POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire

Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.

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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.

Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.

El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.

Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.

El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.

Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
Comienza el juicio contra una comunidad mapuche por usurpar un campo privado en Río Negro

Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.
Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.
El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.
La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).
Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.
La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.
Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.
Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.
El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.
Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.
El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.
El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.
Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.
Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.
POLITICA
Strada y Sagasti cruzaron a Luis Caputo por involucrarlas en la polémica por los créditos del Banco Nación

La senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada cruzaron al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que las involucrara en la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo. Las dirigentes kirchneristas rechazaron lo señalado por el titular del Palacio de Hacienda y defendieron públicamente sus operaciones.
El episodio se originó a partir de una publicación del periodista Eduardo Feinmann en la red social X, donde señaló que la diputada y la senadora tenían créditos hipotecarios en el BNA. Caputo contestó ese mensaje y escribió, con tono irónico: “Felicitaciones a ambas. Gran decisión. ¡Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!“.
La respuesta no se hizo esperar. La primera en expresarse fue Fernández Sagasti, quien le respondió al ministro y rechazó las acusaciones. “Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequea. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde”, sostuvo y agregó: “Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo. Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, trae la tuya del exterior”.
Por su parte, Strada -exdirectora del Banco Nación- también le respondió a Caputo. “Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda”, criticó.
Junto con su respuesta, la diputada compartió una serie de publicaciones en las que detalló el proceso completo del pedido de su crédito hipotecario en el BNA.
Según explicó, el proceso se inició en junio de 2025 y concluyó en marzo de 2026. Además, dijo que tomó un monto inferior al ofrecido: “Respecto al monto, tomé menos dinero del que me ofrecían, porque no queríamos afrontar una cuota que nos costara pagar después”.
Sin embargo, el cruce en redes creció y sumó nuevas derivaciones. A través de su cuenta en X Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, publicó: “Lo único malo de que al país le vaya bien es que también salen beneficiados los kukas (sic). Una pena, realmente”.
“Mostrá los papeles de tu crédito papi”, le achacó Strada a Carreira, quien aparece mencionado en el listado de personas involucradas el otorgamiento de créditos del BNA del oficialismo.
En paralelo, la diputada mantuvo otro intercambio con el exlegislador porteño de LLA Ramiro Marra, quien le reprochó que no había crédito hipotecario durante el gobierno de Alberto Fernández. “Julia, lo que importa es que lo hiciste durante un gobierno liberal y no bajo tu gobierno ¿la razón? El crédito hipotecario no existía. Me alegra ver que incluso los Kirchneristas viven mejor y pueden acceder a nuevas oportunidades”.
No obstante, Strada volvió a hacerse eco de las acusaciones y puso el foco en la transparencia de los procedimientos. “Che vendedor de atún. Decile a tus socios que muestren los papeles del crédito. Lo que importa es si hubo atajo o no”, expresó.
créditos hipotecarios del Banco Nación,Julia Strada,Luis Caputo,Ramiro Marra,Conforme a,,Presunto enriquecimiento. Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares,,“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas,,Mensaje llamativo. El reposteo de Milei a una publicación en la que se acusó a un funcionario de conspirar contra su gobierno,Julia Strada,,»El kilo de asado a $24.130″. Milei apuntó contra una diputada de Unión por la Patria por un archivo en el que afirmaba que el dólar estaría a $3.700,,»Se colgó de nuestras banderas». Las reacciones de Ofelia Fernández y otras referentes del kirchnerismo a la denuncia de Fabiola Yañez,,»Nos gobierna un resentido». Una diputada kirchnerista culpó a Milei y dio siete razones por las que YPF debería haber elegido a Bahía Blanca
POLITICA
El Tribunal de Ética de la AFA falló a favor de Chiqui Tapia y avaló sus declaraciones patrimoniales

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recurrió al propio Tribunal de Ética de la entidad para que avale sus declaraciones juradas patrimoniales y determine que no es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), una categoría definida por la Unidad de Información Financiera (UIF) que implica mayores controles para prevenir el lavado de dinero.
El tribunal, que está compuesto por magistrados de altísimo rango del Poder Judicial, firmó un fallo como si se tratara de la justicia real: validó sus presentaciones y concluyó que no está alcanzado por ese régimen ni por su rol en la AFA ni por su cargo como presidente del CEAMSE.
Los magistrados se basaron para fallar en una reglamentación desactualizada -Nro 134/2018- de la Unidad de Información Financiera. Desde 2023, la normativa vigente es indiscutible en cuanto a la condición de Persona Políticamente Expuesta de Tapia por su rol en la empresa pública de residuos.
La decisión, que se publicó ayer en “Y mañana qué”, fue firmada en julio de 2025 por Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan, integrantes del Tribunal de Ética de la AFA.
Barroetaveña es presidente de al Cámara Nacional de Casación Penal -y actualmente no forma parte del tribunal de la AFA después de que la Corte lo obligara a renunciar-; Kohan se desempeña como juez de la Cámara de Casación bonaerense; y Fernández es abogado, hijo del camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández y sobrino del operador judicial Javier Fernández. Todos integran el Tribunal de Ética de la AFA que intervino como si tuviesen jurisdicción sobre hechos por fuera del fútbol.
Dice el fallo: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Resolución UIF N.° 134/2018″. El texto también recurre a la doctrina de los actos propios para reforzar su razonamiento. Señala que Tapia ya había ocupado un cargo en el CEAMSE en 2017 sin haber sido considerado PEP por ninguna.
La razón por la que ahora es intimado es porque la UIF pulió y actualizó el listado de Personas Políticamente Expuestas. “Nadie puede cambiar su conducta anterior en perjuicio de otro”, cita el documento en latín (“nemo potest mutare consilium suum ni fraudem alterius), en una de las varias referencias doctrinarias que incluye para sostener su conclusión.
Con ese marco, el Tribunal de Ética resolvió “tener por válidas y formalmente eficaces” las declaraciones juradas de Tapia y establecer que no reviste la condición de PEP. La decisión se adopta, según aclara el propio texto, “dentro de las competencias de este tribunal”.
Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), AFA
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