POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
Tras la denuncia del fiscal Carlos Stornelli por “inicitación a la violencia colectiva”, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó sus dichos contra la administración de Javier Milei y aseguró que, de persistir con su agenda política, el Presidente no llegará a completar su mandato. Stornelli había avanzado penalmente contra el mandatario peronista por considerar que sus declaraciones incitaban a la violencia.
“Yo lo que hice fue un análisis político, una descripción de lo que yo visualizo. De continuar con estas políticas, de no modificar sus políticas, este gobierno no llega al 10 de diciembre de 2027″, reafirmó Quintela en diálogo con radio Delta 90.3. Negó que, como plantea el fiscal, su intención haya sido instigar algún tipo de levantamiento.
Advirtió, sin embargo, que espera que la CGT active un “plan de lucha” frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, a la que considera inconstitucional por violar el artículo 14 bis de la Carta Magna y tratados internacionales de rango constitucional. “También digo, como peronista, que la CGT tiene que armar un plan de lucha, tiene que resistir este modelo que atenta contra los derechos de los trabajadores”, sostuvo.
Cree, además, que otros dirigentes políticos deberían acompañar esta acción. “Quien tiene que manifestarse y visibilizar los problemas que vamos a tener [con la reforma laboral] tiene que ser la CGT, acompañado por todos aquellos que tenemos responsabilidad. Tenemos que defender los derechos de nuestra gente”, agregó.
Algo similar había planteado el lunes pasado en Radio 10. Fueron sus declaraciones en esa emisora las que motivaron la denuncia penal de Stornelli por “incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional”.
En el escrito presentado, el fiscal puntualizó la frase del gobernador por la que decidió actuar judicialmente. “Eso lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los tres que conducen la CGT, que estaban acompañados por Héctor Daer y por el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez. Estábamos todos juntos y yo planteé esto, tenemos que tomar decisiones, fuertes decisiones. Me dijeron: ‘Sí, bueno, pero acordate, digo, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el que se vayan todos. Sí tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque si no vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo (…) este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″, dijo Quintela, y abrió así la polémica.
Además de la presentación de Stornelli, Quintela enfrenta otra denuncia, en este caso, de parte del riojano Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza en su provincia. Ruiz interpretó que el gobernador del PJ habría validado una interrupción anticipada del mandato presidencial.
El futuro del peronismo
En diálogo con radio Delta 90.3, Quintela también se refirió al futuro del peronismo. Aseguró que -además de acompañar en el corto plazo el reclamo de los gremios y trabajadores- el partido debe trabajar para liderar un frente político amplio que pueda disputarle poder a La Libertad Avanza.
“Tiene que ser un grupo de compañeros que nos sentemos alrededor de la mesa a diseñar primero un proyecto político que encabece el peronismo como columna vertebral de un espacio mucho más grande”, explicó. “[El peronismo sería] un núcleo que pueda convocar a otros partidos políticos, a movimientos sociales, a la CGT para constituir un frente político con un programa de gobierno que empatice con nuestra gente”.
El gobernador se mostró escéptico respecto de la posibilidad de incorporar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a ese frente que pretende constituir, pero no lo descartó por completo. La titular del Senado se había mostrado junto al mandatario peronista a mediados de febrero en la última edición del Festival Nacional de La Chaya.
“Dentro del peronismo, no creo [que haya lugar para Villarruel] por su posición negacionista. No te puedo decir esta agua no has de beber, pero en principio me parece que no por su posición negacionista de la década del ’70 y los 300.000 desaparecidos, compañeros torturados”, concluyó Quintela.
denuncia del fiscal Carlos Stornelli,reforma laboral,se había mostrado junto al mandatario peronista,Ricardo Quintela,Javier Milei,Conforme a,,Del Grupo Sushi al Colón. Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos,,Sorpresivo reencuentro. Pichetto visitó a Cristina Kirchner y hablaron de 2027: “Fue fraternal»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,Ricardo Quintela,,»No puede llegar al 2027″. El PJ salió a apoyar a Quintela tras la denuncia de un fiscal por sus dichos sobre Milei,,»Afectación del orden constitucional». Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″,,Duras críticas. Martín Menem repudió los dichos de Quintela contra Milei: “Es un mono con un martillo en una cristalería”
POLITICA
La Inspección General de Justicia le respondió a Claudio Tapia y advirtió: “La AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ”
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, respondió hoy a las declaraciones de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien cuestionó el pedido para designar veedores en la entidad. Vítolo advirtió que la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ, ya que, según explicó, no se completaron las formalidades legales para trasladar la sede a la provincia de Buenos Aires.
