se va a ir agrandando la brecha entre el Gobierno y el movimiento obrero. Igual va a suceder en otros sectores, como pasa con la permanente agresión al sector periodístico. Alguna vez va a tener que arreglarse dialogando o, de alguna manera, bajar el telón.

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— ¿Qué significa bajar el telón?

Bajar el telón es, por ejemplo, tirar las cámaras fotográficas en medio de la calle y listo. Me parece que Milei tiene que cambiar su estilo. ¿Para qué necesita agraviar al divino botón? Si él está convencido de lo que hace y cree que tiene éxito, bueno… Y si en las elecciones logra un apoyo importante será un aval. ¿Para qué necesita una agresión en el medio?

Armando Cavalieri consideró que “tiene que cambiar su estilo” porque “¿para qué necesita agraviar al divino botón?“

— Usted tenía una actitud más cautelosa ante el Gobierno y fue endureciendo su postura. ¿Está viendo señales preocupantes?

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— La clase media ya está harta. Está mal. Se está empobreciendo. No es verdad que hay menos pobres, Hay más pobres que antes. Lo que pasa que hay una informalidad que no se cuenta. Hay mucha gente que trabaja sin ley. Lo digo porque acá llega toda la información. Por ejemplo, desde el mes que viene vamos a sacar nuestro índice de inflación.

— ¿Van a elaborar un índice propio?

— Sí, nuestro departamento económico va a medir la inflación. Tenemos un sistema informático muy bueno en todas las provincias, donde nos mandan los costos. Ya lo teníamos y ahora lo vamos a difundir.

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— Hasta ahora, ¿les dio mayores valores que los del INDEC?

— En marzo, más o menos un 5% (para el INDEC llegó al 3,7%). Y en algunas provincias, donde la pobreza es muy notable, fue más alto.

¿Cómo está la actividad en Comercio?

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— Nuestro sector está en la informalidad. El comerciante pequeño, de uno, dos o tres empleados, no toma más personal. “Vení a laburar todos los días a las ocho y yo te pago a fin de mes lo que pueda; te quedás o te hacés monotributista”.

El Sindicato de Comercio difundirá su propia medición de la inflación para diferenciarse del INDEC (Foto: Shutterstock)

— ¿Todas las medidas económicas que se tomaron y la Ley Bases no produjeron ningún efecto favorable a las pymes en materia laboral?

— El tema es el costo laboral de las empresas. El costo lo tiene el trabajador, no lo tiene el empresario. La cuota sindical la paga el trabajador. ¿Qué se están ocupando del sector del costo laboral? A lo sumo, el trabajador siempre tuvo la libertad de venir y renunciar. Pero no lo tiene el empresario. ¿El costo empresario cuál es? La cuota solidaria no es le afecta al empresario en sí. Pero el laburante también tiene su retribución. Una obra social como la de Comercio no la tiene ningún otro gremio, con un sanatorio que es ejemplo en la Argentina.

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— ¿A la CGT no le hace falta discutir una estrategia frente al Gobierno?

 — Sí, claro. Esa es la pata renga que tenemos en la CGT.

— Si el Gobierno convoca a un diálogo, ¿la CGT está dispuesta a ir?

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— Claro, para discutir estas cosas. Igual, la CGT también tiene que tener la amplitud de reconocer que está desamparada. Sólo le quedaba el Papa como referente político porque hablaba de la justicia social. El lenguaje, el estilo, las cosas que decía, demostraban que Francisco estaba comprometido con la gente de abajo. Nosotros el jueves le hicimos un homenaje (por el la marcha de la CGT del 30 de abril). Y sentimos que el Papa hoy resucitó en los trabajadores.

— ¿La figura del Papa alcanza a veces para resolver los problemas?

