POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado
Mientras la Justicia busca información para dar con el autor del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este, el pasado feriado de carnaval, en Casa Rosada aseguran saber quién lo filmó.
Según aseguró una importante voz de Balcarce 50 a se trata de una mujer que es “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, según la definición que dieron para referirse a su vínculo con un sector de la izquierda local.
Aseguraron que se llama Victoria Correa, que milita en las filas de Nicolás del Caño, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Trabajaría en Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o uno de los organismos de control.
Agregaron que cumple funciones laborales en el lugar. Y que no fue difícil identificarla porque “trabajan unas 70 personas en el lugar” y fue vista en el lugar.
El domingo, frente a la difusión de las imágenes del momento en que abordaba en el aeropuerto de San Fernando el jet privado que habría alquilado para viajar a Uruguay, Adorni había denunciado un complot interno. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo el domingo en LN+. Dijo que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna.
Ayer hubo un pedido de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a las empresas que operan en el Aeropuerto de San Fernando, que envíen el material fílmico que tengan del día de partida y retorno de Adorni, en febrero pasado.
Fue, según consta en el escrito, en el marco de la causa caratulada como “Adorni, Manuel sobre Malversación de caudales públicos y cohecho”, en la que el denunciante es el diputado Esteban Paulón y que es investigada por Lijo.
En el texto circulado por la fuerza a las firmas que operan en el lugar se consignó: “En cumplimiento del oficio judicial recibido en esta fuerza de seguridad en el día de la fecha, que guarda relación el expediente mencionado en el epígrafe, solicito quiera tener a bien efectuar la conducente de manera inmediata, a los fines de llevar a cabo las gestiones necesarias para resguardar todo tipo de registro fílmico obrante en el sistema de circuito cerrado del hangar e instalaciones que usted representa, correspondiente a los días 12 y 17 de febrero de 2026″.
Lijo avanza con la investigación y de acuerdo a la información que recibió respecto del pago del avión en el que voló Adorni ya sabe que: el tramo de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. Y el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.
Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública. Se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.
Desde hace casi dos semanas, Adorni quedó en el epicentro de una sucesión de polémicas y denuncias que comenzaron luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York. Poco después llegó la difusión del video en el que se lo ve a Adorni junto a ella y su amigo Marcelo Grandío, rumbo a Punta del Este por subirse al avión privado en el aeropuerto de San Fernando.
Tras lo que en las últimas horas surgió que Angeletti figura como la responsable de comprar una casa de descanso en un country, en noviembre de 2024 y que no figura en la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La adquisición de la propiedad trascendió por medio de una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.
Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con el jefe de Gabinete.
Tal como contó este diario, aún no se sabe si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada.
En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.
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POLITICA
Designación y marcha atrás: un ministro de Kicillof echó a un ex concejal involucrado en un escándalo por alcoholemia
Jonatan Arce, el ex concejal de Bahía Blanca que renunció a su cargo por evadir un control de alcoholemia a fines del año pasado, estaba listo para cumplir su penitencia. Ayer fue designado formalmente como funcionario del gobierno bonaerense, pero el nombramiento duró poco. Luego de que varios medios provinciales replicaran la noticia, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, decidió echarlo.
Así lo confirmaron desde la cartera bonaerense a Infobae. Al parecer, el revuelo con Arce por su inconducta vial había pasado debajo del radar del ministro Alonso, quien había firmado su nombramiento. La novedad salió a la luz al publicarse ayer su designación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
La resolución 453/2026 reflejaba que la incorporación se firmó el 11 de marzo, pero con vigencia con carácter retroactivo desde el 26 de diciembre de 2025. Es decir, empezó a trabajar en la cartera de Seguridad apenas un mes después del incidente vial que tuvo en Bahía Blanca.
Sin embargo, el fichaje finalizó de manera abrupta. Luego que medios locales difundieron la incorporación del ex concejal al equipo de gobierno kicillofista en La Plata, Alonso lo desplazó del cargo. “Apenas se enteró, lo cesó en las funciones inmediatamente”, señalaron a este medio desde el entorno del ministro.
Fuentes de esa oficina ministerial argumentaron que el problema estuvo en que el ex funcionario de 38 años “no contó de su falta ética grave” en Bahía Blanca, si bien fue una noticia de conocimiento público. Es decir, se ocultó aquel incidente durante el proceso burocrático de incorporación al gabinete.