“El comunicado de AFA es patético”, señaló Vítolo en contacto con Infobae, en referencia al texto difundido por Tapia. En ese comunicado, el titular del fútbol argentino calificó como “ilegítima” la veeduría solicitada por la IGJ y denunció una supuesta “operación política” del Gobierno nacional contra la conducción de la entidad.
La controversia se intensificó luego de que la IGJ requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la AFA. Desde la conducción encabezada por Tapia rechazaron el planteo y argumentaron que el organismo nacional carece de competencia, ya que la asociación civil trasladó su sede a Pilar y quedó bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Vítolo refutó ese argumento. “Las propias normas de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, mal que le pese al gobernador Axel Kicillof, señalan que para que el cambio de jurisdicción sea efectivo debe acreditarse la ‘cancelación’ de la inscripción anterior; y la AFA no cuenta con cancelación de inscripción en la IGJ. Por ello, la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ actualmente, y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia no tiene facultades para cancelar una inscripción en extraña jurisdicción”, afirmó el titular de la IGJ.
En el comunicado difundido por la AFA, Tapia sostuvo que la solicitud de veedores constituye una avanzada política y apeló “al pueblo de la Nación” en defensa de la autonomía institucional. También mencionó antecedentes de intervención de entidades civiles durante el gobierno de Alberto Fernández y citó el caso de la Fundación IEES, vinculada a Patricia Bullrich.
Vítolo respondió sobre ese punto: “Es positivo que el señor Tapia reconozca que durante el gobierno de Alberto Fernández, perteneciente a su partido político, el Ministerio de Justicia y la IGJ persiguieron injustamente a Patricia Bullrich. Pero está muy mal informado sobre lo ocurrido en aquella oportunidad”. Agregó: “La Fundación IEES fue intervenida en 2023, de un modo ilegal y arbitrario, mediante una disposición que estableció el desplazamiento de todas las autoridades de la institución, reemplazadas por una interventora designada por el ministro”.
Más adelante, Vítolo marcó diferencias con la situación actual de la AFA: “En este caso no se ha pedido el desplazamiento de las autoridades de AFA, ni siquiera se ha solicitado un coadministrador ni la designación de administradores sustitutos de los actuales. Solo se pide poder ver y compulsar documentación. Además, la AFA ha tenido pleno acceso a las actuaciones, es parte en las mismas y ha tomado vista de todos los expedientes. Por eso, la comparación de lo ocurrido con la solicitud de veeduría en la AFA con el caso Bullrich, además de incorrecta, es ridícula”.
El titular de la IGJ justificó la medida adoptada y mencionó presuntas inconsistencias contables. “Es de toda evidencia que la AFA ha incurrido en graves irregularidades”, sostuvo. Detalló: “No explicar observaciones formuladas a sus estados contables y financieros por más de ocho años, donde se le pidieron explicaciones por cifras cercanas a los 111 millones de dólares; negarse a entregar el balance de ejercicio del año 2025 y no entregar la documentación sobre la creación de una universidad que no está habilitada ni autorizada a funcionar, anunciada como ‘existente’, incluyendo un link para que se inscriban alumnos, son claramente calificables como ‘graves irregularidades’”.
Las objeciones de la IGJ al cambio de sede y la documentación
En la misma línea, Vítolo añadió: “Ni hablar si a ello le sumamos los escándalos denunciados por la prensa sobre las vinculaciones de AFA con la firma TourProdEnter, Sur Finanzas, Real Central SRL y otras sociedades. Es claro que ante estos hechos la IGJ no puede dejar de solicitar información”.
Vítolo rechazó que la veeduría implique una intervención. “La veeduría no es una sanción —como errónea y maliciosamente lo califica la AFA— ni afecta en nada al funcionamiento de la institución. Solo se compulsarán libros contables, documentos y contratos, operaciones financieras, y los veedores prepararán un informe para ser evaluado por la autoridad de control”, explicó.
