El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, destinó durante el mes de febrero una suma de $881.807.696 en pauta oficial, distribuida entre 20 proveedores a través de 109 órdenes de publicidad. 

Este elevado gasto en publicidad ha desatado nuevas controversias alrededor del mandatario bonaerense, especialmente porque se produce en un momento en que su administración ha decidido incrementar los impuestos provinciales hasta un 275%.

Según trascendió en una investigación de EL DISENSO, entre los principales beneficiarios de la pauta oficial se encuentran medios reconocidos por su afinidad con el gobierno anterior. Parador Diez SA, que engloba a C5N y radios relacionadas, recibió la mayor porción con $250.177.724. Le sigue el Grupo Crónica con $228.933.069 y El Destape, dirigido por Roberto Navarro, con $90.345.500.

La distribución de los fondos también incluye a La Corte SA, una productora audiovisual que obtuvo $67.743.252 sin especificar el “medio” por el cual se justifica este gasto. 

Asimismo, otros medios que figuran entre los receptores de importantes sumas son: Infobae con $60.000.875, Editorial La Capital SA con $30.861.710, Canal 26 con $30.017.686, El Día con $25.007.567, Televisión Federal SA, Canal 11, con $23.644.671, Perfil con $16.354.550, Canal 9 con $12.311.537, InfoCielo con $9.450.000, Rogelio Adrián Rotonda, El Eco de Tandil, con $8.629.500, El Cronista Comercial con $7.999.999, Pagina 12 con $6.554.542, Net TV con $6.392.169, Editorial Democracia con $6.150.895, Diario Popular con $634.542, Diario Núcleo con $504.000 y finalmente El Mensajero de la Costa con $94.279. 

Resulta notable la ausencia de Grupo Clarín y La Nación en la lista de beneficiarios, lo que podría indicar una preferencia gubernamental por medios de comunicación con líneas editoriales más afines o menos críticas hacia la gestión de Kicillof.

La decisión de asignar estos fondos fue autorizada por la Ministra Jesica Rey, quien dispuso de un presupuesto de $5.449.821.000 para el año 2023. Sin embargo, al ritmo actual de gasto, se proyecta que para julio el saldo disponible será negativo, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de estas prácticas y la priorización de recursos en un contexto económico desafiante.