POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
POLITICA
La DAIA y legisladores homenajearon a las víctimas del atentado contra la AMIA y apoyaron el juicio en ausencia
La DAIA y la Cámara de Diputados homenajearon este jueves a las víctimas del atentado terrorista contra la sede de la AMIA-DAIA el 18 de julio de 1994 y reconocieron a los legisladores que votaron a favor del proyecto de Ley de Juicio en Ausencia.
A 31 años del ataque, el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, dijo durante la ceremonia: “La promulgación de la Ley de Juicio en Ausencia no es sólo una victoria jurídica; es, ante todo, una victoria ética. Es una declaración institucional contundente: en la Argentina no hay lugar para la impunidad, y menos aun cuando lo que está en juego es la dignidad de las víctimas, el dolor de los familiares y el derecho de la sociedad a conocer la verdad”.
A partir de esa ley, el juez federal Daniel Rafecas resolvió el mes pasado que se hará un “juicio en ausencia” contra los diez acusados del atentado que llevan décadas prófugos. Se trata de exfuncionarios del gobierno iraní y miembros de Hezbollah, presuntos responsables del ataque que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
Este avance había sido solicitado por la fiscalía en abril. Rafecas accedió basado en la nueva ley, que permite llevar frente a un tribunal oral a los acusados que eluden de forma sistemática a la Justicia.
Durante el acto en el Congreso, Berenstein añadió: “La justicia y la educación son las únicas respuestas que pueden cerrar el círculo del horror con dignidad. Esta ley, en ese sentido, es también un acto de memoria activa”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, agradeció al Congreso por la aprobación de la ley e instó a “trabajar de la mejor manera jurídica posible para que tengamos un país mejor”.
Una de las diputadas que hizo uso de la palabra fue Sabrina Ajmechet (Pro). “El memorándum con Irán (de 2013) nos hizo retroceder muchos casilleros y nos alejó de la justicia. Celebramos que nuestro país esté entrando en una etapa en la que podrá juzgar a los responsables y nos acercará a la paz que merecemos todos los argentinos”.
Su compañera de bloque Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Derecho Penal, subrayó: “Hoy tenemos un presidente que decidió poner fin a los acuerdos políticos que permitían la impunidad, para hacer realidad este instrumento de paz. La memoria con justicia da fuerza, y esa fuerza es la que nos trajo hoy hasta aquí”.
El acto contó con la presencia de autoridades legislativas, representantes del Poder Judicial, embajadores, dirigentes comunitarios y familiares de las víctimas.
El Senado acaba de escenificar el conflicto político de mayor magnitud que alimenta y a la vez enfrenta Olivos, ya en plena temporada electoral. La media docena de votaciones en una sola jornada sacudió el tablero nacional y genera muchas lecturas, pero ninguna puede partir de la sorpresa. Fue un resultado cantado, expresión del peor momento de la relación de Javier Milei con los gobernadores, algo que supera la batalla con la oposición más dura y que tiene doble origen: la situación financiera de las provincias y la disputa de poder territorial cada vez más abierta. Eso explica en buena medida el desenlace de este capítulo legislativo, pero no todo. Se advierten además las sombras y los ruidos de la interna violeta, que terminaron de cerrar las puertas a la negociación, al menos de momento.
La interna expuso un capítulo visible con la masiva carga sobre Victoria Villarruel. La vicepresidente tuvo un papel nada menor con su decisión de presidir la sesión, una vez asegurado el debate en el recinto. Sin embargo, nadie podría decir que fue determinante, porque el final estaba escrito desde muchos días antes, y lejos del Congreso.
Es ilustrativo el repaso de lo que venía ocurriendo en el heterogéneo conjunto de gobernadores. También, las señales del oficialismo, teñidas por el cálculo electoral. Y un tema repetido: la interlocución con las provincias, es decir, qué nivel de decisión real tienen los operadores y funcionarios encargados de las conversaciones.