— En el mundo hay una transformación. El Papa representaba la inteligencia humana, no la artificial. Él se refería a eso. Yo tuve algunas conversaciones con él en Roma y hablaba de eso. Tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial. A ver si reemplaza al hombre. Por eso hablamos de la inteligencia humana como mecanismo para entendernos. No hace falta que venga un tornillo para modificar nuestra inteligencia sino la adaptación de la doctrina. O sea, que uno sea liberal no significa que tiene que tirar todo por la ventana y castigar a cualquiera porque sí. No puede ser. Tiene que haber un diálogo fraterno. La Argentina necesita que los 45 millones que somos por lo menos estemos de acuerdo en dos o tres puntos fundamentales para poder convivir.

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— ¿La CGT está en una postura muy dura? ¿Debería cambiar?

— La CGT se encontró con que no había un diálogo común como hubo con cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda. Se encontró con un muchacho como Milei que se convirtió en presidente y empezaron los proyectos que quieren cerrar los sindicatos, la cuota solidaria, el costo laboral. ¿Qué costo laboral? La gente pone la plata para que el sindicato lo defienda bien, para que tenga una obra social como corresponde, para que tenga un seguro de vida y cuando se caiga muerto la señora cobre un seguro. Todas esas cosas las construimos nosotros y otros gobiernos, no los peronistas nada más. No se discutía eso. Al trabajador le interesa tener una protección y más con este sistema político.

— Por lo que usted plantea, parece que la CGT estaría más cerca del cuarto paro general que de aceptar un diálogo con el Gobierno.

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— No lo sé porque la gente quiere sostener el sistema democrático y sabe que la dictadura ya la sufrió. El tema es cómo conseguimos que la democracia se fortalezca y que también que la economía fortalezca a la gente, no que la empobrezca cada vez más. Por eso que hoy no homologuen el convenio es una barbaridad. La gente piensa y se da cuenta: ¿un aumento del 1,5 o 1,7 hace peligrar la inflación del mes? Y otra cosa con respecto a la cuota solidaria: el costo empresario no es ese sino que el costo es del trabajador. Y el trabajador sabe dónde gastar la plata y si aporta al sindicato sabe por qué lo hace. ¿Quién le defiende el salario? ¿Quién le defiende el despido? ¿Quién le defiende la jubilación? ¿Quién defiende el seguro de vida? ¿Quién le defiende la salud? Te voy a decir una cosa: hay pendiente en la Argentina una explosión de la crisis sanitaria y se va a expresar más tarde o más temprano. Así como tuvimos a la universidad de la calle, vamos a tener a la salud en la calle.

— ¿El sistema de salud está colapsado?

— Es tremendo lo que está pasando en la salud y de eso, por ejemplo, necesitamos hablar con el Gobierno. ¿Qué hacemos con la salud?

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— Usted habla desde hace 40 años con todos los gobiernos. ¿No tiene buenos interlocutores en la administración Milei para hablar de esto?

— No hay interlocutores. Algunos muchachos que están alrededor de Milei intervienen groseramente en la vida pública. Hay que tener más diplomacia, más talento político para hacerse entender y hacer entender a la gente.

— ¿Pero no hay puentes entre entre usted y el Gobierno?

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— Hay puentes, pero no son conversaciones institucionales. Creo que el sector empresario también tendría que estar, no digo en un Pacto de la Moncloa, porque aquello fue una idea de los españoles, pero acá tendríamos que ir visualizando ya de qué forma vamos a encauzar el crecimiento económico sin que afecte la inflación. Ese es el dilema. Si no, no tenemos destino.

— Usted es un dialoguista que no encuentra forma de dialogar.

— He dialogado con mucha gente y sé que el diálogo conduce a esclarecer o entender al otro. Sé que Milei se encontró con un lío fenomenal y en un año hizo un ajuste muy ortodoxo que generó desempleo, informalidad.

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¿Es lo que hay que hacer o había otro camino?

— Creo que había que hacerlo más despacio, más combinado, más soportable para toda la gente. Si Milei tiene el privilegio de ser un buen economista, también tiene que ser un buen entendimiento que nos explique a nosotros de qué forma se puede conducir de otra manera y nosotros llamar a unos y a otros para confrontar esas ideas. No en el sentido confrontativo de romper, sino en el de escuchar ideas. Ese es el asunto. Bajar la inflación no alcanza hoy para comer. Tenemos que ver de qué forma volvemos a crecer.

