Katy Chiappa, vicepresidente de la Asociación Platense de Inquilinos, ofreció un crudo panorama sobre la situación actual de los arrendatarios en La Plata. A raíz de la nueva disposición de la AFIP, expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vivienda y la falta de apoyo gubernamental para los inquilinos, destacando que la realidad supera las expectativas de las políticas actuales.

Chiappa expresó que la situación actual está generando un estado de ánimo negativo entre los inquilinos, quienes enfrentan una creciente violencia económica y emocional. «La violencia económica que ejercen las inmobiliarias es silenciosa pero palpable. Se aprovechan del conocimiento y la desesperación de los inquilinos para imponer condiciones abusivas», afirmó. Además, destacó que este tipo de violencia a menudo es más sofisticada y menos visible que otras formas de abuso, pero tiene un impacto igualmente devastador en la vida de las personas.

Una de las principales críticas de Chiappa se centró en la falta de regulación y fiscalización en el sector inmobiliario. «Las grandes inmobiliarias tienen una libertad que antes no tenían. El marco legal y el escaso control permiten que actúen sin restricciones», señaló. La ausencia de una ley de alquileres efectiva, que fue recientemente derogada, ha exacerbado esta problemática. En este sentido, planteó que «el derecho a la vivienda está amparado en nuestra Constitución y el estado debe garantizar su cumplimiento».

También criticó las políticas públicas y los planes de urbanización que favorecen a los sectores inmobiliarios y turísticos en lugar de a los residentes permanentes. «Se está pensando en una ciudad que beneficia a los desarrolladores y al turismo, pero no se están tomando medidas para proteger a los inquilinos y trabajadores que sostienen esta ciudad», manifestó. En particular, cuestionó el proyecto de la «ciudad de los 15 minutos», sugiriendo que carece de un enfoque equilibrado que considere las necesidades de los residentes locales.

En este sentido hizo un llamado a la acción tanto a nivel nacional como local. «Es responsabilidad del estado garantizar el acceso a la vivienda. No es un regalo, es un derecho», enfatizó. Además, instó a los ciudadanos a organizarse y reclamar sus derechos, resaltando: «La vivienda es un derecho, no una suerte, y debe ser defendida y promovida como tal. Los derechos no se obtienen porque el gobierno nos los regale; se obtienen mediante la presión y el reclamo constante”, enfatizó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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