Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.

Leé también: La AFA cruzó a la Inspección General de Justicia en medio de las presuntas irregularidades en sus balances

Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.

Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.

Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.

Leé también: Confirman que la empresa de Javier Faroni pagó uno de los yates de lujo que Chiqui Tapia usó en Mónaco

Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.

En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.

UIF, Unidad de Información Financiera (UIF), AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Estados Unidos

Hasta ahora, la atención sobre los argentinos detenidos en Venezuela se concentraba en unos pocos nombres. El foco estaba puesto en Nahuel Gallo, el gendarme arrestado en diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia, y en Germán Giuliani, el abogado penalista detenido desde mayo de 2025.

A esa lista se había sumado Yacoov Harari, el argentino-israelí de 72 años liberado recientemente. Pero había otro nombre, casi invisible, que permanecía fuera del radar público.

Se trata de Roberto Baldo, cuya historia aparece apenas nombrada en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera de la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.

El informe -publicado en marzo de este año, aunque recién cobró visibilidad en las últimas horas- denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern.

Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.

El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana- se encontraría en estos momentos en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. Su esposa está recluida, en tanto, en la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre dejado en la pizzería de Baldo, que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina.

Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención. Desde la Cancillería argentina manejan el asunto con absoluto hermetismo.

El penal donde permanece detenido Baldo está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres centros penitenciarios. Sobre esas instalaciones pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Medios locales y organizaciones especializadas han alertado sobre casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, alrededor de 300 internos fueron sometidos a un régimen de aislamiento total, mientras que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir tratamiento médico. La organización también documentó denuncias de torturas sistemáticas que se extendieron durante meses.

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

Este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.

En medio de la incertidumbre, la mamá de Gallo definió el escenario como “desesperante” y apuntó: «Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie“. Esto se debe a que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Giuiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen. Según surge de sus perfiles en redes sociales, Giuliani es abogado, especialista en derecho penal y laboral. El 5 de mayo, posteó imágenes en un restaurante ubicado en Anzoátegui, uno de los veintitrés estados de Venezuela, al este de Caracas, con costas hacia el Mar Caribe.

De las imágenes se desprende que a diferencia del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani no fue detenido al ingresar a Venezuela, ya que se encontraba allí desde mediados de abril.

Mientras sigue la expectativa por las novedades de Gallo y Guiliani, sus familias se mantienen expectantes a las noticias que llegan desde Caracas.

Daily Life,Domestic Politics,Society / Social Issues,South America / Central America,Government / Politics

El vínculo entre el Gobierno y Victoria Villarruel tuvo un nuevo capítulo esta semana, tras la decisión de la vicepresidenta de viajar al sur a visitar las zonas afectadas por los incendios.

“Busca cualquier manera para sumarse un poroto político”, indicaron en la Casa Rosada, tras la visita de la vicepresidenta a Epuyen y al Parque Nacional Los Alarces, que sufrieron las consecuencias del fuego.

Leé también: Javier Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Además, en la administración nacional aseguraron que su viaje “no tuvo la mejor recepción del mundo”. Cabe destacar que el Presidente agradeció la ayuda de los brigadistas, bomberos y voluntarios que cooperaron para combatir el fuego, pero decidió no viajar al sur.

Los cuestionamientos a la compañera de fórmula de Javier Milei vienen desde hace meses, en línea con la nula comunicación que existe entre la Casa Rosada y Villarruel.

Esta última polémica comenzó tras el presunto pedido que habría realizado Villarruel para sobrevolar la Patagonia con un helicóptero, que finalmente no fue aprobado. Desde su entorno desmintieron esa versión.

No obstante, el secretario de Medios y Comunicación de la gestión libertaria, Javier Lanari, criticó a la vice a través de redes sociales. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden», escribió en X.

Leé también: “La inflación más baja de los últimos 8 años”: el Gobierno celebró el dato que difundió el Indec

Para el entorno de la presidenta del Senado, los comentarios de la Casa Rosada fueron agresivos y los consideró una falta de respeto para con ella.

Pero la tensión entre ambas partes no terminó ahí. Tras las críticas de Balcarce 50, Villarruel publicó en redes una foto de Epuyen, junto a un texto referido a la emergencia ígnea.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego. Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, dijo.

Y agregó: “El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando este resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.

En este contexto, cuando el Ejecutivo confirmó la reforma del Código Penal, circularon borradores del proyecto que ya proponían aumentar las penas para los delitos de incendio y otros estragos, que pongan en peligro la vida de las personas. Por ahora, no hay confirmación sobre si finalmente el texto oficial de la iniciativa poseerá o no este punto.

Victoria Villarruel, Javier Milei, Incendios forestales