Las reuniones plenarias de los jefes provinciales, en el CFI -un ámbito que refuerza el mensaje al poder central-, constituyeron la primera señal llamativa: no desaparecían las diferencias entre gobernadores, pero mostraban voluntad de contenerlas. Al mismo tiempo, la predisposición al acuerdo de los “dialoguistas” y el virtual silencio del núcleo del PJ/K abrían chances para las tratativas. El paso de los días aumentó el malestar por las respuestas de los funcionarios nacionales. Y la reacción fue expresada por el impulso a dos iniciativas que según sus cálculos tienen nulo o muy escaso costo fiscal: modificaciones en el reparto de ATN y cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
La presentación efectiva de los proyectos -con la firma de casi todos los bloques- se produjo cuando el diálogo ya parecía liquidado. Frustrado por razones climáticas y políticas el acto del 9 de Julio, el cuadro se agudizó con la descarga de Milei contra los líderes provinciales, a los que acusó, en bloque, de querer “destruir al Gobierno”. Sin embargo, todavía después, los gobernadores más jugados a una instancia de diálogo -ex JxC, algunos provinciales, peronistas no kirchneristas- transmitían por diversos medios su intención de no acompañar los proyectos sobre jubilaciones y sistema de discapacidad.
Eso mismo ponía en tensión el difícil entendimiento entre los veinticuatro distritos, pero el intento de abrir negociaciones se frustró sobre todo por el juego mileista. De hecho, la evaluación asomaba sencilla. Con posiciones intransigentes y apuntadas a tratarlos como bloque, sin distinciones, el Gobierno le daba oxígeno a la franja más dura, aunque minoritaria en número: cuatro o cinco mandatarios, con Axel Kicillof como cara visible y el kirchnerismo como marca.
Lo más evidente: Milei ratificó dureza discursiva, sin hacer distinciones entre el proyecto sobre jubilaciones y las iniciativas impulsadas por el conjunto de los gobernadores: ICL y ATN. Para completar, los tuiteros oficialistas y Patricia Bullrich recargaban la ofensiva y hablaban de intento de golpe institucional en el Senado.
No fue un hecho aislado. En medios políticos, desde hace rato se viene destacando que la “estrategia violeta” es dictada exclusivamente por Karina Milei, con sus subordinados y operadores, en especial Eduardo “Lule” Menem. En ese terreno, perdió peso Santiago Caputo, a quien en las especulaciones más envenenadas señalaban como poco interesado en evitar el sacudón de las votaciones en el Senado.
El círculo de Olivos dejó de lado la idea de buscar acuerdos electorales con gobernadores donde fuera posible. Y en cambio, se extiende el criterio de disputar espacios en cada provincia. Viene ocurriendo en adelantos de elecciones, anotó un último ejemplo camino a la disputa por la gobernación correntina y proyecta batallas para octubre, con el presupuesto de mejorar las bancadas estrictamente propias -sin aliados- en el Congreso.
Ese juego, combinado con la desatención de la demanda de los veinticuatro distritos en materia de coparticipación, motorizó la escalada política de estas horas. La interna con Villarruel tiene otro sentido, además de venir de arrastre. El último y más ácido capítulo se relaciona con la convalidación de la sesión del Senado, con su función en el recinto cuando LLA daba el primer paso -el abandono de las bancas- para discutir la validez de la sesión.
Allí asoma un dato que expone al menos la falta de una receta estudiada y ya definida para ir contra los proyectos de mejora jubilatoria, moratoria y discapacidad, convertidos en ley el jueves último. Si se afirma la intención de discutir el tema en la Justicia, quedaría en zona gris el anuncio de los vetos del Presidente. Se abre entonces otro interrogante: ¿el planteo a los tribunales sería por una cuestión reglamentaria o con otra letra, como que atenta contra la ley de administración financiera pública?
Tales argumentos son rechazados por la oposición. La cuestión práctica, y central, es que una demanda involucraría a la Justicia en un tipo de pelea que suele rechazar. El riesgo de los vetos es otro: ¿el oficialismo puede asegurar el número suficiente de diputados para sostener después la decisión presidencial? Lo logró en otros casos, de manera ajustada, y en parte gracias a negociaciones con los gobernadores.
En las primeras especulaciones, parece posible blindar el veto a la moratoria previsional. Menos claro asoma el panorama para el oficialismo en cuanto a la recomposición de jubilaciones y la emergencia en el sistema de atención a la discapacidad. Los números de las votaciones en el Senado son significativos. La moratoria salió con cifra ajustada. En cambio, las otras dos iniciativas tuvieron respaldo amplio, muy por encima de los dos tercios. Las bancadas de aliados o dialoguistas -PRO, UCR, provinciales- se dividieron entre apoyos, abstenciones y ausencias, según el tema, pero no dieron batalla en contra.
Queda además un interrogante sobre si la contraofensiva de Olivos alcanzaría también a los proyectos sobre ATN y combustibles, impulsados por los gobernadores, en caso de que Diputados los convierta en ley, sin demoras. Y también queda abierto de hecho un espacio para la negociación, que además sumaría el difícil desafío de los vetos.