Sobre el traslado de la sede a Pilar, el funcionario fue categórico: “Que la mudanza al predio de Pilar del año 2024 ha sido y es falsa ya ha sido probado suficientemente por constancias de ARCA, inspecciones de IGJ y hasta por medios periodísticos que visitaron el lugar”. Añadió: “En la dirección de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— 1366 de Pilar, suministrada por la AFA a ARCA y a la IGJ, la AFA nunca estuvo, ni está tampoco ahora”.
El titular de la IGJ también cuestionó la resolución provincial que admitió a la AFA en su jurisdicción. “De hecho, la propia Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no ha podido incluir en la resolución que admite a la AFA en su jurisdicción un domicilio concreto para su sede, señalando solo que la sede está en el ‘municipio de Pilar’. Algo vergonzoso”, afirmó.
Incluso ironizó sobre la numeración del domicilio denunciado: “Ocurre que el domicilio que AFA denuncia como sede en esa calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— es un número par —‘1336’— y el terreno donde están el cartel y la casa abandonada, y en el cual la AFA está haciendo refacciones, se encuentra en la vereda de los números impares. Toda una curiosidad”. Y agregó: “¿Dictará el gobernador Kicillof un decreto, o el intendente Achával promulgará una ordenanza donde establezcan que esa manzana de la calle Mercedes —hoy Néstor Kirchner— tiene numeración par en ambas veredas? ¿O le otorgarán, en homenaje a los campeones del mundo, una excepción a la AFA para que sea el único terreno en el cual, en la línea de la numeración impar, se consigne un número par?”.
La disputa institucional y el trasfondo político
Sobre la acusación de “operación política”, Vítolo replicó: “Resulta curioso y significativo que la AFA acuse al Gobierno de llevar adelante ‘una operación política’ cuando ha sido la propia AFA quien intentó politizar esa institución con una operación de reforma de estatutos a fines de 2023 —en la creencia de que Massa ganaría la elección a presidente— para incorporar a su Consejo Directivo al presidente de la República, vicepresidente, gobernadores de provincia o senadores y diputados nacionales en ejercicio. Esa reforma estatutaria fue rechazada por la IGJ y la AFA tuvo que dar marcha atrás y dejar sin efecto dicha modificación”.
El funcionario concluyó con una frase que sintetizó el tono del intercambio: “La apelación que el presidente de la AFA realiza al pueblo de la nación es tan absurda y patética que me exime de todo comentario”.
El conflicto ahora avanza hacia una definición administrativa que podría derivar en un planteo judicial si la AFA persiste en desconocer la competencia del organismo nacional. Desde la IGJ insisten en que la entidad continúa bajo su órbita y que la veeduría es una herramienta legal de fiscalización. Por su parte, la conducción de Tapia sostiene que el cambio de jurisdicción es válido y que el pedido responde a una motivación política. La disputa institucional suma así un nuevo capítulo en la relación entre el poder regulatorio del Estado y la conducción del fútbol argentino.
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POLITICA
Darío Lopérfido y la política, un recorrido que lo llevó a la cima del poder y a la polémica por los desaparecidos
La gestión cultural y la actividad política, con un recorrido que no estuvo exento de pasiones, polémicas y confrontaciones, nutrieron la vida de Darío Lopérfido, quien tuvo una decisiva influencia en la gestión porteña y en el gobierno nacional de Fernando de la Rúa, en la década del 90 y los albores del siglo XXI. Integró en ese tiempo el Grupo Sushi, junto a otros jóvenes dirigentes que gravitaban en la gestión del presidente radical, y más recientemente, fue director del Teatro Colón y simultáneamente ministro de Cultura de la Ciudad. Ambas gestiones quedaron desdibujadas y terminaron abruptamente al enfrentarse duramente con organizaciones de derechos humanos a raíz de las declaraciones públicas en las que puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos como víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar.
Con el acceso de la Alianza al poder, Lopérfido se convirtió en uno de los principales asesores del Presidente, que se apoyaba en el mencionado Grupo Sushi, cuyo principal referente era Antonio de la Rúa, hijo del Presidente, acompañado por Hernán Lombardi, Andres Delich y otros jóvenes funcionarios nacionales. A la par de la gestión cultural en el gobierno nacional, Lopérfido fue el principal estratega en materia de comunicación y actuaba como virtual vocero presidencial.
