En una entrevista en Infobae en vivo, el diputado de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni sostuvo: “La Ley de Glaciares que tenemos hoy es completamente excepcional, no existe en ningún país del mundo”, al analizar el debate legislativo que atraviesa el Congreso. El legislador remarcó la necesidad de avanzar en un nuevo marco normativo que permita “armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo”.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bongiovanni profundizó sobre el debate en torno a los recursos naturales, el federalismo y la orientación ideológica del bloque oficialista en Diputados.

Bongiovanni y el debate sobre la ley de glaciares: “Tenemos una norma anómala”

El diputado defendió su posición a favor de la reforma: “Sí, voy a acompañar, por supuesto. Hay mucho alarmismo en este tema”. Explicó que la ley original, impulsada por Miguel Bonasso, fue incluso vetada por Cristina Fernández de Kirchner y “no existe en ningún lugar del mundo una prohibición total sobre la actividad en zonas periglaciares”.

“Busquen, Perú, Canadá, Unión Europea, Suiza, Chile: nadie tiene una norma semejante. La excepcionalidad argentina es absoluta”, insistió. Para Bongiovanni, la propuesta oficialista busca “armonizar mejor dos bienes jurídicos: la tutela del medio ambiente, que le compete a la Nación, y la protección de los recursos naturales, que es de las provincias”.

Sostuvo: “Los recursos naturales son de las provincias, muchachos, son de las provincias. 124 y 41. Tenés que armonizar los dos. Lo que tenemos que hacer los diputados nacionales es establecer un piso mínimo de protección, no un máximo”. El legislador advirtió que el régimen actual “tiene un piso máximo, no se puede hacer nada” y consideró que la reforma “permite destrabar minería en zona periglaciar cuando no haya afectación hídrica relevante”.

El rol de las provincias y la discusión federal: “No nos podemos salir de esto”

Bongiovanni remarcó que, en caso de que haya intereses de más de una provincia, “la Nación tiene algo para decir, por supuesto”, pero ratificó que la titularidad de los recursos es provincial. “No nos podemos salir de esto, son de las provincias. A nivel nacional hay que establecer un mínimo de protección”, reiteró.

Frente a las dudas planteadas sobre la confiabilidad de los controles y la incidencia de la explotación minera en otras jurisdicciones, respondió: “No es que si no aplicás la ley de glaciares a la zona periglaciar queda desguarecida. Sigue operando la ley general ambiental, que establece un presupuesto mínimo”.

Cuestionó además el rol de organizaciones ambientalistas: “Greenpeace no hace militancia ambiental, hace militancia económica. No proponen un modelo productivo alternativo, simplemente te dicen que no”. Y agregó: “¿Vos te imaginás lo que sería este país sin agroquímicos y sin la tecnología que tenemos en el campo, o sin Vaca Muerta? Eso es lo que dice el ambientalismo de Greenpeace”.

Reforma laboral, transición económica y demandas sociales

Consultado sobre el impacto social de las reformas y la transición hacia un modelo de economía más abierta, Bongiovanni reconoció que hay tensiones: “Hoy, Milei está tratando de pasar de búsqueda de rentas a búsqueda de ganancia, y eso es traumático”. Sostuvo que la contención social “se hace con la Seguridad Social, que no ha dejado de aumentar incluso por encima de la inflación”.

Al ser interrogado por el futuro del empleo en ciudades industriales y el destino de los trabajadores desplazados, fue directo: “Tenés muy pocas herramientas hoy, salvo que quieras usar malas herramientas que solo estiran el problema. Una es la reforma laboral que hicimos, otra es seguir fortaleciendo la asistencia social. No hay mucho más para hacer”.

Sobre la reforma laboral, aseguró: “Hicimos una reforma bastante mejor de lo que yo soñaba que íbamos a hacer”. Resaltó la eliminación de la ultraactividad de los convenios: “Antes, el sindicato se caía un convenio y seguía funcionando. Ahora, si no querés negociar con el sindicato, vas a negociar con la empresa”.

El legislador también mencionó la presión impositiva como factor pendiente de reforma: “Ingresos brutos es la matapymes. No tocamos ese tema, las provincias y los municipios están de brazos cruzados esperando”.

Sobre la educación pública y el financiamiento universitario, Bongiovanni opinó: “La universidad pública es cara, nos sale cara. Creo que podemos hacer más para que el gasto llegue, sea más eficiente”. Admitió: “No me tiraría en contra de la educación pública hoy, pero hay que auditar más”.

Al cierre de la entrevista, y tras ser consultado sobre la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas, Bongiovanni relativizó la caída de la imagen y la consideró funcional al proceso de reformas: “La imagen de los presidentes es una moneda para tradear a favor de reformas. Cuando las reformas muestren resultados, se recuperará”.

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alejandro bongiovanni

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La Fiscalía Nacional Electoral impulsó el control anual de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos en todo el país. El procedimiento, que abarca tanto a agrupaciones de distrito como de orden nacional con personería vigente, fue solicitado a comienzos de febrero por el fiscal federal Ramiro González.

Se trata de un procedimiento que se encuentra previsto dentro de la ley y tiene como propósito constatar si los partidos políticos reconocidos para actuar en los distritos y a nivel nacional mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería. Entre las condiciones que deben cumplir se encuentra el número mínimo de afiliados para los partidos de distrito y la cantidad mínima de partidos distritales integrantes en el caso de los partidos nacionales.

El pedido estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, mientras que la iniciativa estuvo dirigida a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, con el objetivo de iniciar el proceso de verificación.

La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe realizar esta verificación cada año, durante el segundo mes, y está facultado a promover la declaración de caducidad de las personerías, si correspondiere. En este caso, el procedimiento no es automático, ya que comienza con la constatación de incumplimiento y sigue con una intimación al partido para que regularice su situación dentro de un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de que se declare la caducidad.

Los requisitos

Para los partidos de distrito, únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito, la ley les exige que mantengan de manera permanente el número mínimo de afiliados. En tanto, en el distrito Capital Federal el piso requerido es de 4.000 afiliados. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral tuvo que publicar antes del 15 de febrero de cada año el número mínimo de afiliados exigido, según indicó el Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a los partidos nacionales, que son los únicos autorizados a nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, la normativa impone la obligación de sostener, de manera permanente, al menos cinco partidos de distrito con personería vigente en el país.

Desde la Unidad Fiscal -encargada de garantizar y custodiar por la transparencia de las elecciones que se celebren en nuestro país- detallaron que las consecuencias tras una eventual declaración de caducidad implica la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales; la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios y la baja de la agrupación del registro correspondiente, incluida la eliminación de su nombre y sigla.

El control anual se ejecuta en simultáneo en las 24 jurisdicciones del país y, para este año, abarca la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente. El proceso supone la verificación de los requisitos de afiliación y demás exigencias legales, y se realiza bajo apercibimiento de caducidad en caso de incumplimiento.

La Fiscalía también recordó que interviene en otros supuestos de caducidad previstos en el artículo 50 de la Ley 23.298, que incluyen las elecciones internas en un período de cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, la falta de regularidad en la llevanza de los libros partidarios y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.

De este modo, la Fiscalía Nacional Electoral remarcó el alcance y la importancia del control anual de legalidad y vigencia para asegurar que los partidos políticos cumplan con las condiciones establecidas por la ley y, en caso contrario, se avance con los procedimientos de caducidad previstos en la legislación vigente.

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