La documentación que presentó Arce estaba en regla y carecía de antecedentes penales a nivel nacional y en la Provincia. Su CV tampoco reflejaba inconveniente alguno, según pudo corroborar este medio. “En la carpeta que él presenta (por Arce), solo menciona que fue concejal entre 2023 y 2025. No menciona nada de esto ni de cómo fue su renuncia, que nos excede, y él lo oculta. Pero desde un punto de vista legal, no tenía nada”, señalaron desde la oficina ministerial.
El ex concejal había asumido como director de Coordinación Municipal y Control Rural Región Interior. Hasta ayer, trabajaba bajo las órdenes de Federico Sebastián Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior, un funcionario considerado por el intendente Federico Susbielles como uno de los “mejores hombres” y referentes del municipio. Montero es bahiense e integró la gestión del jefe comunal.
A pesar del traspié político, lo cierto es que el revuelo con Arce era conocido públicamente. Arce renunció el año pasado a su banca en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, tras el revuelo que generó haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un control vial el 21 de noviembre de 2025.
El ex edil no pudo hacer frente a la presión social tras conocerse el escándalo. La infracción se viralizó, luego que el referente de Estrellas Amarillas de Argentina, Santiago Saccoccia, pidió en ese momento la renuncia de Arce, ante la “presunción por negarse a prueba de alcoholemia”, una conducta que, según establece la normativa vigente, es equivalente al haber dado positivo al test. Saccoccia es padre de Facundo, un joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado.
La sanción que recayó sobre Arce entonces fue por partida doble. Tuvo que dejar su puesto político y afrontar una multa de $1.412.800, de acuerdo a lo definido por el Tribunal de Faltas bonaerense. Paradójicamente, el entonces edil integraba la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local.
Ante lo ocurrido, el exconcejal reconoció que “actuó de manera incorrecta” y difundió una carta pública de arrepentimiento. “Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad”, decía el mensaje, al explicar su renuncia. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas. Entregué toda la documentación solicitada, se labró el acta correspondiente y acepté la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano” Y concluyó: “La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.
En un nuevo capítulo de esta saga de tropiezos, la infracción de tránsito volvió a dejar afuera a Arce de otro puesto político.
El presidente Javier Milei ratificó ayer a Manuel Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político después del revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.
En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.
En las últimas horas, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).
Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.
En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso. Por un lado, los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hicieron una denuncia contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje que hizo el jefe de Gabinete en un chárter privado en el feriado de Carnaval junto a su mujer, sus hijos y su amigo Grandio.
El expediente recayó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.
Lijo y Pollicita ya verificaron que el viaje de ida fue costeado por Imhouse SA, de Grandio, amigo del ministro coordinador. El misterio gira en torno a quién pagó el tramo de vuelta.
Es que fuentes judiciales confirmaron a que ese viaje forma parte de un paquete de 10 viajes que abonó otra persona: Agustín Issin Hansen, quien tiene domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático para pedir información al vecino país.
En simultáneo, Pagano denunció que Adorni no había incluido la casa de Exaltación de la Cruz en la declaración jurada que debe entregar cada año en la OA.
La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito recayó en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini.
La exlibertaria también radicó una presentación judicial contra el jefe de Gabinete en la que reclamó que se investigaran los contratos de la consultora de Angeletti, +BE, que se dedica al “coaching ontológico” y que fue creada en 2024 poco después de que Adorni juró como vocero presidencial. Entre los clientes está confirmado que tuvo a la naviera National Shipping.
Anteriormente, Pagano había denunciado a Adorni por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje de su esposa a Nueva York. Esa presentación está en manos del juez Daniel Rafecas.
Entre tanto, el abogado Gregorio Dalbón, que supo representar a Cristina Kirchner y la AFA, denunció a Adorni por haber subido a su esposa al avión presidencial durante el viaje de Estado de Milei por el Argentina Week. Según Dalbón, ese hecho “podría configurar la comisión del delito de malversación de caudales públicos y/o utilización indebida de bienes del Estado por parte de un funcionario público nacional”. Ese expediente recayó en el juzgado que subroga Lijo.
“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, justificó Adorni, quien también enmarcó las acusaciones en una maniobra para desprestigiar el encuentro empresario en Nueva York.
En ese marco, Adorni también enfrenta pedidos de informes y de interpelación en el Congreso que fueron impulsado por integrantes de la oposición.
Las presentaciones fueron realizadas por Paulón y el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez.
“El funcionario deberá dar cuenta de las presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, señala la solicitud impulsada por el kirchnerismo.
Desde la bancada opositora reclamaron que se informen el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York”. A su vez, pidió datos del viaje de Adorni a Uruguay “en una aeronave privada […] debiendo acreditar fehacientemente la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de la persona humana o jurídica que sufragó dicho desplazamiento”.
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