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POLITICA

Atentado a la AMIA: Irán rechazó el pedido de la Argentina para arrestar al ministro del Interior

La Cancillería argentina emitió el pedido formal de detención para el actual ministro iraní, Ahmad Vahidi, quien fue señalado por su presunta implicación en el ataque a la mutual judía.

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Irán rechazó enérgicamente el pedido de la Justicia argentina para detener al ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, por su presunta participación en el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos.

En un comunicado, la cancillería iraní condenó la solicitud “ilegal” y basada en “mentiras” de algunos jueces argentinos sobre ciudadanos iraníes en relación con el caso AMIA.

El pasado 12 de Abril, la Justicia argentina determinó que los atentados a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 fueron ordenados por Irán. En este contexto, el martes, la cancillería argentina solicitó formalmente la detención internacional de Ahmad Vahidi a través de Interpol. 

Argentina solicitó la detención internacional del ministro iraní por ser responsable del atentado a la AMIA

La circular roja de Interpol fue emitida a pedido de Argentina, que también solicitó a Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto.

De esta manera, la oficina Central de Interpol emitió una circular roja para la detención de Vahidi a pedido de Argentina, que a su vez solicitó a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka que procedieran con el arresto, según un comunicado de la cancillería argentina.

Vahidi acompañó al presidente iraní, Ebrahim Raissi, en una visita a Pakistán, pero no formó parte de la delegación en Sri Lanka, donde las autoridades locales confirmaron que no estaba presente. 

Según informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA, Vahidi había regresado a Irán el martes para asistir a una ceremonia de investidura de un gobernador provincial.

El atentado a la AMIA fue el segundo contra la comunidad judía argentina, la más grande de Latinoamérica, después del perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos. Ambos ataques siguen impunes. 

En 2006, los tribunales argentinos solicitaron la extradición de ocho iraníes, incluido el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el ex agregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.

Vahidi, quien ocupó el cargo de ministro del Interior en 2021, había sido comandante de la Fuerza Quds, la unidad de operaciones encubiertas de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el momento del ataque en Buenos Aires. Irán, en tanto, niega cualquier implicación y se opone a que los ocho ex funcionarios acusados por la justicia argentina sean interrogados. 

“Las acusaciones realizadas en el marco del caso AMIA contra ciudadanos iraníes carecen de cualquier validez”, señaló el portavoz de la cancillería iraní. Y agregó que Irán “apoya que se haga justicia y que se persiga a quienes, destrozando documentos, causaron serias irregularidades en el desarrollo del caso AMIA y que eludieron un castigo por ese incidente”.

Para finalizar, Kanani también instó a las autoridades argentinas a evitar “realizar acusaciones infundadas contra los ciudadanos de otros países y la influencia de los enemigos de las relaciones bilaterales entre Irán y Argentina”.

POLITICA

Santa Cruz: Crisis en las cajas jubilatorias provinciales

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Desde el inicio de la actual gestión de gobierno nacional, los recortes y medidas de ajuste han afectado significativamente a las cajas jubilatorias provinciales que no han transferido sus sistemas a la Nación. Este es el caso de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz, una de las 13 provincias que mantiene su propio sistema jubilatorio, pero que enfrenta un déficit mensual de 5.500 millones de pesos, acumulando más de 70 mil millones de pesos anuales.

El debate sobre la posible transferencia de la CPS a la Nación no es nuevo. Al inicio de la actual gestión provincial, el presidente del ente previsional de Santa Cruz, Marcial Cané, declaró firmemente que “la Caja de Previsión Social pertenece y pertenecerá a la provincia”, aunque hizo un llamado a encontrar soluciones para el déficit sin perjudicar a los beneficiarios. Cané sugirió la creación de un fondo de sustentabilidad similar al de ANSES para afrontar las obligaciones de la CPS.

Recientemente, el titular de LLA Santa Cruz y director ejecutivo de PAMI, Jairo Guzmán, reavivó el debate, subrayando la necesidad de una reforma urgente del sistema previsional. “Hay un problema y nadie quiere darse cuenta o nadie quiere decir la verdad. Hay que reformar el sistema previsional, buscar la forma sentarse a discutir seriamente, pero el sistema está colapsado y eso lo sabe cualquier persona”, declaró.

Guzmán señaló que la actual situación es insostenible, con un número desproporcionado de pasivos que el sistema no puede financiar. “Tenemos un agujero negro en la economía, se ha manejado muy mal el tema previsional en la provincia, porque el déficit se financia con malos sueldos, con techos que se caen en las escuelas, con mala salud”, enfatizó.

El funcionario también destacó la necesidad de adaptar el sistema jubilatorio a las nuevas realidades demográficas y económicas, mencionando que la expectativa de vida ha aumentado y que es necesario revisar las edades de jubilación y la relación entre trabajadores activos y pasivos. “No podemos tener personas que se jubilen a los 45 años. Se necesitan casi 5 activos por pasivo y tenemos 2 por cada uno. La política está mirando para otro lado, no mira los intereses de los santacruceños”, explicó Guzmán.

Aunque Guzmán no abogó directamente por una transferencia del sistema a la Nación, sí insistió en la urgencia de una reforma, a pesar de la resistencia social y política que genera el aumento de la edad jubilatoria. “Hay que hacer una reforma urgente, aunque la mayoría de la gente no quiere que se amplíe la edad jubilatoria, eso es lo que genera malestar en la sociedad, pero se debe dar el debate. Los que tienen que hacer la reforma no quieren el costo político”, concluyó.

La situación de las cajas jubilatorias provinciales, especialmente la de Santa Cruz, destaca la necesidad de un debate serio y profundo sobre las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el bienestar de los jubilados, sin comprometer la economía provincial ni los servicios públicos esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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