¿Eso implica poner más plata en el bolsillo de la gente?

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— Eso implica definir, por ejemplo, si podemos sustituir importaciones. Tenemos que hacerlo y generar inversiones para eso. El presidente de Estados Unidos se dio cuenta de que los chinos hacen hasta los botones y que no tiene mano de obra norteamericana. Acá, necesitamos que el Estado que sirva para inducir las inversiones que generen trabajo y sustitución de importaciones para lograr fuentes de empleo. Si no, ¿qué hacemos con los 40 millones de argentinos?

— ¿Cree que el gobierno de Milei está en esa senda?

— No lo sé, pero hay otros datos que preocupan. Si es cierto que van a prohibir el aumento salarial, ¿por qué el Gobierno interviene en esta negociación si es liberal? Si yo llego a un acuerdo por 1,5% o 1,7% de aumento, ¿qué pauta estoy violando? Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida.

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— Aun así, las encuestas siguen registrando que hay un amplio porcentaje de argentinos que apoyan a Milei. Y allí debe haber muchos trabajadores.

— La gente está más cerca de ver que fue la protagonista del ajuste, pero el ajuste tiene que tener un término para llegar a una inflación aceptable. ¿Cuál es la inflación que tenemos que tener? ¿De menos cero? ¿Cuánto más falta despedir? ¿El sector público va a desaparecer totalmente? ¿No va a haber más colegios públicos, hospitales y universidades? ¿Quién va a sustituir al Estado? Estos son los temas que debemos discutir en una mesa. Así como se entendió el tema universitario, podemos ponernos de acuerdo en muchas otras cosas.

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Diputados: la oposición desafía la amenaza de veto del Gobierno y buscará mejorar jubilaciones y prestaciones por discapacidad

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Pese a las amenazas de veto de por parte del Poder Ejecutivo, la oposición en la Cámara de Diputados insistirá pasado mañana en una nueva sesión especial con un temario que incomoda, y mucho, al oficialismo. Contempla un aumento excepcional de las jubilaciones y un nuevo sistema para suplantar la moratoria previsional. Además, se incluyó la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

En la sesión, convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, los opositores también pretenden llevar al recinto las iniciativas que proponen declarar la emergencia en los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Además, buscarán emplazar a los presidentes de Educación y de Presupuesto –ambas comandadas por el oficialismo- para que se avance en una nueva ley de financiamiento universitario, iniciativa que promueven los rectores de todo el país.

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Será la segunda vez que la oposición intentará avanzar con este temario; hace dos semanas fracasaron por falta de quorum en el recinto –se sentaron 124 diputados en sus bancas, cinco menos de los necesarios para abrir el debate-, pero en esta oportunidad esperan alcanzar el objetivo. Creen que el clima social de los últimos días, marcado por la masiva y emotiva marcha que protagonizaron las organizaciones y familiares de personas con discapacidad y el conflicto salarial en el Hospital Garrahan -tema que la oposición también buscará colar en el debate-, podría ser un factor disuasorio que lleve al recinto a quienes, hace dos semanas, pegaron el faltazo.

Marcha contra los recortes para personas con discapacidad, organizaciones, familiares y prestadores de servicios de discapacidad protestan en el Ministerio de Capital HumanoHernán Zenteno

Por de pronto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados de Pro no solo no darán quorum sino que ya pusieron en marcha el operativo para hacer caer la sesión.

El primer puntapié lo dio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando advirtió que si la oposición logra convertir en ley los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad el impacto fiscal será de US$ 12.000 millones.

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“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados, que hasta ayer eran enemigos íntimos, proponen con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión que costaría más de 12.000 millones de dólares, o el 1,8% del PBI -escribió Menem en su cuenta de X (ex Twitter)-. Se esconden detrás de causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó”.

