POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire

Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
Los suplentes de Manuel Adorni: Contratos con el estado y negocios offshore en Miami

Un repaso detallado sobre los nombres suplentes que acompañan a Adorni expone que muchos de ellos viven de la teta del estado hace años o construyeron su carrera a la sombra de la política tradicional. Los postulantes vinculados al sector privado son casi una excepción y la mayor parte de ellos son, apenas, meros empleados. El caso de la empresa offshore radicada en un exclusivo barrio de Florida.
El repaso uno por uno
El primer candidato suplente porteño es Tomás José Kohen, uno de los pocos trabajadores autónomos de la lista, dueño de un comercio de indumentaria llamado Casa Rubén. Luego le sigue María Cecilia Bertoni, la protesorera de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires a la que este medio no logró encontrarle relación laboral activa.
José Alberto Arena, tercer candidato suplente de Adorni, engrosa la nómina de trabajadores estatales: desde enero de 2022, trabaja en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La cuarta candidata, Verónica Elizabeth Genovese, también trabaja en la Legislatura Porteña desde diciembre de 2023. Anteriormente, fue personal auxiliar en la municipalidad de Lanús, con un salario inicial de apenas 5 mil pesos. Su principal antecedente laboral fue ser cajera en Garbarino durante cinco años.
Tobías Julián Márquez Villanúa es el quinto postulante: en sus redes se presenta como comerciante, abogado de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de Economía y referente de la Comuna 10 de La Libertad Avanza. Elena Gabriela Zanitti, la siguiente en la nómina, es otro caso de contratación estatal: igual que varios de sus compañeros, desde enero de 2024, trabaja en la Legislatura de la Ciudad.

Karina Milei junto a Paola Andrea Álvarez Acuña, exempleada del supermercado Día.
Uno de los pocos postulantes abocado a la actividad privada es el joven Dante Bruno Lamberti, quien según su cuenta en LinkedIn Corporation trabaja como freelancer en QSocialNow. A él le sigue Paola Andrea Álvarez Acuña, una exempleada del supermercado Día (2018-2021) que desde octubre de 2024 figura en la Legislatura Porteña cobrando un sueldo de aproximadamente 1.250.000 pesos mensuales.
El noveno aspirante es Fernando Juan Lunghi, quien no es nada nuevo en la política. Ya en 2015 fue candidato del Pro en la Comuna 14. Trabaja en la Legislatura de la Ciudad desde diciembre de 2023, percibiendo un sueldo de 2.500.000 pesos. Previamente, se desempeñó en la subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
La décima y la offshore
El caso más polémico lo protagoniza la quinta candidata, Moira Patricia Coupe, quien integra los equipos técnicos de Patricia Bullrich desde 2020. La postulante trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace más de una década y percibe otro ingreso del estado como docente de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE). Pero eso no es todo.
Según registros oficiales del Estado de Florida, Moira Coupe posee una empresa offshore desde 2013 denominada Carol Company LLC en Miami, junto a Marcelo Julián Hernández, otrora compañero de trabajo en el Consejo de la Magistratura y actual funcionario del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger.
La empresa, registrada en el exclusivo 4000 de Hollywood Boulevard (Suite 140-N), fue disuelta administrativamente en 2020 por incumplimiento de las obligaciones anuales.
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Santiago Sautel, Eduardo Elsztain, Horacio Rodríguez Larreta, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni, Javier Milei, Juan Bruchou, Tomás José Kohen, María Cecilia Bertoni, José Alberto Arena, Marcelo Julián Hernández, Moira Patricia Coupe, Fernando Juan Lunghi, Paola Andrea Álvarez Acuña, Dante Bruno Lamberti, Elena Gabriela Zanitti, Julián Márquez Villanúa, Verónica Elizabeth Genovese
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POLITICA
Elecciones legislativas en CABA y las últimas noticias de Javier Milei, en vivo