Con la caída del gobierno de la Alianza, comenzó un período de perfil bajo y el otrora asesor estrella del presidente se volcó al periodismo, especialmente a través de artículos publicados en diarios del exterior.
En febrero de 2015 lo reflotó Mauricio Macri en su último año como jefe de gobierno de la Ciudad, al designarlo director general y artístico del teatro Colón, a lo que sumó posteriormente en forma simultánea el cargo de ministro de Cultura, designado por Horacio Rodríguez Larreta, sucesor de Macri en el distrito porteño.
Comenzó allí una etapa que lo enfrentó con sectores de la cultura y referentes del mundo de la música clásica, que no compartían sus criterios y las programaciones de la sala lírica porteña.
En el verano de 2016, Lopérfido declaró en un reportaje que “en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”. Argumentó que esa cifra “se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsidios”, lo que desató una fuerte reacción en el ámbito político, especialmente en el campo de los derechos humanos. Intelectuales y artistas reclamaron su alejamiento de la función pública, lo que desgastó al funcionario, quien seis meses después dejó el cargo de ministro, aunque mantuvo la dirección artística del Colón.
Sus declaraciones sobre los desaparecidos le generaron enfrentamientos en el área de la cultura, incluso en el propio teatro Colón. Se profundizó el conflicto con artistas, directores, coreógrafos y dramaturgos, lo que derivó en un clima de enfrentamientos.
Al presentar una sede itinerante del Complejo Teatral en Parque Patricios, lanzó un llamado a la comunidad artística, que fue interpretado como un desafío. “Hablen de arte, de obras de teatro, de cine, de cultura; dejen de hablar de política. La política es algo muy complicado”, les dijo, lo que agitó el conflicto.
Darío Lopérfido había nacido el 5 de junio de 1964 en el barrio de Villa Urquiza. Su padre era obrero gráfico y delegado gremial en el diario La Razón y fue despedido durante el gobierno militar. Crecido en un ambiente familiarizado con la tarea periodística, desde su juventud se volcó al campo de las agencias publicitarias, donde tomó contacto con el mundo de la cultura.
En el período posterior a la recuperación de la democracia desplegó una activa labor como director del Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su gestión fue una vidriera que le permitió ser convocado por De la Rúa para la gestión porteña. Primero como subsecretario de Extensión Cultural y luego como secretario de Cultura, formó un equipo con Cecilia Felgueras y profundizó la programación de actividades culturales en los barrios. Al mismo tiempo, desplegó iniciativas que generaron controversias, como el festival Buenos Aires No Duerme, cuyo objetivo era atraer y promover a artistas jóvenes, aunque debió enfrentar conflictos con vecinos.
En los últimos años, Lopérfido retomó sus compromisos profesionales en el exterior, que lo llevaron a Berlín, Madrid y Nueva York, aunque nunca perdió los lazos con Buenos Aires. Participaba de la Cátedra Vargas Llosa, una iniciativa conjunta de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y diversas universidades para promover la literatura contemporánea, y mantenía columnas periodísticas en espacios radiales.
Fue también presidente de Ópera Latinoamérica, una organización sin fines de lucro formada en 2007 por una red de teatros, festivales y compañías de ópera de Iberoamérica.
En 2016 su nombre apareció en la filtración de documentos conocidos como Panamá Papers, junto a políticos argentinos y de la región, lo que él negó. Su última incursión en política fue su participación en el partido Republicanos, con Yamil Santoro, con la intención de pelear por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2019, lo que finalmente no concretó.
En julio de 2024, la salud de Darío Lopérfido se deterioró. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular, que en las últimas horas produjo su fallecimiento. En diciembre pasado compartió con entereza los padecimientos de esta enfermedad en un artículo publicado en la revista Seúl. Allí escribió: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió; mientras pueda escribir y compartir algunas cosas con mi hijo, seguiré acá”.
Mariano De Vedia,Darío Lopérfido,Fernando de la Rúa,Conforme a,Darío Lopérfido,,La muerte de Darío Lopérfido. Gestor cultural innovador y audaz, fue un polemista y se declaró rebelde,,»Enorme dolor». El ámbito político y cultural despidió en redes a Darío Lopérfido tras su muerte a los 61 años,,A los 61 años. De qué murió Darío Lóperfido
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