Estos números que publicó el presidente de la Cámara baja se contradicen, sin embargo, con los informes que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que a pedido de los legisladores hizo una estimación sobre el impacto fiscal de los proyectos que se someterán a debate en el recinto este miércoles si, finalmente, hay quorum.

El miércoles habrá una nueva marcha de los jubilados para intentar que prospere la sesión en Diputadostadeo bourbon

En efecto, sobre las iniciativas que prevén una suba por única vez del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones –para compensar la inflación no reconocida de enero de 2024- sumado a la actualización por inflación del bono de $70.000 que cobran los jubilados de la mínima, el Ministerio de Economía calculó un costo de 1,3% del PBI.

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La OPC, por su parte, precisó que la actualización del bono tendría un impacto que rondaría entre el 0,23% del PBI en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y del 0,30% del PIB si se eleva a 115 mil pesos.

Sobre la prórroga de la moratoria previsional que venció el 31 de marzo pasado -que la oposición finalmente no impulsaría en el recinto por falta de acuerdo entre los bloques- el Ministerio de Economía calculó que su impacto sería del 0,2% del PBI.

En cambio, el organismo de asistencia técnica del Congreso estimó que esta iniciativa, de aprobarse, tendría un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un impacto fiscal acumulado de 0,165% del PBI.

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El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.

Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.

Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.

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La Justicia suspendió el decreto que reglamenta el derecho de huelga

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El decreto 340 reglamenta el derecho de huelga en el transporte, entre otras actividades

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal suspendió provisoriamente los artículos 2 y 3 del decreto 340 que disponían la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.

En el fallo, firmado por la jueza Moira Fullana, se declara la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa y hace lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, que consideró que el decreto firmado por Javier Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Conveniom 87 de la OIT y nuestra Constitución”.

En los considerandos de la sentencia, conocida este mediodía, la jueza laboral destaca que el decreto 340 fue “dictado en expreso uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado (de la Carta Magna)”, pero recuerda que “en nuestro ordenamiento constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa” y destaca que, por ello, “la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales”.

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“Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma -agrega el fallo- presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo, exige que exista un estado de necesidad y urgencia”.

La magistrada pone en duda, “en forma preliminar y sin que se pueda alcanzar un grado de certeza en el marco de la cautela solicitada, si se encuentran reunidas las circunstancias reales y emergencia suficientes para verosímilmente justificar el ejercicio de las facultades excepcionales que se conceden al Poder Ejecutivo Nacional en casos de necesidad y urgencia”.

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En ese sentido, resalta que “el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”.

El fallo menciona, además, jurisprudencia de la Corte Suprema acerca de las condiciones que habilitan un decreto de necesidad y urgencia.

Javier Milei dictó el decreto 340 que fue frenado por la justicia laboral (Foto AP/Rodrigo Abd)

Por eso, la jueza Fullana consideró que “corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en relación con la CGT y los trabajadores representados por esa entidad, hasta tanto se dicte sentencia definitiva».

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El 21 de mayo pasado, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.

La norma, que lleva el número 340, está firmada por Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.

El decreto 340 también reglamentaba la huelga en el sector educativo

El decreto 340, en realidad, está vinculado con el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y su artículo 2 declara como “servicio esencial a la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin”.

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Sin embargo, en su artículo 3 modifica la Ley de Reforma Laboral N° 25.877 y allí establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

Een el caso de los servicios esenciales, afirma el decreto, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El sector de la salud está comprendido en la reglamentación del derecho de huelga (Foto Reuters/Tomas Morrison)

A continuación se consideran como servicios esenciales las siguientes actividades:

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a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

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d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

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g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

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b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

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e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

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h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

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Una jueza laboral hizo lugar al pedido de la CGT y le puso un freno al DNU que limitaba el derecho a huelga

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Una jueza laboral falló a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) y dio lugar un amparo para frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limitaba el derecho a huelga.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana, hizo lugar a la acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU, que aseguraban «viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical».

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La resolución «suspende provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25», que limitaban el derecho a huelga.

El miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó un DNU con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

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Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.

Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

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Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes

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