Un éxito opositor después de algunos fracasos y una necesidad concreta del oficialismo -otra vez con motor económico- repusieron el foco político en el Congreso, tomado además por el clima de campaña. Parecía que al oficialismo le alcanzaba con dormir al Senado y frustrar el quórum en Diputados para evitar contratiempos, en base al tejido con socios legislativos y tratativas de ocasión con gobernadores. Duró poco. La oposición logró avanzar con el tema de los jubilados, los jefes provinciales repusieron reclamos -con expresiones inquietantes para Olivos también en la Cámara baja– y el Gobierno advirtió que responderá con un nuevo veto, algo que para blindarlo demandaría un piso sólido de acuerdos, al igual que el proyecto de los “dólares del colchón”.

 El ritmo se aceleró en apenas una semana. En Diputados, la aprobación del proyecto para recomponer las jubilaciones condensó en el tablero intereses cruzados y carencia de sistemas estables de acuerdos, en buena medida por la concepción del oficialismo y por la enorme fragmentación del resto de los espacios políticos. La campaña agrega su condimento pero, más de fondo, ese cuadro precario también se extiende a la relación del Gobierno con los jefes provinciales, que por primera vez y aún con diferencias enormes emitieron un mensaje conjunto de demanda al poder central.

 En la superficie, el discurso del oficialismo volvió a girar en torno de descalificaciones como “degenerados fiscales” para responder a la decisión mayoritaria de los diputados, que en lo inmediato traslada la disputa al Senado y, en caso de sanción del texto, volvería a generar un pico de tensión legislativa frente al recurso del veto. Ese desenlace demandaría un esfuerzo de los operadores del Gobierno para asegurar el número que impida desairar la respuesta presidencial. Eso mismo, supondría una lectura más atenta de lo que acaba de ocurrir en Diputados. Es crucial y repone a la vez la atención sobre los jefes provinciales.

 El oficialismo venía resistiendo con éxito los intentos de una franja de la oposición para sesionar y tratar una agenda propia: jubilaciones y emergencia del sistema nacional de discapacidad, en primera línea. También había logrado frenar el funcionamiento de la comisión investigadora del criptogate, que quedó en terreno fangoso. Podía ocurrir y sucedió que los promotores de tales iniciativas lograran asegurar presencia sin bajas en sus propias filas y sumar el resto mínimo para abrir la sesión con aportes inorgánicos de otros espacios.

 Y ese fue precisamente el camino, con sorpresas: los aportes de legisladores alineados sin vueltas con sus gobernadores -peronistas, provinciales- que por lo general juegan fuerte, y de manera abierta, para LLA. Algunos hicieron el aporte al quórum y otros votaron a favor. Se destacaron representantes del peronismo cordobés, del PJ de Catamarca y Tucumán, de expresiones provinciales como Santa Cruz o Salta.

 No fue lo único que dejó la semana. Resultó clara además la presión de las provincias -en reclamo de negociaciones- desde un ámbito que suele inquietar al Ejecutivo en todos los tiempos: el CFI. Las citas masivas en el Consejo Federal de Inversiones no son frecuentes y demandan un tejido de conversaciones previas para asegurar algún resultado más o menos práctico, al menos como señal. Algo así como un denominador común entre jefes provinciales de diverso origen y de diferente juego nacional. Un mensajesuficiente para que cada uno negocie después por su cuenta pero no en soledad como mensaje a la Casa Rosada.

 Es eso lo que puso en escena el pleno de jefes locales, con apenas una ausencia, la del representante de Corrientes, que no fue interpretada como desaire. El planteo fue formalmente lavado, pero lo suficientemente trabajado y difundido, antes y después del encuentro, desde las cercanías de gobernadores dialoguistas y duros. Se movieron como reacción a la caída del flujo de fondos automáticos, es decir, por coparticipación federal, además de la parálisis de la obra pública nacional. No es nuevo el reclamo, pero adquiere otra dimensión en el año político/electoral.

 Las provincias se mueven con cuidado, incluso las de mayor tensión con Olivos. Por lo pronto, la mayoría no le dio la espalda a la convocatoria inicial de Guillermo Francos y Luis Caputo para solicitarles adhesión al “plan dólares del colchón”. Van sumándose de a poco, por ahora sin foto conjunta. El Gobierno anotaba hasta el viernes catorce firmas. Restan algunas de las provincias de fuerte peso y distinto color político, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Es un proceso que, de hecho, debería ir de la mano con el proyecto finalmente enviado al Congreso para modificar legislación tributaria.

 El corazón del texto está constituido por la significativa suba de la cifra a partir de la cual algún movimiento puede ser puesto en la mira como evasión, y la baja también notoria de los años para la prescripción. Por supuesto, podría haber polémica legislativa sobre riesgos de lavado de dólares provenientes del delito y no de ahorro no declarado. Menos conflictivo asomaría el régimen simplificado de Ganancias.

 El repaso del tablero político en la perspectiva de este proyecto incluye pero trasciende a los jefes provinciales. La votación de esta semana en Diputados también expuso señales inquietantes por las fisuras en el bloque radical y las posiciones diferenciadas en el PRO, estribación directa de la elección porteña. Hubo, en esos casos, abstenciones y algunos apoyos explícitos al proyecto. Es un dato nada desdeñable si lo que viene es el veto presidencial.

 Son temas diferentes y el impacto del desenlace en cada caso puede superar la lectura local. El oficialismo, naturalmente y como lo anticipa frente al avance de la iniciativa sobre jubilaciones, define el desafío legislativo como un intento de quiebre de sus logros económicos. Las reacciones de parte del arco no mileista muestran diferencias en capítulos anteriores.

La consideración acerca de un posible daño al sustento político del Gobierno fue decisiva en diferentes bloques para avalar, aún con críticas, el decreto que habilitó el cierre del acuerdo con el FMI. Eso fue el 19 de marzo. Un par de semanas después, el oficialismo cosechaba el revés a su propuesta para ocupar las vacantes de la Corte Suprema. No todo pesa del mismo modo, no es indistinta la voluntad de acuerdo o la señal de cerrazón política. Arrancan días de nuevas pruebas para las movidas opositoras y para las necesidades oficialistas.