LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó en el Boletín Oficial la convocatoria a elecciones provinciales para el 7 de septiembre. En el mismo decreto, requirió a la Junta Electoral iniciar acciones conducentes para organizar y fiscalizar todo el escrutinio de unos 14 millones de electores, una tarea maratónica sin antecedentes para ese cuerpo colegiado.

El inmenso operativo de todos los comicios bonaerenses estuvo históricamente a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral N°1 en función de que las elecciones provinciales se celebraron desde el regreso de la democracia en simultáneo con las nacionales.

La última vez que se celebró una elección legislativa en provincia desdoblada de la elección nacional fue en 1948. “La última elección en Provincia de Buenos Aires en la que se desdoblaron las elecciones para diputados nacionales y legisladores provinciales fue la de 1948- precisó Silvia Ferreyra, investigadora del Conicet-. El gobernador de la provincia era Domingo Mercante”.

“Dos años después- en 1950- también de manera separada, la provincia eligió Gobernador y Vice”, aseguró Lisandro Sabanés periodista especializado en comunicación política. “Desde entonces siempre las elecciones provinciales fueron concurrentes con las nacionales”.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, tuvo desde entonces, hasta ahora, el despliegue de las votación de extranjeros y de personas privadas de libertad, una población que no supera al 5 por ciento del total del padrón.

Atento a este cambio sin antecedentes, Kicillof requrió a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires “la adopción de las medidas conducentes para el desarrollo de las elecciones generales relativas a la presente convocatoria, mediante el dictado de los actos reglamentarios, complementarios o aclaratorios que resulten necesarios, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”.

Se trata de todo un operativo que supone la compra y distribución de más de 40.000 urnas, despliegue de boletas y padrones, de condicionar unos 20.000 centros de votación y organizar el operativo con el Correo y las fuerzas federales de seguridad, más el repliegue, el escrutinio definitivo y fiscalización de las denuncias por fraude.

La Junta ya tiene entre sus funciones formar y depurar el registro de electores, designar autoridades de mesa, juzgar la validez de las elecciones y diplomar a los ciudadanos que resulten electos. Pero no tiene antecedentes como organizador de la logística en territorio, excepto en lo que hace a la proclamación de los gobernadores, legisladores, concejales y concejeros.

Kicillof llamó a elecciones anticipadas para renovar 23 senadores titulares y 15 suplentes; 46 diputados titulares y 28 suplentes; 1097 concejales titulares y 706 suplentes más 401 consejeros escolares e igual número de suplentes para renovar la representación de la provincia de Buenos Aires.

Argumentó que “mediante el artículo 144 inciso 7° » de la Constitución se confiere al gobernador la atribución de convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones y que la Ley Nº 5.109 en su artículo 66 dispone que la convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha que se señale para el comicio y expresará en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral.

Este argumento jurídico ya fue rebatido por el kirchnerismo, que arroga a la Legislatura la potestad de fijar la fecha de elecciones en virtud del artículo 83 de la Carta Magna provincial. Un nuevo debate está abierto: ¿puede modificarse la fecha de los comicios provinciales por ley?

Kicillof mandó también un proyecto de ley para suspender las primarias (PASO). Bajo el mismo esquema, un grupo de legisladores kirchneristas buscará introducir en esa ley un artículo para convocar a elecciones concurrentes el 26 de octubre a pesar de que están convocadas por decreto del Poder Ejecutivo para el 7 de septiembre.

En tanto, Kicillof argumento que “corresponde a este Poder Ejecutivo adopte las medidas conducentes al normal desarrollo del proceso eleccionario, en concordancia con la normativa vigente en la materia y en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución provincial y por la Ley Electoral de esta jurisdicción”.