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POLITICA

Barra y Viola operan sobre el fuero administrativo para que rechacen los amparos contra el megadecreto

Emisarios del gobierno también empezaron a presionar a los estudios para que se abstengan presentarse en la justicia para bajar el DNU.

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El gobierno comenzó operar en el fuero contencioso para que no habiliten amparos contra el mega DNU de Javier Milei. La tarea recayó en el procurador Rodolfo Barra y en Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza. Además, hubo presiones contra estudios de abogados para que se abstengan de empujar las presentaciones que puedan frenar la aplicación del decreto.

El DNU, que deroga o modifica más de 300 normas fue cuestionado por los más prestigiosos constitucionalistas del país. Argumentan que el Ejecutivo avanzó sobre las competencias del Congreso porque legisló sobre materia fiscal, algo que la Constitución prohíbe. Pero los operadores de Milei comenzaron a trabajar para cerrar la ventana de Justicia.

No fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encargó de iniciar las conversaciones, ya que su agenda está más vinculada al fuero penal. Es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro y uno de los más prestigiosos administrativistas de la Argentina quien habría hecho valer sus contactos.

Barra fue ministro de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem y conoce y formó a muchos de los hoy jueces del fuero Contencioso Administrativo.

Mondino firmó el decreto desde París y en el peronismo dicen que es nulo 

Al parecer, la llegada de Barra al gobierno estaba vinculada a sus contactos en Tribunales -incluida la Corte Suprema- más que a la redacción del megadecreto de desregulación del Estado, una tarea que recayó en los grandes estudios.

Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro.

Santiago Viola, apoderado de LLA, es otro de los que comenzó contactar a los referentes del fuero para invitarlos a rechazar las presentaciones contra el DNU.

El megadecreto fue preparado con el asesoramiento de los principales estudios de abogados de la city porteña, que entre sus clientes cuentan con las mayores empresas argentinas. Además, estudios como Bomchil, Marval O’Farrell Mairal y Bruchou & Funes de Rioja se quedaron con lugares estratégicos del organigrama de gobierno. Por eso está descartado que esos bufetes accionen en contra de los intereses de Milei. 

Es inconstitucional, nulo e inaplicable.

De todos modos, LPO pudo saber que, a pesar de las presiones, habrá planteos en Tribunales y basca que un juez federal de cualquier provincia falle contra la norma, para congelar su aplicación.

 El abogado Jorge Rizzo adelantó que presentará un amparo pidiendo la inconstitucionalidad del decreto y una medida de no innovar para impedir su aplicación. «Es inconstitucional, nulo e inaplicable», dijo el consejero de la magistratura porteño y ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. 

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

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POLITICA

Los registros de ingresos a la quinta de Olivos que comprometen todavía más a Alberto Fernández

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Según consta en los registros de la Quinta Presidencial de Olivos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que intervino en numerosas operaciones durante el mandato de Alberto Fernández, fue parte de varias reuniones que lo incluyeron él y otros intermediarios del rubro.

La información fue mostrada por el usuario de la red social X @El30se_equivoco y en los registros se puede constatar que el 8 de enero de 2020, Martínez Sosa ingresó a las 21.36 y se retiró al día siguiente, a la 1.20 de la madrugada. En los mismos horarios figura también el ingreso de Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa, y de María Guadalupe Cortés, productora de seguros. También fue parte del encuentro Fernando Salim, otro broker que le vendió su empresa a Martínez Sosa al año de esa reunión.

Esa no fue la única reunión que Martínez Sosa mantuvo en la residencia presidencial, ya que el 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año se registraron más ingresos. En esas ocasiones estuvo acompañado de María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces Presidente. Además, en esas fechas, regía la cuarentena impuesta por el propio presidente en la zona del AMBA y Martínez Sosa no desempeñaba ninguna función esencial como para ser exceptuado de la imposibilidad de transitar libremente.

El fiscal Ramiro González imputó al expresidente, a Martínez Sosa y a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Alberto Fernández, breves declaraciones luego de votar  y se fue. En Universidad Católica Argentina

En diciembre de 2021, Alberto Fernández publicó un decreto que obligaba a las dependencias estatales a contratar sus seguros con Nación Seguros. Los organismos del Estado utilizaron un intermediario para la contratación que cobró hasta un 17% de comisiones. Martínez Sosa estaba entre los intermediarios más beneficiados. Entre los organismos que contrataron los servicios del broker estuvieron la Anses, la Casa de la Moneda, la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.

Alberto Fernández, que se jactaba de no tener en su haber casos de corrupción, al pronunciarse sobre su secretaria Cantero y la posibilidad de que haya beneficiado a su esposo Martínez Sosa, dijo: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.





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