Las últimas noticias de las elecciones en la Ciudad y el gobierno de Javier Milei
Santoro también lanzó, en su cuenta de X, su primer spot de campaña. El legislador difundió un video con fuertes críticas y chicanas a la gestión de Jorge Macri, sin mencionar la letra F, en relación a la anunciada línea de subte. El dirigente K publicó: “El PRO cumple 16 años prometiendo una línea de Subte. _elicidades!”.
Santoro difundió el spot de una cuenta llamada “San Toro”, en un juego de palabras con su apellido. Inicialmente aparece una joven en una parada de colectivo, que envía un mensaje de voz desde su celular, sin usar la letra F. Luego aparece una persona vestida de toro, que mira a cámara, y luego aparece el mensaje: “Los porteños ya se olvidaron de la F. Yo no. El toro Santoro”.
Javier Milei, Elecciones
POLITICA
Caso $LIBRA: proponen para presidir la comisión investigadora a una diputada libertaria con una probation por estafa
Tres semanas después de creada la comisión de la Cámara de Diputados que debería investigar el “caso $LIBRA”, la iniciativa todavía sigue en el aire. Cuenta ya con 28 integrantes, pero resta designar a las autoridades y, en particular, definir quién la presidirá. Y quien más suena para asumir ese rol por La Libertad Avanza (LLA) es una legisladora que afrontó una causa penal por “estafa y otras defraudaciones”, proceso que logró cerrar en la Justicia neuquina con una “probation”.
El hallazgo trascendió en momentos en que la Casa Rosada afronta esta semana un doble desafío vinculado a la presunta estafa con un memecoin que promocionó el presidente Javier Milei. Hoy, los diputados interpelarán al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y mañana la comisión investigadora intentará definir su plan de trabajo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no asistirá a pesar de haber sido también convocado, según informó Francos.
En ese sentido, la eventual titular de la comisión ya quedó en la mira. Se trata de la diputada nacional Nadia Judith Márquez (LLA), que afrontó una causa penal por emitir títulos truchos en dos instituciones terciarias de la provincia de Neuquén, entre 1999 y 2004: cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una supuesta universidad que carecía de las acreditaciones oficiales requeridas.
La investigación judicial se inició cuando algunos de los estudiantes afectados detectaron la invalidez de sus títulos y acudieron a los tribunales, donde la pesquisa quedó en manos del juez Alfredo Elosú Larumbe y del fiscal Horacio Maitini. Debido a las pruebas acumuladas durante la instrucción, Márquez y otros acusados debieron declarar, pero luego fueron sobreseídos, aunque el Tribunal Superior de Justicia revocó ese fallo en 2011.
Ya en 2013, la otrora concejal por el sobichismo, luego legisladora provincial y actual diputada nacional debió afrontar un juicio oral, pero accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Con esa “probation” alejó el riesgo de una condena penal, para lo cual debió cumplir con una serie de condiciones y obligaciones –como la entrega mensual de litros de leche a ASER, una organización no gubernamental que lucha contra las adicciones-, compromiso que se extendió hasta 2016.
Con la “probation”, Márquez evitó una condena penal en los tribunales neuquinos, aunque la Ley de Ficha Limpia que aprobó la Legislatura provincial durante las últimas semanas la dejaría fuera de la vida política en el futuro. ¿Por qué? Porque modificó el Código Electoral y estableció que no podrán ser candidatos o candidatas “las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal”.
Interpelación
Mientras se define si Márquez asume al frente de la comisión investigadora del “caso $LIBRA”, el pleno del recinto mantendrá un ida y vuelta con Francos, en tanto que se especula con que faltarán los otros citados: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.
Según se acordó ayer, Francos dispondrá de hasta 90 minutos para exponer, los cinco bloques que impulsaron la interpelación contarán con un tiempo similar y por último se habilitarán un ida y vuelta abierta a todos los espacios, en una sesión que se estima que durará más de 10 horas.
Durante la sesión, además, uno o más bloques parlamentarios podrían presentar una moción para reducir de 28 a 24 el número de integrantes de la comisión investigadora, en un intento por anular la resolución que firmó el presidente de la Cámara, Martín Menem, y forzar así un desequilibrio dentro de la comisión entre los bloques oficialistas y opositores, entre los que impera una palpable desconfianza recíproca.
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