El oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo para que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea estén aprobados antes del 1 de marzo, con el objetivo de que formen parte del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.

Para cumplir con este cronograma, el Gobierno ya giró el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se espera que el Ejecutivo publique un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

En la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem y Gabriel Bornoroni es citar a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, con el fin de dictaminar y sesionar el jueves 19. Sin embargo, esta estrategia de tratamiento “exprés” enfrenta cuestionamientos de la oposición.

“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, advirtió un diputado opositor, mientras que otros sectores critican lo que consideran un funcionamiento de “escribanía” por parte de quienes antes cuestionaban estas prácticas.

Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado

Además del rechazo opositor, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de sus socios, como el bloque del PRO encabezado por Cristian Ritondo, que adelantó que pedirá modificaciones al proyecto de reforma laboral.

Según interpretan sectores del kirchnerismo, el apuro oficialista responde al temor de que se introduzcan cambios que obliguen al texto a volver al Senado. En paralelo, Patricia Bullrich impulsa su propio ritmo en la Cámara Alta con la meta de dictaminar la próxima semana el Régimen Penal Juvenil y el tratado con la Unión Europea.

El oficialismo necesita cumplir con los siete días de plazo reglamentario entre el dictamen y la llegada al recinto para sesionar antes de fin de mes. Una alta fuente libertaria admitió a Infobae las dificultades de la negociación con los aliados para asegurar el quórum y las firmas necesarias: “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”.

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En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.

Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.

Las grietas de la litigiosidad y la indemnización

Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.

El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.

Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.

Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro

Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.

Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.

Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.

Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad

Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.

Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.

El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.

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