El Gobierno se siente cómodo en el discurso de la polarización. Pero también en ese plano, el de la batalla por el relato, expone matices y contradicciones. Voceros formales e informales dicen que el rechazo cerrado a las leyes con impacto presupuestario favorece a la imagen presidencial. Pero al mismo tiempo, proyectan un muy peligroso impacto coyuntural en la economía. Por ahora, la receta política es incierta.
POLITICA
Cristina Kirchner y los demás condenados del caso Vialidad deben entregar, entre todos, $684.990.350.139: les darán diez días
Los expertos de la Corte Suprema determinaron el monto del dinero que tendrán que aportar Cristina Kirchner y los demás condenados de la causa Vialidad: son, en total, $684.990.350.139,86.
Tal es el monto actualizado del decomiso de 84.000 millones de pesos dispuesto en la sentencia. Los condenados deben entregar este dinero dispuesto para el recupero de activos por el daño provocado al Estado con las maniobras de corrupción. A la cotización actual del dólar, da más de 540 millones de dólares.
El Tribunal Oral Fedral N°2 les había pedido a los expertos de al Corte que actualizaran la suma dispuesta cuando se dictó sentencia, el 6 de diciembre de 2022.
Primero, el tribunal pidió esa información a los peritos tasadores, pero luego advirtió que se trata en realidad de efectuar un cálculo de actualización contable.
Ahora, con la suma fijada, los jueces darán a los condenados un plazo de 10 días para que aporten ese dinero. Si no lo hacen, podrían avanzar con el decomiso de los bienes de cada uno, que por ahora están embargados. De ser necesario, los enviarán a remate para hacerse de efectivo.
Los bienes que la Justicia podría decomisar de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados por la causa Vialidad incluyen millones de dólares en efectivo, centenares de propiedades, sociedades estancias, chacras, y departamentos.
Son 213 propiedades en total, 14 vehículos y seis sociedades. Con esos bienes se debe cubrir el monto del perjuicio provocado al Estado por la causa Vialidad.
No sólo incluyen los 120 millones de dólares de los bienes de Lázaro Báez, sino que además es posible echar mano de los bienes de la expresidenta.
El monto del decomiso surge de un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que calcularon que el perjuicio al Estado debe determinarse por el monto de sobreprecios en las 51 licitaciones y los daños ocasionados por el abandono de las obras.
La idea es que se produzca un “recupero de activos provenientes del delito que procura impedir que el autor del ilícito penal pueda seguir disfrutando de lo que por él obtuvo”, dijeron los fiscales al alegar.
Se trata de la herramienta que posee el Estado para “procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquel”, dice la sentencia de la condena.
Cristina Kirchner declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, en su última declaración jurada, ya que no posee otros bienes, pues hizo un anticipo de herencia en favor de sus hijos Máximo y Florencia.
Estos bienes que están congelados en el caso Hotesur y Los Sauces podrían ser decomisados. Son departamentos en Puerto Madero, cocheras, seis millones de dólares, los hoteles del sur, las sociedades que los administran, propiedades en El Calafate y departamentos en Río Gallegos.
Quien tiene mayor cantidad de bienes es Lázaro Báez. El juez Sebastián Casanello en la causa de la “ruta del dinero K” hizo un análisis patrimonial de los bienes, incluidas las cerca de 40 estancias, miles de autos y aviones y concluyó que suman unos 120 millones de dólares.
Claro que este monto debe repartirse entre los tribunales, porque Báez está condenado por lavado en la “ruta del dinero K” donde se le impuso una multa de 300 millones de dólares y el decomiso de otros 55 millones de dólares.
Con el agravante de que además hay un juicio por al quiebra de Austral Construcciones, donde los jueces ya autorizaron que se rematen bienes para pagar a los deudores, principalmente los trabajadores y proveedores.
Y en paralelo a la causa penal donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de cárcel por corrupción, tramita silencioso un expediente en la justicia civil en el cual la Dirección Nacional de Vialidad le reclama a la expresidenta unos 1125 millones de dólares para resarcirse por los actos de corrupción de su Gobierno.
Esta es la lista de los bienes de los principales condenados en este caso:
Cristina Kirchner: condenada a seis años de prisión por fraude:
Lázaro Antonio Báez:
Nelson Guillermo Periotti: extitular de Vialidad
José Francisco López: el exsecretario de Obras Públicas, condenado además por los bolsos escondidos en un convento con 9 millones de dólares.
Mauricio Collareda. Ingeniero civil y exjefe del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad.
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