El juicio contra José Alperovich, el empresario, exsenador y tres veces gobernador de Tucumán, acusado de distintos hechos de abuso sexual por su sobrina y empleada, empezará este lunes en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera la declaración de más de ochenta testigos.

Alperovich deberá responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, de acuerdo con lo establecido por la investigación judicial en base a las denuncias por los ataques ocurridos entre 2017 y 2018, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

En septiembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa contra el exgobernador de Tucumán y estableció el 5 de febrero como fecha de inicio del debate que será público.

El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación, de donde el tucumano fue apartado: tomó licencias y tiempo después fue suspendido.

La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 29, a cargo del polémico juez José María Ramos Padilla, -un magistrado que no oculta su predilección kirchnerista- y se espera que presten declaración más de 80 testigos.

En la investigación intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que dirige Mariela Labozzetta.

En mayo de 2022, la fiscalía había considerado que «en todos los casos, mediando para su comisión intimidación«, el exsenador «abusó de una relación de dependencia, de poder y de autoridad».

«Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses», señaló la acusación fiscal.

En tanto, días después el juez Osvaldo Rappa procesó a Alperovich por los delitos denunciados y consideró que se cometieron «mediando abuso de poder y autoridad».

Rappa remarcó en su procesamiento que la víctima sufrió un «sometimiento sexual ultrajante».

«Basta decir simplemente que la persona para la cual trabajaba no se trataba de un desconocido para la víctima, sino una persona pública con poder político que ostentaba en la provincia de Tucumán luego de haber sido gobernador durante tres periodos consecutivos e integrante de su familia, aunque fuese lejano», agregó el juez.

En su indagatoria ante el magistrado, Alperovich negó haber abusado de su sobrina y no aceptó preguntas, según fuentes judiciales.

Por su parte, organizaciones feministas manifestaron su apoyo a la «denunciante que logró llegar a esta instancia después de haber esperado durante 5 años respuestas por parte del Poder Judicial».

«Nos mantenemos alertas ante los posibles ataques y revictimización por parte del acusado a través de su defensa o del uso de los medios de comunicación para avanzar sobre la integridad física y psíquica de la denunciante», agregó el comunicado difundido a través de redes sociales.

Entre otras cosas, exigieron al Poder Judicial «que actúe con la debida diligencia en casos de violencia de género, evitando así la revictimización constante de esta valiente joven».

Y, se declararon «en alerta y movilización por cualquier maniobra de impunidad en tanto el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hasta hace unos meses era su abogado y hoy la defensa (de Alperovich) continúa a cargo de su estudio jurídico».

En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la justicia tucumana.

Pero tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.

De este modo, el juez Rappa continuó investigando con el aporte de los fiscales Santiago Vismaray Mariela Labozzetta a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.

Con información de la Agencia Télam