El Consejo de la Magistratura decidió convocar al juez de federal de Mar del Plata Martín Poderti para que se defienda en el proceso administrativo donde se analiza su eventual remoción, porque está acusado de la desaparición de 144 monedas de oro valuadas en unos 200.000 dólares.

Poderti, juez de tribunal oral federal, está procesado, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata y camino a juicio oral y público, acusado del delito de malversación de caudales públicos.

Se trata de una causa donde se investiga la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas a una banda de narcotraficantes, cuando el funcionario judicial se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro. Poderti era el único que tenía la llave y acceso a esa caja.

Pero Poderti sigue siendo juez del tribunal oral federal de Mar del Plata, por lo que avanza en el Consejo de la Magistratura una causa para promover su destitución mediante un jury.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió citarlo a prestar declaración “a tenor del artículo 20″ del reglamento, que en la práctica es una especie de declaración indagatoria para notificarlo de las acusaciones en su contra e invitarlo a que se defienda.

La Comisión de Acusación está presidida por el senador Luis Juez (Pro, cercano a los libertarios), el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade es el vicepresidente y la integran los diputados Álvaro González (Pro, larretista), Roxana Reyes (UCR) y Vanesa Siley (Unión por la Patria), junto a los abogados César Grau y Alberto Marques.

El faltante de las monedas de oro se detectó el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya era juez del tribunal oral federal de Mar del Plata.

Cuando era secretario del juzgado federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar al banco. Las monedas que estaban allí debían devolverse después de que el acusado fue absuelto.

Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco Nación. En el tiempo que se desempeñó como secretario, el actual magistrado fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.

La investigación estuvo delegada en el por entonces fiscal Paul Starc, hoy titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En tanto, en la misma sesión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura realizada hoy siguió avanzando la investigación contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.

El magistrado, al que le fue dictada la prisión preventiva por 90 días, pero que no fue ejecutada porque lo protegen sus fueros, está formalmente imputado por sus contactos con narcotraficantes que debía investigar; por el armado de causas con fines extorsivos y por supuestamente beneficiar a un empresario allegado suyo en un expediente.

Bailaque sigue siendo juez federal de Rosario, pero en paralelo a las tres causas en su contra, avanza un trámite en el Consejo de la Magistratura para promover su destitución.

En ese trámite el Consejo de la Magistratura pidió que la Justicia Federal envíe detalles de las imputaciones en contra.

El presidente de la Comisión de Acusación, Luis Juez, solicitó la apertura de las declaraciones juradas privadas del magistrado, donde consta su patrimonio personal y allí se incluyen datos detallados de sus cuentas, de sus tarjetas de crédito y de los movimientos de su familia.

El miércoles pasado, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva por 90 días para Bailaque, quien está acusado de presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato.

Además, Rodríguez Da Cruz dispuso embargar sus bienes por 1500 millones de pesos, e inmovilizar el dinero de sus cuentas, por lo que notificó a todas las entidades bancarias del país.

En tanto, el Consejo de la Magistratura tomó una media para evitar que las denuncias en trámite deban ser cerradas por el paso del tiempo, como ocurre con aquellas causas que tienen mas de tres años sin resolución.

La semana pasada se había desglosado una denuncia más actual, la de la diputada provincial de Santa Fe Lionella Cattalini, que declaró como testigo en la causa por presunto mal desempeño contra el juez federal.

Cattani dijo que el juez contrató en su juzgado al hijo del contador de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante preso.

Relató que hay una causa de 2013, donde la justicia federal comenzó a investigar a Luis Medina y a Alvarado. Dijo que cuando el asunto llegó al juzgado de Bailaque, el jefe de la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario, Emilio Lencinas, “acreditó 14 informes donde había mucha información y pidió que se intervengan tres teléfonos: de la expareja de Medina, del hermano de Alvarado y de José Luis ‘La Tota’ Brítez”.

“Bailaque denegó las intervenciones telefónicas, ante el pedido reiterado, tres veces, de Lencina”, dijo la legisladora, que contó que el juez recién admitió esas pinchaduras telefónicas “once meses después, cuando las circunstancias habían cambiado y Luis Medina [exsocio de Alvarado] ya había fallecido”.