Luis Barrionuevo, secretario general nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), reafirmó este jueves la intervención de la seccional Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sostuvo que la medida sigue vigente tras la decisión de la Corte Suprema que ordenó dictar un nuevo fallo sobre la disputa gremial con su ex cuñado Dante Camaño. Además, acusó al dirigente porteño de malversación de fondos sindicales y convocó a elecciones para septiembre de este año.

El conflicto se originó en el proceso electoral del 2 de diciembre de 2021, cuando la Seccional Capital, la más numerosa del país, se preparaba para renovar autoridades. Dante Camaño, quien lideró la seccional desde 1985, convocó a elecciones con la intención de extender su mandato. Sin embargo, Luis Barrionuevo decidió apadrinar una lista opositora encabezada por Humberto Ballhorst (Lista Azul). La ruptura de la alianza entre Barrionuevo y Camaño, agravada por la separación del secretario general y Graciela Camaño —hermana de Dante y ex diputada nacional—, marcó el inicio de una disputa que rápidamente trascendió lo gremial para instalarse en el terreno judicial.

Esa jornada electoral en 2021 estuvo marcada por denuncias cruzadas. Ambas listas se acusaron de maniobras fraudulentas y de haber llevado barrabravas a la sede gremial de la calle Salta 1301. La Junta Electoral, dominada por el sector de Barrionuevo, suspendió los comicios al no contar con el aval del oficialismo de Camaño para el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con la votación y proclamó el triunfo de la Lista Gris, lo que desató una batalla legal que aún no encuentra resolución definitiva.

En respuesta a las irregularidades detectadas, la Junta Electoral Nacional de la UTHGRA suspendió formalmente las elecciones en la Seccional CABA. Barrionuevo, en cumplimiento del Estatuto Social, decretó la intervención legal de la seccional a partir del 23 de marzo de 2022, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional. El Consejo Directivo Nacional de la UTHGRA comunicó a sus afiliados que la intervención contaba con aval judicial y que la medida respondía a la acefalía generada por el vencimiento de mandato de las autoridades y la ausencia de un acto electoral válido.

La reacción del sector de Camaño no se hizo esperar. Impulsaron una acción judicial para revertir la intervención y validar los comicios. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declararon inválidas las elecciones que la Lista Gris pretendía dar por ganadas. La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de junio de 2025 dispuso que la causa retornara al juzgado de origen para dictar una nueva sentencia. El máximo tribunal, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo fallo, aclarando que su decisión “no importa anticipar opinión sobre la validez del proceso electoral” de diciembre de 2021.

El comunicado del sector de Barrionuevo enfatizó que la Corte no convalidó las elecciones ni declaró ganador a Dante Camaño, ni anuló la intervención de la Seccional CABA, la cual “continúa vigente”. “La Corte solamente hizo lugar al recurso extraordinario presentado por Juan Castro (representante de la lista de Camaño) y ordenó el dictado de una nueva sentencia por el juez de primer grado con los alcances de la opinión del Procurador dictaminante, con lo que no ordena empezar todo de nuevo sino solamente el dictado de una nueva sentencia”, sostuvo el mensaje firmado por el Consejo Directivo de la UTHGRA.

Mientras tanto, la intervención de la Seccional CABA, primero bajo la gestión de Miguel Haslop y luego de Alvaro Escalante, denunció públicamente a Camaño y a la “Comisión Ejecutiva” que lo acompaña por ejercer funciones de manera ilegítima e ilegal durante más de tres años. Según los interventores, los miembros de la seccional intervenida se negaron a entregar las instalaciones y bienes de la UTHGRA, apropiándose de la sede histórica de la calle Salta 1301, subsedes, hoteles, campings, automotores, cuentas bancarias y cajas de seguridad. “Han malversado fondos y negado servicios esenciales a nuestros afiliados, atentando contra los derechos que legítimamente les corresponden”, afirmaron en un comunicado.

La administración de los fondos sindicales se convirtió en uno de los ejes más sensibles del conflicto. Los interventores acusaron a Camaño de evitar sistemáticamente la rendición de cuentas y de mantener en la opacidad “los millones de dólares que públicamente ellos mismos declararon tener bajo su administración, sin jamás acreditar su origen, uso o destino”. Además, señalaron que nunca presentó balances ni libros contables que respalden sus declaraciones, y que intentó crear una Junta Electoral propia, presidida por Eriberto Javier Corimayo, apartándose de las normas del Estatuto Social.

En contraste, la intervención aseguró que desde marzo de 2022 se ocupó de brindar servicios médicos, asistenciales y gremiales a los afiliados, inaugurando centros oftalmológicos y odontológicos, así como nuevas sedes para la atención y contención de los trabajadores y sus familias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo con ustedes, los trabajadores, con la verdad, la justicia y los principios fundacionales de nuestra organización”, subrayó el Consejo Directivo Nacional.

Como parte del proceso de normalización, Barrionuevo informó que durante el 59° Congreso General Ordinario de UTHGRA se designaron juntas electorales nacional y porteña. Ambas fiscalizarán las elecciones generales convocadas para el 18 de septiembre, donde se elegirá a la conducción de la seccional Capital que asumirá en diciembre de 2025.

La conducción nacional anticipó que al finalizar la intervención y tras las próximas elecciones, se realizará una auditoría para esclarecer el destino de los recursos sindicales y advirtió con iniciar acciones judiciales civiles y penales sobre quienes resulten responsables de los delitos denunciados.